«La Junta de Andalucía no tiene viviendas vacías», afirmaba recientemente la consejera de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz, Elena Cortés, en el diario El País. «Puntualmente», ha señalado Cortés en repetidas ocasiones, se puede dar esta situación por motivos como fallecimiento o mudanza del inquilino. Una idea en la que insistió el lunes Amanda […]
«La Junta de Andalucía no tiene viviendas vacías», afirmaba recientemente la consejera de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz, Elena Cortés, en el diario El País. «Puntualmente», ha señalado Cortés en repetidas ocasiones, se puede dar esta situación por motivos como fallecimiento o mudanza del inquilino. Una idea en la que insistió el lunes Amanda Meyer, la secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.
Sin embargo, a principios de abril varias familias entraban en un bloque de viviendas desocupadas propiedad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). El edificio, construido hace menos de dos años y en perfecto estado, cuenta con cuatro plantas y cerca de una veintena de pisos, de los cuales sólo tres o cuatro están habitados de forma legal. Está situado en el barrio granadino de Almanjáyar (conocido como «el polígono»), caracterizado desde su creación a mediados de los ’60 por ser un auténtico gueto donde imperan la exclusión social, la falta de servicios y la delincuencia, principalmente el tráfico de drogas. Según la fuente que se consulte, la tasa de desempleo oscila actualmente entre el 70 y el 90%. Tal y como aparecía publicado en El País en su edición del domingo 12 de mayo, esta zona es uno de los barrios donde la Junta ha acometido «planes de rehabilitación integral» que completan «la labor urbanística con un trabajo socio-comunitario».
DIAGONAL habla en el salón de una de las viviendas con Adrián y Ester Sánchez, hermanos, quienes, entre otras personas, viven de forma ilegal en las viviendas de la Junta. Adrián tiene 18 años, es estudiante de grado medio y está en el paro. A la dificultad para encontrar trabajo se suman los problemas en su mano derecha, recientemente operada por un corte. Su pareja, Farah Sances, un año menor, se está sacando el graduado escolar y está embarazada de ocho meses. No cuentan con ningún tipo de ingreso. A sus 21 años, Ester ha pasado por varios trabajos precarios como limpiadora, camarera o peluquera. Se encuentra en situación de desempleo y vive con su hija Talía, de cuatro años. Cobra una pensión alimenticia de 150 euros mensuales. Otra de las familias que ocupan el edificio es la de Mari Ángeles Fernández, ama de casa de 23 años, y Francisco Javier Pino, trabajador de la construcción en paro de 33 años. Tienen dos hijos: Francisco Javier, de tres años, e Indira, nacida hace un año y medio.
Bloques enteros vacíos
Los hermanos Sánchez nacieron y crecieron en el polígono. Vivían con su madre, una limpiadora que gana 500 euros al mes, de los que la mitad son destinados a pagar la hipoteca. Problemas familiares aumentados por las dificultades económicas acabaron con ellos en la calle, por lo que durante varios días se vieron obligados a dormir en su coche o en portales.
«Hay muchos más pisos vacíos de la Junta en este barrio, bloques enteros», comenta Adrián. «La gente los ocupa para vivir. También hay personas que entran a robar, las casas están vacías y hay mucha gente en la calle que las necesita», relata el joven, quien afirma que los ocupantes de las viviendas están conservándolas y limpiándolas.
Poco después de entrar en las casas, recibieron la visita de la policía nacional, que les identificó. También les visitó un representante de EPSA, quien les advirtió de que estaban «robando». En ese momento, las tres familias, junto a otras, contactaron con el grupo de Stop Desahucios del 15M de Granada, que desde entonces ha intentado buscar una solución. «No nos negamos a pagar», señala Ester, quien opina que «si no estás cobrando nada, te tendrán que poner un alquiler adecuado a tus posibilidades».
La respuesta de las autoridades andaluzas fue advertir de las consecuencias judiciales de la ocupación y exigir a las familias que entregasen las llaves. Varias lo hicieron. EPSA también denunció a Ester por un presunto delito de usurpación.
«No jalear la patada en la puerta»
Contactado por DIAGONAL, Juan Hidalgo, gerente de EPSA en Granada, explica su versión de las palabras de la consejera: «No ha dicho que EPSA no tenga viviendas vacías, sino que en el parque público, la típica vivienda social alquilada por 30 o 50 euros al mes, no las hay». Reconoce que EPSA, «como cualquier otro constructor», tiene viviendas vacías, dedicadas a obtener beneficio a través de venta y alquileres a precios de mercado, construidas «con recursos, incluidos de la banca, que hay que pagar». «Ahora no hay demanda», indica. EPSA es titular de 51.000 viviendas de un total de 81.000 dependientes de la Junta de Andalucía.
Hidalgo, que se ha encargado de la gestión del conflicto con las familias de Almanjáyar, no se muestra dispuesto a negociar: «No podemos permitir ni jalear la actitud de patada en la puerta, pasado mañana puede ser tu vivienda o la de otra persona». «Les pido paciencia, todos debemos ser prudentes y hay que ceñirse al marco legal», añade. Hidalgo también insinúa que hay gente que hace de la vivienda «un medio de vida ilegal, con un uso fraudulento, te llevas muchas sorpresas», aunque niega que se esté refiriendo a este caso concreto. Respecto a la denuncia contra Ester, señala que están «obligados a garantizar el parque público».
Por su parte, Stop Desahucios ha convocado una concentración este miércoles 15 de mayo a las 9.30 frente a los juzgados de La Caleta, para apoyar a Ester en su cita con los tribunales. Preguntada por el reciente decreto de la Junta sobre vivienda, que prevé multas a las entidades que mantengan sus casas vacías, Ester lo tiene claro: «Si quieren que los demás den sus casas, que den primero ellos las suyas».
Medidas de mejora del parque de viviendas públicas
La consejería de Fomento de vivienda prepara un plan de vivienda y suelo concertado que prevé distintas de mejora en el mantenimiento y la gestión del parque público de viviendas dependientes de la administración autonómica, que en Andalucía asciende a unos 81.000 pisos. Según informaba la consejera Elena Cortés al diario El País, el plan incluirá «actuaciones de conservación y rehabilitación», pondrá el acento en las políticas de integración social y promoverá el mantenimiento de la titularidad pública de este parque. Según recoge El País, «la Consejería de Fomento en principio pretende parar la venta de estas viviendas, y reservar la titularidad pública de todas ellas, aunque respetará los acuerdos ya firmados». El plan contempla actuaciones para el periodo 2013-2017.