Ante la crisis humanitaria de la población privada de libertad, los reclusos de la cárcel de Palo Gordo en Girón Santander, «invitan a los organismos de control como la Defensoría del Pueblo, Contraloría y Procuraduría, ONG’s, Comunidad Nacional e Internacional, para que hagan seguimiento a la sentencia T-762 emanada por la Corte Gonstitucional en el […]
Ante la crisis humanitaria de la población privada de libertad, los reclusos de la cárcel de Palo Gordo en Girón Santander, «invitan a los organismos de control como la Defensoría del Pueblo, Contraloría y Procuraduría, ONG’s, Comunidad Nacional e Internacional, para que hagan seguimiento a la sentencia T-762 emanada por la Corte Gonstitucional en el 2015», que obliga al gobierno a resolver la catástrofe humanitaria de las cárceles.
Silenciados a golpes
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, denunció ante el director del Instituto penitenciario de Colombia (INPEC), General Jorge Luis Ramírez Aragón, que el 10 de noviembre, 100 guardianes de la cárcel Picota de Bogotá, irrumpieron en el Patio Cuatro, para allanar las celdas en las horas de la madrugada, y donde, resultaron brutalmente atropelladas decenas de presos políticos. Los propios prisioneros denuncian que «fueron brutalmente agredidos, con golpizas, daños de sus pertenencias y dejando un saldo de más de 70 heridos, igualmente se les aplicó medidas de represión, internando a varios de ellos en las Unidad de Tratamiento Especial UTE». En este actuar de la guardia, fueron agredidos prisioneros políticos tanto de las FARC, como del ELN.
Los prisioneros denuncian que, en la agresión, los guardias del INPEC, explotaron más de 150 pipetas de gas, lanzaron bombas aturdidoras. También indican que después estar un largo tiempo, desnudos en la cancha de fútbol, regresaron a sus celdas, pero encontraron sus colchonetas dañadas, mojadas y, hasta orinadas. De igual forma les robaron sus pertenencias. Más grave aún, sufrieron la destrucción de medicamentos para enfermos terminales, por parte del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC; lo que tipifica una violación flagrante a la dignidad humana.
En el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca, uno de los presos políticos del ELN, Jhon Leyton, fue apuñalado mientras, se encontraba en labores de aseo en la cancha de fútbol del Bloque Dos. Este es un riesgo que corren los presos políticos del ELN, ya que, se encuentran distribuidos por todo el centro penitenciario y no tienen la oportunidad de agruparse en un solo pabellón, para que tengan garantizada su seguridad.
El régimen viola el derecho a la protesta. Como sucedió en el Establecimiento de Reclusión de Pasto, con la retaliación a la huelga que realizaron en protesta por las múltiples problemáticas que afectan su dignidad, vida e integridad: «el día 24 de octubre de 2017, se realizó un operativo de la guardia penitenciaria en el marco del cual se destruyeron sus pertenencias, los alimentos almacenados por los internos (café, aceite, yogurt, etc) fueron pisoteados y vertidos sobre los colchones y ropa. Igualmente, se les amenazó con restringir el derecho a la visita si continuaban con la jornada».
Sin salud ni alimentación básicas
En el sistema carcelario en Colombia la prestación al servicio de salud dejó de existir. En la cárcel de Girón, desde comienzos de 2017, no se les está prestando el servicio integrado de salud a la población privada de libertad. Por falta de medicamentos hay más de 800 formulas médicas represadas. Incluso el 10 de noviembre de 2017, la atención médica del Patio 3 fue suspendida, debido a la misma excusa; «no hay medicamentos», según justificó la administración de este centro carcelario.
Esta situación pone en riesgo la vida del preso político del ELN, Jorge Iván Ibarra Rojas, quiere presenta deterioro en su salud, y la demora en la atención hace más difícil su situación, debido a la desidia y negligencia, por parte del Estado, El INPEC y de las directivas de la cárcel de Girón.
