Cinco indecisos a tan solo dos días de la votación.
La aprobación de la Ley IVE en el Congreso marcó una jornada histórica en el feminismo de Argentina. Ahora la decisión está en manos de la Cámara Alta, que votará el 8 de agosto.
Foto: Manifestación de apoyo al Proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal en Argentina
El 14 de junio se convertía en una fecha histórica para Argentina cuando, tras un debate de más de 22 horas, el Congreso de la Nación aprobaba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con 129 apoyos . La ovación de más de un millón de personas que alzaban sus pañuelos verdes inundó la Plaza del Congreso de Buenos Aires cuando se conoció el resultado. El siguiente paso es conseguir la aprobación del Senado el próximo 8 de agosto.
«Somos el fuego que va a hacer arder al patriarcado. Falta el Senado, pero nosotras ya ganamos», publicaba en su cuenta de Twitter Celeste MacDougall, una de las impulsoras de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El movimiento feminista es tan revolucionario que el presidente provisional del Senado Federico Pinedo (PRO) no pudo contenerse al preguntar qué era «ese baile» durante su intervención en uno de los debates. «La calle», contestaron algunas de las presentes.
El próximo miércoles 8 de agosto comenzará la votación que dará respuesta a un reclamo que el movimiento feminista de Argentina lleva reivindicando más de once años y tras seis rechazos del Proyecto de Ley en el Congreso. Varias ciudades de Latinoamérica han convocado un pañuelazo internacional para unirse a la inmensa lucha de las mujeres de Argentina, que se convertiría en el segundo país en legalizar el aborto, después de Uruguay. De los 72 senadores y senadoras, se necesitaría el sí de al menos dos tercios de la Cámara Alta. Hasta el momento continúan manifestándose como indecisos cinco parlamentarios.
Un debate de género
Más allá del debate legal y moral, la realidad es que los abortos existen en Argentina. Las cifras hablan por sí solas: alrededor de medio millón de abortos se producen cada año en Argentina, provocando la muerte de 43 mujeres en el año 2016 por esta práctica clandestina. «No es un debate entre el sí y el no al aborto, sino entre el aborto legal, seguro y gratuito y el aborto clandestino», recalcaba la diputada por Libres del Sur Victoria Donda, en el debate ante el Congreso.
La incertidumbre impera entre el conservadurismo de la Cámara Alta. El discurso «pro-vida», que avaló el presidente de la Nación Mauricio Macri (PRO), persiste entre los indecisos. El hombre es un «simple descuidado» ante ellos, mientras que sobre la mujer recae la principal carga del embarazo no deseado. La mujer no recibe información clara y suficiente sobre los riesgos de realizar un aborto en la mayoría de los casos, ya que, según afirma el médico obstetra Mario Sebastiani, el debate está en un punto tan álgido que muchos especialistas intentan desalentar a la mujer, induciéndole al miedo por el peligro que pueda correr su vida.
El riesgo de cáncer de mama no aumenta tras un aborto
Uno de los mitos más extendidos es que el riesgo de cáncer de mama aumenta después de la inducción a un aborto, pero el Instituto Nacional contra el Cáncer de Estados Unidos ha desmentido esta información.
Uno de los principales reclamos de la Ley IVE es la derogación de los artículos 85 (índice 2), 86 y 88 del Código Penal, que hacen referencia a las penas de cárcel de hasta cuatro años por abortar; junto al reconocimiento del pleno derecho de la mujer a interrumpir un embarazo independientemente de los causales establecidos en la ley actual (salud física, mental-emocional y social, violación y malformaciones fetales graves) hasta la semana 14. Se trata de una Ley que lleva vigente casi cien años, desde 1921.
Tras la media sanción alcanzada en el Congreso de los Diputados, el Proyecto ha superado las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Salud y Asuntos Constitucionales, para llegar al Senado, donde deberá alcanzar la mayoría absoluta para ser aprobado. Si la Cámara Alta la aprueba, pasará por sanción presidencial. «Que sea ley», reclaman los colectivos feministas a favor del derecho a decidir.