El país se ha visto conmovido por la dimensión de las operaciones de Soquimich -una empresa cuya razón legal es la producción de bienes y servicios -para infiltrar el sistema político a través de prácticas irregulares. Con anterioridad, esta misma empresa ha sido objeto de múltiples denuncias ante el Consejo de Defensa del Estado y […]
El país se ha visto conmovido por la dimensión de las operaciones de Soquimich -una empresa cuya razón legal es la producción de bienes y servicios -para infiltrar el sistema político a través de prácticas irregulares. Con anterioridad, esta misma empresa ha sido objeto de múltiples denuncias ante el Consejo de Defensa del Estado y la Organización Internacional del Trabajo sobre prácticas anti-sindicales, daños al medio ambiente y atrasos en pagos de licencias al Estado. Estos comportamientos han caracterizado el comportamiento de Soquimich desde que fuera privatizada durante en la década de 1980 bajo el régimen del General Augusto Pinochet Ugarte, en un proceso poco transparente de venta y adjudicación de la empresa a particulares. Esta y otras privatizaciones contribuyeron a la conformación de una poderosa elite económica que se apropió de los activos del Estado, (de propiedad de todos los chilenos), a precios mínimos y en un proceso sin legitimidad democrática al realizarse en ausencia de parlamento, sin prensa libre y en un contexto de suspensión de otras garantías civiles. Cabe mencionar que los gobiernos democráticos posteriores al fin del régimen militar nunca iniciaron una investigación de estas dudosas apropiaciones de activos públicos ocurridas en ese régimen y por ende tienen una responsabilidad histórica en los hechos que estamos viviendo en la actualidad. En atención a lo anterior me parece que la Presidenta de la Republica debiera iniciar un proceso de restitución de Soquimich al Estado chileno que fue el ente que la creó de acuerdo a las leyes de la Republica. Cabe mencionar que recientemente la estatización de la compañía SQM ha sido propuesta también por los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselyn. En este artículo se presentan algunos argumentos constitucionales relevantes en esta discusión y se plantea la conveniencia de iniciar un proceso democrático de formación de un área de propiedad pública y social en Chile que contrapese el excesivo control de nuestras riquezas productivas por una minoritaria pero poderosa elite económica que domina, sin contrapesos, a la nación.
En el cobre y el litio
Dada la importancia de preservar el cobre y recursos mineros no renovables para la nación chilena en decisión unánime del Congreso Nacional adoptada en junio de 1971 se entregó al Estado chileno la tuición y propiedad de estos recursos. El Artículo 19, Numeral 24, Inciso 5 la constitución política del Estado señala lo siguiente:
«El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales y jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, explotación y beneficio de dichas minas.»
Es claro, entonces, el mandato de la constitución vigente: el Estado, como representante de la nación chilena, tiene la prioridad absoluta sobre el uso y explotación de este recurso mineral. La realidad desde la década de 1980 hasta la actualidad ha sido, sin embargo, muy diferente. Al amparo del Código Minero, conjunto legal muy generoso para las empresas extranjeras y consorcios nacionales del cobre y litio, se han otorgado concesiones de millones de hectáreas, cobrando una patente de muy bajo valor, a cualquier ciudadano o entidad nacional o extranjero, que los posibilita para prospectar y potencialmente explotar el cobre y el litio. Sin embargo, la constitución política del Estado es dominante sobre otras leyes, incluso las llamadas leyes «orgánicas constitucionales». En este sentido el artículo 19, numeral 24 inciso 5 facultaría a la Jefa de Estado, por decreto presidencial, caducar la licencia a empresas como SQM por las causales como las ya mencionadas. Lo anterior permitiría al Estad de Chile recuperar la explotación y venta del litio y poner fin de inmediato una serie de irregularidades asociada al modelo de negocios de esta empresa privatizada.
