El ministro Jorge Zepeda Arancibia, de la Corte de Apelaciones de Santiago, se encuentra investigando las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile contra cuatro ciudadanos argentinos muertos en 1973, entre ellos el camarógrafo Leonardo Henrichsen, quien filmó a quienes le quitaron la vida. Zepeda fue designado para esta tarea la semana pasada por […]
El ministro Jorge Zepeda Arancibia, de la Corte de Apelaciones de Santiago, se encuentra investigando las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile contra cuatro ciudadanos argentinos muertos en 1973, entre ellos el camarógrafo Leonardo Henrichsen, quien filmó a quienes le quitaron la vida. Zepeda fue designado para esta tarea la semana pasada por el pleno de la Corte de Apelaciones.
Junto con el caso Henrichsen, el ministro Zepeda investiga las muertes de los argentinos Oscar Héctor Bugallo Celuzi, Miguel Angel Lacorte y Héctor Garzán Morillo, cuyos familiares solicitaron a la Corte Suprema -el 27 de abril de 2007- la designación de un ministro instructor, con el respaldo de la Embajada Argentina, representada por el embajador Carlos Enrique Abihaggle.
El pleno de la Corte Suprema rechazó -el 3 de agosto de 2007- la solicitud de designación de un ministro instructor para investigar las muertes de los cuatro argentinos, pero al mismo tiempo derivó los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde había seis Ministros abocados especialmente al conocimiento de causas vinculadas a Derechos Humanos.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió -el 25 de septiembre de 2007- entregar la investigación de estos procesos por violaciones a derechos humanos al Ministro Jorge Zepeda Arancibia. La nominación recayó en el magistrado Zepeda por el turno del tribunal de alzada de la capital, tras recibir los antecedentes remitidos el 3 de agosto por la Corte Suprema.
El jurista Hiram Villagra, abogado patrocinador de la querella, expresó su satisfacción por la decisión de la justicia. «Aunque la Suprema no accedió a designar al ministro investigador, resultó positivo que la Corte de Apelaciones encomendara la investigación al ministro Zepeda», dijo el jurista. La acusación se apresta ahora a pedir diligencias al magistrado, en particular que tome declaraciones a eventuales testigos y a personas que tienen información sobre los cuatro casos.
Las víctimas
El periodista y camarógrafo Leonardo Henrichsen fue asesinado el 29 de junio de 1973 por una patrulla de la compañía de Tiradores del Regimiento Blindados Nº 2, al mando del entonces cabo de Ejército Héctor Hernán Bustamante Bravo. El camarógrafo fue muerto en la vía pública, en Agustinas y Morandé, a una cuadra del palacio presidencial, mientras cubría un intento fallido de golpe contra el gobierno de Salvador Allende recordado como ‘El Tancazo’ o «El Tanquetazo».
Como Henrichsen registró en su cámara a quienes le quitaron la vida, un laborioso trabajo de investigación periodística estableció que la identidad del hombre que aparece como jefe de la acción criminal corresponde al ex cabo Bustamante Bravo, quien resultó herido por «fuego amigo» en ese intento de golpe. A pesar de las dramáticas imágenes captadas por la propia víctima, donde aparece claramente el cabo disparándole a la cámara, el asesinato de Henrichsen todavía permanece impune.
Entre otros casos que deberá investigar el Ministro Zepeda se encuentra la muerte de Oscar Héctor Bugallo Celuzi, de 24 años, argentino, casado, muerto el 17 de octubre de 1973 frente al Templo Votivo de Maipú, en la periferia de Santiago, por herida de bala toráxica con salida de proyectil, según la autopsia el Instituto Médico Legal.
El cuerpo de Bugallo Celuzi fue trasladado a la morgue por Carabineros de la Novena Comisaría de Maipú y retirado por funcionarios del consulado argentino. Como el Juzgado Militar de Santiago quiso conocer el informe de autopsia, se presume que en la muerte de Bugallo Celuzi habría involucrado personal con fuero militar. La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en su ‘Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de violencia política», conocido también como «Informe Rettig», declaró a Bugallo Celuzi ‘víctima de la violencia política imperante».
Miguel Angel Lacorte, de 28 años, argentino, casado, trabajador de la fábrica Indumet, apareció asesinado en la vía pública, en Santiago, el 14 de septiembre de 1973, por múltiples heridas de bala en la cabeza, tronco y extremidades, según el certificado de defunción del Instituto Médico Legal.
Según los antecedentes recogidos por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Lacorte fue detenido junto con Teodoro Konoba Krul, otro trabajador de la industria Indumet, y conducidos al Estadio Nacional en días posteriores al 11 de septiembre de 1973. Los cuerpos, hallados en la vía pública, fueron ingresados a la morgue como NN (identidad desconocida). La identificación estuvo a cargo del consulado argentino y los restos fueron trasladados al Cementerio Chacaritas de Buenos Aires. El Informe Rettig concluyó que Miguel Angel Lacorte y su amigo Teodoro Konoba Krul fueron ejecutados al margen de un proceso legal por agentes del Estado, tras haber permanecido en un recinto publico de detención, lo que constituye una violación a los derechos humanos.
Héctor Benjamín Garzón Morillo fue detenido por Carabineros el 2 de octubre de 1973, junto con José Héctor Luque Schurmann y Héctor Gustavo Marín Alvarez, en la Estación Baquedano de Antofagasta, por encontrarse indocumentados cuando pretendían viajar al sur del país. En la prensa de la época se indicó que los detenidos fueron ajusticiados por el personal policial porque intentaron huir en el trayecto hacia su lugar de detención, a 5 kms. de Antofagasta, en la carretera Salar del Carmen.
Garzón Morillo, quien era chofer de un camión frigorífico argentino, viajó en agosto de 1973 a Chile para entregar una carga de carne, siendo sorprendido por el golpe militar acaecido el 11 de septiembre de ese año. A fines de septiembre, como no se comunicaba con su familia en Salta, Argentina, un empleado de la empresa propietaria del frigorífico a Chile para indagar sobre el paradero del chofer, hallando sus restos, con el paso de los días, entre otros cuerpos abandonados en un terreno baldío.