Una de las más potentes industrias a nivel global, es la relacionada con la producción de grandes programas de televisión, la tele-realidad, los Reality Show, donde un elenco de artistas se trenza en relaciones de convivencia y competencia. Otro género son las Series, producidas por Temporadas. En Colombia, en medio del proceso de paz, surgió […]
Una de las más potentes industrias a nivel global, es la relacionada con la producción de grandes programas de televisión, la tele-realidad, los Reality Show, donde un elenco de artistas se trenza en relaciones de convivencia y competencia. Otro género son las Series, producidas por Temporadas. En Colombia, en medio del proceso de paz, surgió una Serie, cuyo contenido si tiene que ver con la realidad y una parte sus protagonistas, hacen honor a las raíces griegas de las artes escénicas occidentales, porque de verdad ellos son los primeros en agonizar. La Serie en cuestión se nombra Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP fue un producto central en la negociación entre el gobierno colombiano y las FARC. Se plasmó en los acuerdos suscritos en Cartagena, en septiembre de 2016, y al final de ese año en el Teatro Colón de Bogotá. Fue el cierre de la primera temporada de la Serie JEP. Y la segunda temporada fue la victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2106, que generó re-negociación y recortes en condición de desventaja para las FARC.
Dos pilares sostienen la JEP: la impunidad de los crímenes de sistema cometidos por el régimen, por las elites a través del Estado y sus estrategias; pues importantes responsables, funcionarios o no, militares o civiles, los máximos perpetradores y beneficiarios de graves violaciones a los derechos humanos, quedaron fuera del alcance de los cercenados instrumentos de la JEP. Mientras que endurecieron las condiciones para que los guerrilleros de las FARC obtuvieran algunos beneficios como la amnistía.
El segundo pilar de la JEP es la destrucción del delito político y sus amplias conexidades, al acabar con el ejercicio del derecho a la rebelión, al entregar a jueces del sistema, la sanción de hechos legítimos en el levantamiento de armas contra la opresión.
Tramas
La tercera temporada fue la de 2017. Sus protagonistas fueron no sólo magistrados de tribunales de un sistema de justicia en franca descomposición, salvo contadas excepciones, sino legisladores en su mayoría provenientes de una clase política criminal y mafiosa. Ellos fueron los decisores y operadores de reformas constitucionales y legales para dar vida institucional a la JEP, concretando cómo quedaría empotrada en el Derecho ya vigente, diseñando en sus líneas gruesas aspectos burocráticos, administrativos, y por supuesto el marco del conjunto sustantivo y procedimental.
En ese año se patentaron nuevos recortes, por vía de las definiciones legales y por vía de las decisiones judiciales o sentencias de constitucionalidad, y se reforzaron las tendencias mencionadas, de la impunidad del terrorismo de Estado y la re-criminalización de los hechos de la rebelión armada. Y en las medidas de corto plazo adoptadas, mientras que militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad salían de las guarniciones donde se hallaban privados de libertad por actos de genocidio, cientos de guerrilleros que habían ejercido la rebelión, casi un millar, sufrían la dilación en el ejercicio de los derechos aparentemente logrados, permaneciendo en las cárceles por cuenta de demoras en las instrucciones y trámites del gobierno y de jueces.
En el entretanto, ya estaba logrado un propósito estratégico: el desarme total de la más numerosa guerrilla del continente. Consumada la desaparición de las FARC como organización político-militar, se verificó su desmovilización y desbandada, sin que hayan operado simultáneamente cambios institucionales básicos referidos a la no repetición de crímenes por parte del régimen: decenas de campesinos, líderes y defensores de los derechos del pueblo, junto a ex guerrilleros, fueron cayendo asesinados.
La actual temporada
En este 2018, asistimos a la cuarta temporada. Uno de sus protagonistas principales es Jesús Santrich, que ya lo había sido como negociador fariano de los acuerdos en 2016, pasó a ser objetivo de ataque de la pretendida extraterritorialidad de la ley de los Estados Unidos, con la finalidad de salvar el statu quo y ensañarse contra la ex insurgencia.
Santrich se había convertido en el mayor crítico del incumplimiento de lo acordado por parte del Estado, y había advertido reiteradamente al Ejército de Liberación Nacional que debíamos tomar nota de las lecciones de esa fallida implementación y burla de lo pactado. Pedido en extradición por los EEUU, por medio de un perverso montaje, en el que le acusan de un supuesto futuro delito de narcotráfico.
Pudimos leer de Santrich sus advertencias [*], días antes de ser detenido:
«Cometimos un error estratégico y estructural (…) lo que ha ocurrido es que este es el único acuerdo del mundo que se renovó cada día y es manoseado y distorsionado por cada rama del poder público en detrimento de sus contenidos y espíritu de origen; Tal situación ha derivado… en inseguridad jurídica, expresada en una ley de amnistía saboteada por los jueces de ejecución de penas y en una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que de alternativa al cuestionado Ius puniendi del Estado, pasó a convertirse en una reafirmación del derecho penal del enemigo, del derecho penal de los vencedores, como si el acuerdo de La Habana hubiese sido una rendición (…) Esta JEP quedó convertida en una letal trampa para colocar solo a la insurgencia en el banquillo de los acusados, mientras se amplía el manto de impunidad para los militares y los llamados terceros agentes del Estado. Tal trampa buscará, con la ayuda de la corrupta Fiscalía, colocarnos en manos de la venal y descompuesta justicia ordinaria hasta llevarnos a la cárcel… lo que se viene para los excombatientes de las FARC es la más pertinaz y vengativa persecución judicial».
Una serie de tragicomedia
Un capítulo más de esa triste serie llamada JEP, que enseña ya su desenlace de comedia y tragedia, se ha visto en la última semana de mayo de 2018, cuando Senado y Cámara de Representantes avanzaron en el debate de la reglamentación de la JEP en su trascurso de institucionalización, saliendo triunfante la posición del Gobierno y de las mayorías parlamentarias del régimen, que imponen recortes adicionales a los escasos beneficios y garantías básicas de orden procesal para las FARC.
Se vislumbra una quinta temporada de la JEP, en la que veremos desfilar en estrados judiciales y por la Comisión de la Verdad, a cientos de ex combatientes de las FARC, que deberán responder con acatamiento de esas condiciones -so pena de ser remitidos a la justicia ordinaria-, por muchos hechos rebeldes que no debían de nuevo re-criminalizarse; con el mezquino propósito del régimen de exigirles arrepentimiento por sus actos del alzamiento rebelde. Pasarán por allí también algunos militares o parapolíticos, nombrados como «manzanas podridas», para beneficiarse precisamente de las prebendas que la JEP les otorgará a cambio de una verdad recortada, que no apunta al hallazgo de los máximos responsables en la jerarquía de sus estructuras.
Nos mantenemos en el compromiso de asumir nuestras responsabilidades, en consecuencia, con la necesidad de «verdad toda, verdad todos». Procurando no sólo la verdad, la justicia y la reparación más integrales que sean posibles junto al pueblo y los procesos de lucha, sino que este régimen que ejecuta sistemáticamente crímenes de sistema, sea transformado realmente y no en el papel, dejando atrás una concepción autoritaria y antidemocrática, que en nada ha cambiado estos años de show en los que la bandera de la paz, el régimen la agitó en detrimento del ideal de la justicia más elemental.