A treinta y cinco años del golpe militar, divididos casi en partes iguales entre la dictadura de Pinochet y los gobiernos de la Concertación, el balance es más inquietante que satisfactorio. En especial en relación con las expectativas que se trazaban el movimiento opositor y la resistencia popular, que mantuvieron una lucha heroica en medio […]
A treinta y cinco años del golpe militar, divididos casi en partes iguales entre la dictadura de Pinochet y los gobiernos de la Concertación, el balance es más inquietante que satisfactorio. En especial en relación con las expectativas que se trazaban el movimiento opositor y la resistencia popular, que mantuvieron una lucha heroica en medio de enormes sacrificios a lo largo de diecisiete años. Sus objetivos eran entonces democracia plena, verdad y justicia, mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sectores marginados, anulación de las privatizaciones y recuperación del cobre para Chile. Poco de eso se ha logrado. La situación de los sectores modestos -que son la mayoría de la población- está marcada por la explotación, el endeudamiento, la falta de garantías laborales, la cesantía, la precariedad y la incertidumbre. Y la Izquierda, que es la fuerza social, cultural y política encargada de representar los intereses del pueblo, todavía no consigue rearticularse y elaborar una alternativa de plena democracia y justicia social. Pinochet no murió en la cárcel -como merecía- y fue sepultado con honores. Ni siquiera fue juzgado y mucho menos condenado. La verdad y la justicia todavía no se han alcanzado. Los principales responsables, generales, almirantes y sobre todo los civiles que manipularon a las FF.AA. y lucraron con la dictadura, no han sido tocados. Las privatizaciones se mantuvieron e incrementaron durante los gobiernos de la Concertación.
El cobre ha sido desnacionalizado, destruyendo la principal obra del presidente Allende. Las multinacionales hoy controlan la economía. Más de cien mil millones de dólares, propiedad de los afiliados al sistema previsional, son manejados por las AFP y canalizados hacia los grandes consorcios. Es obvio que, en relación con la dictadura, se han producido evidentes y positivas diferencias. Pero en muchos aspectos fundamentales la democratización del país sigue marcando el paso. Los avances económicos benefician sobre todo a los consorcios nacionales y extranjeros. Hace dieciocho años que terminó la dictadura pero la institucionalidad pinochetista, obra de la derecha, sigue en pie. Todavía no terminan de percibirse las consecuencias de los cambios producidos en estos años. Se han implantado nuevos modos de vida, visiones de sociedad, vínculos y quiebres morales. La atomización social y el individualismo imperan bajo el estímulo de una competencia despiadada que ha generado un egoísmo social extremo. La situación actual no se explica sólo por el trauma de la dictadura y su terrorismo de Estado, ni tampoco por los cambios culturales que se han producido a escala mundial, marcados por la globalización capitalista. Chile sufrió bajo la dictadura miles de muertos, torturados, exiliados y exonerados políticos. Fue la época del terror. Pero otros países latinoamericanos han pasado por parecidas experiencias y, sin embargo, sus sociedades se han recuperado con relativa rapidez. Sus pueblos han retomado la lucha obteniendo importantísimos avances democráticos contra el modelo capitalista neoliberal, como sucede en Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc.
