Nuestra «democracia» se prepara para una nueva puesta en escena: la elección presidencial y parlamentaria 2017. Los candidatos se autoproclaman servidores públicos, privilegiando, por sobre su existencia personal, trabajar por el bien común. Sacrificio que, evidentemente, consideran suficiente mérito para ser electos o reelectos. En los hechos, sucede todo lo contrario. La democracia chilena es […]
Nuestra «democracia» se prepara para una nueva puesta en escena: la elección presidencial y parlamentaria 2017. Los candidatos se autoproclaman servidores públicos, privilegiando, por sobre su existencia personal, trabajar por el bien común. Sacrificio que, evidentemente, consideran suficiente mérito para ser electos o reelectos. En los hechos, sucede todo lo contrario.
La democracia chilena es una farsa. Una dictadura de los partidos políticos que sólo buscan beneficiarse a costa del Estado. Beneficio que se concreta en sus máximos dirigentes y algunos saltimbanquis del séquito más cercano. A la masa militante sólo le toca, de vez en cuando, uno que otro caramelo. Los electores sólo pueden votar por quienes los partidos deciden que se debe votar.
Es decir, son los partidos, y nadie más que ellos, quienes autorizan los nombres que irán en las papeletas el día de la elección. La señora Juanita no puede ser candidata aunque la proclame una comuna entera.
Los partidos gobernantes, a través del parlamento – en concomitancia con la «oposición» de turno – dictan las leyes y deciden que es lo bueno y lo malo para los habitantes del país. A cambio de algunos beneficios (siempre con letra chica), que no deberían ser otra cosa que derechos fundamentales del ser humano constituido en sociedad, atrapan las conciencias suficientes para ganar elecciones.
Una vez electos presidente y parlamento, las promesas de prosperidad para los chilenos se esfuman como se esfuman los dineros de la Ley Reservada del Cobre en las charreteras militares.
Por su parte, los empresarios, colonizadores de los políticos, fortalecen con cada elección su voraz apetito por el lucro, estrujando hasta la última gota de sudor a los trabajadores. Se han apropiado de los fondos de pensiones, del agua, de la luz, de las comunicaciones, de la vivienda, del mar, de la educación, de la salud, etcétera. Y aún así siguen insatisfechos. Incluso se sienten perjudicados porque deben pagar míseros impuestos.
Los candidatos no escatiman en gastar millonarios montos en sus campañas, donde la mentira se enseñorea, vendiendo ilusiones y discursos prefabricados por décadas. Se debe ganar a toda costa un podio en la república, como en aquel chiste popular donde el candidato ofrece un puente, y cuando le hacen ver que en la comarca no hay río, responde: «Bueno, también les pongo un río».
El problema de fondo, para edificar una verdadera democracia, debe resolverse, primero, con un plebiscito donde los chilenos decidamos qué país queremos. Por ejemplo: ¿Queremos un país con el agua en manos de privados o del Estado? ¿Queremos un país regido por una economía neoliberal o una economía social? Lo mismo en el caso de la salud, previsión, educación, luz, comunicaciones y otros servicios.
Una vez decidido esto se debe realizar una Asamblea Constituyente para darnos una Constitución acorde al país que hemos decidido tener. Cualquier otra solución es seguir en lo mismo.
Porque los abusos se deben a la estructura económica-política-administrativa que nos rige, que es donde la explotación del hombre por el hombre se perpetúa. Si no se cambia la estructura actual, que fue montada en el siglo XIX por la oligarquía y reforzada en la Constitución de 1980 por la tiranía cívico-militar, genocida y bucanera, da lo mismo si gobierna la Alianza, la Nueva Mayoría o el Frente Amplio, pues gobernarán dentro de la misma estructura que tanto daño ha hecho y sigue haciendo al pueblo, sobre todo a los sectores más pobres.
Si en Chile no existiera el crédito un segmento no menor de la población sufriría una seria crisis de hambruna. Los endeudados son millones. Y «una golondrina no hace verano». Esto es una triste realidad, un hecho de la causa que tiene a los chilenos enjaulados.
Otro asunto, que permite nuestra farsa democrática, es que tienen tribuna pública personajes que deberían estar condenados por complicidad y encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
La inmensa mayoría de ellos se encuentran atrincherados en la UDI y RN, cuyos dirigentes principales poseen un perfil psicológico DINA-CNI. Si tuviéramos un sistema de elecciones realmente democrático y representativo estos personajes no podrían acceder jamás a cargos públicos, pues es impresentable que se erijan como representantes de la sociedad quienes justifican a ladrones y asesinos.
Es hora de que los afectados digan basta, no puede ser que la farsa de la democracia chilena siga siendo para siempre, y como en el poema de Pezoa Véliz, nadie diga nada, «ni el vecino Pérez ni el vecino Pinto».
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