He leído la denuncia que está circulando por internet y que indica, que el Consejo Superior de la Judicatura de Manizales, el 30 de Julio de 2103, imputa cargos contra los sindicalistas Wilson Jaramillo, secretario general y Oscar Arturo Orozco, presidente de la Subdirectiva de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- en Caldas e integrantes […]
He leído la denuncia que está circulando por internet y que indica, que el Consejo Superior de la Judicatura de Manizales, el 30 de Julio de 2103, imputa cargos contra los sindicalistas Wilson Jaramillo, secretario general y Oscar Arturo Orozco, presidente de la Subdirectiva de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- en Caldas e integrantes del Movimiento de Crímenes de Estado y contra Cesar Augusto Castaño Ramírez escolta asignado por la Unidad Nacional de Protección y para que respondan por los delitos de «daño en bien ajeno agravado», «falsedad en documento privado», «falsedad en denuncia agravada», «falso testimonio», «fraude procesal» y «fraude a subvenciones», la Fiscalía 120 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional de Medellín, fijo audiencia pública a realizarse el 22 de Agosto de 2013 en Centro de Servicios Judiciales en la Calle 27 # 17 – 21 en la ciudad de Manizales, a las 9:00 A.M.
El 4 de agosto 2012, Oscar Arturo Orozco y Wilson Jaramillo se dirigían al corregimiento de Arauca en el vehículo del esquema de protección, tres kilómetros antes de llegar al lugar donde tendría lugar la reunión; fueron atacados con armas de fuego y por la oportuna reacción de sus escoltas, los proyectiles sólo impactaron el vehículo y los sindicalistas salieron ilesos. Este hecho denunciado por la víctimas, es ahora tipificado como «auto atentado» y supuestamente haber cometido el delito «daño en bien ajeno agravado», relacionado con el daño al carro del esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección, al haber sido impacto por balas disparadas con arma de fuego contra los sindicalistas al momento del atentado.
Anterior al atentado por el cual hoy están llamados a juicio, el 28 de mayo 2012, a la sede de la subdirectiva CUT Caldas llegó un panfleto, con letras de periódico o revista amenazando de muerte a Osar Arturo Orozco, expresando: «es el último aviso fuera de Arauca»; el día 9 de abril, a los correos electrónicos de la CUT Caldas, Sintraelecol Caldas y al correo personal de Oscar Arturo Orozco, llegó un mensaje proveniente de: [email protected],
Este caso, me lleva a hacer algunos apuntes, para recordar que en Colombia los sindicalistas y sus familias además de ser víctimas de amenazas de muerte, atentados, asesinatos, desplazamiento, exilio, tortura, desaparición forzada, tenemos que soportar adicionalmente otra cantidad de ataques sistemáticos impidiendo la libertad sindical y demuestra la falta de democracia, solo basta con recordar algunos casos de dirigentes de Sinaltrainal:
Han sido asesinados 22 integrantes de Sinaltrainal, otros encarcelados, amenazas de muerte, secuestrados, torturados, desterrados, víctimas de constreñimiento ilícito, desapariciones forzadas, terrorismo psicológico, quema de sede sindical ejecutada por paramilitares que obligaron a trabajadores a renunciar al sindicato, el ataque de los paramilitares favoreciendo a las empresas, levantamiento de fueros, ilegalización de seccionales sindicales, revocatoria de los estatutos de Sinaltrainal, el no reconocimiento de los trabajadores sindicalizados, las sucias campañas para desprestigiar a dirigentes de Sinaltrainal, terminación injusta de los contratos de trabajo, la subcontratación, la violación a las Convenciones Colectivas de Trabajo, entre otros.
El 6 de Marzo de 1996, Luis Eduardo García, Domingo Flórez, Álvaro González, fueron encarcelados, Sergio López y Javier Correa les fue ordenada orden de captura dentro del proceso penal que llevo la justicia sin rostro de ese entonces, acusados falsamente por un testigo sin rostro con la clave «José Benito» que falsamente nos acusaba de haber colocado una bomba en las instalaciones de la embotelladora de Coca Cola en Bucaramanga y nos sindicaba de pertenecer al ELN y como olvidar que dentro de este caso la multinacional Coca Cola se constituyo en parte civil reclamando a los acusados daños y perjuicios por sumas millonarias, luego de 6 meses de permanecer injustamente en la cárcel y con la orden de captura, precluyo el caso en favor de los sindicalistas al demostrar su inocencia.
