«La globalización cuestionada»

PRIMERA PARTE: LA GLOBALIZACION EN EL MUNDO

La globalización neoliberal genera un nuevo ordenamiento de los conflictos al nivel mundial. La década del setenta marca la divisoria entre dos épocas. La actual se inicia con la instalación de regímenes dictatoriales, la caída de los regímenes socialistas y la instalación de las doctrinas neoliberales. La realidad actual se asemeja a las condiciones existentes en dos períodos del siglo XIX, uno, el pre-monopolista y el otro, a la etapa de formación de los monopolios que abarca los decenios posteriores a la Comuna de París.

En el siglo XX, sobre todo a partir de los sesenta se extendió la utilización de los trabajadores de la periferia del mundo. Los métodos empleados son muy variados; abarcan desde formas de esclavitud o semi esclavitud hasta el empleo de la maquinaria y la automatización más avanzada. Tal es la base de la acumulación originaria del capital transnacional. Los altos niveles de desempleo en todos los países son el piso en que se asienta el modelo neoliberal. Esta doctrina afirma que los salarios elevados son la causa y el alto desempleo la consecuencia. Por el contrario, la realidad muestra que los salarios altos prevalecen cuando hay bajo o nulo desempleo mientras que los salarios bajos se presentan cuando hay alto desempleo.

Un importante efecto del sistema transnacional es el cambio en la composición numérica del proletariado mundial, en el cual las naciones subdesarrolladas aportan ya el segmento mayoritario. En la mayor parte de los países están aún en el proceso de aprendizaje de las formas de lucha. En todos los continentes proliferan los conflictos laborales. Surgen los sindicatos internacionales y se extiende la coordinación internacional en la lucha sindical.

La creación de la Organización Mundial de Comercio (1994) no ha traído la prosperidad para todas las naciones como se proclamaba. Los mercados de los países industrializados continúan cerrados o protegidos de competencia de los productos de los países del Sur mientras éstos han eliminado buena parte de sus barreras defensivas. A la vez, las transnacionales, en especial las tecnológicas han ampliado sus ventajas en los países en desarrollo.

Las transnacionales dominan en el comercio internacional de las materias agrícolas. Ellas implantan alrededor del planeta bebidas y alimentos que contradicen normas dietéticas saludables. La disyuntiva para el agricultor independiente es abandonar la tierra o someterse al sistema, en calidad de contratista dependiente, permanentemente endeudado. El objetivo de la «liberalización del comercio mundial» es desalojar del mercado la llamada «producción agrícola excedente» en circunstancias que buena parte del planeta presenta carencia de alimentos.

Mediante los tratados de libre comercio, las multinacionales quieren imponer sus semillas transgénicas en reemplazo de las autóctonas para obligar a los campesinos a tener que pagarlas cada año, eliminando un derecho ejercido durante milenios. La expansión del modelo neoliberal en las áreas vírgenes pasa a ser cuestión de vida o muerte para los pueblos originarios. La revolución biotecnológica impulsada por las multinacionales amenaza con destruir la diversidad y eliminar multitud de especies nativas. Los efectos colaterales de los transgénicos aún se desconocen, por lo que los científicos insisten que se apliquen los principios de precaución y responsabilidad.

La inferioridad en que se encuentran los pequeños agricultores y campesinos para competir, exige de parte del estado la creación de poderes compradores, bandas de precios, asistencia técnica masiva y crédito a bajo costo. Hay que estimular su organización en formas colectivas de producción y comercialización. Debe asegurarse la completa sindicalización de los trabajadores de la tierra y la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo. No pocos países tienen aún pendiente la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. En muchos países la reforma agraria aun parece ser el punto de partida indispensable para la dignificación del campesinado y para la modernización de la agricultura.

Si en América Latina la década de los ochenta se llamó la década perdida, la de los noventa se puede caracterizar como la década frustrada a pesar de las promesas que traería el fin de las dictaduras militares. En América Latina la década de los noventa ha sido el apogeo de los regímenes neoliberales. Al no encontrar un cauce al descontento aumentan las crisis políticas y las rebeliones populares que han llevado a la destitución de varios gobernantes de América Latina.

