El presidente del Congreso, José Bono recibió en la Cámara Baja a unos 300 ex prisioneros o familiares de presos políticos que a lo largo de todo el día recibieron diversos homenajes -una comida en Rivas y un concierto en el Palacio de Vistalegre- organizados por la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas (AERP). […]
El presidente del Congreso, José Bono recibió en la Cámara Baja a unos 300 ex prisioneros o familiares de presos políticos que a lo largo de todo el día recibieron diversos homenajes -una comida en Rivas y un concierto en el Palacio de Vistalegre- organizados por la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas (AERP). El presidente del Congreso subrayó que, aunque la entrega de estas personas «no está olvidada, a veces es menester recordarla», y apuntó que precisamente una de las «paradojas» de la Transición fue que «el protagonista principal quedó olvidado».
Sin embargo, el presidente del Congreso no guardaba igual amabilidad para la causa democrática por la que lucharon los homenajeados: la II República. Cuando uno de ellos sacó una bandera republicana José Bono reaccionó indignado con estas palabras: «Con la misma fuerza con la que estoy defendiendo lo que pienso, en esta casa son invitados del Congreso de los Diputados y de la legalidad, y la legalidad es la que marca la Constitución y no otra, y por tanto no puedo aceptar manifestaciones que no son legales en este momento».
El presidente del Congreso ha de saber que exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión, según una sentencia de la Sección Novena de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La sentencia, fechada el 15 de diciembre de 2003 y notificada el 14 de enero de 2004 a las partes, daba la razón a Izquierda Unida, que denunció una resolución del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), gobernado por el PP, que ordenó retirar la enseña tricolor de un chiringuito montado por la coalición de izquierdas durante las fiestas patronales de julio de 2002.
El tribunal estimó que la citada resolución municipal fue «contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto vulnera los derechos fundamentales previstos en los artículos 16.1 y 20.1,a de la Constitución Española».
Por tanto la ilegalidad corresponde a José Bono cuando afirmó «no puedo aceptar». Más cínico todavía es el hecho de que se pretenda homenajear a un colectivo pero se le obligue al silencio respecto al mismo asunto por el que la institución dice estar ofreciéndoles el reconocimiento público. De ahí que los asistentes, con la dignidad y coherencia que han manifestado en toda su vida, aplaudieran y gritaron vivas a la República durante la exhibición de la bandera republicana y respondieran con despectivo silencio a los comentarios de Bono. Setenta años después los veteranos republicanos nos siguen dando lecciones.