Joseph Biden afirmó durante la campaña electoral que eliminaría las políticas fallidas de Trump hacia Cuba y con posterioridad se reflejó en la Plataforma del Partido Demócrata que ese cambio de política sería “rápido” porque se interpretaba que existía consenso y no generaría costos políticos.
A partir de que Biden se convirtió en el presidente electo, se creó la expectativa en varios sectores en Estados Unidos favorables a un acercamiento bilateral que el nuevo gobierno retomaría un enfoque similar a la denominada era de Obama.
En ese momento, muchos consideraron que Biden a partir del 20 de enero de 2021 anunciaría en pocas semanas, como mínimo, medidas de flexibilización asociadas a las áreas de las remesas y los viajes, así como permitiría que la parte cubana accediera a determinados insumos que son imprescindibles para enfrentar la COVID–19. Esto último, tendría un enfoque estrictamente humanitario y marcaría una diferencia notable con la crueldad con que la Administración Trump aplicó medidas contra el pueblo cubano en medio de la pandemia. Es decir, se anticipaba una ruptura clara con un marco político que resultaba insostenible con el discurso que acompañaba al nuevo mandatario.
Han pasado más de 90 días desde la toma de posesión y el gobierno de Biden ha mantenido inalterable la política de Trump que comprende un sistema de pretextos, disposiciones ejecutivas y la aplicación de más de 200 medidas coercitivas unilaterales que han provocado un nivel de deterioro profundo de las relaciones. Por lo tanto, en términos prácticos el nuevo gobierno demócrata ha continuado esa política que ellos mismos calificado como fallida y que no es consistente con sus prioridades en el escenario internacional.
Altos funcionarios de la Administración Biden han declarado sistemáticamente que la política hacia Cuba está en proceso de revisión y el tema no constituye una prioridad. Al parecer, el gobierno no tiene apuro en modificar el estado actual de los vínculos bilaterales y de esta forma está satisfaciendo los intereses de un sector en Estados Unidos que se alimenta, vive y se enriquece de las políticas hostiles: la extrema derecha cubanoamericana.
Los representantes más visibles de este sector que fueron los artífices y promotores principales de la política de Trump hacia Cuba, desde que Biden se convirtió en presidente electo han llevado a cabo una especia de “cruzada política” con el objetivo declarado de preservar todas las medidas anticubanas adoptadas e implementadas por la Administración republicana. Hasta el momento, su propósito se ha cumplido con éxito, lo que constituye una muestra de su capacidad de influencia.
La extrema derecha logró que desde el primer día de gestión de la Administración Biden, este gobierno tuviera que lidiar con un ambiente bilateral muy complejo que implicaba definir su posición con relación a cinco aspectos que constituyen el núcleo fundamental de los pretextos manejados por el gobierno de Trump. Estos temas que pueden considerarse como “contaminantes”, han sido formulados en los siguientes términos: la situación de los derechos humanos en la Isla; los “ataques” acústicos; el rol de Cuba en Venezuela; el papel de los militares en la economía cubana y más recientemente la reincorporación en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Durante el denominado proceso de revisión de la política que está en curso, todos estos temas están siendo sometidos a debate en las diferentes agencias de la actual Administración demócrata. Cada uno de ellos están siendo manipulados y amplificados por la extrema derecha y la administración Biden está obligada a evaluar el costo político que tendría romper definitivamente con todos ellos, con algunos o reconocerlos. La decisión que adopten sobre cómo manejar cada pretexto resultará vital para crear el ambiente propicio que permita retomar el proceso hacia la normalización de las relaciones.
La evidencia histórica ha demostrado que el impacto de los sectores que promueven la confrontación está determinado, esencialmente, por el espacio y acceso que le confiera o no el gobierno estadounidense atendiendo a sus intereses de política interna y exterior. En un contexto de baja prioridad del tema Cuba y de poca determinación para avanzar con celeridad en el acercamiento bilateral, estos grupos adquieren mayor capacidad para incidir en la toma de decisiones e imponer obstáculos siempre y cuando la Casa Blanca se lo permita.
