La próxima semana la Conferencia Episcopal cerrará el documento definitivo sobre los Indultos Bicentenario, allí se establecerá que condenados por causas de derechos humanos, como el ex jefe de la CNI, Odlanier Mena y otros reos por crímenes y torturas puedan quedar libres. Profundo malestar y rechazo en vastos sectores ciudadanos ha causado la iniciativa […]
La próxima semana la Conferencia Episcopal cerrará el documento definitivo sobre los Indultos Bicentenario, allí se establecerá que condenados por causas de derechos humanos, como el ex jefe de la CNI, Odlanier Mena y otros reos por crímenes y torturas puedan quedar libres.
Profundo malestar y rechazo en vastos sectores ciudadanos ha causado la iniciativa de la jerarquía de la Iglesia Católica producto de su iniciativa de Indulto a una cantidad indeterminada de personas condenadas por diversos delitos, sin precisar que aquellos condenados por causas de derechos humanos queden, definitivamente, exentos de dicha acción de perdón.
Tal actitud de perdón y clemencia hacia funcionarios (militares o civiles) que participaron en crímenes y torturas en contra de ciudadanos indefensos no tiene parangón en la historia de Chile. Tampoco está en sintonía con la actitud que tuvo el Papa Juan Pablo II que perdonó a su agresor Ali Agca, pero no pidió ni indulto ni rebaja de pena por su acción criminal, tal como lo determinó ejemplarmente la justicia.
La Iglesia ha de ser experta en humanidad y bajo ninguna circunstancia debe torcer la letra y el espíritu de la justicia en aquellos hechos criminales y de torturas que cometieron personas y organismos al amparo del Estado. Existe una amplia jurisprudencia y un clamor ético-moral de la ciudadanía tendiente a que no se pueden perdonar vía leyes o decretos actos de persecución política, tortura y genocidio.
En este contexto de por sí delicado para el primer año de gobierno del Presidente Piñera, han surgido voces que recomiendan la cautela y la prudencia. Ha sido el propio ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quién ha dicho en reiteradas oportunidades que «el Indulto Bicentenario no forma parte del programa y nos vamos a pronunciar una vez que la Iglesia dé a conocer exactamente los parámetros respecto de los cuales les gustaría instalarlo». A nivel político la senadora Lily Pérez declaró que un Indulto sin las precisiones debidas «sería una pésima señal hacia la ciudadanía que pide más seguridad ciudadana y el fin de la puerta giratoria»…
Pero en todo este complejo entramado de impunidad para con los violadores de derechos humanos que buscan algunos poderes fácticos aprovechando una misericordiosa iniciativa de la Iglesia para con la amnistía de algunos presos comunes, parece haber una sintonía con lo que plantea el Capellán de Gendarmería P. Jaime Nawrath, promotor y redactor de los «borradores indultos Bicentenario» y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, ex capitán de Carabineros y entusiasta partidario y funcionario de Pinochet, desde su trabajo en el ministerio secretaría general de la Presidencia a fines de los años 80. Y, hoy candidato al Arzobispado de Santiago.
Por un lado el Capellán Nawrath plantea con asesoramiento de abogados en un texto entregado al Comité Permanente del Episcopado: «Concédese indulto general, consistente en el perdón de todo el saldo de la pena a los condenados que se encuentren cumpliendo privados de libertad o con restricción de la misma, en especial los que hayan cumplido 70 años y los que estén padeciendo una discapacidad física, síquica irreversible y que a la fecha estén clínicamente desahuciados o en estado Terminal, acreditado por un médico de Gendarmería.
Y, que dice el flamante candidato al Arzobispado de Santiago y prominente hombre del Opus Dei, simplemente que «no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón». Y que su deber como Pastor es procurar la paz y la reconciliación entre hermanos. «Silenciosamente se ha trabajado en ese sentido, curando heridas en ambos lados, acompañando a unos y otros, enseñando el perdón y buscando los elementos de unidad que hacen mirar el futuro con esperanza». En la reflexión del obispo no aparece la palabra justicia como clave de encontrar la paz social, por lo tanto, enfatizar solo el perdón es consagrar la impunidad total. No se puede jugar con la justicia ni con el perdón!
Cuanta razón tienen las organizaciones de derechos humanos al pedir a los obispos que mantengan la sana tradición de la Iglesia chilena que no ha consagrado la impunidad en Chile en materia de violaciones a ese sagrado derecho. Además, de producirse este «perdonazo» a los responsables de crímenes y torturas estaríamos entregando una pésima enseñanza a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y nietos, que no se merecen que, como consecuencia de indultos, estos graves crímenes y torturas se vuelvan repetir. Así no estaremos contribuyendo a la paz social ni al bien común.
– Jaime Escobar es editor de la revista Reflexión y Liberación.