En una demostración palpable de las por lo menos dos almas que coexisten en los tribunales superiores, el mismo día en que el nuevo Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, reconoció al asumir el cargo, que «en dictadura, el Poder Judicial no se comportó a la altura», la Octava Sala de la Corte de […]
En una demostración palpable de las por lo menos dos almas que coexisten en los tribunales superiores, el mismo día en que el nuevo Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, reconoció al asumir el cargo, que «en dictadura, el Poder Judicial no se comportó a la altura», la Octava Sala de la Corte de Apelaciones retornó a la práctica típica en dictadura, de revocar autos de procesamiento por la vía del amparo, en lugar de hacerlo por el procedimiento jurídico que corresponde, vale decir, el recurso de apelación.
De esa guisa, liberó de cargos a los médicos Patricio Silva Garín y Pedro Valdivia Soto, en el proceso por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei, pero además, acogió a trámite una recusación contra el Ministro Alejandro Madrid, fundada en que habría «manifestado opinión» -por decir públicamente lo mismo que estableció en su resolución- lo cual tiene el efecto de impedirle continuar la investigación, en tanto la sala que resulte sorteada no se pronuncie sobre el fondo del asunto.
A la derecha, dichas resoluciones le resonaron como música celestial. Por de pronto, el ministro Madrid no retomará la investigación antes de la segunda vuelta, aparentemente lo único que le quita el sueño en este caso. Pero, además, la exoneración de responsabilidad de Silva y Valdivia parece alinearse con la estrategia defensiva desplegada por el diario El Mercurio, consistente en impugnar y desacreditar los informes periciales de la anátomo patóloga Carmen Cerda y la toxicóloga Laura Börgel, que ese periódico interpreta como el nudo del caso, despejado el cual, la verdad oficial volvería a ser la que Silva Garín proclamó el día de su liberación: «señor Frei, su padre no fue asesinado, murió de una serie de consecuencias derivadas de una patología que era necesariamente mortal».
Ropa tendida
El doctor Silva Garín parece creer que el país aún está en dictadura, cuando había miles de crímenes y ningún criminal, mientras los jueces se hacían los desentendidos. Evidentemente, le conviene omitir que era jefe del Departamento Médico del Hospital Militar cuando murieron allí, en circunstancias aún no esclarecidas, el ex Ministro del Interior del Gobierno de la Unidad Popular, José Tohá, y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar, general Augusto Lutz, a quién operó personalmente, en compañía del doctor Pedro Cubillos, el mismo que lo asistió cuando operó a Frei Montalva, el 6 de diciembre de 1981.
Pero en la investigación del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei, el coronel ® de sanidad Patricio Silva Garín; el diario El Mercurio, que en este caso, como informamos en la edición 1456, parece tener ropa tendida, y la derecha cómplice de la dictadura, se equivocan de manera irrevocable.
Esto quedará en evidencia, en la medida en que los tribunales superiores dejen hacer su trabajo al Ministro Madrid, y no lo acosen acogiendo cualquier tinterillada procesal, como le ocurrió al Ministro Carlos Cerda en el caso del enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet.
Sólo para poner un ejemplo, en el generoso espacio que El Mercurio puso a su disposición el día de su liberación, Silva Garín se despachó la siguiente desfachatez: «¿Qué tiene que ver Berríos con Frei? El ministro nunca lo ha dicho». O bien es un ignorante, o cree que los chilenos lo son.
Sucede que el Ministro Madrid tiene como acusado de secuestro en el proceso por el asesinato del químico Eugenio Berríos, a Raúl Lillo Gutiérrez, el mismo agente de la CNI encausado en el caso Frei, y que el doctor Pedro Valdivia Soto, como Silva Garín no puede ignorar, está encausado como cómplice en el asesinato con gas sarín, del ex cabo del Ejército y agente de la DINA, Manuel Leyton Robles.
