El Ejecutivo señaló que los jueces no pueden entrometerse en competencias que no son suyas. De cuatro años y seis meses de prisión a dos años, y de ahí a 7.200 euros de multa. Todo en solo nueve meses. Así se escribió la historia del doble indulto parcial concedido por el Gobierno a los cuatro […]
El Ejecutivo señaló que los jueces no pueden entrometerse en competencias que no son suyas.
De cuatro años y seis meses de prisión a dos años, y de ahí a 7.200 euros de multa. Todo en solo nueve meses. Así se escribió la historia del doble indulto parcial concedido por el Gobierno a los cuatro mossos d’esquadra condenados por detener ilegalmente y torturar a un hombre al que confundieron con un atracador, en Barcelona en el 2006.
Un polémico perdón que provocó esta semana una inusual contestación de la carrera judicial con un manifiesto firmado por 200 togados. Decisión «arbitraria» y «política» fueron algunos adjetivos. El Ejecutivo defendió su postura con argumentos un tanto antiguos. Señaló que los jueces no pueden entrometerse en competencias que no son suyas, sino del Gobierno por una ley del siglo XIX.
Estos son los hechos conocidos pero, ¿qué hay detrás de un indulto que tiene importantes connotaciones políticas y sociales y que, ni por asomo, reúne el perfil común de los más de 400 beneficiados con esta medida de gracia en lo que va de año?
La intrahistoria arranca en noviembre del 2009. La sala de lo penal del Supremo rechazó gran parte de los recursos de los cuatro mossos contra la condena a seis años de prisión que les impuso la Audiencia de Barcelona en el 2008. Tras estimar únicamente el agravamiento por ensañamiento con el ciudadano rumano Lucian Padoraru, el alto tribunal los condenó a cuatro años y seis meses de cárcel e inhabilitación profesional, es decir, expulsión del cuerpo.
Un mes antes la sala condenó a dos mossos a seis meses de prisión y dos años de inhabilitación por otro delito de lesiones, contra la integridad moral y desproporción policial en una detención. Llovía sobre mojado.
Entonces, gobernaba en la Generalitat el tripartito y la consejera de Justicia, Montserrat Tura (PSC), y, en menor medida, su colega de Interior, Joan Saura (ICV), mostraron su disposición a pedir el perdón para los mossos tras la ola de apoyos que se gestó en la propia institución.
El argumento extraoficial fue que la condena a prisión «no había sido lo bastante ponderada». La tesis la abrazó el Gobierno de CiU tras volver al poder en el 2010 y, en particular, su consejero de Interior y responsable de los mossos, Felip Puig.
Su consejería destaca que se trata de un caso «realmente excepcional», «potestad del Gobierno español», según señaló el propio Puig, y que cuenta con apoyos de partidos y sindicatos.