Por apenas un voto de diferencia (9-8), la Corte Suprema dijo que Pinochet sí puede enfrentar un juicio, dando luz verde al desafuero. Ahora la apuesta corre por manos del ministro Guzmán, quien deberá recabar antecedentes y demostrar si hay mérito para procesar al militar en retiro. En un fallo histórico, y sumamente dividido, la […]
Por apenas un voto de diferencia (9-8), la Corte Suprema dijo que Pinochet sí puede enfrentar un juicio, dando luz verde al desafuero. Ahora la apuesta corre por manos del ministro Guzmán, quien deberá recabar antecedentes y demostrar si hay mérito para procesar al militar en retiro.
En un fallo histórico, y sumamente dividido, la Corte Suprema -por nueve votos contra ocho- dio luz verde al desafuero de Augusto Pinochet por su participación en los crímenes de la Operación Cóndor.
Con la medida se faculta al ministro de fuero Juan Guzmán Tapia para que siga adelante con sus pesquisas relativas a definir la responsabilidad penal que Pinochet pueda tener en la muerte de decenas de personas en este operación que mantuvieron las dictaduras del cono sur en la década de los 70 y 80. Guzmán podrá entonces, interrogar, investigar e incluso procesar a Pinochet si encuentra que existen presunciones fundadas de que cometió ilícitos.
La resolución de ayer incluye prevenciones sobre la necesidad de realizar exámenes psiquiátricos al general en retiro, diligencia que el magistrado bien podría decretar, pero que no es ningún caso una orden.
El dictamen es inapelable, pero sólo alude a este caso y no a otros en que se investiga a Pinochet, como las pesquisas que desarrolla el ministro Sergio Muñoz por la existencia de cuentas secretas en Estados Unidos. No obstante, ya los querellantes afirmaron que con este antecedente mano solicitaron el desafuero de Pinochet por otros procesos que se tramitan como Calle Conferencia.
El voto que marcó la diferencia entre los ministros y que permitió que Pinochet de nuevo sea un sujeto común y corriente frente a los tribunales se produjo en medio de la conmoción surgida por la investigación de Muñoz sobre los recursos del octogenario militar y se explica en gran medida por las actuaciones públicas del ex uniformado que ha dado incluso entrevistas a medios extranjeros, demostrando -según los querellantes- que no está loco.
El escrito, que fue dado a conocer por el relator del Pleno, Juan Cristóbal Mera, aclara que los ministros Hernán Álvarez García, quien presidió el pleno, Enrique Tapia, Ricardo Gálvez, Enrique Cury, Jorge Rodríguez, Humberto Espejo, Orlando Álvarez y Domingo Kokisch estuvieron por rechazar el desafuero. Mientras que el voto de mayoría quedó en las manos de los magistrados José Benquis, Alberto Chaigneau, José Luis Pérez, Urbano Marín, Domingo Yurac, Jaime Rodríguez Espoz, Milton Juica, María Antonia Morales y Adalis Oyarzún.
La palabra ahora está en manos de Guzmán que de nuevo está en el ojo del huracán igual que cuando investigó los crímenes de la Caravana de la Muerte y logró el desafuero de Pinochet y su procesamiento, aunque más tarde este fue revocado por la misma Corte Suprema aludiendo problemas de salud mental.
Reacciones
La resolución fue recibida con satisfacción por los miembros de las organizaciones de derechos humanos, que esperaban expectantes la determinación del máximo tribunal en el primer piso del Palacio de Tribunales.
La Presidenta del Partido Comunista (PC) de Chile, Gladys Marín, quien presentó la primera querella contra Pincohet en enero de 1998, se manifestó alegre frente al fallo y detalló que el triunfo es del pueblo.
«Que alegría más grande saber que algo de justicia, después de tanta lucha, hemos logrado en el país. Siempre nosotros hemos tenido confianza en que la justicia la vamos a alcanzar, por una razón principal: porque es el pueblo el que ha luchado, es el pueblo el que ha hecho todo el esfuerzo. Cuando algunos creían que no se iba a obtener nada, aquí siempre hubo gente honesta de todos los sectores y por ello tenemos una alegría inmensa al ver que vamos avanzando paso a paso», explicó la líder de izquierda.
