La huelga de hambre iniciada el 12 de julio por los presos políticos mapuches de las cárceles de Concepción y Temuco, a la que se sumaron en pocos días otros pu weichafe (guerreros) recluidos en los presidios de Angol, Lebu y Valdivia, hasta totalizar más de una treintena de hombres resueltos a los más grandes […]
La huelga de hambre iniciada el 12 de julio por los presos políticos mapuches de las cárceles de Concepción y Temuco, a la que se sumaron en pocos días otros pu weichafe (guerreros) recluidos en los presidios de Angol, Lebu y Valdivia, hasta totalizar más de una treintena de hombres resueltos a los más grandes sacrificios por lograr su libertad y la de su pueblo, ha puesto a prueba a todos los sectores sociales y políticos de Chile.
Aunque no es extraño que para el gobierno, los principales medios de comunicación, el gran empresariado, los partidos sistémicos y los aparatos de Estado, esta huelga constituya un «no acontecimiento» y por ende se silencie (¡el propio Ministro de Justicia declaró al cabo de un mes no saber nada al respecto!), resulta vergonzosa la indiferencia de gran parte de la opinión pública nacional, de muchas organizaciones sociales, de gente de izquierda y de intelectuales que normalmente aparecen asociados a la defensa de los derechos humanos. Si bien es cierto que el cerco mediático tendido por los consorcios que controlan los medios de información, especialmente la TV y la prensa escrita de tiraje nacional, ha creado una cortina de silencio y de invisibilidad en torno a la cruel realidad sufrida por el pueblo mapuche y sus más decididos luchadores, esto no excusa el mutismo de quienes por historia, tradiciones, declaraciones de principios y representatividad social deberían hacer oír sus voces de manera potente. Esto no ha ocurrido. Sólo los medios de información «alternativos», dos o tres radioemisoras de cobertura nacional, un grupo minúsculo de parlamentarios, unas cuantas organizaciones defensoras de los derechos humanos, además de numerosos colectivos políticos y sociopolíticos de la vasta franja (especialmente juvenil) no representada en la institucionalidad política, y un puñado de personas de buena voluntad, han sido las excepciones que han salvado un poco el honor y dignidad del anestesiado pueblo chileno.
Mucha gente en la izquierda, en la intelectualidad progresista y en el mundo asociativo popular ha callado o se ha limitado a declaraciones rituales sin desplegar sus fuerzas, capacidades e influencias para detener la acción represora del Estado chileno contra este pueblo originario. Parece que no se entiende que las reivindicaciones levantadas por los presos políticos mapuches -que no se aplique la Ley Antiterrorista en las luchas sociales, desmilitarización de la Araucanía, no al doble enjuiciamiento (justicia civil y militar) por los mismos hechos constitutivos de presuntos delitos, inhabilitación de los «testigos sin rostro» pagados por las fiscalías para incriminar a los acusados, garantías de un proceso justo, término de las abusivas prácticas de «detenciones preventivas» que permiten a los fiscales mantener discrecionalmente encarcelado durante años a un acusado aunque no se haya pronunciado una condena en su contra, entre otras- conciernen a todos los habitantes de la República de Chile. Numerosas personas no se dan cuenta de que la lucha mapuche trasciende los intereses específicos de ese pueblo-nación, ya que la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos y de las libertades democráticas son causas universales que deben abrazarse en toda circunstancia y lugar.
En realidad, lo que estos sectores no alcanzan a percibir es que la lucha mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales usurpadas bajo el amparo de la ley y de la fuerza del Estado de Chile, es parte de las causas de la humanidad progresista por salvar al planeta, a la especie humana y a las demás especies de una destrucción segura si no se detienen y revierten las consecuencias de un modelo económico productivista y depredador de los recursos naturales y humanos. Enfrascados en sus particulares problemas sectoriales o gremiales, con sus organizaciones sociales destruidas, atomizadas o debilitadas por la implementación implacable del modelo neoliberal durante varias décadas consecutivas, desinformados sistemáticamente por los medios de comunicación de masas y sufriendo una anomia de representación política sin par desde hace más de un siglo, los sectores populares chilenos -salvo muy contadas y honrosas excepciones- han manifestado una indiferencia atroz ante el drama que desangra a uno de los pueblos matrices de su propia existencia. ¿Por qué razones quienes dicen ser sus portavoces y representantes no impulsan la movilización, por ejemplo, contra la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y aplicada profusamente por los gobiernos de la Concertación y por el actual gobierno? ¿Esta apatía y quietismo se explica solo por el clima generalizado de despolitización que afecta a la sociedad chilena o es también el resultado, cuando se trata de la «cuestión mapuche», de cierta dosis de inconfesado e inconfesable racismo? Entretanto las comunidades indígenas «en conflicto» han continuado sus movilizaciones y la huelga de hambre de los presos políticos mapuches ha entrado en una fase en que la vida de esos pu weichafe corre serio peligro. Para ello sólo han contado con sus propias fuerzas y la ayuda de los pocos chilenos que han apoyado -por solidaridad, conciencia y dignidad- la causa mapuche. Estos chilenos dignos también lo han hecho porque saben que, como certeramente señalaba un gran pensador revolucionario del siglo XIX, «un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre».
El recorte de las libertades individuales y los derechos sociales; las desmesuradas e indebidas facultades de la justicia militar; la acción abusiva de fiscales todopoderosos que no dudan en recurrir a montajes y pagar testigos para «probar» sus acusaciones, que prohíjan torturas y tratos vejatorios, que extienden -a la manera del fiscal Ljubetic- su delirio persecutorio contra los familiares y amigos de los acusados, que ponen cortapisas al derecho a una adecuada defensa, y que encabezan campañas mediáticas para crear un ambiente propicio para que la opinión pública acepte condenas de hasta más de un siglo de presidio por supuestos delitos en los que no se produjeron víctimas fatales, son amenazas contra los derechos democráticos que el pueblo chileno tarde o temprano experimentará en carne propia. Es de esperar que el efecto adormecedor del modelo neoliberal y del «pensamiento único» que impera desde hace varias décadas en la República de Chile se disipe antes de que sea demasiado tarde.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rCR