La exportación de los problemas «made by Spain»

Una causa de la actual crisis económica del Estado español es su déficit comercial, porque importa más bienes de los que exporta. Este déficit va acompañado de otro, el político: la incapacidad de solucionar los problemas «made by Spain» por sus propios medios. Uno de ellos es el mal llamado «problema vasco» que los poderes fácticos del Estado español están empleando dentro de la actual campaña internacional de desprestigio contra Venezuela y Cuba.

El problema no son las FARC ni ETA sino el nacionalismo español

Actualmente no pasa ni un día en que la prensa española publique un artículo para vincular al Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez con la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad, ETA, por sus siglas en lengua vasca).

Sin embargo, la cuestión real no es si el ejecutivo bolivariano ha tenido vínculo alguno con el grupo vasco, ni siquiera si ésta ha estado en contacto con las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC). Más bien hay que plantearse varias preguntas: por un lado ¿cuáles son los factores que influyen en que desde hace 50 años vascos y vascas se integren en ETA en vez de gozar de una vida menos peligrosa y más relajada tragándose las reglas del Estado capitalista español? La organización ETA nació en 1959 y actualmente la integran ante todo personas que llegaron al mundo después. Aún así comparten el objetivo de esta organización vasca que es la creación de un Estado independiente y socialista. Por el otro lado un número de vascos, mayor que aquellos que han optado por la lucha armada, defienden los mismos objetivos pero quieren lograrlos exclusivamente por medios políticos, tal y como lo reconocieron a finales de febrero en su documento «Zutik, Euskal Herria» (De pie, País Vasco). Ambos grupos de personas tienen un lugar común de encuentro: las cárceles del Estado español, porque éste les persigue sin diferenciar entre los medios que unos u otros utilizan. El artífice de esta política es nada menos que el juez Baltasar Garzón, padre de la polifacética doctrina «Todo es ETA».

La Audiencia Nacional – la justicia al servicio del Estado español y de otros

Para poner en práctica su doctrina, Garzón dispone de un tribunal excepcional, la Audiencia Nacional, y de una serie de instrumentos legales y jurídicos que entre otras cosas hacen posible que en el Estado español la policía siga torturando, tal y como lo vienen denunciando tanto la ONU como Amnistía Internacional, constantemente. Un poderoso aliado de la Audiencia Nacional es la prensa española, y en la actual situación el diario El País, buque insignia de la empresa mediática PRISA.

El rotativo madrileño fue el primero de los medios europeos que en 1999 asentó la base para la primera campaña de desprestigio contra Chávez, tan sólo dos días antes de que accediera al poder. Aquella línea de desinformación se basó en la falsa imagen de que el comandante de la Revolución Bolivariana sufría de esquizofrenia. Aquel histórico reportaje se tituló: «El enigma de los dos Chávez». La oposición golpista de Venezuela y los medios (internacionales) que se orientan en El País utilizaron la imagen hasta poco antes del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. La mentira quedó descubierta después de que Chávez regresara al poder con la ayuda del pueblo venezolano, restableciendo el orden constitucional, porque nadie volvió a hablar de su supuesta esquizofrenia, que en la vida real es una enfermedad incurable. Dado que se acercan las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana en septiembre, y ante el hecho de que Chávez se querrá presentar para otra legislatura presidencial en 2012, sus enemigos han esgrimido otro tema para justificar cualquier acción en su contra: el «terrorismo internacional».

Para ello los maestros de la guerra de la desinformación han activado dos importantes actores: un tribunal excepcional español, que fuera del País Vasco goza de cierto respeto, la Audiencia Nacional, para que parezcan «creíbles» las acusaciones vertidas por su juez Eloy Velasco. El otro es -un vez más- El País, un diario cuyos artículos influyen en la información que otros medios europeos publican sobre América Latina.

Estos últimos, por supuesto, nunca escribirían que si Francisco de Miranda regresara, su destino se repetiría: el contemporáneo del Libertador Simón Bolívar daría de nuevo con los huesos en una cárcel española donde volvería a pudrirse porque también hoy en día la legislación «antiterrorista» dicta que un condenado por dichos delitos tendrán que cumplir íntegramente un máximo de 40 años detrás de rejas, sin la posibilidad de rebajar la pena por sus propios medios. Fuera de la prisión el renacido Miranda tampoco podría hacer política porque, tal y como lo demuestra la realidad vasca, Madrid ilegalizó desde 2003 una docena de partidos, organizaciones y asociaciones políticas por «ser de ETA».

El problema fundamental del Estado español ante la cuestión vasca es que su estrategia parte de una base equivocada: Piensa que ETA es el origen del conflicto y no una expresión del mismo.