En Chile la alianza entre multinacionales, militares y grandes empresarios para sostener y profundizar el modelo de explotación ha producido resultados exitosos para la oligarquía y los sectores vinculados a ella, fortaleciendo una institucionalidad única en el mundo -con el binominalismo electoral y otras restricciones- que impide surgir una democracia de mayorías y facilita la dominación oligárquica. Esa alianza contamina todo. La Concertación no se libra de ella. Pero los signos de crisis aumentan y provocan crecientes reacciones, encabezadas por estudiantes, trabajadores forestales, subcontratistas del cobre, pescadores artesanales, deudores habitacionales, ecologistas, pobladores, trabajadores agroindustriales, empleados de supermercados y profesores. El modelo no da trabajo a todos, no controla la inflación, produce desigualdad, no modera la explotación feroz del hombre y la naturaleza. Lo que ocurre con el cobre es un ejemplo dramático. Más del 90 por ciento del cobre era chileno cuando ocurrió el golpe militar. Ahora sólo un tercio de la producción corresponde a Codelco. Los otros dos tercios los producen las transnacionales, con un régimen tributario privilegiado, sin royalty (porque lo que llaman así es un simple impuesto específico) y prácticamente sin control de sus operaciones. En el primer trimestre de este año, la minería privada aumentó en 54% sus ganancias con relación a igual período del año anterior. Entre 17 empresas lograron 4.360 millones de dólares de utilidad. Sus ganancias de este año superarán los 16 mil millones de dólares que deberán sumarse a los 15 mil millones del año anterior y a los 20 mil millones de 2006. En total, la minería privada del cobre se habrá llevado en tres años más de 50 mil millones de dólares, o sea más de cuatro veces sus inversiones netas desde 1974 a la fecha. El país ha sido despojado de recursos que podrían haber impulsado con fuerza su desarrollo independiente. Las transnacionales son los intocables de las políticas económicas de los gobiernos democráticos, como lo fueron en dictadura, lo que indica cuál es el núcleo del modelo y de los intereses dominantes desde 1973. Frente a este panorama, la Izquierda que se opone al modelo no logra recuperarse en la forma que necesitan los sectores mayoritarios del país. Predominan en su fragmentada realidad las visiones parciales (y las arrogancias) de estrechos intereses partidarios o grupales. Esa Izquierda sólo se reanima al calor de elecciones destinadas a no cambiar nada. Un sector insignificante y sectario contumaz se atribuye la representación del conjunto de las fuerzas del cambio, y arma y desarma los tinglados que periódicamente sirven para dar la apariencia de una amplia y esperanzadora coalición de partidos y movimientos. Sin embargo, cada día hay mayor conciencia de la necesidad de hacer algo. Pero lo que se intenta es muy insuficiente frente a la magnitud de los peligros. Entre otros -como resulta cada vez más evidente- que en 2009 triunfe la derecha y logre controlar en una sola mano, sin matices ni contradicciones, todos los factores de poder: dinero, justicia, fuerza represiva, negocios, educación y hasta la conciencia de los chilenos.
Parte sustantiva de la Izquierda ha sido cooptada por el modelo pero sus bases no deben darse por perdidas. Es su dirigencia la que abrazó el liberalismo y renegó de todo proyecto socialista. Se impone un vuelco de conciencia, y voluntad para cambiar las cosas. Pero esto debe provocarlo el ejemplo y una profunda revaloración ética de la política. El ejemplo de Salvador Allende y su concepción de la política como tarea de masas, unitaria, de incansable avance en la conciencia popular, con objetivos claros y factibles, comienza a relegitimarse en este tiempo de desaliento y corrupción. Los partidos y movimientos sociales son complementarios e indispensables aunque con coyunturas distintas de prioridad, las cuales va imponiendo la realidad de la lucha. La apertura a los nuevos fenómenos y problemas -culturales, científicos, de género, de sociedad, artísticos- es obligatoria, como única manera de ganar el entusiasmo de los jóvenes que buscan salida al entrampamiento, una salida patriótica, revolucionaria, constructiva, estimulante, que les ofrezca un porvenir junto a los suyos. Los cambios en el continente -que apuntan a un socialismo del siglo XXI- deben ayudar a un cambio en Chile, con características propias, sin imitaciones ni modelos.
El porvenir debe ser común a los latinoamericanos, integrados en grandes tareas comunes que ayudarán a enfrentar y derrotar al Imperio. La concordancia en la acción de los movimientos sociales y los partidos reciclados en sus capacidades creativas, potenciará la fuerza popular. Estimulará el surgimiento de nuevos dirigentes que renovarán y depurarán la vida interna de movimientos y partidos. La reconstrucción del movimiento popular con nuevas orientaciones permitirá evitar ese electoralismo ramplón de hoy que mella las posiciones rupturistas y descuida la organización de las masas, y ayudará a eludir el «cosismo» sin perspectivas que lleva a la división. Se requiere un proyecto mucho más grande y generoso que el simple y rutinario cálculo electoralista, cuya meta es ganar posiciones dentro del sistema sin producir ningún cambio real. Treinta y cinco años es mucho tiempo para seguir vegetando en el desánimo y el inmovilismo. En el pueblo hay fuerzas más que suficientes para superar este momento «gris y amargo», más que suficientes para despertar, para organizarse, para luchar y vencer.