Antecedentes irrefutables
La investigación del Ministro Alejandro Madrid, que se extiende ya por siete años, ha sido exhaustiva y acuciosa como pocas. En las más de nueve mil fojas que acumula el proceso, están acreditados el seguimiento y vigilancia de que era objeto Frei Montalva; el procesamiento de la información obtenida por los servicios de inteligencia en relación a las actividades políticas nacionales e internacionales del ex mandatario; la producción de sustancias tóxicas y químicas para eliminar personas sin dejar rastros visibles y la aplicación de dichas sustancias en otros casos criminales; la presencia de un equipo médico de la inteligencia militar en la Clínica Santa María, que intervino en tres de las cuatro operaciones de Frei, y que controló las condiciones de hospitalización, así como el personal médico, personal de enfermería y auxiliares de enfermería; la evolución clínica del occiso; la existencia de documentos y fichas clínicas, así como la misteriosa ausencia de otros, y la autopsia practicada al cadáver inmediatamente después del fallecimiento, cuyo informe fue ocultado durante veinte años y apareció por virtud de la casualidad.
La resolución del Ministro se sustenta en declaraciones de más mil declaraciones de testigos y careos; en más de cien informes policiales y un número equivalente de informes periciales; en la reconstitución de los hechos y exhumación de los restos del ex mandatario, en allanamientos con incautación de documentos y el proceso de extradición de tres militares uruguayos.
Factor común
Además, el Ministro tuvo a la vista las quince mil fojas del proceso por el asesinato de Eugenio Berríos; las tres mil fojas del proceso por envenenamiento por botulismo de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, en la ex Cárcel Pública; las seis mil fojas del proceso por el asesinato del cabo Leyton, y las tres mil fojas del proceso por el asesinato del ex diplomático, Carmelo Soria, todos conocidos por el mismo Ministro Madrid, además de su inspección personal en el proceso por el asesinato del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Renato León Zenteno.
El factor común de todas estas muertes, que las imbrica con el asesinato de Eduardo Frei, es la utilización de sustancias tóxicas elaboradas en el Laboratorio Bacteriológico del Ejército. Y esa es sólo la punta de una de las madejas. De forma que intentar derribar la investigación del Ministro Madrid por la vía de impugnar dos de los informes periciales, es tan vano como el intento de vaciar el océano con un dedal.
Contexto político
Profundo conocedor del proceso, el abogado querellante de parte de la familia Frei, Alvaro Varela, en el alegato por el recurso de amparo interpuesto a favor del ex chofer de Frei, Luis Becerra, trazó el siguiente panorama de contexto, que no sólo establece la vinculación causal de todos esos casos, sino también proporciona los motivos que condujeron a los crímenes:
«A partir de mediados del año ochenta se inicia en el país un hasta entonces inusual período de actividad política opositora a la dictadura, con participación de grupos políticos de todas las tendencias. En ese período, Eduardo Frei Montalva emergió como el líder político de la oposición a la dictadura mientras Tucapel Jiménez Alfaro emergió como el líder sindical contrapuesto a la misma. A partir de ese momento, ambos fueron objeto de un mismo procedimiento de vigilancia y seguimiento por los organismos de la inteligencia militar. Las instituciones, las personas y los métodos empleados en el caso de Eduardo Frei Montalva se encuentran determinados a cabalidad en el proceso. En ello desempeñó un papel esencial Luis Becerra».
Agregó en el alegato que dicho procedimiento apuntaba a la reunión de antecedentes para confeccionar informes que eran entregados a la jefatura de la inteligencia militar, la que adoptaba las medidas operativas del caso. Las personas que integraban esa jefatura están determinadas. A mayor abundamiento, sostuvo que la decisión derivó del más alto nivel de la época, o sea Pinochet, quién «estaba total y absolutamente informado acerca de los pasos de Frei». Aún más, recordó, las autoridades públicas del régimen militar dejaron constancia de las consecuencias que enfrentarían quienes estaban en las actividades opositoras de la naturaleza de las que llevaban adelante Eduardo Frei Montalva y Tucapel Jiménez Alfaro, entre ellos el propio Pinochet, como el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández.
