La institucionalización del paramilitarismo en Colombia

Nada nuevo bajo el sol

La presencia del narcoparamilitarismo en la política colombiana no es asunto sólo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Narcotraficantes y paramilitares han perneado la institucionalidad de arriba abajo y de abajo a arriba. A principio de los años 80 y es de público conocimiento, lástima que la frágil memoria de los colombianos no lo recuerde, Pablo Escobar Gaviria estuvo en el recinto del Congreso y más exactamente en calidad de Representante a la Cámara; lugar hasta donde le había llevado en condición de suplente a esta Corporación, Jairo Ortega Ramírez, Representante por el Departamento de Antioquia y personaje éste con quien había organizado en 1981 el Movimiento Político Renovación Liberal, al cual muy pronto adhirieron a la organización política Alternativa Liberal, dirigida por el entonces senador Alberto Santofimio Botero; de quien se sabe está detenido hoy por hallarlo la Fiscalía General de la Nación comprometido en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989) y quien según las encuestas de entonces lo daban como virtual ganador de las elecciones presidenciales.

En Colombia, la cohabitabilidad del narcoparamilitarismo y la política es un hecho notorio. La financiación de las campañas políticas por parte de reconocidos narcotraficantes; en el pasado y en la actualidad, sin duda, es un hecho que salta a la vista y por más que sus directos beneficiarios hayan procurado ocultarlo, como lo han pretendido hacer en diferentes momentos, la empresa ha resultado complicada, cuando no imposible. Salvo contadas ocasiones, sin embargo, la opinión pública ha conocido la naturaleza real de la financiación de dichas campañas por parte del narcotráfico y en nuestros días, por el paramilitarismo. Así, propio es recordar que, ya en 1982 a la campaña de Alfonso López Michelsen se le acusó de haber recibido dineros de la mafia. Y no sólo ello, pues preciso señalar es que el mismo Expresidente López, el Exrepresentante Jairo Ortega, Federico Estrada Vélez (senador entonces), Ernesto Samper Pizano, Santiago Londoño White y Carlos Nader Simmonds [1] , el mismo de las amenazas contra el periodista de la Revista Semana, Daniel Coronell, entre otros, se reunían con el ya conocido capo Pablo Escobar Gaviria en la suit presidencial de un lujosos Hotel en Medellín.

Todos estos personajes luego terminarían vinculados a escándalos donde los nexos política y narcotráfico fue la nota marcante. Por citar sólo un par de casos; Carlos Nader terminaría detenido en New York en 1983 cuando intentó vender, siendo Congresista activo, a agentes encubiertos de la DEA [2] , como no, unos kilos de cocaína, y a Ernesto Samper Pizano se le señaló por haber financiado su campaña a la Presidencia en el periodo 1994-1998 con los dineros del Cartel de Cali, lo que daría paso al Proceso 8000; nombre como se ha conocido al más renombrado caso de simbiosis entre política y mafiosos en Colombia. En este proceso, pertinente además resulta decir que, 18 congresistas terminaron comprometidos en este caso y judicializados los mismos; de igual modo, importantes Ministros (Botero Zea) y funcionarios de la Campaña «Samper Presidente» fueron condenados por estos hechos. Entre los Congresistas que resultaron comprometido en aquel repudiable episodio están, entre otros, Francisco José Jattin, –padre de Zulema Jattin Corrales-y Jorge Ramón Elías Nader, Expresidentes de la Cámara de Representante y del Senado, respectivamente; también José Guerra de la Espriella, Jaime Lara Arjona y Fernando Garavito; quienes no pudieron ocultaron que desde hacía mucho tiempo atrás venían recibiendo favores económicos de los capos de la mafia, a cambio, sin duda, de promover en el Congreso proyectos de ley que beneficiara a sus organizaciones criminales.

La infiltración de dineros de la mafia y hoy del paramilitarismo, empero, no se remite sólo a la política, también ha infiltrado a la economía y sus gremios y de igual modo a importantes organismos del Estado; los cuales desde hace mucho tiempo atrás vienen en un proceso de narcoparamilitarización en todos los niveles de la administración, en el orden local, regional y nacional; sólo que ahora parece que nos percatáramos de que el fenómeno es reciente, cuando éste tiene una avezada historia. Basta sólo recordar que ya en vida de Pablo Escobar Gaviria importantes oficiales del ejército y la Policía estaban a sus servicios y hacían parte sustancial de su anillo de seguridad, pues le proporcionaban información valiosa para sus movimientos: Un hecho que confirma lo aquí anotado fue la espectacular fuga que propició este capo del cartel de Medellín de la «Cárcel La Catedral», de Máxima Seguridad, decían, cuando se sabía que el Gobierno de César Gaviria Trujillo había tomado la decisión de extraditarlo a los EEUU.

