San José de Apartadó, un pequeño pueblo del noroeste colombiano que se ha declarado neutral en la guerra, fue noticia internacional hace tres años por la salvaje matanza que sufrió. A machetazos y golpes fueron asesinados ocho de sus habitantes, entre ellos cuatro menores. Semanas antes de la masacre una comisión integrada por ONG y […]
San José de Apartadó, un pequeño pueblo del noroeste colombiano que se ha declarado neutral en la guerra, fue noticia internacional hace tres años por la salvaje matanza que sufrió. A machetazos y golpes fueron asesinados ocho de sus habitantes, entre ellos cuatro menores. Semanas antes de la masacre una comisión integrada por ONG y diputados valencianos visitó esta comunidad y comprobó su voluntad inequívoca de no colaborar con ningún grupo armado. Sin embargo, el Gobierno colombiano, con el presidente Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, acusó a la guerrilla de las FARC del crimen: había sido una venganza porque dos de los asesinados pretendían desertar de las filas guerrilleras. El Ministerio de Defensa incluso colgó en su web una entrevista, atribuida falsamente a TVE, en la que un supuesto desertor de las FARC acusaba a las dos personas de pertenecer a la guerrilla. Por el contrario, en marzo de este año, la Fiscalía ordenó la detención de 15 militares implicados en el crimen; el pasado sábado, el diario El Tiempo publicaba que uno de los oficiales ha reconocido su participación.
Seis meses antes de la masacre de San José, el Ejército colombiano mató a tres sindicalistas en el departamento de Arauca. El ministro de Defensa afirmó: «Primero, eran delincuentes; segundo, fue en combate con la fuerza pública; tercero, estaban armados y, cuarto, tenían órdenes de captura.» La policía judicial y los forenses concluyeron que los disparos se habían producido por la espalda a menos de 50 centímetros, que no se encontraron marcas de más tiros que los que dieron muerte a los sindicalistas y que los militares manipularon la escena para que pareciese un enfrentamiento; la Fiscalía ordenó detener a tres militares por los asesinatos.
También se supo que tres militares habían sido condenados a 35 años de cárcel por haber asesinado a tres campesinos a los que presentaron públicamente como integrantes de las FARC. Esta actuación es tristemente conocida en Colombia como «falsos positivos»: el Gobierno ofrece incentivos económicos, días de permiso o, incluso, mejor comida a quienes más bajas causan a la guerrilla (resultados positivos) y la tropa se afana por conseguirlos a costa de lo que sea, aunque tenga que disfrazar a los civiles de guerrilleros.
Los anteriores son sólo algunos ejemplos de la fiabilidad que ofrecen las versiones oficiales sobre el conflicto colombiano. La ciudadana española Remedios García ha sido acusada recientemente de colaborar con las FARC, pero los cargos que se le imputan no proceden de investigaciones de la justicia española sino que ésta ha actuado a instancias del Estado colombiano. El Gobierno de Uribe puso a disposición de la Fiscalía colombiana los correos electrónicos que supuestamente demostraban esa colaboración. Y la Fiscalía de Colombia pidió a su homóloga española que actuara. A Remedios la detuvieron, pero fue puesta en libertad bajo fianza sólo 24 horas después. Los medios de comunicación, desconocedores o cómplices de la habitual manipulación de la información del conflicto que practican las autoridades de Colombia, ignoraron la presunción de inocencia y condenaron con sus titulares a Remedios y a Ospaaal, la ONG en la que ella trabajó. Si la justicia y la prensa españolas hubieran evaluado la credibilidad del Gobierno colombiano antes de lanzar sus acusaciones, tal vez no tendrían que arrepentirse en el futuro. Ospaaal fue una las fundadoras de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, la red que aglutina a ONG valencianas que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el país sudamericano.
Para el Estado colombiano resultan más peligrosas que las guerrillas las voces que claman por una salida negociada al conflicto, ya que éstas demandan que se atajen las causas políticas y sociales que provocan la guerra y denuncian no sólo los abusos de los insurgentes sino las graves violaciones a los derechos humanos que cometen los agentes estatales. Uribe trata de acallar esas voces en el interior de Colombia, como lo prueban los casos mencionados anteriormente, y ahora ha puesto en marcha una campaña para hacer lo mismo en el exterior con la complicidad de algunos gobiernos y medios de comunicación europeos más interesados en la defensa de sus intereses económicos en Colombia que en la búsqueda de la paz con justicia social que demanda la población colombiana desde hace décadas.
* Periodista.