La Habana, 19 de enero. En una tácita respuesta a la secretaria de Estado designada, Condoleezza Rice, Cuba presentó hoy a Estados Unidos una nota diplomática en demanda del cese de «las flagrantes violaciones de los derechos humanos» contra los prisioneros de la base naval de Guantánamo. En su audiencia de confirmación en el Senado, […]
La Habana, 19 de enero. En una tácita respuesta a la secretaria de Estado designada, Condoleezza Rice, Cuba presentó hoy a Estados Unidos una nota diplomática en demanda del cese de «las flagrantes violaciones de los derechos humanos» contra los prisioneros de la base naval de Guantánamo.
En su audiencia de confirmación en el Senado, la víspera, Rice dijo que durante su gestión Estados Unidos no hará concesiones a los «puestos de avanzada de la tiranía», como identificó a Bielorrusia, Birmania, Cuba, Corea del Norte, Irán y Zimbabwe.
Aunque indirecto, el áspero intercambio verbal emergió como preámbulo en esta región al inicio del segundo mandato del presidente George W. Bush, cuya primera gestión es evaluada en Cuba como la más hostil desde la de Ronald Reagan en los años 80.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la nota pidió cesar la «inhumana y criminal conducta» contra los prisioneros que retiene Estados Unidos desde hace tres años en la base que ocupa en el extremo oriental de Cuba.
«Se le recordó al gobierno de Estados Unidos que las atrocidades que se cometen en la base, y el propio hecho de utilizar ese territorio cubano ilegalmente ocupado como una prisión, violan numerosos instrumentos del derecho internacional», señaló el comunicado.
En una declaración pública el 11 de enero de 2002, Cuba estimó que el traslado a Guantánamo de presos procedentes de la guerra de Afganistán no era una «amenaza a la seguridad» de la isla y anunció que mantendría en el área limítrofe «el clima de distensión y respeto mutuo que ha imperado» en años recientes.
Aunque el traslado «no se ajusta a las normas que dieron origen a esa instalación, no crearemos obstáculos al desarrollo de la operación», dijo entonces el gobierno cubano.
En un escalón más adelante, en abril de 2004, Cuba pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que investigara el trato a los detenidos en la base, pero desistió de llevar el caso a votación.
Unos 550 presos, a los que Estados Unidos acusa de vincularse al movimiento talibán y la red Al Qaeda, permanecen en la base como «combatientes enemigos», sin cargos y sin juicio, sin las garantías de prisioneros de guerra y sometidos a torturas y tratos crueles, según organizaciones humanitarias.