Desde la década de 1990, Colombia ha enfrentado una creciente desigualdad, resultado de la adopción de políticas neoliberales, las cuales situaron al país como el segundo más desigual del continente. En años recientes, esta desigualdad se ha agravado, especialmente durante el gobierno de Iván Duque, que priorizó un modelo pro rico. Al final de su mandato, un preocupante panorama emergió: 25 millones de personas, es decir, el 54% de la población, no tenía garantizado el consumo diario de alimentos, mientras que 500.000 niños y niñas menores de 5 años padecían de desnutrición crónica (Casañas y Morales, 2022). De acuerdo con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, más de 22 millones de colombianos padecen hambre (Ramírez, 2022). Datos proporcionados por la FAO en 2022 indican que cerca de 13 millones de personas, el 26,4% de la población, se alimentan solo dos veces al día, mientras que 722.000 personas apenas logran comer una vez al día (Vivas, 2022). Esta situación llevó a que el Índice Multidimensional de Inclusión Productiva (IMIP) concluyera que el 70% de los colombianos es pobre, no tiene empleo digno y mucho menos educación. Esta problemática afecta principalmente al 88,7% de la población que reside en zonas rurales (Becerra, 2023).
Al finalizar el período de Duque en Colombia se registró la informalidad más alta de América Latina: 57,5% mientras el promedio en la región era del 51%; el desempleo afectó al 10,5% de la fuerza de trabajo contra un 6,7% de América Latina (Kalmanovitz, 2023); en los años de su gobierno, la pobreza pasó del 26,9% al 39,3% en tanto que la desigualdad superó el 0,508 registrado al comienzo a un índice Gini de 0,523 cuando este finalizó (Las Dos Orillas, 2022). Según datos del DANE, bajo el modelo de exclusión impulsado por el anterior gobierno, el 23,6% de los jóvenes en Colombia no podían estudiar ni trabajar (El Espectador, 2022a).
En el aumento de la desigualdad y la pobreza incidieron varios factores, tales como el mal manejo de la pandemia, la corrupción desaforada, la orientación del gasto hacia los niveles de mayor capacidad adquisitiva y la implantación de políticas sociales que marginaban a la mayor parte de la población. Un ejemplo de esto es la administración de los fondos de pensiones, los cuales manejan recursos públicos por más de 381 billones de pesos (Forbes, 2023). De estos recursos, el 55% ha sido dirigido al extranjero, impidiendo su utilización en la generación de empleo y el fortalecimiento del aparato productivo nacional (Portafolio, 2023). Por otro lado, las EPS que manejan recursos por más de 80 billones de pesos (La República, 2023)dejaron deudas con el sistema hospitalario por 33 billones de pesos (Jerez, 2022). Según el presidente Gustavo Petro, estas deudas “representan millones de muertos que pudieron ser salvados” (La W Radio, 2022).
Durante el gobierno anterior, no solo se produjo una considerable regresión social, sino que también se gastaron recursos de vigencias futuras con el objetivo de mermar la capacidad del gobierno entrante para abordar las necesidades sociales, tal como se había prometido durante la campaña. En el último semestre de dicho mandato, Iván Duque distribuyó todos los subsidios de vivienda previstos para los años 2022 y 2023, creó la ilusión en 500.000 familias de estar habilitadas para recibir subsidios de vivienda y, además, dejó comprometidos otros 52.000 subsidios sin respaldo presupuestal (Ramírez, 2023). Por lo tanto, a pesar de haber prometido 67.000 subsidios de vivienda para 2023, solo previó recursos para 30.000 familias. El gobierno Duque agotó por completo el presupuesto del programa “MI CASA YA”, sin dejar ni un centavo para cumplir con los subsidios prometidos (Mercado, 2022).
A nivel laboral se precarizó el empleo, dejando al país con uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina (Nuñez, 2022); a nivel rural la extrema pobreza se explica porque se llegó a una situación en la que el 1% de los propietarios acumuló el 81% de la tierra. Esto ha dejado a un millón de campesinos con menos de 2 hectáreas para sobrevivir (Paz, 2018). Por otro lado, la desigual distribución del ingreso en Colombia condujo a que el 10% de la población acaparara el 70% de la riqueza (El Espectador, 2022a). A pesar de que el país forma parte del selecto grupo de la OCDE, esta entidad advirtió que la pobreza en Colombia se perpetúa hasta por 11 generaciones (Gómez, 2022), de suerte entonces que saldar esta gigantesca deuda social heredada demandará enormes esfuerzos y reformas sociales audaces, que difícilmente serán alcanzables en un solo mandato de gobierno.
