En el siglo pasado Rafael Escalona cantaba: «tengo un chevrolito que compré p´a i´ a Maracaibo a negociá»… Ubicada al lado del parque de la «Fundación Festival de la leyenda vallenata», se encuentra en Valledupar una de las áreas más extensas y atractivas construida en Colombia por la cadena «Carrefour». Allí se consigue hasta ahuyama […]
En el siglo pasado Rafael Escalona cantaba: «tengo un chevrolito que compré p´a i´ a Maracaibo a negociá»… Ubicada al lado del parque de la «Fundación Festival de la leyenda vallenata», se encuentra en Valledupar una de las áreas más extensas y atractivas construida en Colombia por la cadena «Carrefour». Allí se consigue hasta ahuyama importada. Semejante «gran superficie» no guarda proporción con la densidad poblacional de compradores.
Sólo hay dos explicaciones para esta inversión: servir a la demanda requerida por un sector de empleados en la minería y a los herederos de los «jorges 40». Pero, es fundada la sospecha de que si en el siglo pasado Escalona se inspiró en el contrabando desde Venezuela para su canción, ahora Carrefour ofrecerá las mercancías legalmente en sentido contrario a como ocurría en el pasado desde Aruba y Curazao transportadas en azarosas barcazas que hacían la travesía a la alta Guajira, desde donde por trochas se movía el contrabando de la emblemática Maicao, y se introducía a las ciudades de la costa norte después de eludir y sobornar los controles oficiales porque aún el libre flujo de mercancías no era legal, aún cuando la migración de colombianos hacia Venezuela prácticamente lo era.
Hoy, bajo el credo del «libre comercio», son las autoridades venezolanas quienes ejercen estricto control para impedir el contrabando desde Colombia. Y el flujo de personas es más difícil.
Los inversionistas están copando el mercado con las mercaderías extranjeras aún sin haberse firmado el TLC, tomando posesión de nuestro territorio para desde «zonas francas» y fronteras, incursionar en la región y romper con sus productos las economías nacionales. Personajes como «el hombre Marlboro» fueron extraditados y su negocio y territorio tomados por la Phillip Morris, beneficiaria de Agro Ingreso Seguro con $29.587 millones de pesos (Debate del Senador Robledo, octubre de 2009), trasnacional que se quedó con el tabaco, la empresa Coltabaco y los campesinos de las tierras de los departamentos de Bolívar y Santander que lo producen en Colombia.
Históricamente el poder terrateniente en la Costa Atlántica ha sido determinante, así como en el Caribe. Pares de Somoza, Leonidas Trujillo y de la United Fruit Company están de moda. Exhiben orgullosos su Palma Aceitera. Las tierras del olvido se ven, por primera vez, interconectadas por carreteras y líneas férreas de alta especificación. Las gentes se benefician de este aparente avance, por lo menos para transportarse por los ejes centrales. Son cosas del pasado los interminables viajes por vías polvorientas en verano y barrizales de invierno. Existen aún los carreteables abiertos por las petroleras norteamericanas recién entraron a explotar el crudo a comienzos del siglo XX.
Con los cultivos de algodón, arroz, maíz y sorgo que ocuparon grandes extensiones en tiempos de la «Alianza para el Progreso», cuando había créditos y los Estados Unidos admitían el «Pacto Internacional del Café» para impedir que las seductoras consignas de la Revolución Cubana, se propagaran en su «patio trasero», se vivió una fugaz bonanza que la «apertura económica» echó por tierra con las importaciones agrícolas que hoy pasan de diez millones de toneladas. La crisis impulsó la bonanza «marimbera» aparejada a la minería.
Quebrados los productores nacionales y la economía campesina, las poblaciones padecen la ruina y el hambre, caldo de cultivo propicio para toda clase de violencias. Este ambiente justifica la política de «seguridad democrática» que termina entregándole el país a las multinacionales del carbón bajo el lema de la «confianza inversionista». Una de las consentidas del régimen es la depredadora Drummond en el Cesar. Pero también lo son BHP Billiton, Anglo American y Xstrata principales accionistas de El Cerrejón en la Guajira, mayores exportadoras con 32 millones de toneladas, 5,3 billones de pesos en ventas, casi el 50% de la producción total del país que en el 2008 fue de 70 millones de toneladas.
«De los 7.062 millones de toneladas de reservas probadas de carbón con las que cuenta el país, el 89.9% está ubicado en el Caribe colombiano, concentradas entre la Guajira, Cesar y Córdoba, en su orden. De la misma manera, el 89.5% de la producción anual, de la cual el 94% tiene como destino la exportación, se extrae de allí. Además, los yacimientos de esta región tienen a su favor su ubicación, pues están en la esquina oceánica del Caribe, muy próxima a los puertos. Y, lo que es más importante, su alto poder calorífico y bajo contenido de azufre y de cenizas hace del nuestro un carbón muy apetecido en los mercados internacionales». («La despensa energética». Por Amylkar D. Acosta M. en Rev. Semana, dic.6 de 2009. p. 54-55).
La política de «confianza inversionista» cobra énfasis justo en el momento de la crisis energética mundial, cuando las multinacionales requieren mayores garantías para el saqueo, en un mundo ávido de recursos energéticos, celosamente defendidos por una fuerza nueva de países que resisten la rapiña de los monopolios, haciendo valer su soberanía. Por el contrario, el régimen uribista la entrega: «Ello explica el gran auge de la inversión en el sector: en los primeros ocho meses de 2009, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó el 10%. Pero sólo las inversiones en el sector minero, particularmente la minería del carbón, tuvieron un notorio repunte al acaparar el 66% de los 4.897 millones de dólares que hasta ese momento habían llegado al país…no está muy alejada de la realidad la meta de exportar a la vuelta de cinco años, más de 112 millones de toneladas, …». (Ibidem).
Es evidente, como lo han demostrado hasta la saciedad los sindicatos del carbón y denunciado el Senador Robledo, que esta política de la «confianza inversionista» es para «beneficiar a las trasnacionales y a unos cuantos criollos» ( Por concepto de regalías directas, el departamento del Cesar recibirá $354.653 millones de pesos en el bienio 2010-2011, según Planeación Nacional), creando relaciones «de mula y jinete» y en ningún momento intercambios de respeto y beneficio recíproco. Los resultados son patéticos: una mano de obra con salarios deprimidos en condiciones laborales como en la época de las bananeras de 1928. Poblaciones como la Jagua de Ibirico, en donde no hay agua potable, sufriendo intoxicaciones masivas, hasta el Alcalde del municipio padeciendo las consecuencias de una carencia de salud pública en medio del emporio de la Drummond.
Mientras las tierras están cubiertas de rastrojos, emerge la ola del agronegocio del diesel, y los alimentos del pancoger de la economía campesina y la producción del empresario nacional desaparecen, los habitantes sucumben en la vorágine de la mal llamada economía del rebusque. El país se «¡especializa en minería! ¡Y extranjera! ¡Como en la colonia española, de cuya independencia se supone empiezan las conmemoraciones!», exclama el Senador Robledo, al convocar a un «proyecto de UNIDAD NACIONAL que tenga como propósito supremo el progreso de toda la nación y no sólo el de los pocos que logren separar su suerte personal de la de sus compatriotas, de manera que a ellos les vaya bien mientras que al resto del país le va mal».