Pedro Sereno, un niño wayúu de solo dos años, murió hace un mes severamente desnutrido en un hospital de la Guajira. Su nombre no figurará en ningún periódico y su corta vida solo quedará en el recuerdo de su familia. Para Colombia solo será un número más que se sumará, si acaso, a la estadística, […]
Pedro Sereno, un niño wayúu de solo dos años, murió hace un mes severamente desnutrido en un hospital de la Guajira. Su nombre no figurará en ningún periódico y su corta vida solo quedará en el recuerdo de su familia. Para Colombia solo será un número más que se sumará, si acaso, a la estadística, a los otros miles que mueren cada año en similares condiciones, en un departamento que posee las mayores reservas de carbón en el país, reportando millones de dólares por concepto de regalías.
Así se vive y se muere en La Guajira colombiana, asolados por el hambre y la sed, esperanzados en unas medidas humanitarias que no llegan, en una realidad que de cuando en cuando torna relevancia nacional , presentándose como si se acabara de inventar, para luego sumergirse nuevamente en olvido mediático.
Durante este último mes una nueva noticia ha sido refrendada por los medios ante el anuncio de aprobación, por parte de las autoridades colombianas y en el marco del «Desarrollo de las obras en el Tajo la Puente», del proyecto de «Desvió del Arroyo Bruno».
«El Cerrejón»: Los amos de La Guajira colombiana
Entre los Departamentos de Colombia, La Guajira posee el 56,5% de las reservas probadas de Carbón y es el segundo mayor productor
El Cerrejón, la transnacional explotadora más importante de la región desde hace tres décadas, pertenece en partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Xstrata., contando con capitales Ingleses, australianos y suizos.
Las ampliaciones, cada más frecuentes de la explotación mineral por parte de «El Cerrejón», han tenido un gran impacto en la población. En 1981 como consecuencia de una de las ampliaciones, parte del territorio de la comunidad wayúu de la Media Luna fue utilizado para construir el Puerto de Embarque de Carbón. Posteriormente, en el año 1986 las comunidades de Manantial, Roche, Chancleta, Tamaquitos,
Para desplazar a esas comunidades la política ha sido la del «Todo vale», siendo la violencia una forma sistemática de sacar del camino a quienes se interponen en los proyectos de la minera, en su mayoría indígenas y campesinos pobres que habitan la región. El 2015, pese a que fue negado por la multinacional, el ex jefe paramilitar Arnulfo Sánchez González, alias «Pablo» vincularía a «El Cerrejón» y al ex gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, con la formación de grupos paramilitares.
Según la organización «Mujeres Wayuú», las empresas trasnacionales que operan en La Guajira y sus megaproyectos en curso, poseen una gran responsabilidad en la violación de Derechos Humanos de su pueblo, teniendo además un fuerte impacto en la estructura sociocultural del grupo indígena, representando para los wayuú pobreza , destierro , desplazamiento y fragmentación cultural.
Hoy la violencia de las resoluciones judiciales ha remplazado el paramilitarismo, avalada por una institucionalidad que de manera invariable se pone del lado de las multinacionales , lo cual se ve claramente reflejado en la aprobación del proyecto «Desvió del Arroyo Bruno», pese a las protestas de los habitantes ancestrales de la zona y la condena de varios sectores del país.
El agua en La Guajira: Un asunto de vida muerte
Según un detallado informe de la Defensoría del Pueblo, La Guajira colombiana presenta un nivel de pobreza de casi el 60%, registra los más altos índices de desnutrición global y presenta alarmantes índices de mortalidad infantil, razón por la cual fue declarada en 2014 en situación de «Crisis humanitaria». Según líderes indígenas locales, la cifra de niños y niñas que podrían haber muerto de inanición bordearía los 5000 casos, siendo la escasez de agua y la desertificación de la tierra elementos claves para entender la grave situación que afecta a la población.
