«Lo que se hace en Chile no es justicia sino que es una pantomima, porque con la Ley Antiterrorista no hay posibilidad alguna de alcanzarla», afirmó en su visita al país José Venturelli, portavoz del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-SE). La norma a la que se refiere Venturelli fue la […]
«Lo que se hace en Chile no es justicia sino que es una pantomima, porque con la Ley Antiterrorista no hay posibilidad alguna de alcanzarla», afirmó en su visita al país José Venturelli, portavoz del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-SE).
La norma a la que se refiere Venturelli fue la aplicada originalmente a los cuatro comuneros mapuches presos en una cárcel del sur, que este martes cumplen 70 días de huelga de hambre en reclamo de un juicio justo.
Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, sentenciados a 20 años de prisión, y Héctor Llaitul, a 25 años, finalmente fueron enjuiciados por homicidio frustrado y robo de madera por una norma común. Pero se usó para ello la investigación que se había realizado en el marco de la Ley Antiterrorista.
Otros 10 detenidos por el llamado «caso bombas» también llevaron adelante 65 días de ayuno este año para denunciar supuestos montajes con el fin de inculparlos por esta ley heredada de la dictadura (1973-1990), cuestionada también por aplicarse a menores de 18 años.
A pesar de que fue modificada varias veces, sus críticos sostienen que aún conserva su espíritu represivo. «Se actualiza en términos que pareciera que la función represiva del Estado debe tener, además del derecho penal normal, un recurso ultra intenso indispensable», dijo a IPS el abogado Julio Cortés.
Tal como está planteada, se viola el derecho a la presunción de inocencia y, por tal, no permite un juicio justo, según juristas. También permite aumentar la prisión preventiva, investigaciones judiciales secretas y limitar derechos de acusados, además de aplicar penas desproporcionales, pudiendo incluso doblarlas en comparación a un mismo delito juzgado por leyes comunes.
En un informe emitido el año pasado sobre Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que en la norma no hay una definición adecuada del delito de terrorismo sino que la deja a la discrecionalidad del juez o tribunal quién la aplica.
El presidente de Chile, el derechista Sebastián Piñera, admitió que la ley tiene imperfecciones, pero ha defendido su existencia.
Es necesario «adecuar nuestra legislación antiterrorista a los estándares propios de las democracias desarrolladas, pero sin que ello nos signifique bajar la guardia frente a este flagelo cruel y despiadado, que representa en sí mismo una violación grave a los derechos fundamentales», señaló Piñera el sábado 21 en su cuenta anual al parlamento.
«Es verdad que después de 2001 (atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos) hay un aumento de las facultades para combatir el terrorismo a nivel global (…), pero en el caso de la ley chilena «permite tratar como delitos terroristas los perpetrados contra la propiedad, y eso es desproporcional», enfatizó Cortés.
Otra crítica de la Comisión de la Organización de los Estados Americanos es el uso de la declaración protegida o «sin rostro», cuya eliminación fue planteada por los diputados de los partidos Socialista y Comunista e independientes que hicieron un nuevo intento por modificar esta norma.
«La posibilidad de recabar pruebas a través de testigos y peritos protegidos, lo que a su turno admite que se les otorgue un contraprestación económica», desnaturaliza la esencia de las pruebas y la imparcialidad, fomentando la delación «a cambio de dinero y la fabricación arbitraria de pruebas», argumenta la iniciativa parlamentaria presentada en abril.
Arma contra la protesta mapuche
Los mapuches representan 83 por ciento del casi millón de indígenas existentes en Chile. En la actualidad hay 49 de ellos imputados o cumpliendo condena por delitos investigaos en el marco de Ley Antiterrorista.
Por posibles irregularidades en el procesamiento, infracción de derechos y garantías constitucionales, los cuatro huelguistas interpusieron un recurso de nulidad del juicio ante la Corte Suprema, cuyo fallo será anunciado en junio. Mientras, la ministra Ena Von Baer llamó a los comuneros a deponer su ayuno.
«Aquí hubo una decisión de los tribunales de justicia, autónoma, y al gobierno no le compete comentar las decisiones de los tribunales de justicia», argumentó la portavoz de Piñera.
Diversas organizaciones mapuche y de derechos humanos han sostenido que las detenciones a comuneros hay que contextualizarlas en la lucha por la recuperación de su territorio ancestral, lo cual no constituye una asociación ilícita terrorista.
Desde 2008, esta cuestionada ley ha sido aplicada a cinco mapuche menores de 18 años. «Por supuesto que la gravedad es mayor cuando se pasa por encima de una serie de convenciones firmadas y ratificadas por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño», señaló a IPS el director de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide), José Horacio Wood.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es la que correspondería aplicar a personas menores de 18 años en Chile.
La misma incoherencia en la investigación y los excesivos períodos de privación de libertad rechazados por los mapuche, son los denunciados por los detenidos en el llamado caso bombas.
«Lo que pasó con los mapuche fue más bien el laboratorio de cómo aplicar esta ley en democracia», analizó Cortés, abogado defensor en esta causa.
Se trata de 14 imputados por supuestos delitos de asociación ilícita terrorista y colocación de 29 artefactos explosivos. Diez de ellos sostuvieron una huelga de hambre de 65 días, entre febrero y abril.
«Los ‘caso bombas’ hoy día parecen ser, más bien, los ‘caso de tongo’, los ‘caso de los montajes’, porque resulta que no hay ningún elemento que hoy se quiera aceptar», expresó Venturelli, luego de que más de 2.500 pruebas presentadas por la fiscalía fueran desestimadas en la preparación del juicio oral.
Entre las pruebas de los delitos que fueron desechadas aparecían libros sobre anarquismo, extintores, bicicletas, impresoras y ejemplares de periódicos.
Las voces críticas a la Ley Antiterrorista la enfocan como un peligroso instrumento represivo hacia la movilización y disidencia política, sobre todo mientras persista como cuerpo legal que anula la posibilidad y derecho a la legítima defensa.
«Mediante la Ley Antiterrorista han sido capaces de poder mantener una presión sobre cualquier tipo de protesta (…). De hecho, legalmente lo que han desarrollado es lo que se llama el derecho penal del enemigo», concluyó Venturelli al apuntar la incoherencia de la norma con el sistema democrático.