La incontinencia verbal del presidente Alvaro Uribe

Desenfreno verbal

La incontinencia verbal del Presidente Álvaro Uribe Vélez no tiene límites a la hora de cargar contra todo aquel que ha osado criticar su política de legalización del paramilitarismo y la condescendencia que su gobierno ha mostrado y muestra en relación con la infiltración del andamiaje institucional del Estado por parte de la AUC, hechos que en no pocos momentos da la sensación de no ser un hecho fortuito sino una política aviesa y deliberada. Frente a todo lo anterior mucho tendría que hacer el Presidente Uribe para demostrarle a la opinión pública nacional e internacional que su gobierno no es lo que muchas personas pensamos, es decir, un gobierno compuesto por personajes con vínculos certeros y poco ocultos con la mafia y el paramilitarismo y, de igual modo, apoyado por una pléyade de militares que han hecho de la tortura, el crimen y la violencia su más emblemático actuar.

Frente a semejantes desafueros, quien pudiera creerlo, el Presidente Uribe no tiene propósito de enmienda alguno y tampoco lo caracteriza la humildad ni la serenidad que se requiere y que de suyo es algo que le exigimos quienes nos sentimos hijos de esa tierra, pues en estos momentos tan espesos y de abierta polarización por los que atraviesa el país, se requiere, sin equívoco alguno, no de la intemperancia y de la soberbia, principios rectores del actuar del Presidente, sino del sosiego y la inteligencia creadora. Sin embargo, ante las críticas que importantes sectores de la sociedad civil hacen a su gestión, Uribe, y sin más, y como ya nos tiene acostumbrado responde con la descalificación, la calumnia, la irreflexibilidad y todas sus equivalencias simétrica, lo que lo lleva a parecerse más al ganadero y terrateniente atrabiliario y pendenciero que tanto conocemos, que lo es, que al estadista y al sujeto responsable de sus actos y de quien se espera un comportamiento a la altura del cargo que ostenta: Señor Uribe, por si no lo sabe o, no lo recuerda, usted dirige un país y no una hacienda.

Es posible que dentro de su mapa cognitivo una cosa y otra sea igual, no lo dudo, pero lo que no puede hacer usted es que ante el más mínimo asomo de unas críticas responsables y con fundamentos, y que no logra desvirtuar, por cierto, como son las que provienen de personajes como Gustavo Petro, Carlos Gaviria, Jorge Robledo, de algunas voces del partido Liberal y de las organizaciones de derechos humanos, monte en cólera, como monta, y vierta en un ejercicio de diestra incontinencia verbal todo tipo de ofensas; proveniente más del deseo de la bronca política, de la neurosis que da la impotencia, del desquite y del procurar afanoso y por todos los medios posibles de que el otro o los otros quede (n) deslegitimado (s) para criticar sus ejecutorías de gobierno. Sólo desde esta lógica resulta entonces comprensible que usted se lance al ataque como se lanza, fiero, bravucón, por cuanto en usted parece habitar aquel espurio principio de que no hay mejor defensa que el ataque.

En este marco de referencia, entre más evidente se hacen los vínculos entre los paramilitares y los políticos, y entre aquellos y los militares, más se hace precaria la línea de flotación del gobierno del presidente Uribe y más crece el margen de desconfianza y de ilegitimidad y de ilegalidad de su gobierno. A las críticas realizadas por importantes miembros de la oposición política contra reconocidos miembros del Congreso de la República, prouribistas, por demás, y también contra significativos funcionarios de su gobierno por tener relaciones incestuosas con el narcoparamilitarismo, para quienes trabajaban en la práctica muchos de ellos, el presidente Uribe tratando de desviar la atención sobre éstos ruinosos hechos, afirmo en Pereira, el día 24 de enero y en medio de un Consejo Comunal que, al Estado colombiano había que hacerle un juicio «por haber generado condiciones para que todos éstos terroristas (guerrilleros y paramilitares) se apoderaran de las regiones»

Entre la trampa y la amnesia.