Hacia un área de propiedad público-social
La restitución de Soquimich al Estado presentaría una oportunidad histórica para empezar a revertir el amplio control de la riqueza productiva nacional por parte de una elite económica minoritaria que ha caído en ilegitimidades de origen y de ejercicio. A reprobables prácticas laborales, medio-ambientales, abusos del consumidor y otras se le agrega ahora el uso generalizado del dinero para infiltrar el sistema político. El conflicto entre democracia y concentración económica es evidente y una solución racional de este dilema obliga al poder democrático legítimo a imponerse sobre el poder económico surgido de privatizaciones y apropiaciones de dudosa legalidad. Esto es de la esencia de una democracia económica en contraposición con el elitismo, la desigualdad y la deslegitimación de las instituciones representativas a que nos ha conducido el agotado enfoque neoliberal.
El actual gobierno ha intentado revertir la desigualdad económica a través de una reforma tributaria, la que para ser aprobada por un parlamento sujeto a la fuerte influencia del dinero corporativo terminó siendo morigerada y neutralizada. Además de la necesidad de una reforma tributaria genuinamente progresiva es necesario extender el foco de atención a la altísima concentración de la riqueza en Chile facilitada por privatizaciones sin legitimidad democrática y por un marco legal permisivo que no corrige la concentración de la riqueza y de los mercados.
Para contrarrestar este estado de cosas se propone la creación, por el poder democrático, de un Área de Propiedad Publico Social (APPS) que anteponga el interés nacional y social a la obtención de utilidades por propietarios privados, como objetivo central de una nueva cultura corporativa en las principales empresas operando en sectores claves de la economía nacional. La acción de la APPS incluiría al litio, una parte de la gran minería del cobre, monopolios privados del sector energético y sectores más concentrados de la banca. La APPS no es una vuelta a formas distorsionadas de propiedad estatal capturadas por los partidos políticos como fuente de financiamiento, favoritismo o enriquecimiento personal. La nueva Area de Propiedad Social debe ser una nueva forma de poder económico público sujeto a control democrático y social. En este contexto los representantes del Estado en las empresas deben coordinarse con los trabajadores de base, no con las burocracias sindicales, para lograr una efectiva marcha operativa de estas empresas. Asimismo es imprescindible un activo control social de las empresas de la APPS a través de organizaciones de la sociedad civil de modo de asegurar el logro de sus metas productivas con transparencia financiera, respeto de derechos laborales y de los usuarios y sujeción a estrictos estándares medo ambientales. En la propiedad de la APPS un cierto porcentaje también puede asignarse a empresas extranjeras que aporten tecnologías y capital y que sean respetuosas de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. Asimismo se puede distribuir a todos los habitantes del país, través de un mecanismo de dividendo ciudadano un porcentaje de los excedentes de estas empresas como una forma de renta básica universal y de afirmación de la propiedad ciudadana de las empresas de la APPS. Un esquema de dividendo ciudadano para las rentas del petróleo, sancionado a nivel constitucional, ha venido operando exitosamente por más de 30 años en el Estado de Alaska en Estados Unidos. No hay razón por la cual no se pueda aplicar en Chile.
La creación de una nueva área de propiedad pública y social entregaría una valiosa y necesaria herramienta de inversión al Estado, de acumulación de excedentes para ser usado con fines sociales y de articulación de prioridades estratégicas. En la actualidad el Estado está atrofiado y maniatado por la doctrina del «Estado subsidiario» que no le permite crear empresas públicas y que ha permitido al gran capital privado apropiarse de los mejores activos y copar mercados claves para el país. La APPS permitiría una reorientación de la estrategia de desarrollo superando su actual carácter privatizador, excluyente y regresivo. Acompañada de urgentes transformaciones de nuestro sistema democrático la APPS sería un poderoso instrumento para democratizar la economía y alcanzar un futuro de mayor bienestar, justicia social y genuina democracia para Chile.
http://radio.uchile.cl/2015/05/08/la-justa-y-necesaria-nacionalizacion-de-sqm