Las raíces de este enfrentamiento radican en el siglo XIX, cuando las fuerzas centralistas españolas lograron eliminar los fueros vascos (en 1839 y en 1876) recurriendo dos veces a la guerra como instrumento de la política. La pérdida de sus colonias en América hizo que el Estado español dejara de ser un Imperio, gracias a la liberación encabezada por Simón Bolíviar (de descendencia vasca, por cierto). Para evitar que el proceso de descomposición se extendiera a la «madre partria», Madrid se cebó con las provincias vascas que entonces seguían siendo un territorio jurídico extraterritorial.

La arrogancia e ignorancia mostradas por el Estado español cara a las repúblicas americanas seguían porque no tuvo lugar una reflexión del porqué de la derrota en Ultramar. De ahí se puede explicar porqué en Madrid no se hizo caso a Guillermo von Humboldt. El hermano del famoso Alejandro investigó no sólo las raíces del euskera, la lengua milenaria de los vascos (la más antigua aún viva de Europa) sino también estudió a fondo los fueros que ya desde la Edad Media (e incluso desde mucho antes) expresaban unos progresistas aspectos de convivencia social antes de que la Revolución Francesa los pronunciara como sus principios fundamentales (1789). Estamos hablando de principios como los Derechos Humanos, la prohibición de la tortura, de la detención sin orden judicial y del envío de tropas vascas fuera de su territorio, además de un sistema político que hoy en día se llama «democracia participativa». Ante tal estado de las cosas Humboldt alertó:

«Tampoco podría el gobierno español, y no se puede repetir esto bastante a menudo, ganar nunca tanto por la ampliación de sus derechos sobre el país vascongado, como perdería por el hundimiento del patriotismo y del espíritu nacional, que sería una consecuencia indefectible de la restricción de las libertades vascongadas». 

Los españoles militarizaron la política vasca

Si los centralistas españoles pensaban que con la liquidación del autogobierno vasco en 1876 y con sus constantes ataques contra el euskera, que simboliza el ser vasco, iban a domar a los euskaldunak, se equivocaron a fondo.

En 1894 nació el Partido Nacionalista Vasco (PNV), germen del nacionalismo burgués, cuyo fundador Sabino Arana terminó en la cárcel cuando felicitó al presidente estadounidense por la liberación de Cuba del yugo español.

En 1936 fueron los españoles -tanto republicanos como fascistas- los que «militarizaron» la política vasca. El golpe de los militares fascistas, que desencadenó la Guerra Civil Española (1936-1939), obligó a los vascos a posicionarse. En esta peculiar situación política y militar la República decidió dar por fin el estatuto de Autonomía a los nacionalistas vascos, si éstos esgrimiesen las armas en defensa de su autogobierno. En 1937 los fascistas españoles, recurriendo a la aplastante ayuda militar de la Legión Cóndor nazi y del fascismo italiano, conquistaron el País Vasco: no sólo destruyeron la ciudad santa de los vascos, Gernika (Guernica en castellano), símbolo de sus libertades, sino que eliminaron tanto la autonomía como también a 6.000 vascos que terminaron en el paredón, aparte de los miles y miles de muertos y refugiados que causó la contienda. Centenares de estos últimos llegaron a Venezuela en aquella época. Otros tantos les siguieron durante el franquismo (1939-1975/78), una dictadura cuyos verdugos nunca tuvieron que rendir cuenta por sus crímenes.

La incapacidad de González de solucionar el conflicto

Ante la pasividad del PNV y del Gobierno de Euzkadi en el exilio, una nueva generación de vascos creó bajo las siglas de ETA una alternativa revolucionaria, socialista y progresista al hasta entonces hegemónico nacionalismo vasco de índole burguesa.

A partir de 1959 ETA quería seguir el camino de Cuba, Argelia y Vietnam para llegar a un Estado vasco independiente y socialista. En este trayecto la lucha contra el régimen franquista era sólo un paso, pero nunca su meta final ni su razón de ser.

En 1978 el Estado español no era capaz de incluir el derecho a la autodeterminación de los pueblos en su nueva constitución, ignorando una vez más su realidad plurinacional y lo fundamental de este conflicto político: el deseo de los vascos de determinar ellos mismos su destino. Esta debilidad política era una de las causas que hicieron que ETA siguiera con la lucha armada. En esta decisión influyó también que entonces el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González que defendió el derecho a la autodeterminación mientras estaba en la oposición. Su posición cambió radicalmente cuando llegó al poder.

