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La Justicia colombiana ordena capturar a legisladores oficialistas partidarios de Uribe por nexos con los paramilitares

Fuentes: Telesur/Rebelión

La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una orden de arresto contra tres legisladores colombianos del partido de Gobierno, a quienes se les acusa de estar vinculados y promover a grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La orden de captura fue emitida a partir de una denuncia de la dirigencia progresista […]

La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una orden de arresto contra tres legisladores colombianos del partido de Gobierno, a quienes se les acusa de estar vinculados y promover a grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La orden de captura fue emitida a partir de una denuncia de la dirigencia progresista de esa nación.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia emitió orden de captura contra tres congresistas del partido oficialista de Álvaro Uribe, por presuntamente promover, armar y financiar grupos paramilitares de ultraderecha en el Departamento de Sucre, al noreste de la nación suramericana.

El presidente de la máxima instancia judicial en Colombia, Mauro Solarte informó que se  ordenó el arresto para los senadores Álvaro García, Jairo Merlano y el representante de la Cámara, Erick Morris Tabeada.

Los legisladores colombianos también serán investigados por su presunta participación en una masacre en la costa norte de Colombia. La investigación se inició a partir de una denuncia hecha por la dirigente progresista de ese país.

Los tres legisladores están siendo vinculados con grupos paramilitares de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) que actuaban en el departamento de Sucre (norte de Colombia).

El senador García enfrenta cargos adicionales por asesinato mientras Merlano, es acusado de haber formado parte de las filas de las AUC.

»La corporación encontró méritos para ordenar la detención de los tres congresistas por el delito de concierto para delinquir agravado, y a García además por homicidio agravado y peculado por apropiación», expresó Mauro Solarte.

 Las reacciones a este hecho no se hicieron esperar. El senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, aplaudió la medida adoptada por la justicia colombiana.

»Renació la justicia en Colombia y con ella la posibilidad de conocer la verdad sobre el poder mafioso. Uribe tiene que explicarle al país y al mundo por qué muchos de sus colaboradores y seguidores tienen estos vínculos oscuros con el paramilitarismo», expresó Petro.

Dijo que la orden de captura contra los legisladores, es un paso adelante y «un comienzo de justicia que puede abrir la opción de una verdad integral sobre lo que significa el poder mafioso en Colombia».

Para el senador progresista ese poder al que se refiere «está integrado por políticos que hacen la ley, narcotraficantes, delincuentes de lesa humanidad y criminales de guerra».

Vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Los tres congresistas fueron acusados de tener vínculos con los líderes paramilitares Pedro Arcobo, Rodrigo Mercado Pelufo, Marco Luís Pérez y Salomón Félix Chadid.

Los legisladores negaron las acusaciones y aseguran que son víctimas de una persecución política.

Las milicias de extrema derecha han estado involucradas en un proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe que ha incluido la desmovilización de al menos 33 mil combatientes.

Según las autoridades de ese país suramericano, todavía falta que se entreguen cerca de 11 jefes paramilitares como parte del acuerdo que los obliga a someterse a la justicia y confesar sus delitos.

Esto les permitirá a los paramilitares beneficiarse de una ley que les concede penas máximas de hasta ocho años, por los crímenes de lesa humanidad que se les atribuyan.

El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, advirtió hace un mes a los jefes paramilitares que no se han entregado a la justicia que serán »capturados, extraditados o dados de baja».