Prácticamente está comprobado que la CNI montó un operativo para eliminar a tres militantes del MIR y un socialista simulando una explosión. Gracias a esta estrategia sistematizada, en la actualidad nos 20 casos no han sido reconocidos por las comisiones de DDHH como crímenes políticos. El Gobierno reabrirá los procesos de recalificación de casos y […]
Prácticamente está comprobado que la CNI montó un operativo para eliminar a tres militantes del MIR y un socialista simulando una explosión. Gracias a esta estrategia sistematizada, en la actualidad nos 20 casos no han sido reconocidos por las comisiones de DDHH como crímenes políticos. El Gobierno reabrirá los procesos de recalificación de casos y éste es, sin duda, el más avanzado.
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La noche del 10 de noviembre de 1981, un miembro de la 3ra Compañía de Bomberos de Puente Alto acudió, junto a sus compañeros, a sofocar un incendio. Era en el camino a Las Vizcachas, justo al frente de la casa del ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas Galdames. Cuando llegaron al lugar se encontraron con un panorama aterrador: A un lado de la calle, tres cuerpos yacían envueltos en llamas al interior de un automóvil. Un cuarto, ardía a pocos metros de la escena. Por un segundo, todos se quedaron helados. «Fue macabro, imagínate unos cuerpo quemándose, y viéndolos a través de las llamas. Además uno de ellos estaba decapitado, palabras exactas no hay para describirlo», recuerda el bombero.
Al grupo se sumó personal de la 1ra Compañía de la comuna. En conjunto se preparaban para la acción y buscaban la mejor posición para apagar el fuego. Pero en ese momento, el voluntario recuerda que un hombre se los impidió. «Alto ahí», les dijo. Al principio, pensó que era una recomendación para evitar los estragos del fuego, pero luego se dio cuenta que no era así. Era un grupo de cinco hombres que portaban pistolas y ametralladoras. Tenían los rostros desencajados de ira y cercaban el lugar.
En un acto desesperado, el jefe a cargo de las dos unidades de bomberos les dio la orden de apagar el fuego, pero ahora todo quedó claro. «¡Salgan de ahí, el que da las órdenes soy yo», respondió el sujeto que, quedó claro, era de la CNI. Al instante, el resto de los agentes los apuntaron con sus ametralladoras.
El bombero que fue testigo de esto actualmente vive en Dinamarca y, según altas fuentes de la investigación, es muy probable que sea llamado a declarar en el marco del proceso judicial por este caso, denominado «Calcinados» y que sustancia el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard.
En la prensa de la época, la información indicaba que las personas que murieron al interior del automóvil eran los miristas Luis Pincheira y Jaime Cuevas; Juan Ramón Soto Cerda militante del Partido Socialista y un cuerpo que se atribuye al de Nelson Araneda pero que sigue sin identificar. A éste le faltaban la cabeza, piernas y manos. La versión oficial, entonces, estableció que los subversivos se encontraban estacionados afuera de la casa del canciller con la presunta intención de realizar un atentado. En ese momento, una patrulla de la CNI pasó por el lugar y les pidió que bajaran del automóvil. Pero se encontraron con una lluvia de balas en su contra. Sin otra posibilidad, los agentes de la dictadura dispararon contra del automóvil que, debido a los disparos, explotó. Luego comenzó el incendio y los cuerpos se calcinaron.
La investigación de Billard ha mostrado avances notables. Paso a paso se ha ido acreditando que no se trató de un enfrentamiento, sino de una operación deliberadamente orquestada por la CNI, que no contaba con la libertad para actuar que tenía su predecesora, la DINA.
El caso es un emblema, ya que hasta ahora todos los montajes de la CNI, denominados por los organismos de derechos humanos «muertos por explosión», son parte de la larga lista de casos donde aún no hay convicción sobre la participación de agentes. Esto implica que no son reconocidos por el Estado como crímenes terroristas de la dictadura, siendo catalogados como accidentes atribuibles a otras causas. Se calculan que son 30 víctimas de un total de 20 episodios.
El caso «Calcinados» da cuenta de una forma de actuar sistemática tendiente a disfrazar crímenes con explosiones sorpresivas y falsos enfrentamientos. Pero cobra más importancia luego de que los familiares de ejecutados políticos y torturados se reunieran el 3 de marzo pasado con el secretario general de Gobierno, Francisco Vidal. Terminado el encuentro se clarificó un tema que viene generando polémica hace tiempo: el Gobierno va a abrir un proceso de revisión de aquellos casos que quedaron fuera de las comisiones Rettig y Valech, por no existir la convicción de que se trató de crímenes políticos. De hecho el nuevo proceso se encuentra contenido en el proyecto de ley que dará inicio al Instituto de los Derechos Humanos. «Si bien el Instituto no ha sido aprobado, en este punto existe acuerdo en ambas cámaras. Incluso se le asignó un presupuesto para que quienes califiquen tengan acceso a los beneficios», explicó a LND María Luisa Sepúlveda, delegada presidencial para los derechos humanos.
