De acuerdo a un informe estadístico del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, al 30 de septiembre de 2009, estaban abiertas en tribunales 333 causas criminales por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, por 1.101 víctimas, con 768 agentes sometidos a proceso, de los cuales 276 estaban condenados, 53 de ellos […]
De acuerdo a un informe estadístico del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, al 30 de septiembre de 2009, estaban abiertas en tribunales 333 causas criminales por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, por 1.101 víctimas, con 768 agentes sometidos a proceso, de los cuales 276 estaban condenados, 53 de ellos con sentencia ejecutoriada y cumpliendo penas en presidio.
El número máximo de procesos se alcanzó el año en 2004, con 430, por 1.260 víctimas. La reducción en el número de procesos hasta los 330 vigentes, se explica por juicios que han llegado a su término, sea con sentencia condenatoria o con sobreseimiento temporal o definitivo, sin culpables.
Si se considera que el número total de víctimas calificadas por la Comisión Rettig, y la Corporación de Reparación alcanza a los 3.186, se obtiene que por el 39,5% de las víctimas ha habido algún tipo de procedimiento judicial.
El número de 276 condenas en un universo de 768 agentes procesados implica un 35,9%; los 171 agentes con condenas dictadas desde el 1 de enero de 2000 representan el 22,2% y los 53 agentes cumpliendo penas de presidio, implican el 6,9 de los agentes y 1,6% de las víctimas. Estos números pueden variar, en la medida en que hay 46 procesos en apelación, en contra de sentencias de sobreseimiento o absolución, y potencialmente podrían aumentar como consecuencia de la reapertura de las comisiones Rettig y Valech, anunciada por el Gobierno.
Instituciones y rangos
El análisis de la institución de pertenencia y rango de los agentes procesados y condenados permite configurar perfiles y características de lo que fue la represión durante la dictadura.
En términos numéricos, la rama que mayor aporte hace a la nómina es el Ejército, con 341 procesados o condenados, seguida por Carabineros, con 245; la Armada, con 54; La Fuerza Aérea, con 51; e Investigaciones, con 18, mientras 53 procesados son civiles.
Por rangos, en el Ejército hay 53 generales o brigadieres (15,5%); 52 coroneles (15,2%), 19 tenientes coroneles (5,5%); 23 mayores (6,7%); 22 oficiales con grado de capitán a subteniente (6,4%); 128 suboficiales (37,5%), 2 conscriptos (0,5%) y 35 empleados civiles de la DINA y/o la CNI /10,6%).
Pertenecientes a Carabineros hay 6 generales (2,4%), 17 coroneles (6,9%), 10 tenientes coroneles (4%); 12 mayores (4,8%); 10 capitanes (4%); 11 oficiales; (4,4%) 178 oficiales (72,6%) y un empleado civil, de la Dicomcar.
Por la Armada hay 6 vicealmirantes o contralmirantes (11,1%); 8 capitanes de navío (14,8%); 6 capitanes de fragata (11,1%); 7 tenientes y subtenientes (12,9%); 25 suboficiales /46,2%) y 2 empleados civiles (3,7%).
En la Fuerza Aérea hay 2 generales (3,9%); 9 coroneles (17,6%); 4 comandantes de grupo o escuadrilla (7,8%); 3 capitanes (5,8%), 1 teniente (1,9%); 20 suboficiales (39,2%) y 12 empleados civiles (23,5%), la mayor parte del Comando Conjunto.
De Investigaciones hay 2 comisarios (11,1%); 2 prefectos (11.1%); 3 subcomisarios (16,65); 3 subprefectos (16,6%) y 7 inspectores (38,8%).
De los 53 civiles, 16 pertenecen a Colonia Dignidad (30,1%).
Desde la perspectiva de género, la estadística muestra que la represión de la dictadura tuvo un marcado carácter machista, por cuanto de los 768 agentes procesados o condenados, sólo 23 son mujeres (2,9%), de las cuales 8 son del Ejército (34,7%); 5 de la Armada (21,7%) 4 de la Fuerza Aérea (17,3%); 3 de Carabineros (13%) y 3 de Colonia Dignidad (13%).