El endeudamiento extremo y compromiso de los recursos futuros
Además de haber precarizado la situación social, el gobierno de Iván Duque produjo un incremento descomunal en la deuda pública, que pasó de representar el 36% del PIB en enero de 2019 al 57% en el 2022 (La FM, 2022). Paralelamente, el déficit fiscal pasó del 4,65% del PIB en 2018 a 7,1% del PIB en 2021, a pesar de los extraordinarios ingresos derivados de los precios del petróleo, que sumaron 10,2 billones de pesos a las arcas públicas (Kalmanovitz, 2022). En consecuencia, el mandato de Gustavo Petro comenzó como el gobierno más endeudado en la historia del país debiendo pagar más de 360 billones de pesos de deuda en los cuatro años de su gobierno, con un 31,5% correspondiente a intereses. Al inicio de la actual administración, el Ministro de Hacienda advirtió que el déficit fiscal heredado era mucho mayor que lo presentado por el balance del gobierno anterior. En realidad, alcanzaba el 8% del PIB, ya que un importante déficit del fondo de estabilización de combustibles, con un valor superior a los 30 billones de pesos, había sido excluido de los cálculos. Esto obligó al nuevo gobierno a recuperar dicho déficit mediante aumentos mensuales y gradualmente progresivos en los precios de la gasolina y el diésel. Estos incrementos se reflejarán en una inflación elevada e impacto en los precios más altos para los productos a lo largo de los cuatro años de mandato.
Para mediados de 2022 la deuda bruta del gobierno nacional se situó en el 69% del PIB, según Kalmanovitz (2022), dicha deuda debe ser cubierta por el nuevo gobierno y su capacidad para atender este déficit quedó supremamente reducida, dado que en vigencia del anterior gobierno se decidió vender el 61% de las reservas en oro del Banco de la República (Semana, 2021) y además, el recaudo tributario representó solamente el 14,2% del PIB en 2021, en marcado contraste con el promedio del 33% del PIB en los países miembros de la OCDE. Además, durante una de las más perversas herencias que dejó el gobierno de Duque fue el descomunal déficit en el Fondo para la Estabilización de los Combustibles que alcanzó la suma de 38 billones de pesos (Semana, 222c), obligando con ello al gobierno a implementar alzar mensuales de combustibles que deterioran la situación social de los transportadores y encarecen en general el costo de vida, generando situaciones de inconformidad y malestar social. No bastándoles con ello, se permitió que poderosos empresarios vinculados con castas políticas que permanecen en la impunidad, llevaran a cabo un enorme desfalco a las finanzas de Ecopetrol mediante reventa de combustible que robaban a la misma empresa por valor de 1.3 billones de pesos (El Espectador, 2023). En estas condiciones, la reforma tributaria aprobada en el gobierno de Gustavo Petro, que añade solo 20 billones de pesos anuales al presupuesto, resulta insuficiente para atender la enorme carga de deuda económica y social heredada.
Deterioro de la seguridad y profundización de la crisis humanitaria
El incumplimiento de los Acuerdos de Paz con las extintas FARC durante los cuatro años de gobierno de Iván Duque, así como la reconfiguración del conflicto armado, propiciaron el surgimiento, expansión y copamiento de las áreas antes controladas por esta guerrilla. Además, se observó la ampliación a nuevas áreas en casi la mitad de los municipios del país (OCHA, 2023), lo que resultó en una escalada de la violencia dirigida hacia líderes sociales, defensores de derechos humanos y medioambientales, así como hacia organizaciones y población en general de los territorios. Esta violencia se ha concentrado especialmente en las regiones rurales.
Entre 2018 y 2022 se produjo un incremento en la tasa de homicidios que pasó del 25,5 por cien mil a 26,9 al finalizar el 2021 (Policía Nacional, 2022). A lo largo de este período, perdieron la vida 50.179 ciudadanos colombianos a causa de homicidios, un verdadero genocidio concentrado en un lapso de un cuatrenio. En paralelo, la violencia contra liderazgos sociales cobró 957 víctimas, además de 2.366 casos de amenazas; y fueron asesinadas 261 personas desmovilizadas firmantes del acuerdo final de paz (INDEPAZ, 2022).
La hostilidad demostrada por el gobierno Duque en contra de los acuerdos firmados y los entrampamientos a que fueron sometidos dirigentes de los firmantes de paz, generó la expansión de los grupos de disidencias de las FARC-E.P. Su presencia, que inicialmente abarcaba 56 municipios, se multiplicó alcanzando 138, lo que representó un aumento triple en su alcance y accionar. Por otro lado, el ELN incrementó su presencia, pasando de 99 municipios a más de 170. A su vez, las AGC o Clan del Golfo ampliaron su dominio de 170 a 212 municipios (UNOCHA, 2022).
