La excarcelación de un terrorista

El discurso del Gobierno tiene bastantes puntos débiles, incluso agujeros. Es cierto que, como señaló Rubalcaba, De Juana ha cumplido ya la condena de sus 25 asesinatos, por lo que están de más el alegato patético que algunos se empeñan en hacer de los 25 muertos y la reiterativa denominación de asesino sanguinario. También es verdad que la condena que cumple en la actualidad obedece al hecho de haber vertido amenazas en dos artículos aparecidos en el diario Gara. En principio, veo con cautela los delitos de opinión. Considero que la palabra, sea cual sea, difícilmente es delictiva. Por esa razón, jamás me convenció el pacto antiterrorista, y mucho menos la Ley llamada de Partidos Políticos. Y por eso también podría haber entendido perfectamente que De Juana no hubiese sido condenado esta segunda vez y se le hubiese dejado en libertad. Lo que resulta difícil de entender es la sarta de desatinos que jalona todo este desgraciado proceso.

Empecemos recordando que fue el PSOE -y el PSOE de Zapatero- el que propuso al PP y más tarde firmó el Pacto Antiterrorista, y que fue también esta formación política la que junto con el PP aprobó la Ley de Partidos Políticos en la que se criminaliza la opinión. Pero es más, el Gobierno, a través de la Fiscalía, indagó y buscó algún motivo para que no sucediese lo que, según se decía entonces, constituía un escándalo: que un etarra condenado por 25 asesinatos quedase en libertad tras cumplir tan sólo 18 años de cárcel.

Quien intente juzgar el asunto con cierta objetividad no puede por menos que extrañarse, incluso escandalizarse, ante la sospecha de que se estaba violentando el Estado de Derecho para adaptarlo a un caso concreto. Es comprensible que algunos encuentren una desproporción entre los 18 años de cárcel y los 25 asesinatos, pero es consecuencia del Código Penal entonces vigente y ni se puede aplicar otro con carácter restrictivo ni es ético buscar por todos los medios un resquicio para desvirtuar la norma, aun cuando la norma no guste. El resquicio, sin embargo, se acabó encontrando en dos artículos publicados por De Juana en el diario Gara.

No he leído los artículos y tengo que reconocer que siento una aversión instintiva por ese fanatismo extremo, hermanado con el racismo, que se vislumbra tras la bravuconería de la que hacen gala los terroristas de ETA. No sólo es que repudie sus métodos absolutamente inaceptables, sino también su ideología, el nacionalismo, causa de bastantes males del siglo XX. Pero, por muchas barbaridades que De Juana dijese en los artículos, resulta difícil de comprender que le hiciesen acreedor a más de noventa años de cárcel, tal como solicitaba al principio el ministerio fiscal.

Habría por tanto entendido perfectamente que no se le hubiese condenado o, en caso de condenarle, que la pena hubiera sido mucho más reducida, tal como al final ha dictado el Supremo; lo que sin embargo encuentro lamentable y muy peligroso es el proceso seguido y el desenlace final. La pena se ha ido reduciendo de instancia en instancia, dando la impresión de que la cuantía era elástica y que dependía más de las presiones de ETA y del propio acusado sobre el Gobierno que de la aplicación de los principios de un Estado de derecho. La actuación de la Fiscalía, cambiando de parecer de manera tan radical, tiene por fuerza que dejar en los ciudadanos un regusto amargo y la incógnita de saber hasta qué punto es maleable la aplicación de la justicia.

Nada que objetar si desde un principio a De Juana se le hubiese impuesto la pena de tres años o incluso menos; mucho, si se llega a esta condena como resultado de presiones sobre el Estado de Derecho. No habría habido demasiado que rebatir si el Gobierno por propia iniciativa hubiese excarcelado a De Juana o a cualquier otro preso de ETA, siempre que hubiese sido dentro de las previsiones legales, aunque bien es cierto que resulta difícil de justificar que los beneficios penitenciarios se puedan aplicar a aquellos que, lejos de arrepentirse, hacen gala de sus delitos. Las objeciones comienzan, no obstante, cuando el Gobierno, el Estado en último término, no toma las decisiones libremente sino bajo chantaje.

La señora vicepresidenta afirma que si algo es legal no puede haber chantaje. Craso error, hay que decir más bien que lo legal deja de ser tal cuando se realiza bajo coacción. Legal es, sin duda, que una persona done a otra un millón de euros, pero la calificación es muy distinta si lo hace bajo amenazas, sean del tipo que sean. Conferir los beneficios penitenciarios es una potestad de las autoridades penitenciarias y del Gobierno; tan legal es concederlos como no concederlos, aunque lo ético es otorgarlos tan sólo cuando hay razón para ello. Pero en cualquier caso la legalidad, o al menos la legitimidad, deja de existir en cuanto se otorgan bajo presión o chantaje. Porque ahí se encuentra verdaderamente la cuestión, y por ello el Gobierno no puede comparar este caso con las excarcelaciones que hayan podido realizar otros gobiernos.

La señora vicepresidenta tiene razón: el asunto es bastante difícil de entender. Es difícil de entender porque no es ni mucho menos la primera huelga de hambre que realizan unos presidiarios y, como es lógico, el Estado nunca había cedido, dejando incluso que murieran dos miembros de los GRAPO. ¿Acaso su vida valía menos que la de De Juana?

Legal era desde luego el acercamiento de los presos etarras al País Vasco, petición de la banda en el secuestro de Miguel Ángel Blanco. No obstante, a ninguna fuerza política se le ocurrió reclamar del Gobierno que cediese, y eso que Blanco no tenía la opción de evitar la muerte y De Juana sí, sólo tenía que abandonar la huelga de hambre. ¿Acaso en aquel momento el Estado de Derecho era menos humanitario? Ceder hubiera significado abrir la caja de Pandora, tal como ahora se ha abierto. ¿Cuánto van a tardar en imitar a De Juana otros presos, terroristas o no? Pero es más, qué hará el Gobierno si cualquier día de estos ETA vuelve a repetir la fechoría de secuestrar a un ciudadano y le coloca en la tesitura de consentir su muerte o acceder a las peticiones de los terroristas.

Desde el Gobierno y desde el PSOE tratan de justificar la excarcelación por el peligro de que De Juana se convirtiese en un mártir. No puedo por menos que suscribir lo que le he escuchado a Nicolás Redondo Terreros en una tertulia: a ETA le sobran mártires, de lo que carecía hasta ahora era de un héroe, alguien que hubiera doblegado al Estado, que le hubiera echado un pulso y lo hubiera ganado. Ya lo tiene.

Lo ocurrido únicamente tendría explicación en un proceso más amplio de negociación en el que esta medida sería tan sólo una más dentro de un paquete de partidas y contrapartidas. Pero si ha sido así, se ha planteado muy mal, porque lo lógico habría sido exigir que se pusiese fin a la huelga de hambre mucho antes de la excarcelación para que ésta no pareciese el resultado de un chantaje. Por otra parte, tras el atentado de Barajas, resulta impensable que la negociación pueda continuar. En cualquier caso, para aceptar y apoyar esta hipótesis se precisaría confianza en la sensatez del Gobierno y de su presidente, pero ¿cómo tenerla después de su forma de actuar con el Estatuto de Cataluña?