Si bien el problema del agua se ve claramente afectado por los cambios climáticos ocurridos a nivel global, la contaminación que han sufrido las fuentes hídricas producto de la explotación minera es sin duda un factor de alto impacto en la disponibilidad de agua apta para el consumo humano. El 2013 la Contraloría señalaba que en regiones de extracción carbonífera era frecuente encontrar concentraciones de metales peligrosos como Arsénico, Manganeso, Zinc, Plomo y Titanio.
Por otra parte, solo en el desarrollo productivo de «El Cerrejón» se vierten a diario unos 17.000 M3 de agua: «Mientras una persona en La Guajira colombiana tiene acceso a 0,7 litros de agua al día, la mina del Cerrejón emplea en un día 17 millones de litros en la explotación de carbón» señalaba el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, el año 2014.
Es necesario señalar que la minera ya ha sido acusada de la desaparición de varias fuentes hídricas. Pobladores cercanos a los arroyos La Puente y Tabaco afirman que estos han ido desapareciendo producto de la actividad minera.
«El desvió del Arroyo Bruno» y el chantaje de «El Cerrejón»
Durante los últimos años la retribución que hace al Estado la gigante minera en carácter de regalías, ha ido disminuyendo, producto de la baja de los precios del carbón a nivel global.
Según la empresa la única forma de mantener los niveles de producción, empleo, regalías e impuestos es la ejecución de las obras en el tajo La Puente, consistentes en mover 700 metros al norte un tramo de 3,6 km el Arroyo Bruno, representando una intervención de más de 13.000 hectáreas, estando ya aprobadas las obras desde 1998, incluidas en los Planes de manejo ambiental desde el 2005 y obteniendo su Licencia ambiental el 2014.
El Arroyo Bruno es una microcuenca que nace en la serranía de Perijá y desemboca en el río Ranchería. En su cuenca se encuentran treinta y cinco millones de toneladas de carbón que son el interés de la minera.
Según «El Cerrejón», de no concretarse el proyecto, se reducirían entre 600 y 1.100 empleos y la producción disminuiría, reduciendo con ello las regalías y los impuestos. Este chantaje ha logrado posicionar una falsa contradicción entre el progreso y el empleo en la región y la necesidad de agua, trastocando la necesidad de las fuentes hídricas como un prerrequisito vital para cualquier desarrollo humano.
El alcance de este proyecto, en consideración al hecho de tratar de intervenir una fuente de agua en una zona asolada por la sequía, no se ha hecho esperar y a las voces de las comunidades indígenas y campesinas que habitan sus riberas, se han sumado las de numerosos sectores de la población.
Según una amplia investigación realizada por el CENSAT Agua Viva el 2014, el proyecto tendría graves consecuencias entre las que se cuentan: el impacto directo en el rio Ranchería, de primordial importancia como surtidor de agua para la región, pérdida de diversidad biológica producida por la deforestación y desaparición de áreas naturales, desertificación, cambios en el nivel de precipitaciones aumentando la vulnerabilidad climática , incremento de la crisis de agua y control total por parte de la transnacional de un bien común, desplazamiento de comunidades por escasez hídrica y expansión de los impactos negativos de la actividad minera a espacios que aún se han preservado.
El Comité Cívico de La Guajira asegura en tanto, que el desvío de ese cuerpo de agua afectará a las comunidades indígenas que sobreviven de la pesca, afectando además las condiciones de subsistencia agropecuaria de la comunidad. Esto último tendrá efectos directos en la crisis alimentaria que se vive en La Guajira y sus consecuencias de desnutrición y muerte.
Si bien, premunidos de una licencia ambiental y el aval del Estado y sus instituciones, «El Cerrejón» le ha dado el vamos al proyecto de «Desvió del Arroyo Bruno», aún es tiempo de detenerlo y prevenir sus fatales consecuencias. Las comunidades tienen la palabra.
Fernanda Cautivo, Centro de Investigación y Estudios Fronterizos (CIEF).
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