En el año 2001 visité uno de los barrios de la Comuna 13 de Medellín, lo hice en compañía de un dirigente sindical de los cementeros de Antioquia (qepd), y en diálogo con líderes juveniles y comunitarios me enteré de la existencia allí de un poderoso movimiento social y popular en auge, muy articulado con todos los procesos sociales nacionales derivados de los diálogos y negociaciones de paz que se realizaron en la zona del Caguán, en el departamento del Caquetá, entre las Farc de Manuel Marulanda Vélez y el gobierno del señor Andrés Pastrana.
Con el fracaso de las negociaciones de paz del Caguán, el Estado colombiano y el gobierno de Uribe Vélez, de la mano del Comando sur de los Estados Unidos, dio inicio a un modelo militar fascista de gobierno con una plataforma política que se conoció como de “Seguridad democrática” que implicó un desempeño preponderante de los aparatos militares y judiciales en alianza con los grupos paramilitares, gestados de tiempo atrás en el gobierno de Samper Pizano, quien dio el visto bueno a las Convivir y de Andrés Pastrana que los protegió con amplios recursos presupuestales originados en el Pentágono, financiador directo de la guerra contrainsurgente colombiana.
Con la denominada “Seguridad democrática”, gestionada por la exvicepresidenta Martha Lucia Ramírez como Ministra de la Defensa, se proyectó –desde agosto del 2002- una gigantesca estrategia contraguerrillera que incluía masivos operativos militares (rurales y urbanas), montajes judiciales, organización de batallones de montaña, pescas milagrosas y un papel protagónico de los grupos paramilitares en auge, que derivó en demenciales atropellos de los derechos fundamentales –como el de la vida- de amplias comunidades populares, especialmente campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes y afrodescendientes.
La cadena de delitos de lesa humanidad cometidos a lo largo de más de cien meses (desde 1998) por el régimen fascista colombiano (gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos) fueron demenciales y sin antecedentes en lo que ha sido la violencia colombiana desatada desde el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán. Aunque la tarea hecha por la Comisión de la Verdad, creada a raíz de los Acuerdos de Paz del 2016, liderada por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, ha sido fundamental en el esclarecimiento de los horribles crímenes de los militares uribistas, aún falta mucho por esclarecer en todo este tinglado autoritario del que también fui víctima, merced al montaje hecho contra mí por Uribe Vélez y su Ministro de Defensa, el señor Santos, para involucrarme con las acciones directas de la resistencia agraria revolucionaria que lideraba Raúl Reyes (qepd), en la frontera con Ecuador en compañía de Joaquín Gómez, de Edgar Tovar, Rodrigo Granda y otros destacados y destacadas dirigentes del Bloque Sur de las Farc.
La Operación contraguerrillera Orión, realizada por el ejército en octubre del 2002, en conjunto con los paramilitares (Bloque Cacique Nutibara y Héroes de Granada), en la Comuna 13 de Medellín, ordenada por Uribe Vélez y Martha Lucia Ramírez, es uno de los eventos más siniestros de este bloque histórico de terror salvaje contra el pueblo colombiano, en este caso el pueblo y las comunidades periféricas de Medellín con las que, justamente, entré en contacto para esa época con los compañeros cementeros de Puerto Nare.
Hoy, a instancias de la JEP, creada con los Acuerdos de Paz con las Farc firmados en el segundo semestre del 2016, está saliendo a la luz pública la verdad. La Operación Orión paramilitar de Uribe y del general Montoya en octubre del 2002, fue una razzia sangrienta que se llevó por delante la vida de casi mil personas, que fueron lanzadas en una escombrera (lugar de depósito de materiales de construcción de una demolición) a cielo abierto por los militares y paramilitares.
La investigación y la exploración forense de la Jep está localizando en la Escombrera, de la mano de los familiares y de organizaciones de derechos humanos, los restos de las víctimas masacradas por órdenes directas de la presidencia de la república, de la alcaldía de Medellín y de la cúpula fascista de las fuerzas militares.
En este caso, el proceso no sólo debe llegar hasta el punto de encontrar los centenares de cadáveres. Es preciso, igualmente, determinar, judicializar y castigar a sus directos ordenadores y ejecutores. A Uribe Vélez y su rosca criminal que se mueven en la nube de la impunidad aplaudida por toda la casta oligárquica colombiana y del Comando Sur.
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