Y de estas relaciones entre el narcoparamilitarismo y la institucionalidad en Colombia podríamos seguir hablando y de manera profusa, pues ejemplos no nos faltan. Uno de ellos y quizá el más claro resulta el nexo entre la Policía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los Militares y los llamados Pepes [3] (Perseguidos por Pablo Escobar Gaviria); organización criminal esta constituida por los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, y por Don Berna, quienes luego de hacer parte fundamental del Cartel de Medellín y ser hombres de confianza de Pablo Escobar Gaviria, pasaron a enfrentarlo, hasta propiciar su muerte y, en apariencia, la desaparición de su empresa del crimen, o más bien quedarse con su franquicia. No hay duda que a esta cruzada contra Escobar se unió la DEA y también el Cartel de Cali. Por todo ello, grandes favores le debe el Estado en Colombia al narcoparamilitarismo: primero, por ayudarles a enfrentar el crecimiento de la insurgencia y del movimiento popular en un momento en que lo requería, y segundo lugar, a los PEPES, por haberse quitado la figura asesina de Escobar de encima. Al juzgar por los acontecimientos actuales y a manera de sorna, justo premio ha dado el Estado en Colombia al narcoparamilitarismo hoy al haberlo legalizado a través de la ley de «Justicia y Paz».

Álvaro Uribe Vélez, el personaje que hoy encarna la extrema derecha en Colombia y el Presidente más señalado por tener vínculos con el narcotráfico, sin sonrojarse y sin ningún empacho entendió que había llegado el momento del reconocerle y de agradecer al narcoparamilitarismo «su vocación de patria», como en el fondo así lo piensan, pero no expresan muchos políticos de oficio, y también y sin equívoco alguno, singulares miembros de los más representativos grupos económicos del país. Su mérito está en visibilizar lo que otros siempre pretendieron ocultar, muy a pesar que vieron como conveniente la existencia del paramilitarismo como una fuerza de contención de todo aquello que era mirado por la institucionalidad como una amenaza a su existencia. La elite en Colombia, tiene, efectivamente, mucho que agradecer a los Castaño Gil, y a Salvatore Mancuso, entre otros asesinos, por su contribución al mantenimiento del status quo. Con Uribe Vélez el narcoparamilitarismo pasó en Colombia de ser una organización criminal a ser un actor político y de allí al cogobierno como lo manifestara hace poco tiempo Antanas Mockus, candidato a la Presidencia por el Movimiento Alianza Social Indígena.

Así, los narcoparamilitares pasaron de ser finqueros a mediados de los 80 y principios de los 90, a manejar pequeñas alcaldías al finalizar esta década y de ahí a permear e instalarse en importantes instituciones del Estado en la década del 2000, con importante capacidad resolutiva, bien es señalarlo. Algunas Gobernaciones, La Fiscalía [4] General de la Nación, el Congreso [5] , las Universidades [6] (la de Córdoba en especial), la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge en Córdoba y el mismo DAS. En regiones donde su poder es incontestable han reforzado el gamonalismo como práctica política y han adobado a este con la presencia de sus armas; las cuales han servido no sólo para oponerse a cualquier reforma política sino para imponer una contrarreforma agraria, al punto que como lo plantean el Instituto Agustín Codazzi (IGAC) y CORPOICA, «el 61% de la tierra en Colombia está en poder del 0.4% de los propietarios, mientras que el 96% de estos deben conformarse con apenas el 24% de la tierra» [7] .

Como dato puntual, Uribe es uno de los grandes terratenientes y ganaderos de Colombia y con él se ha terminado de imponer la cultura mafiosa y narcoparamilitar en los asuntos públicos y también la cultura caballística de la cual ha hablado Alfredo Molano; lo cual ha hecho que ganaderos y terratenientes sean fervorosos creyentes en su política de «Seguridad Democrática». En Córdoba, por ejemplo, santuario del paramilitarismo y su zona de despeje desde hace 15 años, Uribe tiene extensas propiedades de tierra, de las cuales Castaños en su día y también Mancuso fueron sus vigías, aunque no lo reconozca, o diga, como dice, de forma timorata, que a este último sólo lo vio dos veces y sobre todo antes de convertirse en paramilitar. Antes había dicho que lo había visto una sola vez, hoy la cuenta sube y no nos extraña que luego resulte que no fueron dos veces, como ahora ya reconoce, sino que hasta hicieron negocios. Y es posible que así sea puesto que la mentira bajo el mandato de Uribe se impone, o lo que es lo mismo, la verdad está herida y de muerte.

Insisto que la presencia del narcoparamilitarismo en las instituciones colombianas no es un fenómeno nuevo, quizá lo nuevo pueda ser la intensidad de su presencia y el alcance que este hoy tiene al interior del Estado, que no es poco, pues no se reduce sólo al perímetro nacional sino que tiene una cobertura de orden internacional, como así se comprueba por las acciones del archiparamilitarizado y narcotizado DAS en contra del gobierno de Venezuela. Lo que acontece con el DAS en Colombia, sin duda, es un fiel reflejo de la institucionalización del narcoparamilitarismo que hoy se vive en el país; acelerada la misma, como lo hemos dicho, por la forma aquiescente de cómo Uribe viene interlocutando con narcotraficantes y paramilitares y facilitándole importantes espacios de acción institucional.