El derecho a la alimentación es otro que está en precarias condiciones. En comunicado emitido el 8 de noviembre del presente año, los reclusos de la cárcel de Ocaña, Norte de Santander, denuncian que «la situación es tan crítica que la mayoría de los presos pasan toda la semana sin comer por miedo a envenenarse o intoxicarse, ya que el nivel de descomposición en el que nos entregan la comida, es tóxico para el organismo. Es así, como sólo hasta el fin de semana ingerimos alimento alguno, porque tenemos la visita de nuestros familiares y sabemos que traen comida en buen estado». La misma situación se presenta en la cárcel de Palo Gordo en Girón.https://derechodelpueblo.blogspot.com/
Amontonados más que hacinados
Las condiciones indignas para los reclusos nacen del hacinamiento. Los internos en la cárcel de Ocaña, dicen que la sobrepoblación en esta prisión es del 200 por ciento.
En el año 2016, se declaró una emergencia en todas las cárceles, pero las medidas que se tomaron no tuvieron efecto positivo, pues a febrero de 2017, el hacinamiento se encontraba en el 52,53 por ciento, y, las quejas seguían creciendo; según el portal del diario El País http://www.elpais.com.co/judicial/se-agudiza-la-crisis-carcelaria-en-colombia-habra-una-salida.html
Por su parte el diario El Tiempo, dice que las cárceles están a reventar, explica que la capacidad de las cárceles en el país ese de 79.410 reclusos, pero que en la actualidad hay 117.276; es decir, existe una sobrepoblación carcelaria de 37.688 presos. En otras palabras, un hacinamiento carcelario del 47.68% en el país. Establece que 32.637 hombres, y, 2.438 mujeres, están acusados por un delito.
En este informe también se establecen los 8 departamentos con mayor hacinamiento carcelario.
http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/alerta-las-carceles-de-colombia-estan-a-reventar-88538
Departamento Cárceles Hacinamiento (%)
La Guajira Riohacha 445
Magdalena Santa Marta 367
Cesar Aguachica 188,5
Boyacá Puerto Boyacá 126
Amazonas Leticia 121,1
Nariño Cinco cárceles 111,9
Chocó Quibdó 95,8
Antioquia 20 cárceles 70,12
Las elenas y elenos prisioneros políticos
Una Comisión de verificación de la situación de los Presos Políticos de ELN, visitó las cárceles de Palo Gordo, Cómbita, El Barne, Acacias, Yopal, Arauca, Palmira, Jamundí, Popayán, y Pasto. Estas visitas arrojan una estadística de 349 integrantes del ELN, recluidos en las cárceles del país.
En cárceles como la de Acacias, Meta, se encuentran dispersos en todos los patios, situación que representa un grave peligro para su integridad, ya que no se les permite agruparse; allí también se encuentran recluidos presos de bandas criminales y grupos paramilitares.
Es preocupante el pésimo estado de salud, en el que se encuentran varios presos políticos como Óscar Alexis Pérez Incapié, recluido en la cárcel de Jamundí y, herido por un preso social. Wilder, preso en la cárcel de pasto, herido en combate en la pierna izquierda, está con tutores y tornillos, pero desde el mes de junio no ha recibido ninguna revisión médica. Pedro Alfonso Pedrados, recluido en la cárcel de Arauca, presenta deterioro de salud por el mal de Chagas y padece Parkinson; en la misma situación se encuentra José Alejandro Castillo Marín, quien fue herido en el estómago, fue sometido a una cirugía, pero desde ese momento vomita sangre y cuando tiene recaídas no puede ni levantarse. A estos casos de problemas de salud no se les presenta la atención adecuada, situación que demuestra la grave crisis en la que se encuentra el sistema de salud carcelario.
La población privada de la libertad y los presos políticos del Ejército de Liberación Nacional, solicitan a la mesa de Quito, para que su situación mejore, y para ser tenidos en cuenta en el proceso de participación, para que se diseñe un instrumento que genere empoderamiento y unidad, para construir desde las prisiones aportar a una Paz justa y duradera.