El posicionamiento en el Congreso Federal de varios legisladores cubanoamericanos en puestos de liderazgo como son los casos de los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio en los influyentes Comités de Relaciones Exteriores y Selecto de Inteligencia, constituye una variable de peso por su capacidad para emplear el tema Cuba como una “carta de cambio” y arrancarle compromisos al gobierno estadounidense. En la práctica, están empleando el chantaje político a partir de las debilidades que ha proyectado este gobierno en cuanto a determinación y voluntad política.
En las circunstancias actuales, siete congresistas y tres senadores de origen cubano que defienden la línea dura forman parte del órgano legislativo a nivel federal. Desde principios de enero, comenzaron a desplegar una ofensiva que se ha centrado en los siguientes ejes: exigir al gobierno de Biden que continúe el enfoque confrontacional; demandar que cualquier cambio esté supeditado a concesiones de la parte cubana; presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y hemisférica, así como promover iniciativas legislativas que entorpezcan los vínculos.
Uno de los más activos ha sido Marco Rubio, quien ha presionado directamente a altos funcionarios como el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y al secretario de Estado, Anthony Blinken. También ha realizado varios pronunciamientos, ha escrito artículos de prensa y sistemáticamente promueve acciones en las redes sociales estimulando a que se produzca un estallido social en Cuba. En el caso del senador Menéndez, también ha realizado acciones de presión contra altos funcionarios gubernamentales y ha presentados varios proyectos y resoluciones en el Senado.
En la Cámara de Representantes, el mayor protagonismo lo ha tenido la congresista María Elvira Salazar, quien introdujo desde el 13 de enero una iniciativa para impedir la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo hasta que no cumpla determinados condicionamientos. Este proyecto fue copatrocinado por los legisladores de origen cubano Mario Díaz-Balart, Nicole Malliotakis, Carlos Giménez y Alexander Mooney. Salazar casi a diario emplea las redes sociales para incentivar y respaldar acciones desestabilizadoras del orden social en Cuba y recientemente introdujo un proyecto, con claros propósitos políticos-electorales, que propone que en la Base Naval de Guantánamo se brinden servicios consulares a los cubanos que se encuentran el proceso de emigrar hacia Estados Unidos por motivos de reunificación familiar.
Por su parte, la organización anticubana Inspire America Foundation, continúa articulando en la comunidad cubanoamericana a las fuerzas de extrema derecha. El 18 de febrero, coordinó un evento con el propósito de solicitarle al presidente Biden que mantuviera la política de línea dura y se enfocara en presionar al gobierno cubano en el área de los derechos humanos. Esta actividad en la que participaron Rubio, Menéndez y otros legisladores anticubanos, fue concebida como respuesta a las múltiples iniciativas que se han presentado dirigidas a retomar la llamada “política del engagement” y trataba de enviar un mensaje de movilización y consenso dentro de este sector.
La capacidad de influencia de la derecha cubanoamericana va a estar condicionada por el tipo de relación que se configure entre ambos gobiernos. De cara al futuro, si se configura un ambiente de poca determinación, pasos limitados y exigencias de la parte estadounidense, los intereses de este sector serán contemplados en la conformación de la política. Una modificación sustancial en esta ecuación orientada a generar una dinámica que aproveche todas las oportunidades y potencialidades de una relación constructiva, los colocaría en una posición muy debilitada prácticamente sin opciones.
Está en las manos de Biden silenciar a este sector como mismo lo hizo Obama. Solo se requiere voluntad política, determinación y poner por encima del odio que promueve la extrema derecha cubanoamericana todas las potencialidades que podrían aprovecharse de una relación entre Cuba y Estados Unidos sustentada en los intereses comunes. Ese es un camino que ya se comenzó a transitar con buenos resultados.
Por lo tanto, no hay que empezar de cero, solo resta quitar determinados obstáculos y el sector anticubano no tendrá más remedio que resignarse y patalear como ya sucedió a partir del 17 de diciembre del 2014. En esencia, resulta inconsistente para esta Administración continuar proyectando la política hacia Cuba bajo la sombra de Trump.