Esta columna es la actualización de lo escrito en junio de este año , y que fue utilizado para el primer análisis de coyuntura elaborado en conjunto por Estudios Nueva Economía, Plataforma Nexos, Grupo de Estudios Marxistas y Grupo de Estudios Sociales y Políticos. «Algunos se sienten más o menos informados, pero en estas cosas […]
Esta columna es la actualización de lo escrito en junio de este año , y que fue utilizado para el primer análisis de coyuntura elaborado en conjunto por Estudios Nueva Economía, Plataforma Nexos, Grupo de Estudios Marxistas y Grupo de Estudios Sociales y Políticos.
«Algunos se sienten más o menos informados, pero en estas cosas no todo el mundo puede estar en la cocina, ahí muchas veces está el cocinero con algunos ayudantes, pero no pueden estar todos, es imposible». Así resumía Andrés Zaldívar la vocación democrática detrás del Protocolo de Acuerdo por una Reforma Tributaria, que dio origen a la reforma de la reforma. Nadie podría desconocer que la discusión detallada sobre la ley es a ratos tan técnica que solo unos pocos especialistas tributarios podrían entenderla. Sin embargo, hay ciertas pautas generales sobre una reforma tributaria que todos los ciudadanos están en condiciones de entender, y más aún, en capacidad de emitir una opinión y hasta de elaborar una propuesta. No detallada, pero sí en sus aspectos generales. Y es que la economía y la política tienen un pecado de origen si es que no se hacen «de cara a la opinión pública», en palabras de Zaldívar. El pecado -posiblemente no el único pero sí uno importante- es el sesgo conservador que tienen los hacedores de política pública, y que los hacen muchas veces poco representativos de lo que quieren los ciudadanos (Kirchgassner, Why are economists different?, 2005). Así, las políticas hechas solo por los técnicos tienden a salir más conservadoras de lo que una ciudadanía bien informada hubiera querido. Una contrapartida popular se hace siempre necesaria, donde los técnicos y especialistas son profesionales que se ponen al servicio de los chilenos, y de lo que ellos estiman que es necesario para el sistema tributario de su propio país, o comunidad. Si esto no ocurre, es la tecnocracia la que toma el poder, tecnocracia que siempre tiende a tener un perfil menos democrático (Silva, In the Name of Reason, 2009).
Una segunda preocupación es que la Nueva Mayoría cedió a hacer un acuerdo con la derecha para incorporar sus votos, a pesar de que ellos no eran necesarios para la aprobación de la reforma. Factores que incidieron en esto fueron: i) la baja aprobación ciudadana de la reforma (recordar que inmediatamente post acuerdo, la aprobación ciudadana de la reforma tributaria subió más de un 10% ), y ii) las malas expectativas de retorno del capital por el ambiente de reformas estructurales. Con respecto a lo primero, no deja de sorprender la capacidad que tiene cierto sector de la burguesía para convencer a las masas de la peligrosidad de las reformas, utilizando todo su arsenal propagandístico a través de los periódicos y los noticieros, a lo que se suman sus centros de estudios y sus «expertos». Con respecto a lo segundo, la dilatación en el periodo de trámite de los proyectos produce incertidumbre para la inversión. La nueva inversión no puede proyectar sus ganancias futuras si no sabe cuánto se pagará de impuestos, y lo que busca el gobierno con este acuerdo es no seguir dilatando el trámite del proyecto de reforma con el fin de reactivar la inversión. Pero esta caída en la inversión no es una ley natural de la economía, sino que es consecuencia de las decisiones de los poseedores del capital.
Así como el trabajo (los trabajadores) puede ir a huelga, también lo puede hacer el capital (los capitalistas). Cuando un esquema no les parece razonable o favorable, pueden utilizar como mecanismo de presión una huelga de no-inversión. Ya se ha visto en la historia de Chile, y aunque estamos lejos de la huelga económica capitalista hecha contra el gobierno de la Unidad Popular, en un estado de la economía como la actual donde los capitalistas tienen un amplio control sobre todas las ramas de la actividad económica, cualquier huelga del capital, por pequeña que sea, se deja sentir. La desaceleración de la economía chilena que algunos han querido ver como un inicio de recesión tiene que ver con esto, además de los factores externos que ralentizan tanto la economía nacional como la de nuestros vecinos. La premura del gobierno por tener la ley aprobada obedece a lo mismo, que es la necesidad de contar con los recursos para la Ley de Presupuestos 2015 en orden de realizar una política económica contra-cíclica, es decir, que el Estado asuma más protagonismo dentro de la economía cuando la inversión privada baja, a modo de compensación. Los episodios de huelga del capital en un contexto donde éste controla gran parte de la estructura económica y por ende de la vida social, hacen preguntarnos qué tan bien preparada está la izquierda para soportar el embate del capital en un escenario no favorable para la acumulación capitalista, y cómo se podría retomar el control de la economía por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar del Protocolo de Acuerdo, con los cambios introducidos el nivel de recaudación -según el gobierno- se mantendría en 8.200 millones de dólares, e incluso subiría a 8.300 millones, lo que representa cerca de 3% del PIB de 2013. Respecto a la recaudación, los problemas son dos. El primero es que el sistema eventualmente pierde progresividad, como lo señaló el economista Ricardo Ffrench-Davis . Esto significa que en el corto plazo, los más ricos van a pagar una menor parte de la recaudación final de la reforma, comparado a como estaba contemplado en el proyecto original. Esto debido principalmente a los eventuales forados que se abren para la elusión.