Procesamientos y condenas múltiples
Al 30 de septiembre de 2009n en la estadística del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, figuran 3.078 autos de procesamiento, cifra determinada por aquellos agentes que tienen más de un procesamiento y/o condenada.
Con dos procesos y/o condenas aparecen 114 agentes. No siempre el número de procesos o condenas representa la gravedad de la participación del agente. A modo de ejemplo, el ex coronel de Ejército Sergio Arredondo González figura en esta categoría. Pero en el caso de la Caravana de la Muerte, está procesado como autor de 55 secuestros con homicidio calificado: 14 en Antofagasta, 13 en Calama, 13 en Copiapó y 15 en La Serena, y como coautor de 20 homicidios calificados: 13 en Calama, 3 en Copiapó y 4 en Cauquenes. Por su participación en las ejecuciones de la Escuela de Caballería de Quillota, está condenado en segunda instancia a 10 años y un día de presidio como autor de 9 secuestros con grave daño.
Con tres procesos y/o condenas, figuran 45 agentes. En este categoría, también vale la prevención anterior, en el sentido de que no siempre el número de procesos o condenas representa el compromiso del agente con la violación de los derechos humanos. Es el caso de Carlos Herrera Jiménez, que además de haber cumplido condena como autor del homicidio calificado de Mario Fernández López., hoy está purgando dos condenas de presidio perpetuo, como autor de homicidio calificado de Tucapel Jiménez Alfaro y Juan Alegría Mundaca.
Catorce agentes figuran con cuatro procesos o condenas. En este reglón destacan Luis Arturo Sanhueza Ross, condenado a firme como autor de un homicidio calificado en la Operación Albania; procesado como coautor de 5 secuestros calificados en el caso de los cinco desaparecidos de septiembre de 1987; condenado a firme como coautor de homicidio calificado en el caso de Jécar Neghme y condenado a firme como autor de homicidio calificado en la ejecución de Fernando Vergara, y Heriberto Adel Carmen Acevedo Acevedo, procesado como coautor de 9 secuestros calificados y como coautor de un homicidio calificado en el caso de Calle Conferencia; procesado como coautor de 6 secuestros calificados en la Operación Colombo; procesado como coautor de 6 secuestros calificados en la desaparición de 13 integrantes de la dirección clandestina del PC y procesado como coautor de 3 secuestros calificados en la Operación Cóndor.
Diez agentes acumulan cinco procesos o condenas. Entre ellos, Paul Schafer Schneider, procesado como autor de 1 secuestro calificado en la desaparición de Alvaro Vallejos Villagrá, acusado como autor de secuestro calificado de Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Ormaechea y Elizabeth Rekas; procesado como autor de asociación ilícita en Colonia Dignidad, acusado como autor de secuestro calificado de Pedro Merino Molina y condenado en segunda instancia como autor del homicidio calificado de Miguel Becerra, y Manuel Andrés Cárevic Cubillos, procesado como coautor de 46 secuestros calificados en la Operación Colombo; procesado como autor de secuestro calificado de Rodolgo González; procesado como autor de secuestro calificado de Nilda y Mario Peña; condenado a firme como autor de secuestro calificado de Félix de la Jara y condenado en primera instancia como autor de los secuestros calificados de Luis González Mella, Luis Mahuida Esquivel y Patricio Soto Cerna.
