Estos días se hizo pública la colusión que las tres grandes cadenas de Farmacias, Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand realizaron para subir los precios de 222 medicamentos de alto consumo. Esto ha despertado amplias reacciones en el mundo político y empresarial, y desatado la rabia en los consumidores. Descubriendo a su vez la miseria del sistema capitalista y los empresarios, ya que esto afecta directamente a los sectores obreros y populares.
La colusión de los empresarios
El reconocimiento que realizó Farmacias Ahumada (FASA) de la colusión que realizó junto a las otras dos grandes cadenas de farmacias, para subir los precios de 222 remedios durante los meses de noviembre de 2007, hasta marzo de 2008, no dejó a nadie indiferente. Por un lado, demostró algo que ya venía siendo denunciando desde hace largo tiempo atrás, que era el juego que realizaban estas cadenas con los precios de los remedios, jugando con la vida y salud de las personas, pero en particular, afectando el bolsillo de los trabajadores y el pueblo. Por otro, desnudó la miseria y crudeza de un sistema en el que lo único que importa es aumentar las ganancias de los empresarios, ya sea con más explotación, bajos salarios, flexibilización, o aumentos de precios.
Según admitió FASA ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), «sus ejecutivos se contactaron con laboratorios y la competencia para provocar un alza concertada» (La Nación 25 de marzo de 2009) de los precios de estos medicamentos, argumentando que ellos generaban pérdidas. Este mecanismo generó un aumento de precios de manera coordinada entre las tres cadenas, que se mantuvo durante varios meses, llegando en algunos casos a aumentar hasta un 300% de su valor. Ante esto la FNE multó en 1.350 unidades tributarias a FASA. Sin embargo, para Raúl Álvarez, presidente de la Asociación de Dueños de Farmacias independientes, «la multa «no es nada» comparado con todo lo que han ganado» las cadenas durante estos meses. (La nación 25 de marzo de 2009). Este reconocimiento a su vez tiene como objetivo evitar entre otras multas mayores, lo que explica también la denuncia que los ejecutivos de FASA hicieron sobre la participación de las otras dos grandes cadenas. Recordemos que entre las tres cadenas, controlan más del 90% del mercado y el alza se realizó sobre remedios de uso masivo como anticonceptivos, remedios para la diabetes, hipertensión, etc., en momentos donde además la crisis económica y las alzas del costo de vida golpean con fuerza a la clase trabajadora.
Pero tanto Cruz Verde como Salcobrand no han admitido hasta hoy esta situación. Es más, Salcobrand ha denunciado que esto es una «infamia». Cruz Verde ha tenido una postura similar, al plantear que la acusación les parece «improcedente, infundada, ilegítima y sobre todo, profundamente injusta» (Mercurio 24 de marzo de 2009). En palabras de esta cadena, no se trataría si no de algo común, de ¡un emparejamiento de precios producto de la propia competencia!
Según FASA, el reconocimiento de estos hechos, ha sido un acto de «transparencia», acusando de responsabilidad por estos hechos a un «grupo de ejecutivos» de la empresa. Según la empresa, más que una compensación a los clientes, como plantean algunos sectores, ellos esperan que «éstos valorarán el reconocimiento que hizo y restituirá su confianza» (La nación 25 de marzo de 2009)
El Instituto de Salud Pública multó también en 1.000 UTM, aproximadamente 36 millones de pesos, a las farmacias nombradas, ya que estas obligarían a sus empleados a vender ciertos medicamentos.
Sin embargo, el Colegio Médico ha denunciado que en muchos casos aún no bajan los precios de los medicamentos.
¿De quiénes son estas grandes farmacias? Salcobrand pertenece a la familia Yarur y es una de las principales empresas que sostienen la Universidad Opus Dei de Los Andes «especialmente en las escuelas de Medicina, Enfermería y Negocios, donde se concentran los pilares de los principios más ortodoxos, como el control de la natalidad y el libremercadismo» (La Nación 29 de marzo de 2009). Además es presidente de BCI, Seguros de Vida y otras importantes empresas. En el caso de Cruz Verde, sus dueños son la familia Harding. Esta empresa posee casi 500 locales de venta, con una participación cercana al 40% del mercado. Sus redes también se amplían hacia otras áreas del ramo.
En el caso de FASA, controlada por la familia Corner cuenta con «993 locales en Chile, México y Perú y sus ventas superan los 1.200 millones de dólares» (La Nación 29 de marzo de 2009). Piñera es uno de los accionistas de esta empresa.