En el gobierno de Uribe no son pocos los funcionarios de alto rango, de su extrema confianza, por decir lo menos, que han terminado haciéndoles importantes concesiones a reconocidos personajes asociados con la criminalidad y el hampa, o han estado ellos muy cercanos a grupos criminales, de lo que no escapa, por cierto, el candidato-presidente, que justo es reconocer, fue una especie de portavoz del Programa «Medellín sin Tugurios»; iniciativa que lideró Pablo Escobar en su momento. Así, Resulta difícil pensar que el Presidente no tenga conocimiento sobre la calidad de las personas a quienes nombra en distintos organismos del Estado; los escándalos que a diario saltan nos conduce a unas preguntas obligadas ¿por qué el Presidente Uribe se rodea tan mal y por qué tolera y consiente que sus funcionarios a través de sus actuaciones institucionales le den tanto pábulo al narcoparamilitarismo? ¿Esta forma de actuar obedece a una política de gobierno o es un acto de funcionarios díscolos? La lista de funcionarios nombrados por Uribe que aparecen con vínculos con narcoparamilitares no es corta. Citemos algunos de sus connotados funcionarios.

Los funcionarios de Uribe: pronarcoparamilitares.

Bernardo Moreno Villegas. En la actualidad es el Secretario de la Presidencia de la República y fue hasta hace poco tiempo Director de Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). Se le achacan, según Alfonso de la Espriella [8] , de ANNCOL noticias, importantes vínculos con el reconocido narcotraficante Gildardo Ceballo Zuluaga, de quien se dice, financió su campaña a la fallida gobernación del Quindio. Se presume de igual modo que bajo la dirección de Findeter reorientó importantes capitales hacia municipios de amplio manejo paramilitar, tanto en la Costa Atlántica como en el eje cafetero.

Da cuenta la fuente citada, además que, Gildardo Ceballo Zuluaga, –su financista electoral–, es un reconocido auspiciador de los paramilitares en el Quindio y también fue contribuyente de la pasada campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y quien éste y en agradecimiento por su contribución le ha nombrado a su hijo en el consulado de Colombia en Boston, lo cual quiere decir que el asunto trasciende a Moreno Villegas y toca al presidente Uribe. Ceballo Zuluaga, al parecer, había sido investigado por el DAS en el Quindio y según de la Espriella, la rápida intervención de Bernardo Moreno ante el triste célebre Jorge Noguera, Exdirector del DAS, actual Cónsul en Milán y de quien nos referiremos más adelante, propició que la investigación se archivara y/o modificara parte sustancial de la misma. De Jorge Noguera, y no es por desconocer la presunción de inocencia, hay que esperar lo peor.

Otro personaje con alto grado de responsabilidad en el actual gobierno y que se le han comprobado importantes relaciones comerciales y empresariales —y así lo reconoce ella-con reconocidas personas asociadas a la mafia, en especial, al Cartel del Norte del Valle, es Lía Nicolasa Heenan Sierra, actual Presidenta de la Central de Inversiones S.A (CISA) y quien fue nombrada directamente por el Presidente Uribe en esta entidad del Estado; Corporación ésta asociada al Fondo de Garantías de Instituciones Financiera (FOGAFIN) y desde la cual tenía o tiene la responsabilidad de comprar y vender todos los activos de la aún existente banca estatal – la poca que queda— o la que hace ya mucho rato entró en liquidación; o lo que quiere decir, fue regalada al capital transmonopólico financiero internacional. La funcionaria en mención como lo da a conocer el periodista Norbey Quevedo [9] de la Unidad Investigativa del Espectador, fue la Vicepresidente de Crédito de Findeter y a juzgar por los hechos descrito era de la más absoluta confianza del actual Secretario de Presidencia y Exdirector de Findeter, Bernardo Moreno. Éste, al parecer, fue quien la recomendó ante presidencia para ocupar el cargo que hoy desempeña.

Lía Nicolasa y Bernardo Moreno desde hace algún tiempo tenían relaciones con Luis Antonio Hernández Zea y con Gabriel Puerta Parra, importantes ejecutivos de la empresa Intercontinental de Aviación; empresa que junto a otras pertenecientes a este mismo grupo eran señaladas por el Gobierno americano de hacer parte de un complejo de empresas dedicadas al narcotráfico. Parece ser que Lía Nicolasa heredó las relaciones de Moreno y fue mucho más allá, pues pasó de funcionaria de Findeter y atender las peticiones de empréstitos realizadas por éstos señores, a convertirse en una valiosa socia dentro del entramado de empresas que el cartel del Norte de Valle tiene en Colombia y a través de las cuales realizaba sus operaciones de envío de droga a los EEUU y promovía el blanqueo de divisas. Así, el 29 de julio del año 2004, la flamante Presidenta de CISA, Lía Heena, constituyó, —–tal como lo da a conocer el periodista Quevedo—, junto a Luis Hernández Zea, Manuel Arturo Rincón, Fernando Parga, María Isabel Cáceres y Mauricio Alberto Peraza, la Empresa Panatel, la que se encargaría de ofrecer los servicios de internet y telefonía en distintos puntos del país donde la entidad en liquidación, Intercontinental de Aviación, tenía locales.