Esta proclama del Presidente Uribe cuando menos es tramposa y amnésica. Es tramposa en tanto en cuanto procura transferir la responsabilidad del crecimiento del paramilitarismo y también el de la guerrilla a otros gobiernos, lo cual parece indicar que a él en ningún caso ambas situaciones le incumben. En relación con el crecimiento de la guerrilla dice el Analista Alfredo Rangel que, con la llegada de Uribe al poder tanto el número de guerrilleros como el de paramilitares disminuyó. Al respecto señala:

«Desde 1980 hasta 2002, todos los gobiernos, a pesar de sus esfuerzos y de sus buenas intenciones, presenciaron el crecimiento permanente en combatientes y la expresión territorial de la guerrilla. Y al menos desde 1990 hasta el 2002 fueron testigos del crecimiento desbordado del paramilitarismo en hombres, en influencia y en territorios. Cifras al canto. Las guerrillas pasaron de 1200 combatientes en 1980 a unos 3600 en 1986 a 10.500 en 1990, a 12.500 en 1994 y a 21.000 en el año 2000. En contraste, en el 2006, después del primer cuatrienio de Uribe, las guerrillas por primera vez en los últimos 25 años habían reducido el número de sus combatientes de 21.000 a 14.000 y su presencia territorial de 870 municipios a unos 400. Los paramilitares disminuyeron de 14.000 a 2.500. Todo esto con las obvias consecuencias positivas en el mejoramiento de la seguridad del país y la recuperación de la soberanía estatal en muchas regiones»(Rangel:2007 [1] )

Las cifras anteriores, reflejan, sin duda, el discurso en el que se ampara el gobierno de Uribe para decir que en su gobierno y de la mano de la política de seguridad democrática se ha dado un paso importante en la recuperación de la soberanía del Estado. Es posible que hoy la insurgencia no esté en el mismo número de municipio donde antes estuvo, lo cual puede ser cierto, lo que no precisa Uribe y el analista antes señalado es que, el actual gobierno logró esa presencia no a través del legítimo uso de la violencia organizada sino teniendo como bastión al fenómeno paramilitar, el cual actuaba en complicidad con las fuerzas militares y de policía, y si en algo miento, que no creo, sólo basta ver el número de masacres cometidas por parte de los paramilitares bajo el gobierno de Uribe, incluso en el tiempo en el que las AUC aparentemente estaban entrando en el proceso de legalización.

No hay duda que la guerrilla con Uribe ha sufrido un repliegue y quizá hasta un retroceso, pero lo que resulta innegable es que bajo su Presidencia, mientras aquellos han bajado en intensidad sus ataques y el copamiento de zonas, la permisividad y el coqueteo institucional con el crecimiento del paramilitarismo resulta escandaloso. De este modo cabe señalar que, si hubiese descendido el número de paramilitares como dice el analista Alfredo Rangel bajo el actual gobierno, habría que preguntarse de dónde han surgido los 30.000 paramilitares qué, según, ha desmovilizado Uribe y más cuando hay que tener en cuenta que al terminar Andrés Pastrana su mandato los paramilitares confesaban tener tan sólo 13.000 combatientes, ante lo cual cabe la pregunta obligada, ¿Creció o no el paramilitarismo con Uribe? Y como para desmentir aún más al gobierno y a nuestro analista, hoy Salvatore Mancuso confiesa que los paramilitares que siguen actuando en Colombia suman unos 5000 combatientes y, al parecer, hay miembros del Estado Mayor que negoció en Santa fe Ralito con el gobierno que están detrás de esas estructuras paramilitares. ¿Bajo qué gobierno florece entonces éste paramilitarismo de nuevo o viejo cuño?