En América Latina el desempleo se ha mantenido elevado en muchos países en los años de mayor crecimiento económico. Al extenderse la flexibilidad laboral, los nuevos puestos de trabajo se hicieron más precarios. El número absoluto de pobres siguió aumentando a lo largo de la década y primeros años del siglo XXI. Aun en aquellos países donde el índice de pobreza se redujo, persistió la tendencia a una mayor inequidad, transformando a América Latina en el continente con las mayores desigualdades del planeta. El modelo extiende la mendicidad y la niñez abandonada, el narcotráfico, la compraventa de órganos humanos, las redes de prostitución y pedofilia.

Han surgido varias corrientes opuestas a la globalización neoliberal, de origen distinto a las tendencias marxistas o socialistas. Estos enfoques convergen en una profunda crítica al capitalismo transnacional por su responsabilidad en la depredación de la naturaleza y de los seres humanos, particularmente en los países pobres. En la argumentación de los ecologistas es ilusorio que los países pobres puedan alcanzar el nivel de los países industrializados. Por otro lado ha cobrado cada vez más impulso la propuesta de establecer el impuesto Tobin a las transacciones de divisas y aumentar los impuestos a los consumos suntuarios y a las herencias. Otra campaña se centra en el cierre de los llamados paraísos fiscales. Así, se abren nuevas posibilidades de acción conjunta entre «verdes» y «rojos», como también entre las nuevas capas medias y los trabajadores organizados.

Todo este cuadro invita hacia nuevos enfoques alternativos. En el ámbito mundial se hace más imperiosa la necesidad de la intervención activa de los pueblos para forjar una nueva matriz más pacífica, democrática y más justa de las relaciones entre las naciones. Se requiere reconstruir un programa integral de cooperación Norte-Sur. Hay que crear espacios para estrategias que conjuguen autonomía nacional con la solidaridad. Hay un lugar para mecanismos de integración y complementación dentro de cada continente y para la acción común entre las naciones subdesarrolladas de Asia, Africa y América Latina.

Se trata de contar con proyectos nacionales de desarrollo sustentable y equitativo, discutidos y aprobados por los ciudadanos. Ello requiere políticas de re-industrialización. Es indispensable la defensa y promoción de las pequeñas empresas y crear espacios protegidos para cooperativas y empresas autogestionadas. Deben ser fortalecidos los sindicatos y el derecho de los trabajadores a participar en las decisiones empresariales que les afectan. Se debería otorgar mayor importancia a las organizaciones gremiales, agrupaciones de consumidores, organizaciones ecologistas, vecinales, educativas, sanitarias, étnicas, culturales y artísticas.

En América Latina, el estado ha sido decisivo para el desarrollo de nuestras naciones. Pero hay que avanzar en su democratización. Debe existir el derecho a legislar por iniciativa ciudadana. Hay que institucionalizar el plebiscito vinculante y las consultas ciudadanas. Se debe afianzar el derecho ciudadano a la información pública proscribiendo el monopolio privado de los medios de comunicación masiva.

SEGUNDA PARTE: LA GLOBALIZACION EN CHILE

En los años noventa volvió a repetirse el efecto de la globalización y la liberalización del comercio exterior, que llevó a una crisis de la agricultura. Los cultivos tradicionales para el mercado interno se redujeron en pocos años. Cuando se creía asegurado el autoabastecimiento alimenticio, las importaciones volvieron a crecer. En los años 1997 al 2002 las deudas de agricultores y campesinos aumentaron por los altos intereses fijados y la contracción del mercado interno, resueltos por el Banco Central y el gobierno. Las importaciones de alimentos a precios artificialmente bajos perjudicaron a los agricultores que producen para el consumo interno.

La gran masa de los trabajadores del campo no se benefició de los años de auge. Los puestos de trabajo disminuyeron. En los comienzos de los noventa los mejoramientos fueron mínimos, comparados con las ganancias de las compañías exportadoras. El ingreso promedio del trabajo en las zonas rurales era en el año 2000 inferior al de 1990. En las faenas agrícolas y forestales, los subcontratistas descuentan un 30% o más del salario que pagan los empresarios, sin garantizar seguridad en el transporte, ni el pago de las cotizaciones previsionales y de salud.

