La otrora pujante industria salmonera de Chile intenta ponerse de pie tras la demoledora crisis sanitaria que redujo a la mitad su producción. Pero su viabilidad a largo plazo sigue en debate. «La salmonicultura se expandió rápidamente, sin un marco regulatorio y de control adecuado para evitar y anticipar problemas ambientales o el desarrollo de […]
La otrora pujante industria salmonera de Chile intenta ponerse de pie tras la demoledora crisis sanitaria que redujo a la mitad su producción. Pero su viabilidad a largo plazo sigue en debate.
«La salmonicultura se expandió rápidamente, sin un marco regulatorio y de control adecuado para evitar y anticipar problemas ambientales o el desarrollo de enfermedades transmisibles», explicó a Tierramérica el doctor en economía ambiental y recursos naturales Carlos Chávez, de la Universidad de Concepción. Chile es el segundo productor mundial de salmón cultivado, detrás de Noruega, sobre todo de salmón del Atlántico (Salmo salar), además de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) y coho (Oncorhynchus kisutch).
Luego de introducir estas especies exóticas en la década del 80, la industria creció exponencialmente hasta mediados de 2007, cuando el virus de la anemia infecciosa del salmón (conocido por sus siglas en inglés ISA) comenzó a propagarse por los centros de cultivo de las sureñas regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
El virus obligó a las empresas a cosechar de forma anticipada los peces y a cerrar las instalaciones para el descanso de las aguas. El peor momento fue enero de 2009.
Según estimaciones de la industria, en 2007 y 2008 se produjeron cerca de 650.000 toneladas y para este año se estima entre 250.000 y 300.000 toneladas. De los 55.000 empleos directos e indirectos que generaba el sector en su mejor momento, sólo quedan unos 25.000.
En 2009, las exportaciones de salmón alcanzaron 2.068 millones de dólares, según el Servicio Nacional de Aduanas. Se exporta casi todo lo que se produce.
«La situación es catastrófica, con ex trabajadores perdiendo sus viviendas, sin dinero para que estudien sus hijos e inclusive para comer», aseguró a Tierramérica Javier Ugarte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón.
Según información entregada por el gubernamental Servicio Nacional de Pesca a Tierramérica, en Los Lagos existen 283 centros de cultivo en operación, en Aysén 186 y en Magallanes 13. El último informe sanitario de esa institución también señala que sólo ocho centros son sospechosos de contagio del virus ISA.
La respuesta fue una reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura de 1991, promulgada en abril de este año para regular, entre otras cosas, la entrega, operación y caducidad de las concesiones, frenando momentáneamente la expansión en algunas regiones.
«No es una ley de protección ambiental ni de beneficio para los trabajadores. Es una ley para darle viabilidad a una industria en crisis, para apoyar a los empresarios salmoneros», dijo a Tierramérica la directora ejecutiva de la ecologista Fundación Terram, Flavia Liberona, quien, no obstante, reconoció «algunos avances».
«A largo plazo, esta normativa puede generar mejores condiciones ambientales y sanitarias, porque aporta mayores regulaciones y capacidad de fiscalización. Pero, ¿cómo se implementará?», indicó.
La norma fue resistida por pescadores artesanales y ecologistas porque permite a las salmoneras hipotecar sus concesiones para obtener créditos bancarios. Esto, advirtieron, significa la «privatización» del mar, un bien nacional de uso público.
El gobierno derechista de Sebastián Piñera, investido el 11 de marzo, avanza en la elaboración de los 15 reglamentos necesarios para implementar la ley, afirmó a Tierramérica el jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, José Miguel Burgos.
Desde hace un año, sostuvo, está en marcha «un plan de uso racional de antibióticos» que incluye la actualización del registro de estos fármacos, el control de las fábricas que los incorporan a los alimentos de los salmones y el fortalecimiento de la fiscalización.
Una de las principales críticas a la industria se refiere a la aplicación excesiva y descontrolada de antibióticos.
«Las densidades de salmón permitidas en las jaulas se regularon», y en lo que resta de año se dictaría una norma «que fije los estándares de seguridad adecuados para estas estructuras», agregó Burgos. Con ello se intenta evitar el escape masivo de peces que se transforman en depredadores de otras especies.
Asimismo, se está midiendo la capacidad de carga de los ecosistemas por la alimentación y los desechos orgánicos de los salmones en el estuario de Reloncaví, apuntó.
Otras enfermedades que aquejan al sector son el parásito Caligus rogercresseyi y el Síndrome Rickettsial Salmonídeo, de origen bacterial, que en el segundo semestre pasará a ser controlado, anunció Burgos. También se teme que aparezca la enfermedad del páncreas, otro virus agresivo.
Los empresarios aseguran que hicieron «autocrítica» y adoptaron voluntariamente estándares más estrictos. Pero la Asociación de la Industria del Salmón, SalmónChile, declinó contestar las consultas de Tierramérica.
«La industria no va a resistir si no incorpora herramientas biotecnológicas», dijo a Tierramérica el académico Rodrigo Vidal, de la Universidad de Santiago, quien obtuvo con otros colegas fondos públicos para crear un Centro Biotecnológico Acuícola y seguir desarrollando instrumentos genómicos para evaluar procesos del rubro.
Vidal integra el comité científico del consorcio competitivo formado en 2009 por Canadá, Chile y Noruega para secuenciar el genoma del salmón del Atlántico para 2012.
«¿Estamos preparados como país para aprovechar el genoma del salmón, considerando que al frente tenemos a Noruega, un competidor directo, que está a años luz en materia biotecnológica?», se preguntó Vidal, para quien «la llave genómica» es clave para «producir mejor»: bajar costos y evitar la «sobreexplotación» de los ecosistemas.
A su juicio, este «proyecto país» es casi desconocido, por lo que llamó a mejorar aceleradamente la coordinación pública-privada, privilegiando la sustentabilidad ambiental sobre los intereses económicos para no «hipotecar el futuro».
Para Liberona, en cambio, más que apuntalar una industria «que nació mal» es necesaria «una verdadera política pública sobre el borde costero», que coordine y promueva, con base en estudios y participación ciudadana, las diferentes actividades productivas.