Si resulta tramposo el argumento de que el paramilitarismo con Uribe dejó de crecer siendo él el Presidente, resulta amnésico de su parte decir que éste no ha tenido ni tiene nada que ver con el crecimiento de este fenómeno. Así, y para que la desmemoria no prolifere hay que recordar que cuando Uribe se desempeñó como gobernador del Departamento de Antioquia, en el periodo comprendido entre 1995 y 1997, fue él y no otro el gobernador que en todo Colombia apoyó con denodado interés la creación de las Cooperativas Privadas de Seguridad, más conocidas como las CONVIVIR; organizaciones que la justicia contra todos los pronósticos se encargó de desmontar por cuanto se comprobó que las mismas se habían convertido en el mecanismo idóneo para la legalización del paramilitarismo, eso lo reconoce Carlos Castaño y también Salvatore Mancuso.

Juicio al Estado: Desviando la atención

En este contexto resulta pertinente señalar que, si el Presidente Uribe está pidiendo que se le haga un juicio al Estado colombiano por haber dejado expandir el fenómeno paramilitar y guerrillero, entonces ese juicio también le afecta a él, pues se ha desempeñado como gobernador y como presidente, y en periodos en los que se podría no sólo constatar el crecimiento económico, político y militar de los paramilitares, sino la permeabilidad y para-institucionalidad del sistema político en Colombia. El hecho que su gobierno haya tenido que retirar a miembros importantes de éste, confirma, sin equívoco alguno, mi apreciación. Para una muestra, sólo basta citar los siguientes nombres de una lista que crece: Jorge Noguera, Exdirector del DAS, Luis Carlos Ordosgoitia, Exdirector de Inco, Salvador Arana, Exdiplomático en Chile, José Alfredo Escobar Araujo, Expresidente del Consejo Superior de la Judicatura….

Hay quienes se «escandalizan» por la propuesta de Uribe en relación con hacerle un juicio al Estado colombiano. A estas personas hay que decirles que, efectivamente, ésta es una tarea que no resiste aplazamiento alguno. Es hora ya que el Estado dé perfecta cuenta de la aplicación que ha hecho del terrorismo de Estado y de la utilización del narcoparamilitarismo para mantener un régimen de exclusión y de injusticia secularizada contra el grueso de la población, la cual vive por debajo de los estándares mínimos. Resulta así necesario que el Estado responda por los miles de desaparecidos, torturados y asesinados por el paramilitarismo y los militares.

Si Uribe clama un juicio al Estado hay que empezar por lo que ha significado y están significando su actuales ejecutoría, él tiene en sus manos la irreductible oportunidad de someter a un veredicto, por lo menos, al periodo que acabó como Presidente y, de igual modo, a su funesto pasó por la gobernación de Antioquia, y en donde le concedió a los Generales Rito Alejo del Río y a Alfonso Manosalva, sin duda, importantes prerrogativas para violar los derechos humanos. Y si no es así, pregúntele a Mancuso quien eran sus cómplices de premeditadas y horrendas masacres. No hay que olvidar que mientras Uribe fue gobernador de Antioquia, innumerables masacres se presentaron en aquel departamento y no pocos dirigentes sindicales resultaron asesinados y desplazados. ¿Acaso se le olvida eso al señor Presidente? Y como si lo anterior no fuera poco, hay que señalar que en sus primeros cuatro años de gobierno, según lo plantea un riguroso estudio de la Comisión Andina de Jurista, en el país se han presentado 11292 asesinatos, el 75% de los cuales son responsabilidad del Estado.

Al juicio que solicitó Uribe al Estado colombiano en el Consejo comunal de la Ciudad de Pereira, lo cual parece más una estrategia para desviar la atención ante el acoso de ver como sus principales acompañantes van siendo judicializados por vínculos con el paramilitarismo, ahora cargó en el Consejo Comunal realizado en Tierradentro, Montelíbano, Córdoba, el día 3 de febrero, contra la bancada del Polo Democrático Alternativo, y a quienes consideró «responsables de delitos atroces» y de haber recibido «amnistía o indulto» cuando (…) «incendiaron el Palacio de Justicia con los dineros del narcotráfico, simplemente se quitaron el camuflado, –dijo y–se pusieron un traje de civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país [2] «. Éstas fueron las palabras pronunciadas por el ecuánime y ponderado Presidente Uribe.

