La evidencia de un robo permitido por el Estado: las pérdidas del país por la minería privada

Más que elocuentes, los resultados de la Operación Renta 2008, relativos a la tributación de las grandes mineras transnacionales, son demoledores para los yanaconas que por acción u omisión han permitido en los hechos la segunda desnacionalización del cobre.

Si no ¿cómo se puede explicar que la tributación del conjunto de la minería privada se haya reducido en un 19,1%, y el impuesto específico a la minería, el mal llamado royalty haya bajado un 20%, en un año en que aumentaron la producción y los precios del cobre y productos derivados?.

Según datos duros publicados por el Servicio de Impuestos Internos, es decir, inobjetables, la tributación de la minería privada bajó de 3.356 millones de dólares en la operación renta 2007, a 2.716, en la operación renta 2008, es decir, 640 millones de dólares menos; mientras que el impuestos específico a la actividad minera bajó de 976 a 781 millones de dólares, o sea, 195 millones menos, con el agregado que 383 millones se rebajan como crédito del Impuesto de Primera Categoría de estas empresas, en virtud de una norma transitoria que lo permite. Cabe suponer que esa norma se derogará sólo cuando el precio del cobre baje, o cuando la «industria» deje de ser rentable para las transnacionales, o cuando se agote el cobre.

La situación es tan absurda, que no pudo sino ser señalada por el Servicio de Impuestos Internos, aunque lo hizo en los términos elípticos y huidizos, propios de la tecnocracia vigente:

«El Servicio de Impuestos Internos lanzará un programa de fiscalización especial para verificar las bases imponibles de las mayores empresas del país, concentrándose en las compañías mineras», ello como consecuencia de registrarse una reducción de 8,7% en los impuestos a la Renta declarados durante abril de 2008 respecto del año anterior, anunció hoy el director del SII, Ricardo Escobar».

Este último, agregó: «Los impuestos declarados en abril de 2008 muestran una reducción de 8,7% en relación al año anterior, eso en un escenario donde el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 5,1% en 2007. Queremos saber a qué responde esa aparente contradicción entre menores impuestos a la renta y mayor actividad económica, y el camino para ello es fiscalizar las bases imponibles contra la cual se establecen los impuestos a pagar por las empresas».

Escobar precisó que la combinación de crecimiento económico el año pasado versus menores impuestos declarados, no es necesariamente contradictora en si misma y tampoco evidencia de situaciones irregulares, pero enfatizó que como administración tributaria corresponde indagar al respecto para tener certezas de que las principales empresas del país están determinando adecuadamente sus bases imponibles de Primera Categoría.

Para adelantarse a la sospecha -no vaya a ser cosa- el diario El Mercurio, principal vocero de los intereses transnacionales, se apresuró a ofrecerle la palabra a Javier Cox, Gerente del Consejo Minero, para que explicara esa extraña alquimia:

«Las grandes compañías mineras presentan sus resultados financieros debidamente revisados y auditados por firmas auditoras externas, que dan plena confiabilidad y certeza de que se han seguido las prácticas contables generalmente aceptadas».

¡Que bien! Con eso debemos quedarnos de lo más tranquilos.

Cifras comparadas

El robo legalizado y permitido por el Estado de un patrimonio que pertenece a todos los chilenos queda de manifiesto con las cifras publicadas por el Servicio de Impuestos Internos (ver cuadro).

Los 3.356 millones de dólares que registra la Operación Renta 2007; los 2.716 de la Operación Renta 2008 y los 878 millones de dólares del impuesto específico a la actividad minera, deducido el 50% de crédito al impuesto de Primera Categoría, representa practacamente la totalidad de los impuestos dejados por la minería transnacional en el ciclo de gobiernos concertacionistas, toda vez que hasta 2005 la mayoría de las compañías, con la excepción de Escondida, estuvo acogida al beneficio de la depreciación acelerada.

Esto hace un total de 6.950 millones de dólares.

Un estupendo negocio para Chile, apuntará un neoliberal doctrinario, toda vez que sin ese «favor» que nos hacen esas compañías, el país se vería privado de esos recursos.

Pero los argumentos neoliberales omiten cuidadosamente decir que en los dos años considerados, el conjunto de empresas transnacionales exportó capitales por concepto de utilidades por alrededor de 45 mil millones de dólares, más del doble del total de lo que han invertido desde 1974 hasta la fecha. El caso de Escondida es particularmente elocuente. En 2007, la rentabilidad sobre su patrimonio fue del 161,4% y en el primer semestre de 2008, de 164,7%. O sea, sólo en dos años recuperó más de tres veces toda la inversión realizada en el país.

Olvidan decir, también, que con toda su farragosa ineficiencia y corrupción, Codelco, con sólo un tercio de la producción de cobre del país, dejó excedentes al erario nacional por 17.666 millones de dólares; 9.215 millones en 2006 y 8.451 en 2007. Si se suman los excedentes aportados por Codelco desde la nacionalización del Cobre, en 1971, hasta la fecha, bordean los 60 mil millones de dólares. Es decir, en tan sólo dos años la minería transnacional exportó capitales por alrededor del 60% de todo lo que ha dejado Codelco, desde 1971 a la fecha. Flor de negocio para el país. Y más encima quieren privatizar Codelco.

(*) El 50% de este impuesto se imputa como crédito del impuesto de Primera Categoría.

Fuente: Servicio de Impuestos Internos.