El candidato presidencial del pacto Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, junto a las organizaciones de derechos humanos demandaron al presidente Ricardo Lagos detener los indultos a ex represores de la dictadura y decretar el 30 de agosto como Día Nacional del Detenido-Desparecido El candidato de la izquierda, Tomás Hirsch, rechazó el proyecto de ley que […]
El candidato presidencial del pacto Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, junto a las organizaciones de derechos humanos demandaron al presidente Ricardo Lagos detener los indultos a ex represores de la dictadura y decretar el 30 de agosto como Día Nacional del Detenido-Desparecido
El candidato de la izquierda, Tomás Hirsch, rechazó el proyecto de ley que presentó la derecha en el parlamento para beneficiar a los militares implicados en delitos de lesa humanidad. «Estamos en presencia de una operación en que esta involucrado el gobierno en conjunto con la derecha y las Fuerzas Armadas, para que en Chile se llegue a un punto final en materia de derechos humanos» denunció el líder de la izquierda chilena.
Tomás Hirsch reveló que el proyecto que presentará la derecha cuenta con el apoyo del presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Enrique Silva Cimma, y que empezó con los indultos a violadores a los derechos humanos en las últimas semanas.
En una carta dirigida a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Lorena Pizarro, el líder de la izquierda chilena, señaló que la lucha contra la impunidad «es y será una tarea permanente de las fuerzas que integran ese conglomerado».
El militante humanista en la misiva, dijo que las organizaciones de derechos humanos son la reserva moral que tiene la sociedad chilena, para detener los intentos que «distintos sectores desde el poder han intentado en estos años imponer la impunidad a través leyes especiales e indultos presidenciales».
Recordó que los miles de chilenos desaparecidos y ejecutados políticos, son los que hoy hacen falta a Chile y que no están producto de la política sistemática de exterminio que aplicó la dictadura de Pinochet (1973-90).
Sostuvo que Chile tiene una deuda con los familiares de las víctimas y con aquellos que se organizaron para enfrentar el régimen dictatorial «esa deuda no solo tiene que darse en los tribunales de justicia y de juicio y castigo sino también con aquellos que buscan una democracia real para nuestro país»
Hirsch -apuntó- que el Junto Podemos Más se compromete con lo que ha sido la demanda de los movimientos de derechos humanos, de exigencia de verdad y justicia, no en la medida de lo posible, sino en la medida que Chile lo requiere para que nunca más esta historia pueda repetirse.
Por último el militante humanista hizo un llamado a estar alertas, para movilizarse y rechazar esta nueva arremetida por parte del gobierno del presidente, Ricardo Lagos, la derecha y los poderes fácticos que pretender imponer un punto final en Chile.
En tanto, dirigentes de las principales agrupaciones acudieron al Palacio de La Moneda este mediodía, para solicitar una audiencia al mandatario a fin de expresar su «profunda preocupación» por el giro que está tomando la política oficial en favor de la impunidad en Chile.
Lorena Pizarro, calificó la situación de muy peligrosa para la vigencia de la justicia y la verdad. «Hay un franco retroceso en el tema de los derechos humanos, y es preciso frenar esto», apuntó.
Pizarro acusó al Ejecutivo «de abrir las puertas» para facilitar la acción de sectores de la derecha en los tribunales y el legislativo en favor de la amnistía y los indultos para ex militares y civiles que participaron en la represión.
Indicó que el proyecto de ley sobre indultos, presentado hoy al Congreso por legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), es la consecuencia lógica del perdón presidencial otorgado el pasado 19 de agosto al asesino del líder gremial Tucapel Jiménez.
La iniciativa parlamentaria está dirigida liberar a decena de ex militares que han sido procesados y condenados por tribunales de justicia por su participación en ejecuciones, secuestros y desapariciones de de opositores políticos durante la dictadura.
Lagos concedió el indulto al ex oficial Manuel Contreras Donaire, condenado a ocho años como autor material del crimen como «una potente e indispensable señal para comenzar a dejar atrás las cosas del pasado».
Jiménez, ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, fue secuestrado por una patrulla de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y apareció degollado el 25 de febrero de 1982 en las afueras de Santiago y con impactos de balas.
«Cuando alguien, valiéndose del poder, perdona o indulta a un asesino como Contreras Donaire, que fue capaz de degollar a sangre fría a una persona sólo por motivaciones políticas, de hecho se está haciendo cómplice del crimen», enfatizó Pizarro.
Fabiola Lettelier, abogada de derechos humanos, denunció que la decisión de Lagos apunta a imponer el fin de los procesos por violaciones a los derechos humanos en Chile.
«Esto nos causa a todos, y en particular a familiares de las víctimas, indignación y rechazo», subrayó la hermana del ex canciller chileno, Orlando Lettelier, asesinado en Washington en 1976 por órdenes de Pinochet.