Seis agentes suman seis procesos y/o condenas. Casos emblemáticos de esta categoría son los agentes del Comando Conjunto Daniel Luis Guimpert Corvalán, absuelto en segunda instancia como autor del secuestro de Humberto Fuentes; procesado como autor de 3 secuestros calificados de Ignacio González y otros; condenado como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje; procesado por secuestro calificado de Juan Gianelli y otros; absuelto en primera instancia por el asesinato de dos integrantes del Comando Conjunto, y procesado por los secuestro de José Weibel y Carlos Sánchez Cornejo, y Otto Trujillo Miranda, acusado como autor de secuestro de Víctor Vega; condenado a firme como autor de secuestro calificado de Héctor Urrutia, con resultado de homicidio; procesado como autor de secuestro calificado y como cómplice de dos secuestros calificados, en la desaparición de Ignacio González y otros; procesado como cómplice de dos secuestros en la desaparición de Juan Gianelli y otros; condenado en segunda instancia como cómplice del secuestro calificado de Humberto Fuentes y procesado como autor de dos secuestros calificados y como autor de asociación ilícita, en la desaparición de Alonso Gahona Chávez y Miguel Angel Rodríguez Gallardo.
Nueve agentes enfrentan siete procesos o condenas. El más conocido es Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, condenado en segunda instancia como autor de 2 homicidios calificados y como autor de asociación ilícita, en el asesinato del General Carlos Prats y señora; Condenado a firme como coautor de los secuestros calificados de Carlos Carrasco y Fernando Olea; Condenado en primera instancia como autor de los secuestros calificados de González Mella, Mahuida Esquivel y Soto Cerna; Condenado a firme como autor del secuestro calificado de Fçelix de la Jara; procesado como autor de los secuestros calificados de Nilda y Mario Peña; condenado a firme como autor del secuestro calificado de José San Martín y procesado como coautor de 36 secuestros calificados en la Operación Colombo.
Diez agentes totalizan ocho procesos y condenas. Se trata de los suboficiales de Ejército, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Carlos Eusebio López Inostroza y Eduardo Antonio Reyes Lagos; la también suboficial de Ejército, enfermera y agente de la DINA, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, la mujer con mayor número de procesamientos; los suboficiales de Carabineros, José Mario Friz Esparza y Orlando Guillermo Inostroza Lagos; el médico y coronel de Sanidad, Vittorio Orvieto Teplitzki; el subprefecto de Investigaciones, Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, y el coronel de la Fuerza Aérea, Juan Francisco Saavedra Loyola.
Con nueve procesos o condenas aparecen el general de Ejército, Sergio Arellano Stark; el coronel de Ejército, Juan Hernán Morales Salgado; el teniente coronel de Ejército David Adolfo Miranda Monardes; el suboficial de Carabineros; Claudio Enrique Pacheco Fernández, y el agente civil del Comando Conjunto, Cesar Luis Palma Ramírez.
La elite del terror
De aquí en adelante emerge la dudosa elite de los violadores de los derechos humanos. Con diez procesos o condenas aparecen el mayor de Ejército Alvaro Julio Corbalán Castilla y el general de la Fuerza Aérea, Freddy Enrique Ruiz Bunger.
Ocho procesos y tres condenas enfrentan el coronel de Ejército y agente de la DINA, Carlos José López Tapia y el teniente coronel de Ejército y agente de la DINA, Ricardo Víctor Lawrence Mires.
Siete condenas y cuatro procesos ostenta el coronel de Ejército y agente de la DINA; Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.
Ocho procesos y cuatro condenas es el palmarés de Fernando Eduardo Lauriani Maturana, coronel de Ejército y Agente de la DINA.
Ocho condenas y cuatro procesos acumula el teniente Coronel de Ejército y agente de la DINA, Francisco Maximiliano Ferrer Lima.
Dos condenas y 12 procesos tiene el mayor de Gendarmería y agente de la DINA, Orlando José Manzo Durán.
Doce condenas y ocho procesos penden sobre el suboficial de Ejército y agente de la DINA, Basclay Humberto Zapata Reyes.
Diez condenas y 16 procesos es el balance del brigadier de Ejército y agente de la DINA, Pedro Espinoza Bravo.
El coronel de Ejército y agente de la DINA, Miguel Kassnoff Martchenko, sólo superado por Marcelo Morenj Brito y Manuel Contreras, tiene la impresionante marca de 23 condenas y 17 procesos.