Añadió que la determinación de la Corte de Apelaciones indica que se va a lograr que Pinochet, «así como los otros, paguen por su responsabilidad hasta el final, porque el crimen tiene que pagar con su vida, por todo aquello que le quitaron a otras personas», sentenció Marín.
Destacó que hoy nos encontramos en un momento «muy importante y decisivo».
«Hemos luchado mucho tiempo para que se haga justicia y esta recién empieza a asomar, porque hay mucho que hacer para que se imponga la justicia. Este es un día de gran alegría y hoy recordamos a todos nuestros presos políticos, a Sola Sierra, ¿cómo no recordarlos?, ellos entregaron su vida por la justicia y aquí estamos, y somos una realidad que se va a imponer. Yo me alegro que Pinochet en alguna medida tenga que pagar todo lo que tiene que pagar, porque no tenemos que tener consideración con quienes fueron unos criminales, por el bien de la humanidad, no solo de Chile, sino de la humanidad», puntualizó la presidenta del PC.
El Gobierno
En el gobierno la tónica fue insistir en que los tribunales funcionan y la justicia avanza, mientras las agrupaciones de derechos humanos festejaron la noticia y los cercanos al general en retiro acusaron una «inconsecuencia» de la Corte Suprema.
Mientras en el gobierno la norma fue la cautela ante el nuevo desafuero de Augusto Pinochet, las agrupaciones de derechos humanos celebraron con la noticia y manifestaron que confían que ahora por fin se hará verdaderamente justicia, al tiempo que en la oposición la tónica fue la sorpresa ante un dictamen que no esperaban.
El Presidente Ricardo Lagos se limitó a señalar «que es importante respetar lo que son las decisiones del Poder Judicial, lo he dicho siempre y sobre eso (el desafuero) no tengo más comentarios que hacer».
Menos escueto fue el vocero de La Moneda, Francisco Vidal, quien indicó que «se ha avanzado mucho en materia de derechos humanos, en materia de conocimiento, de verdad; quizás el déficit es lo que viene a continuación de la verdad que es la justicia, pero eso no es el gobierno el llamado (a hacerla cumplir), ni lo actores políticos, sino que (son) los tribunales».
En diálogo con radio Cooperativa, Vidal reiteró la postura del Ejecutivo frente a los procesos judiciales, en cuanto a considerar que en Chile se vive en un Estado de derecho en que las instituciones funcionan y lo que determinen los tribunales se acata.
Respecto de «esta decisión, que es importante, -dijo Vidal- lo relevante es que sepamos que vivimos en un país con un Estado de derecho, con un régimen democrático, donde las resoluciones de los tribunales se acatan».
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, añadió que «no vamos a hacer un comentario, primero no conocemos el fallo conocemos solamente el resultado 9 a 8 y cuando salga el fallo, tal vez se pueda hacer un comentario, no lo descarto, pero creo que tampoco va a ser así, porque vamos a tenernos a lo que diga la justicia en este caso». Añadió que evidentemente el caso «va a tener la repercusión en el sentido que una vez más el tema Pinochet va a parecer con fuerza en el país, seguramente va a ser la noticia del día y por muchos días más, pero como digo hay que tener tranquilidad y esperar lo que diga la justicia. El proceso es un proceso de suyo complicado, seguramente va a haber bastante tiempo y lo van a definir los tribunales».
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, indicó -por su parte- que «imaginará cuál es mi opinión. Como gobierno jamás nos pronunciamos sobre cualquier decisión de la Justicia, del Poder Judicial, y respetamos las decisiones de la Justicia. No hacemos otros comentarios a ese respecto».
AFDD
Su mirada fue distinta a la expresada por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien sostuvo que «nosotros esperamos que con todos los escándalos que se han producido alrededor de la familia Pinochet, de Augusto Pinochet, este país y los tribunales de justicia y las autoridades entiendan que hay que limpiar el nombre del país frente a la comunidad internacional y que nada más queda: a Pinochet hay que enjuiciarlo».