Durante el gobierno de Duque se perpetraron 315 masacres dejando un saldo de 1.199 víctimas (INDEPAZ, 2023). Además, aproximadamente 850 personas fueron víctimas de desaparición forzada, un delito cuyos índices aumentaron progresivamente de 167 víctimas en 2019 a 348 en 2022, según registros documentados por el CICR (2023). Alrededor de 254.000 personas fueron desplazadas forzadamente de sus territorios y más de 300.000 fueron confinadas (OCHA, 2023). Estas cifras ponen de manifiesto el agravamiento de la crisis humanitaria, especialmente en las comunidades étnicas y campesinas.
Las ejecuciones extrajudiciales que venían en declive desde el año 2010 resurgieron notoriamente a partir del año 2018. Estos eventos culminaron en episodios de muertes masivas de civiles, presentados como bajas en combate durante operaciones del Ejército Nacional. Un ejemplo de esto ocurrió en Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de 2022, cuando once personas fueron asesinadas y luego presentadas falsamente como miembros disidentes de las FARC (El Espectador, 2022b). Los bombardeos que cobraban la vida de civiles inocentes se volvieron recurrentes, al punto que se pudo documentar la muerte de 29 niños y niñas durante este tipo de operaciones militares de la fuerza aérea (Oquendo, 2022); a pesar de que las denuncias nunca fueron tenidas en cuenta, la connivencia de mandos y miembros de la fuerza pública fue ampliamente denunciada. Los obispos del Pacífico enfatizaron esta situación al señalar que todo el departamento del Chocó estaba bajo el control y dominio de las AGC, sin que las autoridades tomaran medidas con respecto a estas denuncias (Alzate, 2022).
La actuación conjunta de particulares armados y la fuerza pública para reprimir protestas sociales se hizo evidente y, como lo puso de presente la JEP, durante el estallido social de 2021 estas actuaciones conjuntas y violentas en contra de manifestantes se presentaron en, por lo menos, 27 ciudades del país (JEP, 2021).
Por último, otro compromiso heredado del gobierno anterior fue la celebración de un convenio con los Estados Unidos para incluir a Colombia como miembro asociado de la OTAN. Esta elección supone involucrar a las fuerzas armadas nacionales en el entrenamiento de operaciones antiterroristas conjuntas, así como otorgar prioridad a la adquisición de armamento y la instalación de depósitos de armas estratégicas en el país, a disposición de los Estados Unidos (El Tiempo, 2022).
Expansión de la economía del narcotráfico y otras economías ilegales
Al finalizar el gobierno de Duque los cultivos de coca crecieron en un 43%, llegando a una extensión de 204.000 hectáreas. El 62% de estos cultivos se localizan en los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander, donde también se observa una significativa expansión de actores armados ilegales. La producción potencial de cocaína se elevó a 1.400 toneladas, marcando la cifra más alta registrada en los últimos 22 años, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) (Mosquera, 2023).
Mientras la economía de los productores agrícolas se deterioró, cerrando con un balance negativo para los cafeteros con una reducción del 12% en la producción y una disminución del 8% en las exportaciones, la economía del narcotráfico se ha incrementado gradualmente en los últimos años, triplicando su porcentaje del PIB al pasar del 0,6% en el período comprendido 2011-2014 a un 2% histórico en el año 2021 según estudios recientes (Croda, 2022). Sin embargo, datos del ex fiscal Néstor Humberto Martínez (2022) advierten que los dividendos por narcotráfico podrían representar entre el 3% y el 7% del PIB. Adicionalmente, las frecuentes incautaciones de cocaína en exportaciones colombianas de bananos, plátanos y ganado evidencian la participación de ciertos sectores productivos en segmentos de este negocio. En estas condiciones, los narcotraficantes en Colombia pueden estar obteniendo cerca de 15.000 millones de dólares al año, casi el doble de las exportaciones de carbón lo cual demuestra su poder y capacidad de influencia (Semana, 2022b). Ante semejante legado, el desmonte del narcotráfico y sus estructuras ilegales y armadas se torna en una tarea extremadamente compleja, que difícilmente puede alcanzarse en un solo gobierno.
Como resultado de las economías ilegales, el blanqueo de capitales ilegales en el país ascendió a 12,5 billones de pesos, según la Fiscalía General de la Nación, marcando un incremento del 36% en comparación con los 8 billones de pesos registrados en 2021 (López, 2023). Estas operaciones han llevado a una pérdida anual de 25 billones de pesos para el país, según datos del presidente de la ANDI (Semana, 2023), y la Contraloría General de la Nación ha señalado que el 85% del oro que exporta el país proviene de la minería ilegal (López, 2022). En estas condiciones, combatir los poderosos grupos que mueven la economía del narcotráfico y demás economías ilegales, que tienen su soporte en los grupos armados ilegales constituye una pesada herencia a la cual debe enfrentarse el gobierno de Gustavo Petro. Esto pone de manifiesto los enormes retos que supone alcanzar una Paz Total y la implementación de políticas públicas para desmantelar estructuras y prácticas criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Paz y atribuido a la CNGS.
