Las arremetidas que sigue sufriendo el proceso de paz, a manos de los seguidores del expresidente Uribe en el Congreso de la República, se ensañan contra lo acordado sobre verdad y justicia para las víctimas. La inmensa mayoría que ha defendido el proceso de solución política con las FARC, respalda la Justicia Especial para la […]
Las arremetidas que sigue sufriendo el proceso de paz, a manos de los seguidores del expresidente Uribe en el Congreso de la República, se ensañan contra lo acordado sobre verdad y justicia para las víctimas.
La inmensa mayoría que ha defendido el proceso de solución política con las FARC, respalda la Justicia Especial para la Paz (JEP), creación conjunta entre el Estado y esta guerrilla, como una jurisdicción válida dentro del orden legal establecido. La que cuenta con testigos nacionales, dignatarios de numerosos países y de organismos de la comunidad internacional.
Los Acuerdos de Paz con las FARC son un modelo de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR); en que la JEP constituye un andamiaje de Justicia Transicional (JT), que tuvo como antecesora la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), aplicada para legalizar al narco paramilitarismo, como brazo paraestatal de las élites dominantes.
Bases endebles del Acuerdo
Las FARC cumplieron con desarmarse, se desmovilizaron como guerrilla y están en las vías institucionales creadas para su reinserción legal. La casi totalidad de sus integrantes se aprestan a comparecer ante la JEP.
De parte del Estado imponen sucesivos recortes a los compromisos asumidos entre 2015 y 2016, para sacar ventaja indebida e ilegítima, torciendo cada vez más lo que firmó dentro de un proceso, que para las élites es una victoria estratégica.
Las FARC fundó los acuerdos de paz en siete principios:
1) Convalidó la legitimidad estatal, cuestionada por décadas dada su violencia institucional e impunidad.
2) Consintió la legalidad de ese Estado, sin que éste se hubiera reformado en materias claves.
3) Concedió que ese Estado tendría en sus diversos mecanismos el control de fondo del proceso de implementación de lo pactado.
4) Admitió la no reciprocidad y la no sincronía de los acuerdos de ambas partes.
5) Declinó en la búsqueda de otros paradigmas de justicia, tanto éticos como sociales o comunitarios, así como de Derecho Internacional, afincados en la verdad de todos y en la reparación más completa posible, y sobre todo en la depuración institucional y las garantías reales de no repetición.
6) Sobrestimó un blindaje de Derecho Internacional formal para los acuerdos, sin previsión de sanciones para la parte que incumpla; y
7) aceptó correr los riesgos dentro de esa maquinaria institucional (lógica de producción normativa y examen de la legalidad), la que replantea todo hasta hoy.
Transitar por ese carril, no significaba que esas eventuales modificaciones pudieran tocar la esencia de esos acuerdos que eran fundamentalmente políticos y que constituían una especie de Tratado inviolable, que se ratificó era sostenible por doce años, o sea por al menos tres períodos presidenciales desde agosto de 2018.
Tijeretazos y añadidos
Además del recorte grave que se derivó del Plebiscito del 2 de octubre de 2016 que ganó el No con escasos votos, rechazándose lo firmado, vino el ya esperado control entre ramas del poder público, y en esa etapa, además del retraso e incumplimiento del Ejecutivo, otras instancias, el Congreso y las Cortes, dieron tijeretazos, al dar forma y revisión a normas de lo pactado, introduciendo nuevas prerrogativas para ese Estado y sus agentes.
La JEP, además de las graves fallas de origen, como fue la inmunidad de los ex presidentes, la mutilación o desnaturalización del delito político, la evaporación de la cadena de mando oficial, sufrió nuevas modificaciones en detrimento de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por esta vía, establecieron más impunidad para los llamados «terceros» -jefes o auspiciadores del paramilitarismo-, que según su conveniencia pueden o no comparecer a la JEP, es decir que nada les obliga a hacerlo; así como las inequitativas reglas como se fijó en el procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 18 de julio de 2018).
Dándose esa cadena de privilegios sucesivos a los agentes estatales y paraestatales, con lo cual se probó ya durante la administración Santos que la impunidad no se alteraba, sino que incluso se fortalecía.
Con el cambio de Gobierno el 7 de agosto pasado, el partido de Uribe, el Centro Democrático (CD), dio más pasos y comenzó a cristalizar un nuevo ataque a los acuerdos con las FARC usando la JEP que tanto critica, para proteger todavía más a los responsables del terrorismo de Estado, como una recompensa a su labor. Con lo que buscan dar alguna legitimidad a esa jurisdicción, sólo en la medida que les sirva. Aprovecharla como «tabla de salvación», tanto jurídicamente -sustrayendo a agentes estatales del alcance de la persecución penal internacional-, como también políticamente, al emplearla en los trueques o intercambios para la defensa del statu quo.
Por esto el partido de Uribe, propuso una reforma constitucional para que se diera a los agentes estatales un trato todavía más favorable al que ya tienen con la obtención de libertad, rebajas de pena y el trato preferente en la reclusión, además de los procedimientos o tratamientos separados y de las especiales pautas que apuntan a verles de modo atenuado, sólo como personas que se equivocaron, y no en el entramado de la responsabilidad institucional, pues se busca asegurar que nunca se demuestre que se trató de eslabones de crímenes de Estado, de crímenes de sistema o de planes de macro-criminalidad, llevados a cabo por los aparatos estatales o paraestatales.
«Mala foto y un peor acuerdo«
Con el argumento de que se abría un panorama de diálogo entre bancadas políticas opuestas en el Congreso, estando representantes de la centro izquierda -diálogo que en principio es razonable que se busque-, terminaron algunos convidados por Uribe Vélez y sus aliados, cooperando en una nueva arremetida del Establecimiento, no sólo salvando lo que ya admitían, en primer lugar la responsabilidad estructural del Régimen, sino dando capacidad para alterar lo que sea, incluyendo la maltrecha JEP, a cambio de un reparto de mutuas licencias. En ese negocio la JEP fue de nuevo una moneda de cambio.
Estamos ante lo que la columnista Laura Gil llamó una «mala foto y un peor acuerdo», expresando que «No existe bondad intrínseca en un consenso por haber incluido todas las fuerzas políticas, y mucho menos en uno que se presenta como los inicios del aval del uribismo a la paz negociada, cuando este no ha hecho más que repetir que se reserva el derecho a continuar en la búsqueda de modificaciones» [1].
La periodista se refiere a cómo Uribe emprendió una inteligente embestida convenciendo incluso a parte de la oposición política -que se supone crítica del proyecto político y de las propuestas legislativas del CD-, que era conveniente un acuerdo en el Congreso para nuevas reglas, con las que se impulsaran medidas que reconocieran la especial situación de agentes estatales y paraestatales, con garantías y beneficios a cambio de nada, para ellos, claro, con la tesis de que tal y como quedó la JEP en su funcionamiento, dentro de ella actuarían jueces que no eran de fiar cuando estudiaran la responsabilidad de militares y policías; que se requerían unos nuevos jueces (que Laura Gil llama acertadamente «prouniformados«) que además estuvieran especializados en materias a tener en cuenta en las investigaciones y juicios.
Este pacto político del 31 de octubre de 2018, entre el uribismo y esos sectores políticos de distinto color, para la investigación y eventual juzgamiento de militares o policías, proyecta un paso más en ese itinerario de impunidad. Ahora se acentúan o se formulan en su favor dispensas como serían jueces ad-hoc (específicos para algo) y la contrastación de las confesiones o versiones auto-incriminatorias de agentes estatales. Pues existe la posibilidad, dicta Uribe, que por obtener beneficios, los «servidores» acusados terminen aceptando «lo que no hicieron». Y se enuncia de nuevo cómo se usará con el alegato de reglas operacionales prescritas por el Estado, una interpretación del Derecho Humanitario y del Derecho de la guerra para eximir a responsables de graves violaciones con presunciones que ocultan la guerra sucia. Derecho operacional acuñado por las fuerzas represivas del Estado, que el jurista Gustavo Gallón llama «embeleco» y califica de «esotérico» [2].
Sin joya y sin corona
Estamos frente a una «justicia transicional» que lejos de ser «justicia» y de ser «transicional«, bajo la necesidad de que sirva a la paz con legitimidad, está siendo utilizada la JEP en un nuevo canje: ser aceptada en tanto sea todavía más un lavadero de responsabilidades. Se confirma así que encubre gran parte de la verdad del pasado y que ante el presente y el futuro no significa ni un ápice de garantías de no repetición, pues el país no hace tránsito de la guerra a la paz, ni del autoritarismo a la democracia, pues se refuerzan las condiciones de violencia e impunidad de las élites, para que continúen desarrollando la misma estrategia de aniquilamiento de las alternativas, como lo vienen haciendo a diario.
Se caiga o no por razones jurídicas esa reforma, el espectáculo político queda registrado. Y tras lo ocurrido quedan lecciones de las cuales tomamos nota. El despropósito de las élites de firmar y burlar lo pactado, ya lo conocemos.
De lo que tenemos que cuidarnos es de perder la eticidad más elemental con la que nos hemos comprometido: verdad toda, verdad todos, y por lo tanto deben los sectores populares en lucha, no conceder cheques en blanco a sectores políticos que, pueden caer en pactos políticos para tener a la extrema derecha como aliada, en una paz que sus intereses convierten en raquítica.
Vale el recelo que se deduce de lo que la periodista Cecilia Orozco indica: «Hay que repasar lo que se aprobó… cuando la minoría uribista se había trocado, ya, en mayoría mágica por hechos ocurridos fuera del salón que aún se desconocen, y cuando los congresistas que todavía piensan en los derechos de las víctimas tuvieron que ceder ante la inminencia de su derrota«.[3]
Se decía hace dos años, al firmarse los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que la joya de la corona eran la JEP y la Reforma Política, de las que hoy queda poco; mientras que del conjunto de los Acuerdos, queda aún más poco.
Notas:
[2] http://www.elespectador.com/opinion/el-esoterico-derecho-operacional-columna-822431
[3] http://www.elespectador.com/opinion/que-les-dijo-uribe-que-les-hizo-cambiar-su-voto-columna-822208
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