El segundo problema es de la recaudación de 8.300 millones que representa un 3% del PIB de 2013, solo un 2% del PIB se destinaría a la educación. Y esto es un problema porque no alcanza para costear la reforma educacional comprometida. Ya se ha dicho que se necesita 0,5% del PIB para cerrar el déficit estructural que presentan las finanzas públicas, y que el restante 0,5% se destinaría a salud y otros gastos sociales. Este 2% destinado a educación es insuficiente si se considera que para lograr la gratuidad comprometida en el programa de gobierno -según estimaciones propias, comparaciones internacionales y estudios nacionales sobre el tema- se necesitaría alrededor de un 3% del PIB, que es cercano a lo que invierten las familias en educación en Chile, según los datos disponibles de UNESCO. Este problema es percibido por el gobierno, y ya han empezado a tantear fórmulas para resolverlo, como la gratuidad de solo los primeros cuatro años , o solo a instituciones «públicas» (lo que sea que esto sea). Y ni hablar de invertir cuantiosamente en un sistema público de salud, que según la encuesta CEP es el ítem prioritario en que los chilenos invertirían los recursos recaudados con la reforma. El gobierno ya le ha quitado el piso político también a la comisión que estudia una reforma al sistema de salud, y en particular al funcionamiento de FONASA y las isapres.
Dentro de todo lo negativo que tiene el nuevo acuerdo al que se llegó por el fuerte lobby de los gremios -como es la eventual pérdida de progresividad, la apertura de más y mayores forados de elusión , la no tributación por ganancias no retiradas bajo el esquema semi-integrado, la amnistía a la repatriación de dineros posiblemente mal-habidos, o la pérdida de las ya mermadas capacidades fiscalizadoras de Aduanas – existe un avance desde un punto de vista conceptual, y es la creación de un sistema de tributación semi-integrado, o semi-desintegrado. Esto quiere decir que en este régimen (por el cual pueden optar las empresas si no optan por el régimen de utilidades atribuidas), los impuestos pagados por las empresas (Impuesto de Primera Categoría) ya no son meramente un «adelanto» que los dueños de estas empresas le proporcionan al SII para el pago de sus propios impuestos. Bajo el esquema de utilidad atribuida las empresas aun no pagan impuestos en Chile, pues el que paga realmente los impuestos es el dueño de la empresa. Sin embargo, bajo el esquema semi-integrado, la empresa paga casi un tercio del Impuesto de Primera Categoría, sin que este monto sirva como «crédito» para lo que tiene que pagar finalmente el dueño de la empresa. En otras palabras, bajo el esquema semi-integrado, las empresas en Chile pasan de tributar un 0%, a tributar casi un 9% (un tercio de 27%). Avanzar a un sistema desintegrado -donde los impuestos de las empresas no estén integrados con los impuestos de las personas- es lo conceptualmente correcto y al parecer la tendencia hacia donde se transita, sobre todo teniendo en cuenta que es también la posición de muchos de los economistas del establishment de la Nueva Mayoría. De esta forma, el panorama se aclararía y los chilenos podrían saber efectivamente cuánta es la tributación directa de las ganancias del capital en Chile.
Para finalizar, hay que decir que todos estos elementos dan algunas luces sobre los meses que se vienen: i) se abre un claro escenario donde la Nueva Mayoría es incapaz de cumplir sus promesas de campaña en torno a lo educacional: gratuidad universitaria universal en un plazo de 6 años, a lo cual el movimiento social debiera estar preparado para responder y exigir la educación como un derecho universal fuera de la esfera del mercado; ii) sumado a los fracasos relativos (respecto a lo planteado inicialmente) tanto de la reforma tributaria como de la educacional, es esperable que la reforma constitucional quede también en un pequeño cambio, comparado a las expectativas iniciales de algunos sobre el tema y a lo planteado por los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría; iii) el poder ideológico y económico de un sector de la burguesía nacional (no aquella que representa la Nueva Mayoría) ya ha quedado demostrado, con lo cual todos los demás cambios deberán aplazarse para otro periodo presidencial, incluyéndose en esto la reforma laboral, a la salud, y al sistema de pensiones; iv) el problema educacional puede transformarse en un problema político mayúsculo, tanto si no hacen la reforma comprometida, como por si la hacen (las transformaciones estructurales siempre traen aparejados reacciones sociales importantes), reacciones que podrían verse expresadas al término del gobierno de Michelle Bachelet al comprobar que los cambios no se produjeron como dictaban las expectativas; v) un escenario externo de desaceleración, sumado a la huelga interna de capital y a la incapacidad de maniobra del Estado por estar económicamente «amarrado», harán subir las cifras de desempleo en el corto plazo y a disminuir los ingresos de los chilenos, lo que sumado al alto endeudamiento y al todavía visible descontento (expresado por ejemplo en las evasiones masivas del transporte público) pueden contribuir a incrementar las demostraciones de descontento.
La Nueva Mayoría está en una encrucijada donde, de no avanzar en el cambio de polo del poder económico de un sector de la burguesía a otro (que es la disputa real, no entre la burguesía y el movimiento social [1] ), la lucha permanente entre estas dos fracciones que no deje maniobrar libremente a alguno para superar la desaceleración, puede derivar en un fuerte estrés para la gran mayoría de la población, que repercuta en conflictividad e inestabilidad social. Aunque ya se han visto luces de reconciliación (aunque sea pasajera) entre estas dos fracciones de la burguesía, el Protocolo de Acuerdo es un ejemplo de ello. Todo dependerá de cómo progrese la situación económica internacional, y de cómo el movimiento social sea capaz de tomar expresiones orgánicas que puedan conducir el descontento social hacia propuestas que trasciendan lo que hasta ahora hemos conocido como las alternativas políticas críticas del neoliberalismo heredado.
[1] Esta idea será desarrollada más en profundidad en el 3er Seminario de Marxismos, los días 16 y 17 de octubre de este año.
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