En las denominadas chuzadas del DAS, entre otros fueron víctimas Edgar Alberto Páez, Javier Correa, Juan Carlos Galvis, Alfonso Barón, Gerardo Cajamarca, en el expediente se encontraron documentos en los cuales el denominado G3, calificaba las actividades de los dirigentes de Sinaltrainal como un peligro para la seguridad nacional y encontramos documentos que indican que pasaban información a la embajada de EEUU relacionada con el caso de Coca Cola y además definen hacer la guerra política y jurídica contra los integrantes de Sinaltrainal.
No olvidar que Juan Carlos Galvis fue víctima de un atentado en la ciudad de Barrancabermeja y por haber presentado el denuncio ante las autoridades, la Fiscalía le inicio proceso penal por falsa calumnia acusando que se trataba de un falso atentado, finalmente, el caso culmino favorablemente para el dirigente de Sinaltrainal.
Multinacionales como Coca Cola, ha denunciado penalmente a Javier Correa, William Mendoza, Luis Eduardo García, Efraín Guerrero, Edgar Páez, entre otros, a varios de los acusó de injuria, calumnia, daño en bien ajeno y reclamándoles el pago de indemnizaciones en cifras hasta de 500 millones de pesos, pero estos montajes no prosperaron para la multinacional.
Actualmente Juan Carlos Galvis y William Mendoza, están vinculados al proceso penal que la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo Estructura de Apoyo – Investigaciones Parapolítica, que en diciembre 14 de 2011, ordenó la apertura de una investigación por terrorismo, por las falsas acusaciones que están haciendo varios paramilitares que están detenidos y con las falsas acusaciones búscan recbir los beneficios de la rebaja de penas que les otorga la ley de Justicia y paz. Lo más descarado del caso, es que contra este montaje, Sinaltrainal y los dirigentes judicializados, presentaron un denuncio contra los paramilitares por injuria y calumnia, solicitando que los paramilitares pierdan los beneficios de la ley de justicia y paz, pero para sorpresa de cómo funciona la justicia e! n Colombia, no fue abierta investigación contra los paramilitares.
El Vicepresidente de Colombia Francisco Santos en Caracol Noticias el día 12 de Diciembre de 2006, se refirió a la intervención que hizo la Fiscalía General de la Nación sobre las finanzas de los clubes del balompié colombiano, se refirió también a las llamadas campañas de desprestigio contra Coca cola y Nestlé y otras empresas privadas y mas delicado aún cuando afirmó que estos actos están siendo impulsados por » sectores de extrema izquierda, radical, infiltrados en sectores sindicales, que están generando campañas absolutamente absurdas contra las empresas».
En el paro de los corteros de caña del año 2008, Álvaro Uribe Vélez, en ese momento presidente de Colombia, el Ministro del Trabajo, el Fiscal General de la Nación, entre otros, señalaron que el paro de los trabajadores estaba infiltrado por las Farc y el ELN y judicializaron a varios dirigentes, entre ellos a integrantes de Sinaltrainal.
Recientemente hemos evidenciado la capacidad de estigmatización y la campaña mediática del Gobierno contra los paros cafeteros, papero, del catatumbo, las huelgas obreras, para justificar la judicialización los heridos, los asesinatos y la falta de democracia que no permite soluciones de fondo a los problemas sociales.
Para poner el dedo en la llaga, quiero refrescar la memoria, recordando el artículo que escribí hace unos meses titulado «La Guerra Política y JurídicaLa guerra invisible,» allí se evidencia el enfoque dado a los derechos humanos, calificando un arma de guerra y lucrativo negocio, así se titula el documento del Brigadier General RA Luis Fernando Puentes Torres, Director de la Maestría en Derechos Humanos DICA, publicado en la edición 218 de la revista de las Fuerzas Armadas, de Junio de 2011.
Ese documento del Brigadier General RA Luis Fernando Puentes Torres nos lleva deducir que escándalos nacionales, como el de las denominadas falsas víctimas de Mapiripan, la hacienda las Pavas en el Sur de Bolívar, las judicializaciones, el relacionar las protestas y la actividad sindical con la insurgencia o cuestionar las denuncias de las víctimas es parte de la estrategia mediática del Estado de Colombia, para incidir en la opinión de la población y la comunidad internacional, para que las víctimas, responsabilidad del Estado y la falta de democracia pasen a un segundo plano.