Sus palabras están instaladas no sólo en el odio sino en la mentira, pues es de recordarle al Presidente Uribe que el único miembro de los 28 congresistas que constituyen el Polo Democrático Alternativo, tal y como ayer lo expuso el Senador Jorge Robledo, es Gustavo Petro, y quien cuando los acontecimientos del Palacio de Justicia se encontraba detenido y torturado por rebelión. Frente a los hechos del Palacio de Justicia hace mucho tiempo que la justicia colombiana demostró que el M-19 no actuó en alianza con el narcotráfico y que la mayoría de los crímenes allí cometidos se produjeron por la contra-toma del ejército, razón por la cual resulta cuando menos canalla que el Presidente Uribe ante el desespero de no hallar salidas creíbles y decorosas para justificar el injustificable e impresentable proceso de legalización de los paramilitares, y de ver al mismo tiempo cómo a sus principales apoyos en el Congreso y en el Gobierno los salpica la para-política, y les empieza a perseguir la justicia, apela a lo más rancio para tratar de descalificar a los anteriores procesos de paz, los cuales y con todos los baches que se les endilguen, gozaron de una importante legitimidad y, sobre todo, por el carácter insurgente de quienes se desmovilizaron.

Lo anterior, sin duda, no podría decirlo el Presidente Uribe, que convirtió en sediciosos a vulgares mafiosos solicitados en extradición y concedió derechos políticos a quienes hicieron de los crímenes de guerra y de lesa humanidad su más indecoroso actuar. Es posible que para Uribe en su perversa y manida mente paramilitares y guerrilla sean iguales. No dudo que esos raciocinios le puedan servir para confundir e intoxicar, que de ello es que se trata, pero, de cara a la verdad y la justicia sus argumentos terminan siendo pobres y simplistas y más temprano que tarde se le convertirán en su contra. La peor postura es el ataque señor presidente, una buena dosis de reflexión y de poner en práctica lo que aprende del yoga es más que justo. El país requiere más mesura y más sentido de la ponderación. No confunda señor Presidente, una cosa es Gustavo Petro, un académico y un intelectual probado y consumado, y otra Macaco y toda su fauna.…. No se siga equivocando y recuerde que usted como primera autoridad del país esta sujeto al derecho y no le asiste ningún prerrogativa de proceder de la forma en que lo hace con la oposición, al menos que crea que está en su hacienda «El Ubérrimo».

Mientras Uribe carga y con toda su furia contra la oposición, los paramilitares siguen creciendo y asesinando con total impunidad a quienes hoy y en calidad de víctima reclaman verdad, justicia y reparación. En menos de una semana se ha conocido el asesinato de Freddy Abel Espitia [3] , Presidente del Comité de Desplazados de Cotorra (30 de enero) y de Yolanda Izquierdo Berrío [4] (31 de enero), en Montería, ambos casos en Córdoba. El caso del crimen de Yolanda Izquierdo resulta infame y se le suma al actual gobierno, al menos, por omisión, y ello como quiera que la dirigente campesina había solicitado de modo reiterado a las autoridades competentes que le brindaran la protección necesaria. No hay duda que bajo este gobierno los victimarios y sus familias reciben trato preferente y las víctimas y sus familias son ninguneadas y se le deja a merced del paramilitarismo.

Esperamos que esa celeridad que tiene el Presidente Uribe y la vehemencia que lo caracteriza a la hora de defender a su familia y a sus amigos de quienes los vinculan con el paramilitarismo, sea la misma a la hora de proteger a quienes más lo demandan en esta hora en el que el conocimiento de toda la verdad en Colombia se hace imperiosa. Menos blablabla y más verdad, señor presidente.