El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha absuelto a los 16 activistas de Greenpeace acusados de delitos de desórdenes públicos y lesiones tras entrar en el recinto de la central nuclear de Cofrentes para pedir su desmantelación. Pese a absolverles de estos delitos, que implicaban penas de cárcel, el juzgado les […]
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha absuelto a los 16 activistas de Greenpeace acusados de delitos de desórdenes públicos y lesiones tras entrar en el recinto de la central nuclear de Cofrentes para pedir su desmantelación. Pese a absolverles de estos delitos, que implicaban penas de cárcel, el juzgado les ha condenado a pagar una multa de 19.512 euros en concepto de daños por la rotura de la valla y otros daños menores en el entorno de la central nuclear.
«La sentencia ha dejado claro que han sido en vano los intentos de criminalizar la protesta pacífica y el activismo ecologista. Demuestra que la protesta en la central nuclear de Cofrentes fue siempre pacífica y que jamás se dañó a nadie», ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España. «No van a poder callarnos ni con amenazas de multas millonarias, ni con amenazas de cárcel. Tenemos a nuestra espalda más de 40 años de activismo pacífico por el medio ambiente y continuaremos con nuestra labor».
La resolución del TSJCV llega tras una denuncia que la empresa Iberdrola interpuso por una acción de Greenpeace en febrero de 2011, cuando una manifestación ante la central nuclear terminó con la invasión por parte de varios activistas de la sede de la central -sin llegar a los reactores, según matizan desde la organización-, donde pintaron «Peligro nuclear» en una de las torres de refrigeración.
Las 17 personas que fueron juzgadas tienen diversas procedencias y edades, desde los 52 años de Marcelí, un trabajador autónomo de Barcelona, a los 23 años de Amanda Luna, una profesora de música de Valladolid. Más de 100 organizaciones y personalidades apoyaron públicamente a los 17 de Cofrentes, con perfiles tan variados como la directora del Centro de Derechos Humanos Aplicados de la Facultad de Derecho de Vermont (EEUU), Stephanie Farrior; artistas como La Habitación Roja o Alejandro Sanz; la organización Ingeniería Sin Fronteras o la plataforma No Somos Delito.