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Criminalizar a las víctimas, victimizar a los genocidas

La guerra política y jurídica: combinación de las formas de lucha del Estado

Por Luis Javier Correa Suárez | 07/12/2011 | Colombia
Fuentes: Rebelión

 «La guerra invisible, los derechos humanos como arma de guerra y lucrativo negocio»(enlace aquí), así se titula el documento del Brigadier General RA Luis Fernando Puentes Torres, Director de la Maestría en Derechos Humanos DICA, publicado en la edición 218 de la revista de las Fuerzas Armadas, de Junio de 2011. Al hacer un detallado […]

 «La guerra invisible, los derechos humanos como arma de guerra y lucrativo negocio»(enlace aquí), así se titula el documento del Brigadier General RA Luis Fernando Puentes Torres, Director de la Maestría en Derechos Humanos DICA, publicado en la edición 218 de la revista de las Fuerzas Armadas, de Junio de 2011.

Al hacer un detallado recorrido por el contenido de esta publicación, es fácil deducir que muchos de los escándalos nacionales, como el de las denominadas falsas víctimas de Mapiripan, la hacienda las Pavas en el Sur de Bolívar y quién sabe qué casos más, hacen parte de esa estrategia mediática del Estado de Colombia, para voltear la opinión de la población y la comunidad internacional, para que las víctimas y la responsabilidad del Estado, pasen a un segundo plano.

Con este pretexto y para justificar atacar legal e ilegalmente al movimiento social, a los sindicatos y la oposición política, califican de insurgencia a todo el que piense diferente a las instituciones, no hay espacio para otras ideologías, reclamar, protestar, expresarse u organizarse, pues se califica como acciones contra la seguridad nacional, que buscan desprestigiar a las instituciones, de esta forma justifican endurecer las leyes para reprimir y eliminar los derechos de la población.

Como la combinación de las formas de Lucha, categorizan a la denominada guerra política, como estrategia para descalificar e invisibilizar a las víctimas y negarles su sagrado derecho a reclamar verdad, justicia y reparación, colocando al Estado y sus instituciones como las víctimas.

Me hace pensar y me lleva a deducir: estamos ante una estrategia de las fuerzas armadas del Estado colombiano que, como se describe, sigue el concepto de Clausewitz, teórico de la ciencia militar, quien define «que lo importante es destruir la capacidad de combate del enemigo, bien sea por las armas o por otro medio».

En ese escrito se reconoce que la fuerzas armadas del Estado, se prepararon para el enfrentamiento militar, y coloca al Estado como una humilde víctima, para resaltar, que el éxito del triunfo radica en deslegitimar a la insurgencia, haciendo la guerra política para lograr un alto contenido psicológico, en los diferentes componentes de la guerra mediática, en el terreno de las organizaciones, la informática, la diplomacia, las estratagemas, la semántica y todas las formas a usar soterradamente para sacar ventaja y causar un daño moral, siendo la principal arma desprestigiar no solo a la insurgencia, sino al bloque opositor al Estado, entre ellos los sindicatos, campesinos, indígenas, Estudiantes, los Barrios y la oposición política, entre otros, usando para ello la guerra jurídica y guerra judicial.

Para justificar el más amplio sentimiento de odio y represión, tipifican que la narco guerrilla, es un brazo armado de un aparato que integra partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, que actúan dentro y fuera de Colombia, como apoyo logístico de la guerrilla, desde adentro del estado, encubierto para actuar públicamente en la sociedad, que presentan al estado como violador de los derechos humanos y responsable de crímenes de lesa humanidad, señalan claramente, que estos ataques son promovidos por actores armados ilegales y ayudados por entidades del Estado, la justicia y las organizaciones internacionales de izquierda conformadas por abogados, antropólogos, psicólogos y violentologos, además buscan dañar la imagen internacional y la cooperación para la lucha contra la insurgencia.

Para justificar la unidad nacional, la guerra total y la llamada prosperidad democrática, identifican el divorcio de las instituciones militares y civiles, como la causa para haber permitido permear las estructuras de estado, causando daño moral y económico a los integrantes de la fuerza pública, señalan que la justicia esta torcida y responsabilizan de los montajes contra la fuerza pública al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Minga, Credhos, Codhes, Justicia y Paz, Cinep. Comisión Colombiana de Juristas, entre otros.

Todo esto hace parte del concepto de la Doctrina de Seguridad Nacional y en la guerra contra la insurgencia, consideran que deben secarle el agua al pez, es decir quitarle a la insurgencia el apoyo social y ello se logra mediante estrategias como la que se describen en la mencionada publicación.

Todo esto indica claramente la nueva estrategia del Estado, para limpiar su imagen, eliminar la presión internacional, pasar a la ofensiva colocando contra las cuerdas a las víctimas y sus organizaciones, asegurar más garantías para los integrantes de la fuerza pública, logrando que por ningún motivo sea permeable el fuero militar, se trata de colocar un manto de dudas sobre todas las víctimas, deslegitimar el derecho que tienen, atrapando cualquier intento por denunciar el problema, en una telaraña jurídica y la denominada guerra política del Estado contra la población, que representará más impunidad y más represión.

Ya es conocida públicamente la estrategia del Estado de Colombia, para quitarse de encima a las víctimas, perseguir y poner en duda, entonces como trabajadores y Sindicato, nos corresponde, ser más organizados en las denuncias, tener una mayor disciplina, preservar la información, sistematizar los hechos, desarrollar la más amplia alianza con diferentes sectores de la población para evitar que esta estrategia del Estado termine por aplastar no solo las denuncias, sino invisibilizando a las víctimas y perpetuando la impunidad.

Estamos enfrentados a una estrategia del Estado de Colombia, para desprestigiar, deslegitimar, desmoralizar, desgastar, e impedir la libertad de pensamiento, de expresión, de protesta y justificar mayor represión contra las organizaciones de los trabajadores y la población en general.

Para terminar, espero que este texto pueda servir para abrir la más amplia reflexión y nos motive a estudiar e investigar sobre los asuntos cotidianos de nuestra vida nacional.

(*) Luis Javier Correa Suárez es Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL)


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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