La demanda por colusión para fijar los precios de 222 medicamentos, entablada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que dirige el abogado Enrique Vergara Vial contra las tres cadenas de farmacias que controlan el 90% del mercado nacional, viene a confirmar algo que la inmensa mayoría de la población percibe en su experiencia cotidiana. Cada […]
La demanda por colusión para fijar los precios de 222 medicamentos, entablada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que dirige el abogado Enrique Vergara Vial contra las tres cadenas de farmacias que controlan el 90% del mercado nacional, viene a confirmar algo que la inmensa mayoría de la población percibe en su experiencia cotidiana. Cada vez es más alto el gasto que hacen los chilenos en medicamentos y el negocio de las farmacias es cada día más rentable. Lo demuestra la proliferación de locales de esas tres cadenas, que abarcan todo el país y también al extranjero. La demanda de la FNE se refiere a un episodio puntual desarrollado entre diciembre de 2007 y abril de 2008, pero ilustra una situación evidente desde hace años y a la que Punto Final se ha referido en numerosas oportunidades. (Ver PF 513, 553, 557, 592, 597, 651).
La magnitud de las ganancias del negocio farmacéutico le permite a las grandes cadenas hacer rebajas desmesuradas, de un 25%, 50% y hasta un 70%, que sirven para liquidar los intentos de competencia y sacar del mercado a las farmacias pequeñas, para volver luego a los precios habituales; constituye una práctica normal que las ventas en los locales sean «guiadas» por los vendedores, que niegan o dificultan el acceso a los «genéricos» para vender medicamentos similares con nombres de fantasía, mucho más caros. Las cadenas están en poder de grupos familiares, como Salcobrand, inicialmente de la familia Colodro y ahora controlada por Juan Enrique Yarur y su Banco de Crédito e Inversiones (BCI). La familia Codner controla Farmacias Ahumada, y Cruz Verde está en manos de la familia Harding. Por otra parte, el escaso control público sobre las farmacias estimula la automedicamentación. Algunos laboratorios, entre tanto, desvían su producción hacia la venta «en negro», que explica que se expendan medicinas hasta en las ferias libres. En 2007 se produjo una «guerra de precios» entre las cadenas. Llegó hasta los tribunales de justicia y desencadenó ofensivas publicitarias que costaron más de 11 mil millones de pesos. Al poco tiempo, decidieron pactar alguna forma de arreglo, preocupadas también por las cadenas mexicanas que operan en Chile, especializadas en genéricos de bajo precio y con bajos costos de operación. Los grandes laboratorios colaboraron en el arreglo. Según la FNE se produjo un acuerdo respecto de 222 medicamentos, que incluyen drogas contra la hipertensión, la epilepsia, anticonceptivos y diabetes, que significó un alza de precios de un 48 por ciento promedio.
Según ha revelado la FNE, la demanda ha sido precedida por una minuciosa investigación que incluyó comunicaciones intercambiadas entre los demandados, sus relaciones con los laboratorios y eventualmente, algunos testimonios que deberán ser apreciados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La FNE propone una multa de 13,4 millones de dólares para cada cadena, que constituiría la mayor sanción pecunaria aplicada a ese sector.
Obviamente, las cadenas cuestionadas niegan las acusaciones de la FNE. Se sienten seguras y tienen motivos para estarlo. Cuentan con equipos jurídicos de primer nivel y recursos suficientes para pagarlos. El ex fiscal nacional económico Pedro Mattar defenderá a la cadena Cruz Verde. Se estima que el estudio Carey y Cía. defendería a Salcobrand, ya que se encarga de todos los negocios de Juan Enrique Yarur. La familia Harding ha contratado a Nicole Nehme, especialista en temas de libre competencia y derecho económico. Pedro Mattar, militante del PPD, parece no percibir la incompatibilidad ética entre su anterior condición de fiscal nacional y su actual calidad de defensor de uno de los demandados. «La ley no me lo prohibe», explica.
Se trata de una batalla jurídica larga. Es posible que dada su magnitud termine en la Corte Suprema, cuya jurisprudencia ha sido mayoritariamente adversa para la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Hay que destacar, sin embargo, la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, que se esfuerza por hacer cumplir la ley y asegurar una efectiva competencia en el mundo salvaje del «libre mercado», enfrentando intereses poderosos y la pasividad general de la opinión pública.