Moren Brito, coronel de Ejército y agente de la DINA suma 25 condenas y 20 procesos.
La marca de Manuel Contreras Sepúlveda, el zar de la represión en Chile, de 37 condenas y 29 procesos, es de nivel mundial tanto por su rango y el número de causas que enfrenta, como por hecho de que permanece en prisión desde 1994.
También una marca mundial debe ser la del Ministro de Fuero Víctor Montiglio, con los 2.215 autos de procesamiento que ha dictado contra 134 agentes por 55 secuestros con desaparición, en la denominada Operación Colombo.
El mismo ministro ha dictado 86 autos de procesamiento en el secuestro y desaparición de la primera dirección clandestina del PC, conocido como Calle Conferencia, y 54 autos de procesamiento en el caso de la desaparición de la segunda dirección clandestina del PC, conocido como Los Trece, y 54 autos de procesamiento en la denominada Operación Cóndor.
También destacan por su masividad los 141 autos de procesamientos dictados contra 21 agentes, por el Ministro de Fuero, Alejandro Solís, 77 víctimas de Villa Grimaldi, entre las cuales hay desaparecidos, ejecutados y torturados sobrevivientes; los 64 autos de procesamientos dictados por los ministros Juan Guzmán y Víctor Montiglio en la denominada Caravana de la Muerte y los 35 autos de procesamiento dictados por el Ministro Mario Carroza, contra los agentes implicados en las cinco desapariciones del integrantes del FPMR, en septiembre de 1987.
Penas ejemplares
Desde el punto de vista de la contundencia y ejemplaridad de la sanción, sobresalen las condenas de presidio perpetuo dictadas por el Ministro Milton Juica, contra Miguel Estay Reino, José Florentino Fuentes Castro, Guillermo González Betancourt, Alejandro Sáez Mardones y Claudio Salazar Fuentes, por el caso degollados; las condenas de presidio perpetuo, contra Armando Cabrera Aguilar, Alvaro Corbalán Castilla y Carlos Herrera Jiménez, dictadas por el juez Sergio Muñoz, por el homicidio de Juan Alegría Mundaca; y la condena a presidio perpetuo dictada por el Ministro Mario Carroza contra Hugo Salas Wenzel, por los homicidios de la denoiminada Operación Albania; las dos penas de 20 años cada uno a Manuel Contreras y Pedsro Espinoza, dictada por el Ministro Alejndro Solís, por el asesinato del matrimonio Prats; y la condena a 20 años de presidio que le impuso el Ministro Mario Carroza a Alvaro Corbalán, por su participación en distintos homicidios de la Operación Albania.
Atenuantes y beneficios
Por el contrario, destacan por su benignidad, los tres años y un día, rebajados por la Corte Suprema, a 7 agentes por el secuestro y desaparición de Carlos Contreras Maluje, misma condena, con libertad vigilada, contra Donato Alejandro López Almarza, por el asesinato del sacerdote Joan Alsina; y los tres años con beneficio de remisión condicional de la pena, contra 7 agentes, por el asesinato de Jécar Neghme.
En líneas generales, desde el año 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema ha venido aplicando la atenuante de la media prescripción, por lo cual ningún agente ha sido condenado desde entonces a penas mayores de cinco años y un día, lo que determina en muchos caso la remisión condicional de la pena.
De esta manera, al 30 de septiembre de 2009, se encontraban purgando sentencia de presidio sólo 53 agentes. Eso es lo que dicen los números.
Si se considera el alto número de procesos y que los avances en materia de investigación y sanción en casos de violaciones de derechos humanos empezaron a registrarse después de 2002, no se puede sostener que en Chile subsista la impunidad. Pero si considera el reducido monto de las condenas, especialmente las confirmadas durante 2008 y 2009, como consecuencia de atenuantes y beneficios que está otorgando la Sala Penal de la Corte Suprema, y la elevada proporción de víctimas que no han tenido investigación ni sanción, esa heridas inferida al alma nacional, está todavía lejos de cerrarse.