El sector cafetero no es ajeno al ejercicio burocrático y clientelista que ha caracterizado la política colombiana, alejado como el que más de una política de justicia redistributiva. Idealmente, los recursos generados por los mismos productores, deberían redistribuirse en proporción directa a sus necesidades, en proporción inversa a su riqueza. Si se tiene en cuenta […]
El sector cafetero no es ajeno al ejercicio burocrático y clientelista que ha caracterizado la política colombiana, alejado como el que más de una política de justicia redistributiva. Idealmente, los recursos generados por los mismos productores, deberían redistribuirse en proporción directa a sus necesidades, en proporción inversa a su riqueza.
Si se tiene en cuenta al conjunto de actividades en el sector agropecuario, contrario a los ideales y objetivos de la justicia redistributiva, los incentivos se han concentrado entre los más grandes productores, quienes por sustracción de materia, son los que menos requieren incentivos; los pequeños productores obtuvieron menos del 40% total de los recursos crediticios del sector, aunque representaron el 84,5% de los créditos, en el periodo 2006 – 2009, por su parte los grandes productores que representan el 15,5% de los créditos, obtuvieron más del 60% de los recursos [1] . Mientras que los productores de palma, recibieron recursos del cuestionado Agro Ingreso Seguro, AIS, por un monto de 200 millones de pesos por subsidio en promedio; por su parte, el promedio de los subsidios para los pequeños productores cafetero no sobrepasaron los 1,8 millones de pesos [2] .
En el caso del café, la columna vertebral de los incentivos están dados por tres vías: el subsidio cafetero que por la presión del Paro Nacional Cafetero, ascendió de $60.000 por carga a $115.000 para los productores menores de 20 Has. Una segunda, a través del crédito, labor fundamental de los extensionistas contratados por la federación nacional de cafeteros. La otra porción son los «paliativos» en insumos y equipamiento brindados por la Federación a los productores y que se entregan en casos excepcionales en periodos de crisis de gran impacto, como aquella derivada de la ola invernal de los últimos años.
Los estudios de CEPAL (2003) y Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNCC (2003), demuestran que la estructura de la propiedad de la tierra utilizada en la producción de café, tiene una tendencia hacia la concentración de la propiedad, en efecto el coeficiente de concentración pasó de 0,722 (1970) a 0,754 (1993 – 1997) [3] , al tiempo que se ha presentado un fraccionamiento de la propiedad de los minifundios cafeteros, en consecuencia, el 94,7% de los productores poseen de predios cuyo tamaño es menor a 5 Has, el 4,7% con predios entre 5 y 20 Has y, el 0,4% de los propietarios en predios cuya área es superior a 20 Has [4] .
CEPAL (2003), corrobora además que el uso de la tierra en café, varía de manera inversamente proporcional al tamaño de la propiedad, de tal modo que las fincas más pequeñas son más intensivas en cultivo de café, luego sus ingresos son altamente dependientes del grano. Se debe señalar además que hasta por lo menos el primer quinquenio de la década pasada, fue política de la Federación, desestimular la diversificación de la producción de la finca tradicional campesina cafetera, agudizando la dependencia del productor al grano de café.
En el contexto de la crisis invernal y de depreciación del precio internacional, que afectó enormemente al conjunto de los productores, es de esperarse que los más pequeños fueron los más afectados.
En este sentido, aunque la vía crediticia puede ser una de los métodos para paliar la crisis, para el caso colombiano éste no es el más acertado, dadas las siguientes razones:
1) La informalidad de la propiedad de la tierra en Colombia limita el acceso al crédito.
2) Los bajos ingresos de los más pequeños productores impide superar la condición de endeudamiento.
3) Los problemas del campesinado productor de café, no solo están dados por la producción de café en sí misma, sino por un conjunto de factores entre los que se destacan la inversión social de carácter marginal para el mantenimiento de vías, vivienda, incentivos a la producción, subsidios, infraestructura, protección del mercado interno, por parte del Estado y sus instituciones. Producto de este olvido heredado del gobierno ante la gran mayoría de los 560.035 campesinos productores de café en Colombia [5] , se generó el paro.
Luego, es equivocado que una de las políticas de la Federación sea ampliar la cantidad y la magnitud de créditos otorgados al campesino, puesto que no solo no lo ayudarán a superar la crisis, sino que terminarán hundiendo cada vez más al productor. Es equivocado también que el servicio de extensionistas que ocupa a un total de 1669 [6] técnicos y profesionales del sector agropecuario, dediquen gran parte de sus esfuerzos al servicio del crédito, desaprovechando las capacidades y potencial de ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas, ingenieros civiles, administradores de empresas, trabajadores sociales, contadores, economistas y el gran conjunto de profesionales que otras instituciones envidian.
Pese a que los pequeños productores representan el 94,7% del total con 62% del área cultivada, su poder de decisión en lo que atañe al sector es insignificante. Contradictoriamente, los empresarios del café, con el 0,4% de las fincas y el 11,2% [7] del área cultivada, controlan la estructura política, administrativa y de representación del sector, son quienes toman las decisiones del quehacer de la institución, definen la visión de corto, mediano y largo plazo, determinan la política económica, definen los cargos, tienen injerencia en los asuntos de burocracia y de gobierno, toman decisiones que en la mayoría de los casos, al igual que en los asuntos crediticios, no son las más indicadas para el conjunto de productores del sector, en suma, tienen el poder y lo manejan de acuerdo a sus intereses.
La Federación Nacional de Cafeteros debe ser reformada, en su estructura política y administrativa: ampliando la participación del conjunto de los pequeños y medianos productores; en su quehacer: fomentando el desarrollo agrario integral, redefiniendo las labores del equipo de extensionistas, para que estos sean un medio para un verdadero acompañamiento técnico y social para los productores; en su visión: hacia un campo diversificado con cafés sanos y de economías campesinas rentables, con fábricas nacionales de insumos y equipamientos para los productores; en su política económica, ligada a la protección del mercado nacional del libre cambio, construyendo nuevamente una política comercial que proteja a los productores de los desequilibrios y distorsiones generados por el neoliberalismo. De no ser así vendrán nuevos y más fuertes paros.
NOTAS:
1] PNUD. 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá. INDH PNUD, septiembre. p.320
[2] Contraloría General de la República. Apoyos económicos en el sector agropecuario colombiano. 2010. En: http://186.116.129.19/c/
[3] García, Julián. «Ensayos de Economía Cafetera», Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 2003.
[4] Fonseca, Luz Amparo. «Colombia: escenario social, económico e institucional de la actual crisis cafetera» Oficina CEPAL Colombia. Bogotá D.C. 2003. p. 5
[5] Según el censo cafetero de 2012. En: http://www.
[6] Principales logros y retos del gremio cafetero en el 2012. En: http://www.
[7] Ibíd CEPAL. p. 5
(*) Camilo Ernesto López Meneses es miembro del Equipo Técnico Coordinación Campesina del Valle del Cauca – CCVC
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