Cifras alarmantes fueron presentadas en el informe Protestas: Sin garantías para cubrir, realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP), y donde se reportan «123 agresiones directas contra la prensa, que dejaron un total de 193 víctimas» durante el 2013. Entre los hechos más graves se detalla los asesinatos de los periodistas Edison […]
Cifras alarmantes fueron presentadas en el informe Protestas: Sin garantías para cubrir, realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP), y donde se reportan «123 agresiones directas contra la prensa, que dejaron un total de 193 víctimas» durante el 2013.
Entre los hechos más graves se detalla los asesinatos de los periodistas Edison Molina en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia), y el de José Darío Arenas en Caicedonía (Valle del Cauca), ambos casos asociados a retaliaciones por sus denuncias que involucran a funcionarios públicos en casos de corrupción. Denunciar hechos de este tipo es uno de los peligros que debe enfrentar el periodismo investigativo en Colombia.
Entre los muchos casos, en el centro del Valle del Cauca, en Tuluá, podemos citar el del Director de EconoticiaS Norbey Palacio Bolívar, quien el año pasado debió afrontar amenazas de muerte contra su vida. Sus denuncias llevaron a la destitución de la Personera del municipio, y por el mismo caso actualmente se investiga a 17 concejales que la eligieron.
Cubriendo las protestas sociales
El informe de la FLIP centra atención especial en los meses de junio, julio y agosto, al reportar durante un periodo de 75 días, «44 agresiones contra periodistas que se encontraban cubriendo las protestas sociales que vivió el país», donde el hecho de mayor gravedad está reflejado en que el 75% de las agresiones involucran a organismos de seguridad del Estado colombiano, con una cifra de 33 periodistas víctimas de las acciones emprendidas por la Fuerza Pública contra la Libertad de Prensa y los Derechos Humanos.
La FLIP también detalla los hechos ocurridos en el Valle del Cauca, que incluyen el hurto de equipos, agresión y detención de seis periodistas de la Red de Medios Alternativos y Populares ( REMAP ), quienes el 19 de agosto se encontraban cubriendo las protestas del Paro Agrario y Popular en el corregimiento de Chambimbal en el municipio de Buga. Frente a lo sucedido, ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido sancionado por sus acciones contra la libertad de prensa y los derechos humanos en el Valle del Cauca, y tampoco devolvieron los equipos hurtados a REMAP , constituyendo la impunidad un referente que recorre no solo el departamento del Valle, sino también el resto del país en la mayoría de casos.
La impunidad afianza políticas de Estado
La ausencia de sanciones constituye una forma de actuar de la política colombiana. La impunidad frente a las agresiones cometidas por la Fuerza Pública contra la Libertad de Prensa tiene un trasfondo que va más allá de cualquier hecho aislado. Su análisis involucra la forma en que un Gobierno sostiene o crea una imagen diferente a la condición real de un país. En este sentido, los periodistas víctimas de la Fuerza Pública durante los meses de junio, julio y agosto, reportados por la FLIP , fueron agredidos con el consentimiento de un Gobierno que en la forma rechaza los hechos ante las cámaras y micrófonos, pero que en el fondo los avala con la impunidad para que sigan sucediendo.
El ataque a los periodistas serios del país es una política de Estado, que incluso ha invertido miles de millones de pesos en inteligencia militar para realizarles seguimientos e intervenir sus comunicaciones, todo porque ocultar la realidad del país lo requiere. Noticias sobre corrupción, políticas que fomentan la iniquidad, violaciones a los Derechos Humanos, y demás información que evidencie la situación real del país, debe desaparecer junto con los periodistas que la exponen.
La guerra contra el periodismo alternativo e independiente está declarada. Pero los periodistas serios del país resisten y logran que el pueblo se llene de indignación, de sensatez, cada vez que un Presidente quiera hacernos creer que «el tal paro nacional agrario no existe».
Fuente: http://econoticiasvalle.blogspot.com.es/2014/02/fuerza-publica-responsable-del-75-de.html