Un tribunal del crimen dictó el procesamiento del periodista Francisco Martorell, director del quincenario El Periodista, por haber publicado entrevistas relacionadas con un caso político-pedofílico. El periodista recibió amenazas de muerte en agosto y sufrió en septiembre el robo de las computadoras en un asalto nocturno a la sede de la publicación todavía no aclarado […]
Un tribunal del crimen dictó el procesamiento del periodista Francisco Martorell, director del quincenario El Periodista, por haber publicado entrevistas relacionadas con un caso político-pedofílico. El periodista recibió amenazas de muerte en agosto y sufrió en septiembre el robo de las computadoras en un asalto nocturno a la sede de la publicación todavía no aclarado por la Policía Investigaciones de Chile (PICH).
La decisión de la magistrada subrogante Elizabeth Galaz, del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, supone el encarcelamiento del periodista, en vísperas de la reunión de Países Asia Pacífico (APEC) que congregará el viernes a los periodistas y jefes de estados de una amplia zona del planeta, incluido el mismísimo George Bush, quien pidió quedarse más tiempo en «visita oficial».
El Colegio de Periodistas expresó anoche (martes) su «alta preocupación» por la situación de Martorell, en una declaración del Consejo Metropolitano de la orden. El abogado Roberto Celedón presentará hoy miércoles un escrito ante el mismo tribunal solicitando la revocación del procesamiento. El periodista todavía no ha sido detenido.
Nuevas formas de censura
La causa fue iniciada por el empresario Jorge Rabié Uauy, por los dichos de un entrevistado recogidos en un reportaje publicado en la edición Nº 49 del 23 de noviembre de 2003, bajo el título «El amigo poderoso de Spiniak» (http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1529/article-55931.html), firmada por el equipo de la revista. Claudio Spiniak está en prisión hace más de un año como protagonista de un sonado caso de pedofilia de intensas connotaciones políticas que está quedando en nada pero tiene a 9 periodistas sometidos a la justicia y a muy pocos pedófilos.
La fuente de información de la revista fue el contador Humberto Contreras Anguita, ex colaborador y hombre de confianza de la empresa distribuidora Rabié S.A. Contreras ratificó ante los tribunales todos sus dichos sobre los vínculos Rabié-Spiniak y aportó nuevos antecedentes que además fueron reproducidos por numerosos otros medios de prensa de este país.
La decisión de la joven jueza Galaz, quien desempeña el cargo mientras se nombra a una nueva titular, «constituye, sin duda, un atentado contra la libre expresión garantizada por la Ley de Prensa 19.733 y establece una censura sobre las declaraciones de las fuentes de información», señaló el Colegio de Periodistas. Y es que la libertad de expresión en Chile está severamente limitada por numerosas leyes represivas heredadas de la dictadura de 17 años que no fueron tocadas por la «la ley de prensa» promulgada hace más de cuatro años.
Remedio peor que la enfermedad
El gobierno quiso reparar los vacíos de la ley con otros proyectos legislativos orientados a terminar con el desacato, la censura y los contenidos represivos de una antigua Ley de Seguridad Interior del Estado, pero los diputados que tomaron el futuro cuerpo legal después de su paso por el Senado lo convirtieron en un adefesio mucho peor. Un Proyecto de Ley Sobre Protección Civil al Honor y la Intimidad de las Personas fue desnaturalizado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por los Diputados Jorge Burgos, un demócrata cristiano especializado en «seguridad ciudadana», y el socialista Juan Bustos, quien curiosamente se distinguió en la defensa de los derechos humanos.
Desde su torre de cristal en el edificio del Congreso de Valparaíso, un sector «pluripartidista», de la clase política, de gobierno y oposición, unificó criterios aparentemente divergentes para proteger sus actos del escrutinio de la opinión pública que los eligió, invocando su propia «honra» e «intimidad», castigando a los periodistas y a las empresas en que trabajan con severas sanciones pecuniarias. Se proponen «descriminalizar» los delitos de opinión a cambio de obtener el silencio periodístico con la amenaza de multas «civiles» que conducirían a la ruina a los escasos medios independientes como la revista El Periodista, en beneficio del duopolio ideológico y empresarial que controla la prensa escrita, Agustín Edwards Eastman con El Mercurio como buque insignia de un vasto conglomerado de diarios y radios, y Alvaro Saieh Bendeck, con La Tercera, La Cuarta, radio Zero y el canal cable ABT.
Lucha desesperada por la libertad
Entre la decena de informadores procesados en relación al «Caso Spiniak» se encuentra el propio presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier. La legislación represiva contraria al derecho humano a la libertad de expresión que impera en el país, no les está dejando a los periodistas chilenos otro camino que recurrir a la justicia internacional, en particular al Tribunal Interamericano de Justicia con sede en Costa Rica.
Precisamente, para que los periodistas y los estudiantes de la profesión conozcan la situación actual en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley Sobre Protección Civil al Honor y la Intimidad de las Personas, el Colegio y la Universidad Diego Portales (UDP) realizan hoy miércoles un «debate informativo» para analizar y discutir el estado actual de la iniciativa, a partir del «2º Informe de la Comisión Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados», enviado al Senado por los diputados Burgos y Bustos.
«Queremos que los periodistas y los estudiantes sepan qué se trama contra la profesión», dijo Ethel Pliscoff, organizadora del debate y presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio. «Es importante que las iniciativas que aspiran a convertirse en leyes sean conocidas por quienes serán afectados, en este caso -directamente- los periodistas e, indirectamente, toda la sociedad y, a través de ellos, la libertad de informar y la libertad de expresión», dijo.