La inversión inicial de la empresa Panatel fue de «200 millones de pesos y la sociedad quedó repartida, dice la fuente citada, por 9 empresas, entre ellas: Super 9 comunicaciones S.A., Acociviles S.A., Prosositel S.A., Redsat de Colombia S.A., Fusión Turismo y Eventos., Asociación Turística Internacional y Lía Heena Sierra, quien adquirió 10.000 acciones de la sociedad» A varios socios de Panatel, a la entidad misma y a un grupo de empresas a ellas asociadas el gobierno americano, en especial la Oficina del Tesoro, en el año 2004, pudo comprobar que algunas de estas empresas asociadas a Panatel enviaban a través de la aerolínea Intercontinental de Aviación Drogas a los EEUU. El mismo departamento del Tesoro encontró que Luis Hernández Zea y Gabriel Puerta Parra estaban vinculados a la estructura mafiosa del cartel del Norte del Valle y, en particular, Puerta Parra tiene proceso abiertos por droga y crimen en un Tribunal de Columbia y de la Florida, respectivamente. Además de ello, Luis Hernández Zea, aparece referenciado en la lista Clinton, tal y como lo da a conocer Norbey Quevedo.

La Fiscalía General de la Nación en febrero del 2005 a través de una fiscal de la Unidad Nacional para la extinción de bienes, procedió a actuar contra las propiedades y acciones de Puerta Parra y Luis Hernández Zea, lo que incluyó su poder accionarial en Panatel; empresa que hoy está en proceso de liquidación, lo cual no es excusa para que Heena Sierra piense que su responsabilidad ética, profesional y posiblemente penal sobre este caso queden en el aire.

Lo inexplicable es que el Presidente Uribe que conocía esta repudiable actuación de uno (a) de sus funcionari@s y no le haya pidiera la renuncia o haya prescindido de ella. Como en otros casos, Lía Nicolasa ante su posible salida del gobierno dice: «Creo que si es decisión del presidente Uribe que yo renuncie por esta situación, pues acato esa decisión». Si tuviera dignidad la mencionada funcionaria renunciaría, pero ni ella ni su principal jefe la tienen, con lo cual se da por sentado que continuara en el cargo y de hecho, aún parece seguir en el. Esta pasividad frente a hechos de tan gran envergadura nos reafirma en la convicción de que el proceso de institucionalización del narcoparamilitarismo en Colombia es un hecho y que el cogobierno con este es inocultable, lo que denota la naturaleza pronarcoparamilitar del gobierno de Uribe.

Dentro de esta misma lógica descrita, el caso de Luis Ortiz López, Exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) resulta igual de indigno. Éste funcionario renunció luego que una investigación de la Procuraduría General de la Nación y difundida por los medios de comunicación, pusiera de presente que había entregado con total impunidad cerca de 18.000 hectáreas de tierras a personas que no sólo no tenían derecho a recibirlas sino que además le entregó una Finca a José Eleazar Moreno [10] , Alias Comandante Jaime, de las Autodefensas de Puerto López, Meta, y quien al recibir la propiedad aún se encontraba como miembro de esta agrupación criminal. De este modo, las tierras que en principio debían ser entregadas a los campesinos desplazados eran por este funcionario otorgadas a terratenientes y algunos paramilitares. La Procuraduría encontró irregularidades en 37 adjudicaciones de tierra de las que correspondía al Municipio de Puerto López. El mencionado funcionario renunció sólo cuando la investigación tomó rumbo de escándalo, antes, el gobierno ni siquiera se había tomado la iniciativa de pedir responsabilidades por este avieso proceder.

Otro de los sonado personajes involucrado en todo este proceder que favorece a narcotraficantes o a paramilitares, es Roger Taboada [11] , Exdirector del Fondo Nacional Agrario (FINAGRO) y de quien se sabe transfirió, – más no aprobó— créditos por más de 25.000 millones de peso al Fondo ganadero del Caquetá y, en especial, a Micky Ramírez, un reconocido personaje vinculado en los años 80 al cartel de Medellín y, en particular, a Pablo Escobar Gaviria. En estos créditos adjudicados el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, debió haber asumido sus responsabilidades políticas y renunciar, sin embargo, el Presidente Uribe ante la gravedad de los hechos sólo optó por aceptar la renuncia de Taboada. Como en el caso anterior, el Gobierno calló y vino a aceptar la renuncia del Director de Finagro más por la presión de la prensa que por una obligación moral e institucional. Hasta hoy el Ministro de Agricultura sigue en el cargo y dice lo que en este tipo de casos dicen todos los funcionarios nombrado por Uribe: «hago lo que el presidente me diga: Aunque he pensado renunciar. Estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad» Este tipo de planteamiento deja patentado la poca vergüenza y ética que tienen los funcionarios que ha nombrado el señor Presidente y también la connivencia institucional de su gobierno frente a este tipo de actuaciones; las cuales denotan hasta donde el favoritismo para con el narcoparamilitarismo es evidente.