Por otro lado, la política del cobre, desde Pinochet a Lagos, se rige por el Decreto Ley Piñera que transfiere el ejercicio de la propiedad de los recursos minerales, mediante la llamada «concesión plena». Chile perdió en diez años 4.538 millones de dólares adicionales al permitir que gran parte del mineral extraído se exporte en forma de concentrados y no de refinados. Por otra parte, durante los últimos diez años 43 empresas transnacionales de un total de 47, simuló «pérdidas» en sus balances, con el fin de no pagar impuestos. Un amplio sector de la opinión pública apoya el establecimiento de un royalty o regalía similar al que estas mismas compañías pagan a los estados donde tienen inversiones similares.

Durante los noventa, la deuda externa de Chile siguió aumentando. Al alcanzar la mitad del Producto Interno Bruto, la Deuda Externa vuelve a convertirse en el presente en una bomba de tiempo que puede estallar, ante una nueva crisis internacional. Un ejemplo es Enersis. Sin haber aportado un solo kilowat , Enersis, acumuló una deuda de 12.000 millones de dólares, cifra equivalente a poco menos de un tercio del total de la Deuda de Chile.

Una expresión del dinamismo con que se expanden las multinacionales en Chile es el hecho que sus ventas han crecido más que el Producto Interno Bruto, más que las ventas de las empresas estatales y más que las empresas privadas. Si continúa la transnacionalización sin límites, al momento de celebrar los 200 años de la Independencia Nacional, la mayor parte de la economía estará controlada por las multinacionales. A fines del 2003, el valor acumulado de las inversiones extranjeras sumado a la deuda externa constituía un pasivo total de unos 85.000 millones de dólares. Como resultado de este proceso, los envíos al exterior de las rentas netas del capital transnacional se incrementan constantemente.

La globalización neo-liberal ha contribuido a una mayor concentración de los activos en pocas manos, no sólo del capital extranjero, sino también de los grandes empresarios chilenos. Unos 90 grupos financieros controlan la mayor parte de las grandes empresas. El 10% de la población más rica del país ha aumentado fuertemente su participación en el ingreso nacional en los últimos treinta años. En vez del «crecimiento con equidad» el resultado ha sido un «crecimiento con desigualdad».

En el texto se explica porqué el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos profundizará la trasnacionalización de la economía chilena.

La inversión foránea directa, uno de los objetivos del Tratado, no es la única fuente de capital procedente del exterior. Economías que han experimentado un formidable desarrollo han recurrido muy poco a este tipo de inversión foránea, mas bien la han limitado estrictamente. En general, será preferible recurrir al crédito externo como complemento para financiar inversiones rentables de las empresas nacionales en vez de fomentar la instalación de las multinacionales. El texto sostiene que el Estado debe reservarse el derecho de aceptar o no el proyecto inversor, debe evaluar las ventajas concretas que representa y compararlo con sus costos y otras alternativas para el país.

En materia de recursos naturales, un dominio preferente de las inversiones extranjeras actuales, debe extenderse el principio constitucional de que los recursos naturales son de posesión plena del estado, sin perjuicio de formas limitadas de concesión a privados.

El autor sostiene que Chile requiere de un Proyecto Nacional de Desarrollo. El PND nos debe instar a regular respetuosamente nuestro intercambio con la naturaleza. Esto implica reanudar la estrategia industrializadora, interrumpido hasta hoy, pero adaptado a las perspectivas del siglo XXI. Se deben caducar las concesiones onerosas, desarrollar un fuerte sector público, delimitar y garantizar el desarrollo de las distintas áreas de propiedad, estatal, regional, municipal, social, privada, mixta, de cooperativas y de trabajadores.

Esto significa una nueva estructura de ingresos, tributarios y otros que transfiera recursos desde los sectores minoritarios hacia los programas sociales y hacia la inversión productiva pública. Redistribuir es tarea políticamente difícil que será resistida por los afectados, por todos los medios. Por eso se requiere contar con apoyo de una amplia mayoría nacional. Se necesita un nuevo estado que se haga respetar, con autoridad moral, pero nada autoritario y muy participativo, un poder transparente y sometido al control ciudadano.

Pero la soberanía no puede ser un camino solitario, al margen de nuestros vecinos y hermanos. Nuestros estados latinoamericanos en alianza con los del mundo en desarrollo, más el apoyo de los movimientos y gobiernos solidarios del primer mundo, pueden constituir una fuerza capaz de abrir paso a otro mundo posible, a una nueva vía hacia la integración mundial, pacífica, democrática y justa.