En 1983 el PSOE hizo posible que sus «Fuerzas de Seguridad del Estado» recurriesen a la «guerra sucia» para domar a la resistencia vasca. En el camino quedaron 27 víctimas mortales. Por ello un ministro de Interior y su secretario de Estado fueron condenados a años de cárcel (pero indultados rápidamente). Por falta de valor ante los poderes fácticos del Estado español González fracasó a la hora de encontrar una salida negociada al conflicto, ya acordada con los intermediarios de ETA en Argelia. Se lo pagó con sus interlocutores de ETA que iban a integrar a una nueva generación de vascos desterrados a varios países por deseo del ejecutivo madrileño. Entre sus lugares de acogida estaban de nuevo Venezuela, pero también Cuba. Y cabe de subrayarlo una vez más: por petición del Estado español.

Zapatero tampoco quiso solucionar el conflicto

Que el Estado español reclame ahora la extradición de estas personas es la expresión de otro fracaso y de su ya tradicional incompetencia para solucionar este conflicto político, creado por la «España de siempre».

Entre 2006 y 2007 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no cumplió las promesas que sus interlocutores habían dado a ETA para que ésta declarase una tregua incondicional. Tras varios avisos llegó el momento cuando la organización vasca dio por terminada esta fase y volvió a la lucha armada.

Su decisión salvó a Zapatero, pero también a la oposición del postfranquista Partido Popular de Mariano Rajoy, porque las «dos Españas» necesitan la existencia de ETA ya que sin la misma tendrían que responder a las necesidades y problemas reales de la sociedad española. Zapatero se equivocó una vez más cuando el otro día llamó a la organización vasca «la mayor lacra de la sociedad española» porque, según los sondeos, más que el «terrorismo» son el paro y la falta de viviendas accesibles los problemas que más preocupan a sus ciudadanos.

Lo que sí parece es que el encarcelado portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, tiene razón cuando dice que el Estado español es débil a la hora de tener que operar en el campo político y no en el militar. Las propuestas de la ilegalizada Izquierda abertzale (patriótica) están recibiendo apoyo internacional desde el Parlamento Europeo, desde el Sinn Féin irlandés, desde mediadores como el sudafricano Brian Currin. Estos recientes posicionamientos al respecto demuestran que el conflicto político, ya no es vasco, sino internacional. Metiendo ahora a Venezuela y Cuba en el asunto, Madrid no sólo repite la historia, cuando en su día exigió a Haití la entrega de Bolívar, sino internacionaliza el conflicto aún más, aunque quizás no se da cuenta de la fuerza contraproducente que a medio plazo ha desatado con este proceder. A corto plazo son el intento del PSOE y de Zapatero de lograr algún éxito a nivel internacional para poder utilizarlo en la pugna del día al día en casa con el PP por la presidencia en 2012.

Zapatero al servicio de Obama

El auto del juez Eloy Velasco y el ataque político contra Venezuela por una supuesta vinculación con ETA y las FARC corresponden en primer lugar a las necesidades políticas de Zapatero. Para desviar la atención de la sociedad española de los graves problemas reales, indica una vez más con el dedo a Hugo Chávez. El subliminar mensaje españolista es tan simple como falso -ETA sigue porque Chávez la apoya- pero cabe perfectamente en la estrategia diseñada por EEUU contra el comandante de la Revolución Bolivariana. Después del informe negativo de la OEA sobre los derechos humanos en Venezuela y las frecuentes desinformaciones sobre su relación con el narcotráfico se reanima al fantasma del «terrorismo internacional».

Madrid se presta a ello porque su diplomacia quiere que su actual jefe de Gobierno vuelva a ser recibido en la Casa Blanca, donde no se le ha perdonado ni el retiro relámpago de las tropas españoles de Iraq en 2004 ni que en la Corte Internacional de la Haya se esté restando a Kosovo el derecho a la autodeterminación, que los EEUU sí lo defienden porque corresponde a sus intereses geoestratégicos en Europa.

Para igualar estas discrepancias Zapatero puso al servicio de Obama su servicio diplomático blindando el golpe de Estado de Honduras. Además echó marcha atrás respecto al trato que iba a dar a Cuba. A finales de 2009, antes de asumir la presidencia de la Unión Europea, Zapatero anunció por todos los medios que iba a cambiar la actitud de la UE frente a la Perla de las Antillas. Algunas críticas desde otras capitales europeas y desde Washington le hicieron cambiar de opinión. Las recientes declaraciones de Rajoy en Colombia, arremetiendo contra Chávez y Raúl Castro, han revelado una vez más la verdadera razón de ser del auto de Velasco.