Y el gradiante más alto de toda esta perversión institucional la representa, sin duda, el caso de Jorge Noguera, Exdirector del DAS y hoy Cónsul en Milán. Este personaje fue vinculado a la campaña Uribe Presidente en el año 2001 en el Departamento del Magdalena, en calidad de gerente de la misma. En esta zona del país a Noguera se le asociaba con los paramilitares. Éste había ocupado un importante cargo, Secretario de Gobierno, siendo gobernador de aquel Departamento el actual Director del Instituto de Estupefaciente, Juan Carlos Vives Menotti, quien fue quien lo recomendó ante Uribe. Obtenida la victoria por parte éste, pensó que la mejor gratificación que podía hacerle a Jorge Noguera, dado los importantes resultados logrados electoralmente en el Magdalena, era vincularlo como un cuadro dentro del esquema de su Política de Seguridad Democrática y en correspondencia con ello le ofreció el cargo de Director Administrativo de la Policía secreta (DAS).

Noguera a su vez vinculó a Rafael García, a quien le nombró en el DAS como Jefe del Área de Informática y persona con quien había trabajado antes en la campaña y en otras entidades. Muy pronto Rafael García mostró su catadura y empezó a limpiar expedientes de reconocidos narcotraficantes pedidos en extradición y también de toda suerte de paramilitares. Además de ello participaba en una red de blanqueo y lavado de activos. Una investigación interna demostró las zafias actuaciones del jefe de informática y su enjuiciamiento por la Fiscalía General de la Nación no se hizo esperar. Ahora la Unidad de Fiscales ante el Tribunal de Bogotá le ha llamado a juicio y le imputa los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, falsedad y fraude, entre otros. La esposa de Rafael García, se sabe, tiene detención domiciliaria y ha sido vinculada al proceso por enriquecimiento ilícito. Ha trascendido que ella giró un cheque por valor de 10 millones de pesos a Jorge Noguera, el cual él señala que fue en calidad de empréstito.

El exjefe del Área de Informática del DAS ha venido haciendo importantes revelaciones que afectan profundamente la credibilidad del organismo y la de sus principales responsable en su momento. Más adelante volveré sobre las interesantes denuncias que ha realizado el personaje en mención, las cuales nos darán singulares pistas para comprender lo ilegítimo e ilegal que es el gobierno de Uribe y el grado de paramilitarización que enfrenta la institucionalidad en Colombia. Por ahora sólo veamos algunas ejecutorías del Exdirector del DAS y algunos escándalos en este organismos, los cuales comprometen seriamente al hoy Cónsul de Colombia en Roma.

Jorge Noguera: «Nuestros Vladimir Montesinos», su Jefe, Uribe

En calidad de Director del DAS, Jorge Noguera, «nuestro Vladimiro Montesinos», nombró [12] en las regionales del organismo a funcionarios con un pasado plagado de violación a los derechos humanos y con notorios vínculos con reconocidos narcoparamilitares. Así, hizo nombrar como jefe seccional del DAS en Boyacá a Antonio Triviño, en la Guajira a César Mesa, en Tolima a Oscar Carreño, en el Cesar, al coronel en retiro Jairo Giraldo, en el Meta a Ismael Malaver, en Bolívar a Rómulo Betancourt, en Norte de Santander a Mauricio Rosales y en el Departamento del Atlántico, a Emilio Vence Zabaleta.

Hay que anotar que los tres últimos directores señalados ya habían sido funcionarios del DAS y bajo Noguera fueron reincorporados. Betancourt; por ejemplo, ingresó nuevamente el 3 de julio del 2003 y hasta el 9 de octubre del 2002 era trabajador de la Empresa de Juegos de Azar Uniapuestas; entidad esta de propiedad de Enilse López, alias la «Gata» y quien para refrescar la memoria fue fiel contribuyente, como otros mafiosos, a la campaña de Uribe Presidente en el año 2002; aportó como consta en los registro de contribución la friolera de 100 millones de pesos. Como es de público conocimiento, fue detenida en el mes de febrero del presente año por lavado de activo y por apoyar a grupos paramilitares en el sur de Bolívar y los Montes de María; en el Departamento de Sucre. Betancourt dice que para reingresar al DAS en su seccional del Departamento de Bolívar fue propuesto por Jorge Visbal Martelo, Expresidente del gremio de ganaderos de Colombia y exemabajador en Canadá; sin embargo, Rafael García, el exjefe de Informática de esa entidad señala, y eso tendría que probarlo la Fiscalía, que su reincorporación a este cuerpo lo consultó Jorge Noriega, el Exdirector del DAS, con el reconocido y criminal jefe paramilitar Jorge 40.