Los retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz
La intención del anterior gobierno por paralizar la implementación del Acuerdo de Paz, argumentando que era un compromiso vinculante para el gobierno antecesor de Juan Manuel Santos, llevó al gobierno de Duque a desarrollar la estrategia de “Paz con Legalidad” que poco tenía que ver con el acuerdo firmado con las FARC y que, en cambio, fortaleció los poderes militares al entregarle la dirección de implementación de recursos estratégicos e inversiones en las zonas más afectadas por el conflicto a través de las figuras de la denominadas “Zonas Futuro”. Las políticas de garantías para los derechos humanos fueron sustituidas por el otorgamiento de facultades a los militares a través del llamado Plan de Acción Oportuna (PAO). Inicialmente, el liderazgo del PAO estuvo a cargo del General Leonardo Barrero, quien previamente había ejercido como Comandante General de las Fuerzas Militares; aunque posteriormente fue asignado como Oficial de Enlace con las organizaciones sociales y de derechos humanos. Al finalizar el mandato de Duque salió a la luz que el General Barrero sería en realidad alias “El Padrino” actuando en relación con con estructuras de las AGC en el sur del país que actuaban bajo el mando de alias “Matamba”, este jefe paramilitar fue sacado de la cárcel la Picota, antes de poder declarar contra los altos mandos que actuaban a su servicio, liberado con la ayuda de altos oficiales de la DIJIN y el GAULA según confesión y testimonio del funcionario de la UNP encargado de transportarlo en vehículos oficiales (Charry, 2023).
Esta realidad demuestra las profundas distorsiones a que se sometió el proceso de paz que el actual gobierno se ha comprometido a corregir. En cuanto a los recursos para la paz, muchos de los cuales han sido aportados por la comunidad internacional, fueron también dilapidados. Durante el año 2021, se aprobaron proyectos OCAD PAZ por un total de 4,4 billones de pesos, originalmente previstos para ser invertidos hasta el año 2030; sin embargo, estos fondos se asignaron por completo entre los años 2021 y 2022 dejando desfinanciados los fondos para la paz. De estos 4,4 billones, medio billón se dilapidaron en sobornos que iban desde el 12% al 15% entregados a funcionarios del DNP, la Contraloría y Congresistas de la República, así como a alcaldes de algunos municipios priorizados PDET, con el objetivo de obtener la aprobación de sus proyectos (Bolaños, 2022).
Los fondos destinados a la paz se utilizaron para comprar equipos militares y otros para realizar interceptaciones, tal como fue denunciado por el ex director del DAPRE Mauricio Lizcano en debate citado por el Congreso de la República sobre el estado del cumplimiento del Acuerdo de Paz; también se compraron carros blindados para la Policía Nacional por un valor de 51.000 millones de pesos (Vargas, 2022a). El ex presidente Duque gastó fondos para la implementación de la paz en publicidad oficial por valor de más de 46.000 millones de pesos, los cuales fueron usados para desprestigiar a quienes lideraban las movilizaciones sociales y de oposición a su gobierno (El Espectador, 2022b). En relación con el compromiso establecido en el Acuerdo de Paz para la reforma rural integral, el gobierno anterior solo distribuyó 17.000 hectáreas de las 3 millones comprometidas (Cambio, 2023); la implementación del punto 1 avanzó apenas en un 4% durante el gobierno anterior (Uprimny, 2022). De los 7,5 millones de víctimas que esperaban reparación al finalizar el gobierno Duque, solamente el 7% habían obtenido alguna reparación (Parada, 2023); a ese ritmo el país necesitaría 62 años para completar la reparación de las víctimas del conflicto (Vargas, 2022b). Quiere decir esto que el gobierno actual heredó una realidad en la que no solo se paralizaron los acuerdos, si no que se dilapidaron parte importante de los recursos previstos para su implementación hasta el año 2030.
La gigantesca regresión social, el enorme endeudamiento público, el deterioro de la configuración institucional del Estado, las tramas de corrupción instaladas y los compromisos amarrados para favorecer las dinámicas bélicas y de exclusión constituyeron una herencia perversa que buscó dejar secuestrado al nuevo gobierno en su capacidad de producir y conducir reformas estructurales. Se blindó el sistema de privilegios de tal manera que los cambios prometidos solo puedan lograrse en un alcance limitado y superficial. Es en este contexto que se debe comprender el bloqueo y las dificultades que el gobierno enfrenta para desencadenar dinámicas sostenibles en la implementación de sus agendas de reforma.
Referencias
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Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD).
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alianza)