Agregó que al militar «hay que enjuiciarlo por cada uno de los crímenes por los cuales él es responsable, junto a todos aquellos que fueron parte de los aparatos represivos que durante tantos años causaron daño en este país».
Garín
La dirigente afirmó que «están felices», postura diametralmente distinta a la expresada por el ex vicecomandante en jefe del Ejército y vocero de Pinochet, general (r) Guillermo Garín. «La opinión pública en general tiene que observar con bastante asombro todo esto, porque hay una inconsecuencia evidente, creo que los antecedentes no han variado en absoluto, y en consecuencia, ante eventuales querellas, las resoluciones de las cortes han sido diferentes», sentenció el ex uniformado.
«Las condiciones que anteriormente hemos visto en los fallos de la Corte Suprema, y de las cortes de apelaciones también habían emitido, lo hicieron considerando los mismos argumentos que hoy se olvidan y se obvian, en el sentido de que las condiciones de salud del ex Presidente Pinochet no han variado en absoluto, son enfermedades progresivas», afirmó.
Respecto de los nuevos pasos judiciales de la defensa del octogenario militar, su vocero afirmó que se evaluarán todas las alternativas para probar a la justicia que Pinochet no puede enfrentar un procesamiento.
Abogados de DDHH: »Es un gran día para Chile»
El abogado Eduardo Contreras estimó que a partir de esta decisión se abre la posibilidad para que Pinochet sea privado de su fuero de ex Presidente en otros procesos, tanto de derechos humanos como las millonarias cuentas del banco Riggs de Estados Unidos. Abogados de derechos humanos calificaron como «un gran día para Chile» la decisión de la Corte Suprema de ratificar, por nueve votos contra ocho, el desafuero del general (R) Augusto Pinochet Ugarte en el marco de la Operación Cóndor.
En declaraciones a El Mostrador, Eduardo Contreras, querellante en este caso, estimó que a partir de esta decisión se abre la posibilidad para que Pinochet sea privado de su fuero de ex Presidente en otros procesos, tanto de derechos humanos como las millonarias cuentas del banco Riggs de Estados Unidos.
Asimismo, consideró que el fallo representa una derrota para el actual comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por la misa realizada el pasado lunes en Pichidangui, en la que se hizo mención a la figura del octogenario militar y que, a su juicio, habría sido un intento de presión a los tribunales de Justicia.
«Es una derrota para el general Cheyre que intentó presionar políticamente con su desusado acto de anteanoche, es una derrota para los que no creen en la verdad y la justicia, y creo que el país camina mucho más en un sentido democrático hoy que ayer. Esto permitirá abrir nuevos procesamientos contra Pinochet, tanto por Operación Cóndor como por las cuentas del banco Riggs, así como otros procesos que tiene pendiente. Es un gran día para Chile», dijo el profesional.
A su turno, el abogado Hugo Gutiérrez estimó que la resolución da cuenta que, a la luz de los últimos sucesos, los ministros del máximo tribunal se percataron que Pinochet no sufría de demencia, argumento que en 2002 impidió privarlo de su fuero por el caso «Caravana de la Muerte».
«Creo que lo del banco Riggs y sus operaciones bancarias bastante complejas posteriores al desafuero, procesamiento y sobreseimento, y también las compra de libros, salidas a comer, llegaron a acreditar que no estaba loco, sino que era un sujeto que estaba lúcido», puntualizó.
Este jueves el máximo tribunal ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que, el 28 de mayo pasado por 14 votos contra nueve, había privado de su fuero al ex uniformado, por su responsabilidad en la coordinación de los servicios de inteligencia de Sudamérica en la década de los 70 destinada a reprimir a grupos y personas de izquierda.
En esa oportunidad, el tribunal de alzada no se pronunció respecto al fallo de agosto de 2002, cuando la Corte Suprema había zanjado la discusión sobre la salud mental del retirado general, en cuando estimó que la «demencia subcortical de leve a moderada» que padecía le impedían enfrentar un juicio.