Otro de los reincorporados fue Emilio Vence Zabaleta. De este personaje se podría decir que «no tiene historia sino prontuario» y una carrera de amplia colaboración con los paramilitares de Fidel y Carlos Castaños Gil, quienes le consideraban muy cercano. Se desempeñó como Director seccional del DAS en Departamento de Córdoba entre mediados de la década de lo 80 y finales de la misma; es decir, en el momento en que los paramilitares irrumpieron con su régimen de terror en aquella región e impusieron las masacres y los asesinatos selectivos contra miembros del movimiento social y, en particular, contra sindicalistas, indígenas, estudiantes y miembros de las organizaciones políticas de izquierda: A luchar, Frente Popular y la Unión Patriótica.

Bajo su dirección los paramilitares actuaron con total impunidad y poco fue lo que se hizo desde ese organismo para parar la embestida de los paramilitares contra la población civil. A finales del 80, cuando sale de la dirección del DAS en Córdoba, fue trasladado a la dirección de ese mismo organismo al Departamento del Cesar; donde se presume, prestó importante cobertura al surgimiento de los paramilitares en esa región. Salió del DAS en 1999 por violación a los derechos humanos y quien lo volvió a reintegrar fue exactamente el Presidente Uribe, pues éste señaló en su momento que los ganaderos de Córdoba le habían solicitado, «gracias a su excelente labor allá» que lo reintegraran. ¿Qué ganaderos se lo pidieron: Rodrigo García, Salvatore Mancuso, Jaime García, Jesús María López Gómez, Abraham Gánen; etc?

Recuerdo, Uribe es ganadero en Córdoba, él también seguro quería reintegrarlo, pues de gran ayuda fue este personaje para los hermanos Castaño Gil en su momento y para el paramilitarismo en su conjunto, pues estuvo además de Córdoba, en Cesar, Sucre y finalmente en el Atlántico; lugares de amplio manejo paramilitar hoy. Es de señalar que Vence Zabaleta fue reincorporado como Director Seccional del DAS en Barranquilla y salió de la entidad en julio de 2005 cuando se comprobó que preparaba atentados contra el presidente Uribe; atentados que luego le desmontaba y ello con el objeto de ganar confianza y reconocimiento de su labor ante éste y Jorge Noguera, Director del DAS. Cuando la Fiscalía iba a proferir medida de aseguramiento en su contra se fugó y apareció cinco meses después para entregarse a la Fiscalía [13] ; quien lo acusa de numerosos delitos.

El caso de Mauricio Rosales, Director del DAS en el Departamento de Norte de Santander, no ofrece nada diferente a la permisividad de ese organismo para con los paramilitares y narcotraficantes que operan en esa sección del país. Se sabe que desde allí se ha estado produciendo una avanzada paramilitar contra el gobierno de Venezuela y que éstos operan con total impunidad en aquella región. También es poco lo que este Director ha hecho en el Departamento por enfrentar los nexos de políticos [14] y narcotraficantes, pues se sabe que Carlos Emiro Barriga, al parecer hoy congresista electo y Rafael Barriga, su hermano, son responsables de conformar grupos paramilitares en Norte de Santander.

De todos los directores del DAS hasta ahora referidos y que fueron traídos por Jorge Noguera; Mauricio Rosales es el único que aún se encuentra vinculado a la entidad. Noguera ante la espesura de los hechos tuvo que sacar en su momento a Vence Zabaleta; los demás quedaron vinculados pese a denuncias que los comprometían con la mafia o los paramilitares. El actual director del DAS, Andrés Peñate, decidió el día 30 de Noviembre del 2005 prescindir [15] de los directores de Bolívar, Cesar, Tolima, Guajira, Boyacá, Meta y del Subdirector de Sucre, Francisco Murillo, por entender que estas seccionales están permeadas por el paramilitarismo y el narcotráfico, a lo que él llama corrupción. Y corrupción también fue el escándalo que saltó cuando Enrique Benítez, uno de los funcionarios más antiguos del Cuerpo, denunció ante la Procuraduría en el año 2004 a Jorge Noguera y Giancarlos Auque, Exsecretario del DAS, nombrado por Noguera, por la compra poco transparente de un armamento y medios de comunicación para la entidad; además de señalarlo de evitar que contra reconocidos capos del narcotráfico y los paramilitares se desplegaran acciones. A Benítez el castigo que le impuso Noguera fue trasladarlo y posteriormente declararlo insubsistente.

La narcoparamilitarización del DAS

La situación en el DAS, sin embargo, bajo la administración de Jorge Noguera, más que conjurarse se agudizaba. Como si de un cáncer se tratara la situación hizo metástasis cuando el 25 de octubre del 2005 se conocieron las reveladoras denuncias [16] hechas por José Miguel Narváez [17] , ExSubdirector del DAS; hombre de extrema derecha, y quien puso de manifiesto que el Subdirector de Inteligencia de ese organismo, Enrique Aríza, y otros detectives, estaban gestionando una especie de franquicia del DAS en materia de comunicaciones y de información policial que sirviera a los paramilitares para sus fines y propósitos.

