No habrá pena para los tres militares norteamericanos acusados de matar al cámara de Telecinco José Couso en Irak. El fiscal que lleva el caso, Jesús Alonso, señaló hoy que la actitud del sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford, no fue indiscriminada ni existió […]
No habrá pena para los tres militares norteamericanos acusados de matar al cámara de Telecinco José Couso en Irak. El fiscal que lleva el caso, Jesús Alonso, señaló hoy que la actitud del sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford, no fue indiscriminada ni existió intencionalidad en su conducta. Por ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el archivo de la causa, mientras que los abogados de la familia han acusado al Ministerio Público de ignorar la sentencia del Tribunal Supremo.
Ésa es la postura que ha defendido esta mañana Alonso durante la vista celebrada ante la sección segunda de la sala de lo penal la Audiencia sobre el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar por asesinato a los tres militares, decisión adoptada hace casi un año, el 27 de abril de 2007.
Según han informado fuentes fiscales, Alonso ha explicado que pese a que la actitud de los militares podría tener «algún reproche penal», «no se dan» los delitos de asesinato con alevosía y contra la comunidad internacional.
Ataque indiscriminado
Por su parte, el abogado de la madre y los hermanos de Couso, Enrique de Santiago, ha sostenido que la Fiscalía «rehuye desesperadamente» de aplicar la sentencia del Tribunal Supremo, que ordenó investigar la muerte del cámara y estableció la competencia de la Justicia española para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España. En su opinión, el Ministerio Público ha demostrado una «absoluta ignorancia» sobre la resolución del Alto Tribunal porque «los hechos son más que suficientes para continuar la investigación».
Santiago, que se ha mostrado optimista ante la decisión que debe tomar la sección segunda de la Audiencia Nacional, ha mantenido que la postura del fiscal carece de fundamento porque, según ha dicho a los periodistas, fue un ataque indiscriminado y con «absoluto conocimiento» de que se disparaba a un lugar internacionalmente protegido porque se sabía que en él había periodistas. Para el letrado, está acreditado que la unidad militar no respondía a ninguna agresión porque llevaba 50 minutos parada sin recibir algún tipo de ataque.
En la causa también están personados como acusaciones la mujer de Couso, la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación de Camarógrafos de Televisión y Vídeo (ACTV) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), cuyos abogados se han adherido a los argumentos de Santiago al considerar que el fiscal intenta, «a destiempo», anticipar el juicio oral.
El hermano del cámara, Javier Couso, ha manifestado a los periodistas que la actitud del fiscal no responde a hechos jurídicas sino a «motivos espurios» para intentar archivar la causa. Según han informado fuentes jurídicas, previsiblemente el tribunal adoptará una decisión aproximadamente en una semana, una resolución en la que el presidente de la sección segunda no participará a pesar de que la sala de lo penal rechazó la recusación que planteó contra él la familia de Couso, que quería excluirlo porque había solicitado que el procedimiento se archivara.