MONTAJE EN TALCA
Antes de que los tres cuerpos de los miristas aparecieran calcinados en el automóvil, la directiva de esa colectividad sabía que estaban desaparecidos hace un tiempo. Todos ellos tenían la orden de reunirse en Talca para organizar la guerrilla de Nahuelbuta, luego del desastre ocurrido en Neltume, donde 25 militantes fueron asesinados. Nelson Araneda estaba al mando de la misión. Luis Pincheira lo secundaba y Jaime Cuevas era un campesino reclutado meses atrás. Los tres fueron capturados durante los últimos días de octubre de 1981, en esa ciudad.
Esta reconstrucción ha sido posible luego de un largo trabajo del magistrado, en conjunto con los efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES) de Investigaciones.
Uno de los que decidió «soltar la lengua» fue el coronel (R) del Ejército y jefe del cuartel de la CNI en Talca, Gonzalo del Real Anthauer. Según su declaración del 2 de mayo de 2007, a fines de 1981 recibió una llamada de la CNI de Santiago. Le ordenaron que hiciera vigilancia a un domicilio ubicado en la calle 2 Sur. «Ese mismo día, alrededor de las 18 horas, llegaron de tres a cuatro vehículos provenientes de Santiago, con unas diez personas que estaban a cargo del capitán Sandoval, apodado ‘Pete El Negro’, relata. La persona identificada por Del Real es Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, condenado, entre otros casos, por el crimen del niño de 13 años Carlos Fariña, en 1973. Actualmente es funcionario de la Municipalidad de Providencia.
Del Real, agrega que se identificó a dos sujetos en un domicilio de la VII Región. El apellido de uno de ellos era Pincheira. También declaró que los miristas fueron detenidos poco rato después en la vía pública, mientras caminaban por la calle.
El ex agente de la CNI de Talca y suboficial (R) de Carabineros, José Manuel Nolasco, recalca lo señalado por su superior y agrega que «en esa época, cuando habían procedimientos de detención, participábamos todos, sin importar en qué oficina trabajáramos». También aclaró que la orden de detención llegó desde la capital debido a que los dos sujetos estaban hospedados en una casa ubicada en la calle 2 Sur «y fueron denunciados, al parecer, por los propios dueños de casa». El agente declaró que los dos tipos eran parte de la guerrilla de Neltume.
El ex agente de la CNI, Ruperto Núñez González, es aún más específico en su declaración y reconoce que los sujetos fueron detenidos en un restaurante, ubicado en una calle céntrica de la ciudad, junto a dos personas más que luego fueron liberadas. Según su testimonio, al día siguiente «nos dedicamos a buscar a un tercer sujeto, quien era el enlace de la persona más alta, pero este sujeto fue detenido al día siguiente, también en la vía pública».
CRIMEN EN SANTIAGO
Una vez trasladados al Cuartel Borgoño, En Santiago, los tres miristas fueron llevados hasta los calabozos. La declaración prestada por el radio operador de la CNI, Aladino Pereira, ayudó a determinar cómo el militante del PS, Juan Soto Soto, se sumó al grupo de calcinados. En su declaración señala que el 8 de noviembre recibió una llamada de agentes operativos, quienes recién habían detenido a un militante del PS. Y añade que cuando Álvaro Corbalán se enteró de la noticia, le señaló: «Atento ese equipo, habla once cero cero, a ese huevón tráiganmelo para acá porque lo necesito para esta noche». Pereira agrega que «durante todo el día diferentes agentes de la agrupación estuvieron preparando el vehículo con materiales incendiarios, tales como bencina, polvo de aluminio, etc.».
Otro dato fundamental, aportado por el radiooperador, es que el automóvil donde ardieron los militantes del MIR y del PS fue visto poco rato antes en el Cuartel Borgoño.
«Ese mismo día me enteré por la radio de Carabineros que dos sujetos armados habían robado un taxi marca Chevrolet Opala. Minutos más tarde veo que hizo ingreso al cuartel un automóvil de las mismas características del auto robado y me percaté de que se trataba del mismo vehículo, pues las patentes coincidían», relata. Según su testimonio, se bajaron del auto Francisco «El Gurka» Zúñiga y el agente Américo Correa.
En el marco de esta causa el perito balístico de Investigaciones, Gustavo Lynch, a cargo del peritaje balístico en 1981 declaró en la causa: «las balas no causan una explosión. Yo creo que el vehículo fue rociado con algún tipo de combustible y luego se le prendió fuego directamente»
A toda la evidencia se agrega que aunque los agentes no reconocen que se trató de un crimen premeditado, varios ya han reconocido que estuvieron esa madrugada mientras el automóvil se quemaba.
Estos agentes fueron los que esa noche no dejaron al bombero que apagara el fuego. La impotencia y la angustia de observar una escena tan horrenda provocaron en él cambios que lo acompañarían toda su vida. Y ahora puede convertirse en un testigo clave.