Estos tres funcionarios de la más alta confianza del Presidente se trenzaron en torbellino de mentidos y desmentidos frente a este hecho; lo que ocasionó que el Presidente Uribe declarara a Narváez insubsistente pocos días después; aceptara la renuncia a Aríza y como premio otorgara a Noguera el honor de salir con la renuncia en la mano, no echado y, de igual modo, un contrato en donde lo nombraba como Cónsul en Milán. Es decir que, así premia Uribe a los funcionarios que buenos favores hacen por no atacar a los paramilitares y a los narcotraficantes. Tal es la putrefacción y el grado infiltración narcoparamilitar del DAS, entidad que depende de Presidencia, que Uribe dijo que había pensado en su cierre; como coartada publicitaria, seguro, porque en la práctica y al parecer este organismo sigue dando que decir por su creciente grado de infiltración narcoparamilitar.

Rafael García: Exinformático del DAS prende el ventilador.

La situación se ha vuelto en el DAS insostenible y más ahora que el imputado Rafael García; exjefe de Informática y ante la evidencia de los hechos ha decidido prender el ventilador y ha puesto al descubierto toda la putrefacción que habita en el DAS. Ha denunciado que el Exdirector de esta entidad, Jorge Noguera, junto a él confeccionaron una audaz trama para cambiar los resultados de las elecciones en los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira y Bolívar y con ello beneficiar en más de 3oo mil votos a hoy Presidente Uribe y evitar con ello el paso a la segunda vuelta en las elecciones del 2002. Para ello compraron el padrón electoral de estos departamentos y fraguaron la presunta trama, lo que nos dice, de ser cierta esta importante acusación, que el gobierno del actual Presidente carece de toda legitimidad y legalidad, pues podría estar basada su elección en resultados falsos.

Este proceder, dice García, se llevó a cabo con la ineludible colaboración de los paramilitares, con quien al parecer Jorge Noguera tenía estrechas relaciones. Resulta llamativo que las votaciones para Presidente en el 2002 se cambiaran en algunos municipios de la Costa Atlántica la tradicional adscripción electoral de los mismos. Municipios que habían votado a Serpa en las elecciones en 1998 y en guarismos importantes pasaron a votar, algunos, en más de un 80% por Uribe, lo que nos dice que hubo una alta concentración de la votación, lo que pone a dudar sobre la transparencia del acto eleccionario.

De acuerdo a la investigación de la Revista Semana [18] , Uribe obtuvo el 66% de la votación en el departamento del Magdalena; justo en los municipios donde Dieb Maloof y Luis Eduardo Vives, (los expulsados de los partidos uribistas en las últimas elecciones) obtuvieron la mayor concentración de votos; lo que quiere decir en zona de amplio manejo paramilitar. El 34 % restante lo obtuvo en distrito fuera del área de dominio de las autodefensas. Con Serpa aconteció lo contrario, en zona de influencia paramilitar obtuvo el 31% de la votación y el 69% por fuera de aquellas zonas. Señala la misma fuente que Serpa, por ejemplo, en el municipio del Difícil, en Magdalena, perdió el 84% de electores en el 2002 respecto a 1998.

Apunta también esta investigación que, en este mismo municipio, al finalizar las elecciones en el 2002, en una de las mesas se escrutaron 40 votos, pero que los paramilitares hicieron marcar 400 tarjetas electorales más, a favor de Uribe, obviamente, para lo cual se valieron del hecho de tener en sus manos el padrón electoral, que como lo ha dicho Rafael García, habían comprado los mismos con la intención de llevar a Uribe hasta la presidencia. Uribe obtuvo la Presidencia en la primera vuelta con una votación de 5.862.655 votos, lo que equivale al 53% de total electoral. Si a esta cifra se le restara, como dice la Revista Semana, los 337.085 votos que Uribe obtuvo en los departamentos de la Costa referenciados por García y donde se presume que hubo fraude electoral, entonces Uribe no hubiera ganado la Presidencia en la primera vuelta como terminó ocurriendo

La denuncia realizada por Rafael García pone en cuestión la legitimidad y la legalidad del actual gobierno. Y la pone por diversas razones, Primero, porque se configuró y al parecer, una vulgar estafa electoral; segundo, porque premeditadamente importantes personajes cercanos a Uribe se asociaron con el paramilitarismo afín de consagrar a éste como Presidente; tercero, que hay que recordar que en el Magdalena como en otros sitios no pocos personajes vinculados en el pasado con el narcotráfico estuvieron en la campaña de Uribe. El caso del Magdalena sigue ofreciéndonos sorpresa, pues ahora se sabe que Raúl Montoya Flórez [19] , también denunciado por García, y quien hizo parte de la Campaña Uribe Presidente en este Departamento, le fue negada la visa para entrar a los Estado Unidos por tener, al parecer, vínculos en el pasado con el cartel de Medellín y en especial con el Luis Carlos Molina Yepes, banquero de aquella organización criminal y de quien en 1985 recibió por lo menos cinco cheques que sumaban 56 millones de pesos. Montoya Flores en la actualidad era directivo de la campaña de Uribe a la reelección y dado el tenor de las denuncias, lo hicieron renunciar a la misma. Su hija, sin embargo, fue nombrada por Jorge Noguera como Jefe de Protocolo del DAS, con lo cual la endogamia pronarcoparamilitar se impone en las instituciones del Estado y todo ello con la mirada cómplice del Presidente Uribe.