Las reacciones del mundo político y empresarial
Según el Ministro de Economía, Hugo Lavados, la sanción penal es difícil, ya que significaría «identificar de qué tipo de penas se habla, en qué condiciones se usa y cómo se engrana con la figura de la delación compensada que está contenida en la actual iniciativa legal» (Mercurio 28 de marzo de 2009). Por otro lado rechazó tajantemente la idea de crear una farmacia del Estado, para poder garantizar bajos precios, ya que esto afectaría «la competencia»…. ¡entre los propios empresarios! El Estado tiene que «fiscalizar», para Lavados, pero no «ahogar» la iniciativa privada… Una vez más, la Concertación se dedica a cuidar el negocio de las empresas, a costa de los bolsillos de los trabajadores y el pueblo. La propuesta del Ministro, es que las tres cadenas bajen los precios, como una manera de resarcir a sus clientes. Pero evitar cualquier cuestionamiento al negocio privado.
Por otro lado, el fiscal nacional económico que es parte de la causa, admite que el juicio contra las farmacias podría ser largo, por lo que ve inviable la realización de demandas y querellas contra la empresa, además, admite la imposibilidad de sanciones de cárcel.
Los diferentes partidos políticos han salido rápidamente a rechazar la colusión. Senadores y diputados del PPD y DC presentaron querellas y demandas, buscando penas de cárcel. Algo similar han realizado organizaciones de consumidores. Por otro lado, políticos de la DC presentaron un proyecto para permitir que las cadenas de supermercados también puedan vender remedios.
El diario El Mercurio se muestra preocupado de las reacciones de este caso, defendiendo, como es su tradicional rol, el libre mercado, a la derecha y a los empresarios. Para El Mercurio «la competencia entre ellas, caracterizada por «guerras de precios» con venta de medicamentos bajo el costo y ubicuidad de locales que facilitan la compra al público» (Mercurio 31 de marzo de 2009) representa grandes beneficios a los consumidores. Se cuida también de mostrar la necesidad de frenar el debate público y mejorar los problemas del mercado, ¡con más mercado!
Estos hechos han generado una serie de discusiones entre la Concertación y la Alianza con vistas a las elecciones presidenciales, principalmente porque tanto Frei como otros políticos de la Concertación, han denunciado que Piñera es accionista de FASA, con cerca de un 2% de la participación de las acciones de la empresa. Por el lado de Piñera, luego del silencio de los primeros días, salió a vender rápidamente sus acciones, diciendo con descaro que no iba a permitir abusos empresariales, luego de haberse beneficiado de las alzas de los precios. La UDI, en boca de Jovino Novoa, preocupada ante este escenario en un tema tan sensible y de alto impacto, señaló que Piñera sólo tenía un 1% de FASA y que por lo tanto no tenía responsabilidad en lo que ocurrido. Por otro lado se mostró contrario a la posibilidad de castigos penales, ya que «basta con aplicar un castigo económico para mantener a raya las conductas que afectan la libre competencia» (La Nación 27 de marzo de 2009)
Trabajadores de consultorios, organizados en la CONFUSAM, están llamando a una jornada para el día 6 de abril para expresar su molestia con esta situación. Llamamos a todos los trabajadores, pobres y estudiantes a participar activamente en esta jornada. Por otro lado, estos días hemos visto repudios contra las farmacias, como tomatazos a las vitrinas, etc. De parte de las grandes empresas de farmacias, ganan millones estafando al pueblo trabajador, pero también explotando a los trabajadores de las farmacias, los que trabajan largas jornadas, con sueldos miserables con una base de 26.000 pesos, y el resto en base a comisiones por venta de remedios (Nación 27 de marzo de 2009).
Ni la política de «mayor regulación» que promueven sectores de la Concertación o la derecha, ni el «libre mercado» que defiende a rajatabla El Mercurio representan una solución a este problema.
Hay que implementar un sistema publico centralizado de farmacia que reparta medicamentos gratuitos de urgencia, y venda medicamentos al precio de costo, distribuido por los consultorios y postas, bajo control de los trabajadores de la salud.
Hay que terminar con el abuso y la explotación patronal, con una política obrera independiente de toda variante patronal. Para nosotros, esta política consiste en luchar por la apertura de los libros de contabilidad de las farmacias, para los trabajadores, con el fin de parar estas colusiones; y por la expropiación sin indemnización de toda la industria farmacéutica y las farmacias, para poner en pie una Industria Faramacéutica Estatal administrada por sus trabajadores, que responda efectivamente a las necesidades obreras y del pueblo pobre.