Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han reivindicado en un comunicado difundido este 17 de julio el ataque a una estación de policía y un comando de las fuerzas especiales del ejército dentro del área urbana de Toribío, un municipio situado en el Norte del Cauca, que se saldó el pasado 9 de julio con […]
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han reivindicado en un comunicado difundido este 17 de julio el ataque a una estación de policía y un comando de las fuerzas especiales del ejército dentro del área urbana de Toribío, un municipio situado en el Norte del Cauca, que se saldó el pasado 9 de julio con cuatro muertos y casi un centenar de heridos, después de que una «chiva» (autobús) bomba detonara en pleno casco urbano y volara la estación de policía, dañando otras muchas edificaciones.
En el comunicado, la insurgencia responsabiliza al Estado colombiano de los daños causados a la población, por insertar en áreas civiles personal e infraestructura militar. Hace un llamado a los medios de comunicación a informar imparcialmente, ya que se ha omitido sistemáticamente que en el ataque guerrillero resultaron dañadas infraestructuras militares y fueron alcanzados policías y miembros del ejército, y se presentaron todos como víctimas de un «atentado», omitiendo la realidad de los combates entre ambas fuerzas, en una zona de histórica presencia guerrillera a lo largo del conflicto armado interno que vive Colombia.
Las FARC denuncian que la práctica sistemática de la fuerza pública de utilizar a la población civil como escudo humano viola el Derecho Internacional Humanitario, y afirman la necesidad de «impedir la reconstrucción del puesto de policía dentro del área urbana, y que de ninguna manera los toribianos presten o alquilen sus casas a ejército y policía, exigiéndoles que alejen sus comandos y personal militar de las áreas pobladas».
Concluye el comunicado con recomendaciones a la población civil para evitar en todo momento ser confundidos con la fuerza pública.
Reproducimos a continuación el comunicado íntegro, difundido por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL.info):
COMANDO CONJUNTO DE OCCIDENTE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TORIBÍO
«El pasado 9 de julio, unidades de las FARC-Ejército del Pueblo, realizamos un ataque a la estación de policía y a un comando de las fuerzas especiales del ejército acantonado dentro de una vivienda del área urbana del municipio de Toribio. Muchas de las casas que resultaron afectadas habían sido alquiladas o cedidas por sus dueños a miembros de la policía y del ejército, quienes las estaban habitando en el momento del ataque.
Lamentamos la muerte y heridas causadas a civiles, así como otros daños ocasionados por los efectos colaterales del combate. Señalamos como único responsable de los daños al Estado colombiano, por mantener personal e infraestructura militar en medio de la población civil. A la vez, hacemos un llamado a los medios de comunicación a que sean objetivos e imparciales, ya que en las informaciones transmitidas, en ningún momento han hecho alusión a la las decenas de bajas producidas, entre policías y miembros del ejército, así como el daño a la infraestructura militar atacada.
Al ubicar las unidades militares en medio de los pobladores, con el supuesto de «proteger a la población civil» -cuando en realidad buscan es que por la presencia de la población la insurgencia se abstenga de atacarlos- en un contexto de intensificación de la guerra como el que caracteriza a Colombia, el Gobierno está violando normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), del cual es firmante el Estado colombiano, y en relación a lo cual no se ha pronunciado la oficina en Colombia de la ONU. Más precisamente el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, Artículo 58 — Precauciones contra los efectos de los ataques, el cual dicta:
«a) se esforzarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del IV Convenio, por alejar de la proximidad de objetivos militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control;
b) evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas;
c) tomarán las demás precauciones necesarias para proteger contra los peligros resultantes de operaciones militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control.»
Igualmente es frecuente que unidades de la policía y el ejército abusen del poder y mediante el uso de las armas amedrentan e impiden la libre movilización de la población, señalándolos de guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla, con lo cual también violan los derechos fundamentales (civiles y políticos) de las personas. En otros casos las convierten en blanco de disparos, ametrallamientos y bombardeos indiscriminados, llegando al homicidio de comuneros como ocurrió en el casco urbano de Toribío el pasado mes de junio cuando la policía asesinó al joven Wilmer Ovidio Yatacué Yonda, de la vereda Sesteadero. De esa manera están violando el artículo 93 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:
«Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia.»
Por todo lo anterior, y en aras de evitar nuevos daños a la población civil, es necesario impedir la reconstrucción del puesto de policía dentro del área urbana, y que de ninguna manera los toribianos presten o alquilen sus casas a ejército y policía, exigiéndoles que alejen sus comandos y personal militar de las áreas pobladas.
Así como el Estado es el único responsable de los perjuicios causados a la población civil, por ello mismo el Gobierno está obligado a reparar los daños causados a los ciudadanos por efecto de la guerra que promueve e intensifica a cada día.
El conflicto social y armado que lleva décadas en nuestro país, tiene profundas raíces en las desigualdades sociales, por tanto no se resuelve con más bombas y más balas. Es mediante diálogos entre Gobierno e insurgencia, a partir de los cuales surjan acuerdos para una mayor inversión social y garantía de todos los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de los colombianos, que podemos superar la guerra interna.
Llamamos a la población, sus organizaciones sociales y movimientos y partidos políticos a exigir al gobierno oligarca y fascista de Santos a buscar una solución política al conflicto social y armado en nuestro País.
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN CIVIL COLOMBIANA
1. La población civil debe evitar que los cuarteles militares y de policía sean ubicados cerca de sus casas de habitación o en lugares de concentración pública.
2. La población civil debe evitar que militares y policías les utilicen sus vehículos particulares o vehículos de transporte público en servicio. Si los propietarios o conductores son obligados, es preferible bajarse y entregar las llaves del vehículo, dejarlo a responsabilidad de los militares y exigir la firma de un papel que así lo señale.
3. La población civil debe abstenerse de abordar vehículos militares de cualquier tipo.
4. Los vehículos civiles en las carreteras, deben conservar una distancia mínima de 500 metros respecto de vehículos y caravanas militares.
5. La población civil debe abstenerse de servir de guía a las patrullas de la Fuerza Pública en las zonas rurales.
6. La población civil debe abstenerse de ingresar en guarniciones militares o a cuarteles de policía. Tampoco debe dormir en ellos.
7. En zonas de conflicto, los vehículos de prensa y de organismos humanitarios deben transitar con distintivos perfectamente visibles y a mínima velocidad».