Una vez más los discos duros de Raúl Reyes

Las acusaciones de Velasco son tan sólidas como suelen ser muchos de los autos emanados de la Audienca Nacional. Esta institución goza de mucha reputación fuera del País Vasco y sobre todo en América Latina porque uno de sus jueces, Baltasar Garzón, persiguió a Pinochet y a unos tantos torturados más. Es un hecho que no se debe obviar. Pero por eso Garzón no es ningún santo, sino sigue siendo un juez al servicio del Estado español, que hasta ahora no ha perseguido a ningún torturador de la Guardia Civil ni de la Polícia Nacional españolas. Al contrario: A lo largo de su carrera ha utilizado cientos de testimonios arrancados a vascos bajo tortura durante el periodo de incomunicación. En estos cinco días un detenido no puede contactar ni con la familia ni con un abogado o médico de confianza, está entregado a la policía. La ONU y Amnistía Internacional exigen la abolición de la incomunicación mientras que Garzón les propuso a los colombianos que la introdujeran en su legislación «antiterrorista». 

La base del auto de Velasco: fuentes dudosas

Quizás fue bajo la incomunicación colombiana-española cuando los cuatro ex miembros de las FARC relataron los detalles sobre la conexión ETA-FARC lo que ahora forma un pilar del auto de Velasco. Su otra base son las informaciones que proceden de los ordenadores portátiles del comandante de las FARC, Raúl Reyes, asesinado en la selva ecuatoriana con ayuda estadounidense el 2 de marzo de 2008. Hasta Interpol reconoció en su día que los discos duros fueron manipulados. Y su supuesto contenido ya fue utilizado para crear problemas al diputado izquierdista alemán Wolfgang Gehrcke (Die Linke) y para encausar a la activista española Remedios García. El objetivo es bien visible: ejercer cierta presión sobre un sector político en Europa para que no se solidarice (más) con las luchas progresistas de América Latina.

Hace falta una jueza latinoamericana e independiente para perseguir los torturadores españoles

Quizás esa estrategia de tensión funciona en Europa, pero no en el País Vasco, porque -como demuestra el auto de Velasco- es el pan de cada día de miles de vascos. Las cifras de la represión hablan por sí solas: Desde que el Estado español se «democratizó» en 1978 unos 30.000 vascos fueron detenidos por su actividad política. 10.000 pasaron por la incomunicación y 7.000 de ellos denunciaron torturas y malos tratos en este periodo especial de detención. Hasta ahora a los torturadores no les han salido mal los juicios (si es que los ha habido) porque la tortura no acaba con un carrera policial, sino la propulsa.

La represión mantiene actualmente a 770 vascos en cárceles españolas y francesas. Otros 2.000 viven refugiados fuera del País Vasco. Todos los partidos de la izquierda abertzale son ilegalizados, es decir unos 150.000 ciudadanos (10-15% del electorado) no pueden expresar su voluntad por vía política.

Y aún así una mayoría social sale permanentemente a las calles de Euskal Herria para reclamar una solución dialogada del conflicto a la cual se niega el Estado español. Ignora su verdadera causa y sus actuales éxitos policiales contra ETA le hacen demasiado arrogante para una solución política cuyos métodos funcionaron en Sudáfrica y en Irlanda. Su propia incapacidad de reconocer la realidad política la quiere exportar ahora a Venezuela y Cuba para pagar así las deudas que Zapatero tiene con Washington.

Dos conflicto, dos soluciones

El conflicto político entre el País Vasco y los Estados español y francés puede tener una solución dialogada si todos los agentes se comprometen a ello. La base está planteada, pero hacen falta pasos concretos y comprometidos.

Es saludable que los defensores de los derechos humanos en América Latina hayan podido aprovechar las acciones de Garzón contra Pinochet y compañía para esclarecer algunos crímenes del pasado, pero en el futuro no debe ser un incoherente juez español el que haga este tipo de trabajo sino los propios habitantes de América Latina. Después de la emancipación política, personificada por Simón Bolívar y por el ALBA, hace falta también la emancipación judicial.

El 23 de marzo de 2010 el diario español El País informó de que Obama había invitado a Zapatero a un congreso sobre «terrorismo nuclear» en abril. De algo le habrán servido al jefe del Gobierno español sus favores al Imperio. Con mucho interés se puede esperar a la campaña mediática que acompañará ese evento. No nos extrañaría en absoluto si se volviera a echar mano a los ordenadores de Raúl Reyes ya que a finales de marzo de 2008 el Gobierno colombiano «informó», basándose en esta inagotable fuente de acusaciones, de que las FARC habían comprado 50 kilos de uranio empobrecido. De esta forma el campo ya está sembrado para otra radiante campaña de desinformación.

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El autor es historiador y periodista alemán, autor del libro «Das Baskenland. Geschichte und Gegenwart eines politischen Konflikts. Viena: 2009 (El País Vasco. Pasado y presente de un conflicto político)

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