El artículo publicado indica que con ese pretexto y para justificar atacar legal e ilegalmente al movimiento social, a los sindicatos y la oposición política, califican de insurgencia a todo el que piense diferente a las instituciones, no hay espacio para otras ideologías, reclamar, protestar, expresarse, organizarse o denunciar, pues se califica como acciones contra la seguridad nacional, que buscan desprestigiar a las instituciones, de esta forma justifican endurecer las leyes para reprimir y eliminar los derechos de la población.
No podemos olvidar que como parte de esa estrategia, definen la combinación de las formas de Lucha, categorizan a la denominada guerra política, como estrategia para descalificar e invisibilizar a las víctimas y negarles su sagrado derecho a reclamar verdad, justicia y reparación, colocando al Estado y sus instituciones como las víctimas.
En ese escrito, se reconoce que la fuerzas armadas del Estado, se prepararon para el enfrentamiento militar, y coloca al Estado como una humilde víctima, para resaltar, que el éxito del triunfo radica en deslegitimar a la insurgencia, haciendo la guerra política para lograr un alto contenido psicológico, en los diferentes componentes de la guerra mediática, en el terreno de las organizaciones, la informática, la diplomacia, las estratagemas, la semántica y todas las formas a usar soterradamente para sacar ventaja y causar un daño moral, siendo la principal arma desprestigiar no solo a la insurgencia, sino al bloque opositor al Estado, entre ellos los sindicatos, campesinos, indígenas, Estudiantes, los Barrios y la oposición política, entre otros, usando para ello la guerra jurídica y guerra judicial.
Para justificar el más amplio sentimiento de odio y represión, tipifican que la narco guerrilla, es un brazo armado de un aparato que integra partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, que actúan dentro y fuera de Colombia, como apoyo logístico de la guerrilla, desde adentro del estado, encubierto para actuar públicamente en la sociedad, que presentan al estado como violador de los derechos humanos y responsable de crímenes de lesa humanidad, señalan claramente, que estos ataques son promovidos por actores armados ilegales y ayudados por entidades del Estado, la justicia y las organizaciones internacionales de izquierda conformadas por abogados, antropólogos, psicólogos y violentologos, además buscan dañar la imagen internacional y la cooperación para la lucha contra la insurgencia.
Todo esto indica claramente la nueva estrategia del Estado, para limpiar su imagen, eliminar la presión internacional, pasar a la ofensiva colocando contra las cuerdas a las víctimas y sus organizaciones, asegurar más garantías para los integrantes de la fuerza pública, logrando que por ningún motivo sea permeable el fuero militar, se trata de colocar un manto de dudas sobre todas las víctimas, deslegitimar el derecho que tienen, atrapando cualquier intento por denunciar el problema, en una telaraña jurídica y la denominada guerra política del Estado contra la población, que representará más impunidad y más represión.
Ya es conocida públicamente la estrategia del Estado de Colombia, para quitarse de encima a las víctimas, perseguir y poner en duda, entonces como trabajadores y Sindicato, nos corresponde, ser más organizados en las denuncias, tener una mayor disciplina, preservar la información, sistematizar los hechos, desarrollar la más amplia alianza con diferentes sectores de la población para evitar que esta estrategia del Estado termine por aplastar no solo las denuncias, sino invisibilizando a las víctimas y perpetuando la impunidad.
Estamos enfrentados a una estrategia del Estado de Colombia, para desprestigiar, deslegitimar, desmoralizar, desgastar, e impedir la libertad de pensamiento, de expresión, de protesta y justificar mayor represión contra las organizaciones de los trabajadores y la población en general.
Debemos reflexionar, no olvidar, estamos enfrentados a una estrategia bien definida por el Estado y sus aliados, todo lo que sigue ocurriendo contra el movimiento sindical, social, campesino, indígena, estudiantes, los sectores de izquierda, populares y las víctimas e incluso contra sectores y organizaciones demócratas, no son casos aislados, es parte de esa política sistemática de represión que aplica el gobierno de Juan Manuel Santos, para aniquilar las posibilidades de fortalecimiento y triunfo de quienes creemos y luchamos para que Colombia sea una república democrática.
(*) Luis Javier Correa Suárez es Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL)