La jueza María Servini, instructora desde Argentina de la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo, ha solicitado a varias archidiócesis españolas y al Estado del Vaticano que aporten información sobre la relación de la Iglesia con el Estado franquista. En concreto, la magistrada busca esclarecer tanto esta supuesta colaboración de […]
La jueza María Servini, instructora desde Argentina de la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo, ha solicitado a varias archidiócesis españolas y al Estado del Vaticano que aporten información sobre la relación de la Iglesia con el Estado franquista. En concreto, la magistrada busca esclarecer tanto esta supuesta colaboración de la jerarquía eclesiástica con la dictadura como el caso de los niños robados del franquismo y la tortura de varios curas progresistas o republicanos.
Servini remitió comisiones rogatorias a los juzgados de Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza para que estos se encarguen de solicitar a las archidiócesis de cada una de estas ciudades la información requerida por la jueza argentina. La llamada querella argentina, que parte de la denuncia interpuesta por decenas de asociaciones memorialistas en 2010, da un gran paso, a juicio de varias de estas organizaciones y a pesar de las trabas de la justicia y la falta de colaboración del Gobierno español, que el pasado mes ignoró el exhorto para interrogar a 19 imputados en la causa.
La documentación albergada por la Iglesia es vital para arrojar luz sobre los niños robados del franquismo, el caso de los bebés arrebatados a sus madres republicanas encarceladas o tutelados dado el fallecimiento de sus progenitores a manos del ejército franquista. El jurista Baltasar Garzón cifró en más de 30.000 los afectados por esta particular represión de la dictadura cuando, en 2008, consideró que el caso suponía un delito de detención ilegal y un crimen contra la Humanidad.
«Uno de los sitios donde se puede encontrar información sobre este tema es en los archivos de la Iglesia», explica el miembro de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) Chato Galante, debido a que «tenían que certificar la defunción y el bautismo (de los niños robados)». Galante asegura que dado que la Iglesia es una «organización particular», no se pueden exigir los datos directamente, pero opina que «si se niega, esperamos que el Gobierno español la obligue«.
El miembro de Ceaqua explica que la solicitud de Servini se dirige también a obtener más información sobre los curas progresistas represaliados por el aparato franquista por sus ideas. Numerosos sacerdotes y religiosos fueron recluidos en la cárcel concordataria de Zamora durante el régimen y en la querella que asumió la jueza argentina se ofrecen datos de casos particulares de sanciones y torturas. Las asociaciones memorialistas solicitaron a la magistrada que ahondara en el tema y ahora esta vertiente de los crímenes del franquismo se prepara para avanzar.
Galante se congratula que, con esta buena nueva, se demuestra que la querella argentina «no es un proceso parado, sino que es una querella viva y abierta«. Por su parte, el miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Bonifacio Sánchez, califica la decisión de Servini como una «excelente noticia» y declara que «estamos en el camino», aunque «otra cosa es que la Iglesia responda».
«La Iglesia que sirvió a Franco»
El número de este mes de tinta Libre, ya disponible para socios, dedica un artículo a las relaciones entre el catolicismo y la dictadura. El reportaje, escrito por el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova, asegura que la religión fue uno de los pilares básicos sobre los que se asentó el régimen. El por entonces primado de España Enrique Pla y Deniel, un «ideólogo de la cruzada» según el autor, manifestaba que la Guerra Civil Española fue un plebiscito armado y que la represión de posguerra -que ahora investigan desde Argentina- era una «operación quirúrgica en el cuerpo social de España«.