El gobierno de Uribe pretende desestabilizar a Venezuela

Otras de las denuncias que García deja al descubierto y que insistimos, es la Fiscalía la que tiene que demostrar el grado de veracidad de las mismas, es que desde el DAS se han estado fraguando acciones de desestabilización del Gobierno de Hugo Chávez [20] . Algunos hechos del gobierno de Uribe contra la llamada «Revolución Bolivariana» en Venezuela nos conducen a pensar que estas denuncias tienen un importante grado de credibilidad y más cuando hoy sabemos que del centro de Caracas fue secuestrado Rodrigo Granda, un miembro importante de las FARC hace poco tiempo y también que en el año 2004 más de 110 paramilitares fueron detenidos en las afueras de Caracas; cuando se proponían, al parecer, realizar operaciones de desestabilización en aquel país.

En ambos casos y como ya es costumbre, Uribe salió a decir que esto era mentira. Los hechos han terminado comprobando que, ni uno ni otro caso eran exageraciones del Gobierno de Venezuela y mucho menos de su Presidente Hugo Chávez como el Gobierno de Colombia y un sector de los medios de comunicación en este país dijeron. Dado todos estos antecedentes, cobra importancia entonces relacionar que el crimen del Fiscal Danilo Anderson, en Caracas, el año pasado, podría tener algún nexo con estos movimientos desestabilizadores desde Colombia y, en particular, desde el Gobierno de Uribe, que como sabemos, es la avanzada de los EEUU en su lucha por derrocar al gobierno de Hugo Chávez, a quien consideran un enemigo en la zona, pues dicen que Venezuela es un santuario del crimen. Podríamos decir que, los EEUU al no resultarles el golpe militar con el Impresentable Pedro Carmona, exiliado como no, en Colombia, ahora procuran a través de los paramilitares colombianos y con la anuncia del gobierno de Uribe, sin duda, generar un clima propio del terrorismo internacional de Estado. Hay que señalar que, el Exinformático García ha señalado que paramilitares de Jorge 40 y el Exdirector del DAS, Jorge Noguera, estaban directamente vinculados a esta criminal y terrorística trama desestabilizadora; de la que debe tener algún tipo de información el Presidente Uribe, pues es preciso recordarlo, es él, el Comandante en Jefe de las Fuerza Militares y Principal responsable del DAS.

Y si Jorge Noguera está comprometido, según García, con toda esta tropelía, Andrés Peñate [21] , es decir, el nuevo Director del DAS, no escapa a todas estas criminales acciones, pues ahora hemos sabido que hace poco tiempo estuvo reunido con un grupo de militares venezolanos, golpista, como no, y en donde al parecer se estaban fraguando operaciones encubiertas contra el gobierno de Venezuela. A estas reuniones, se cree, asistían importantes mandos del ejército norteamericano y también presuntamente algunos miembros de la embajada de EEUU en Colombia. Todo lo anterior nos conduce a pensar que el proceder de este organismo está muy lejos de ser una postura díscola y solitaria de un funcionario antichavista; éstas acciones denotan un grado importante de sistematicidad y parecen obedecer a una política de Estado y Gobierno que procura una profunda y singular desestabilización del orden constitucional en el vecino país. Si no es así, está en mora el Presidente Uribe para que demuestre todo lo contrario. Por hoy está en el ambiente que Uribe además de institucionalizar el narcoparamilitarismo en Colombia, ahora procura y con esmero transportar a Venezuela su corrosivo actuar. Al amparo, seguro, de los EEUU.

Apuntes finales

Y también Rafael García ha señalado que Jorge Noguera y algunos directores departamentales del DAS estaban actuando en la dirección y el sentido de acabar con toda la oposición política en Colombia. Los crímenes de importantes sindicalistas, investigadores, periodistas e importantes personalidades de la oposición política parecen darnos importantes certidumbres de que Uribe con tal de quedarse cuatro años más en el poder, con la anuencia de los EEUU, está dispuesto a desplegar toda una criminal acción contra quien se opone a su narcoparamilitarizado unanimismo. Esto apenas es el comienzo, peores días vendrán con Uribe. Ante más de lo mismo, propio y apropiado resulta entonces pensar en lo distinto. Que conste que me sumo a la advertencia hecha ya por otros. Con las elecciones y eso no los dice el diccionario de ciencia política, los dictadores de nuevo cuño ya no requieren de golpes de Estado, llegan a través de procesos eleccionarios, pero ellos, de igual modo, también nos brindan la posibilidad inmensa de quitarlos. Quitemos a Uribe ya. Antes le digo: ¡váyase Señor Presidente ¡