Un simple «error informático» desató la polémica. Sin embargo, los últimos reveses gubernamentales en relación al financiamiento estudiantil evidencian la verdadera magnitud de la crisis. La Concertación se enfrenta a los costos de continuar con el modelo educacional heredado de Pinochet. Ricardo Lagos, en un gesto claro de la pérdida de poder por parte del […]
Un simple «error informático» desató la polémica. Sin embargo, los últimos reveses gubernamentales en relación al financiamiento estudiantil evidencian la verdadera magnitud de la crisis. La Concertación se enfrenta a los costos de continuar con el modelo educacional heredado de Pinochet. Ricardo Lagos, en un gesto claro de la pérdida de poder por parte del Estado, reconoce esta semana que su gestión fue estéril frente a la presión de los dueños de universidades privadas. Apeló a la autonomía de éstas al momento de definir los criterios económicos según los cuales se regula el mercado educacional. ¿Qué clase de autonomía es ésa? -le preguntaron los periodistas- «no voy a explicar aquí lo que es autonomía», respondió el Presidente. Ya se sabe quién manda a quién. Un barniz de honestidad.
El anuncio hecho por Sergio Bitar en el tercer trimestre del año pasado, en relación a la reforma del sistema de créditos universitarios, generó una buena acogida en los medios. Ingenuamente, se atravesaban en las pantallas distintos dirigentes universitarios, confiados en que el anuncio gubernamental era fruto de las movilizaciones estudiantiles de mayo. Sentados en la misma mesa, Bitar y los presidentes de cinco federaciones pro-Concertación, daban cuenta de los acuerdos a favor del nuevo modelo crediticio. Parecía producirse lo que la FECh denominó un «acuerdo histórico».
El acuerdo, sin embargo, posibilitó una amplia libertad de maniobra para el Gobierno. Zanjadas las tensiones entre el Ejecutivo y los estudiantes de instituciones públicas, Bitar y su equipo ministerial se lanzaron a dar una respuesta al gran empresariado vinculado a la educación privada. El número de estudiantes de la esfera pública era, por primera vez en su historia, menor a los pertenecientes a centros de estudio privados. El mercado de «carteras estudiantiles» creció sin freno en la medida que la mínima regulación estatal retrocedía frente al poderío económico del empresariado. Era el instante de «reajustar» las reglas del juego.
El surgimiento del «Crédito con Aval del Estado» (CAE) responde, primeramente, a la necesidad de legitimar la entrega de títulos universitarios por parte de entes privados. En el último tiempo eran comunes los cuestionamientos al bienestar del «negocio» de la educación privada en contraste con las sucesivas crisis de las universidades estatales. ¿Cómo es posible la existencia de una subvención estatal a una iniciativa cuyo fin era el simple y llano lucro? ¿Cómo era posible que se argumentara la carencia de recursos del Estado para remediar los forados del Fondo Solidario, cuando se entrega -a través del Aporte Fiscal Indirecto- miles de millones de pesos a instituciones privadas? Era necesario, entonces, apagar las críticas.
La administración de Lagos se aferró al argumento viciado que apunta a la presencia mayoritaria de jóvenes de clase media en las instituciones privadas. Con ello se pretendía echar tierra a la causa que obliga a cientos de jóvenes de recursos medios y bajos a inscribirse (y endeudarse) en universidades privadas: la desigualdad originada en la educación secundaria, raíz de los bajos puntajes que marginan a estudiantes de escasos recursos de las universidades tradicionales. Son, en estos momentos, jóvenes provenientes de la clase media-alta quienes ingresan a centros de estudios estatales de tradición como la Universidad de Chile, Universidad Católica o la Universidad de Concepción. Los de menores ingresos copan, además, centros de formación técnica e institutos profesionales como alternativas de menor rango, pero de fácil acceso y precio módico. Éstos últimos, eso sí, de carácter privado en su totalidad. Para acercarse a la igualdad de oportunidades, según Lagos y Cía., era preciso ofertar posibilidades crediticias en estos centros de estudios.
La crítica de los sectores más radicales del estudiantado consiste en que esta maniobra pretende, bajo la careta de «igualdad», sepultar toda posibilidad de retomar la gratuidad de la enseñanza superior en Chile. «Lo que pasa es que son egoístas», afirmaba Bitar ante las movilizaciones de miles de estudiantes a lo largo del país. Sin embargo, la crítica estudiantil echaba luces en la raíz del conflicto y alertaba de la truculenta tentativa del Gobierno. Cuando la situación estaba en su máximo punto de tensión, con más del 60% de las universidades estatales en toma, sectores vinculados a la Fuerza Social y la Surda (conocidos por ser «colchones de contención» de la movilización social) declaran su acuerdo con el Gobierno, con el fin de apagar el fuego. Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se anuncia el fin de la movilización nacional y se abre paso a la «mesa de negociación» con el Ejecutivo.
Al pasar de los meses, se suma la Confesup, ente que agrupa a un conjunto de federaciones estudiantiles de universidades privadas. Éstos últimos, una amalgama de presidentes de orgánicas frágiles, de fácil manipulación por parte de los rectores y con fuerte presencia concertacionista. «Milagrosamente», la Confesup se pone en sintonía con la Confech y se da curso libre a la reforma de Bitar. Hoy vemos los resultados. La complicidad de estos sectores quedó de manifiesto ante la pasividad de la Confech frente a la grotesca alza de aranceles hecha pública a comienzos de año tanto por las instituciones públicas como privadas. «El acuerdo no corre ningún riesgo, pues el gobierno tiene que cubrir con créditos y becas el arancel de referencia y las universidades deben hacerse responsables del financiamiento de la brecha entre el arancel de referencia y los aranceles reales», sostenía Nicolás Grau (Presidente FECH y militante de Nueva Izquierda, brazo universitario de Fuerza Social). De esta forma se encubría la responsabilidad política que le corresponde al recién electo dirigente universitario, heredada de su camarada Felipe Melo.
Lo que resalta de los últimos hechos es la patente crisis del modelo concertacionista, el cual pretendió seguir la línea «modernizadora» que impuso la Dictadura. Ésta modernización trajo consigo la desregulación del negocio de la educación junto con la aparición de leyes de amarre que asfixian la esfera pública. Actualmente, son cinco las universidades estatales en serio riesgo de quiebra (Universidad de Atacama, Universidad de Santiago, Universidad de Los Lagos, Universidad de Playa Ancha y Universidad Tecnológica Metropolitana), las cuales no soportarán los nuevos lineamientos impuestos por las pautas del Banco Mundial, hechas carnes en el paquete de «leyes malditas» aplicadas por la Concertación: Ley de Financiamiento y Ley de Acreditación. Los resultados comenzarán a hacerse visibles lenta, pero progresivamente. Los responsables, entonces, deberán dar cuenta al país. Por el momento, darán cuenta los estudiantes, frente a la Banca que no posee ningún escrúpulo al momento de cobrar las deudas universitarias. La Banca, a la que no le interesa precisamente «crecer con igualdad». Pero que, de seguro, les dirá a los estudiantes y sus familias «Estoy Contigo».