Estamos a pocos días de que se continúen las conversaciones de paz en La Habana que han estado focalizadas en el tema agrario. Con bastante antelación la administración del señor Santos orquestó una campaña mediática para anunciar una amplia «revolución agraria» mediante una Ley de restitución de tierras y reparación de victimas. En el razonamiento […]
Estamos a pocos días de que se continúen las conversaciones de paz en La Habana que han estado focalizadas en el tema agrario.
Con bastante antelación la administración del señor Santos orquestó una campaña mediática para anunciar una amplia «revolución agraria» mediante una Ley de restitución de tierras y reparación de victimas.
En el razonamiento de los funcionarios estatales se formuló la idea de una supuesta «revolución» para modificar la estructura de la propiedad agraria concentrada en un obsoleto y colonial latifundio, en gran medida ganadero.
El uso equivoco del término alcanzó los sesgos de una ideología con claros fines políticos. Se hizo, en los términos de la posmodernidad, un «giro lingüístico» para quitar legitimidad a la resistencia campesina revolucionaria surgida y sustentada en la lucha por la tierra de millones de campesinos. Se trataba de adelantar, sin necesidad de acuerdos, una transformación de régimen de la propiedad rural nacional, en la retórica oficialista.
La elucubración fue, incluso, acompañada por algunas celebridades literarias como Carlos Fuentes, el destacado novelista mexicano, que aprovecho la ocasión para repetir la archiconocida andanada contra la supuesta intransigencia leninista de las guerrillas sumidas, según él, en el fanatismo y la terquedad dogmática.
Para todos los efectos se expidió la Ley 1448 de 2010 de Restitución de Tierras y Reparación de víctimas. Un texto extendido de artículos y parágrafos
Van ya casi treinta meses de su vigencia y aplicación y los resultados son deplorables. Varios estudios y opiniones de lideres agrarios y de expertos han indicado que la cacareada restitución de tierras a más de seis millones de campesinos víctimas del despojo paramilitar es un fracaso descomunal. Las acciones administrativas están plagadas de burocratismo y corrupción de los funcionarios del Incoder y la Unidad Administrativa de Restitución.
La Ley se convirtió mas bien en la plataforma ampliada del clientelismo de los parlamentarios de la coalición dominante en la Casa de Nariño. Las reparaciones por cerca de 20 millones establecidas en la normativa son repartidas a discreción de los jefes de las microempresas regionales del liberalismo, el conservatismo, de la U y los otros grupos adictos a Santos. Esta en funcionamiento una potente maquinaria clientelista para la compra de votos y adhesiones a los candidatos del gobierno para los cargos legislativos y ejecutivos, con las reparaciones. Obviamente la plata fluye por millones para aceitar la reelección del señor Santos, asfixiado en su pretensión continuista por los efectos políticos del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia.
La falsa «revolución agraria» de Santos es una herramienta que manipulan a fondo los directorios de la politiquería en Norte de Santander, Antioquia, Santander, Bolivar, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Eje Cafetera, Córdoba Llanos Orientales y en otros lugares del territorio nacional.
La verdadera revolución agraria que entregue la tierra a los campesinos debe surgir de las conversaciones y acuerdos que se den en La Habana y, por supuesto, de la movilización y lucha de los campesinos pobres del país, que se debe profundizar presionando a la élite dominante.
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