Muerte química
En ese mismo período, planteó Varela en el alegato, se perfeccionaron los mecanismos relacionados con la fabricación de productos que permitían la eliminación de opositores sin dejar rastros visibles de la intervención de terceros. Estos mecanismos -dijo- tuvieron origen en los experimentos realizados por químicos en el laboratorio originalmente instalado en la casa de Lo Curro de Michael Townley, en el que participó principalmente el bioquímico Eugenio Berríos Sagredo. Como remarcó el abogado, las instituciones y personas involucradas se encuentran determinadas. También en el mismo período, la inteligencia militar comenzó a operar un laboratorio en el que se mantenían productos que permitían ocasionar la muerte de personas:
«La institución a cargo del laboratorio, el personal que lo integraba y parte de los productos, como asimismo el origen de éstos, se encuentran identificados. En ese mismo período la inteligencia militar operaba un recinto clínico en el que profesionales aplicaron los productos señalados. La institución a cargo del recinto, el personal médico, de enfermería y auxiliar, como la operatividad del mismo, se encuentran identificados y determinados».
Coihueco y Valquria
Fue en ese contexto que el ex Presidente Frei se hospitalizó con el objeto de someterse a una operación en el mes de noviembre de 1981, en la clínica Santa María. Este procedimiento médico, de naturaleza simple, presentó complicaciones que obligaron a internar nuevamente a Eduardo Frei en la misma clínica, desarrollando un complicado cuadro infeccioso que presentó un deterioro regular y sistemático que le provocó la muerte el 22 de enero de 1982. Paralelamente, recordó el abogado, en noviembre de 1981 se activó la operación de la inteligencia destinada a asesinar a Tucapel Jiménez; sin embargo, la segunda mitad del mismo mes ella fue suspendida y finalmente se ejecutó la segunda mitad del mes de febrero de 1982, después de muerto Eduardo Frei Montalva. El crimen de Tucapel Jiménez Alfaro se encuentra esclarecido judicialmente, sus autores, cómplices y encubridores condenados por sentencia que se encuentra a firme. Cabe recordar que en nuestra edición 1456, entregamos antecedentes que apuntaban a la misma mano en ambos asesinatos, bajo los códigos en clave Coihueco y Valquiria.
En la clínica Santa María se desempeñaba personal médico que igualmente participaba en tal condición en la cínica London, recinto de la inteligencia militar: «estos profesionales médicos, como sus funciones, se encuentran individualizados y determinados y uno de ellos, se encuentra directamente vinculado con la aplicación de productos derivados del laboratorio de la inteligencia militar. Las actividades referidas y la participación indicada se encuentran determinadas. También está probado que los organismos de inteligencia militar mantuvieron la vigilancia sobre Eduardo Frei mientras permanecía en la clínica Santa María, entregando los informes pertinentes a los superiores. Los mecanismos utilizados y las personas involucradas se encuentran determinados».
Según el abogado Varela, apenas fallecido el ex Presidente Frei Montalvo, «se accionó un operativo de intervención de su cuerpo, licuación total de su sangre, inyección de formalina, extracción de sus órganos, sin que para ello se hubiere contado con la autorización de la familia o de los médicos tratantes. La acción ejecutada, su naturaleza y las personas involucradas se encuentran determinadas».
Paquete Berríos
Una vez terminada la dictadura y reinstaurada la democracia, dijo Varela, el General Pinochet dispuso que la inteligencia militar sacara del país a Eugenio Berríos, en una operación clandestina y, luego de un año, el equipo de la inteligencia militar le dio muerte ante la amenaza de Berríos de regresar a Chile: «los hechos relativos al secuestro y asesinato de Berríos, así como sus autores, cómplices y encubridores, se encuentran acreditados en el proceso respectivo a cargo del mismo Ministro señor Madrid».
A mayor abundamiento, el equipo operativo de inteligencia militar que participó en la operación de eliminación de Berríos Sagredo estaba a cargo del mismo agente que estuvo a cargo de la vigilancia de don Eduardo Frei Montalva y a quien se vinculaba Luis Becerra. Pero eso no es todo. En forma paralela a la operación de Eugenio Berríos, la inteligencia militar sacó del país al autor del crimen de Tucapel Jiménez y lo mantuvo bajo el mismo dispositivo de seguridad en Uruguay. Los hechos, sus autores, cómplices y encubridores están determinados en el proceso judicial terminado por sentencia a cargo del en ese entonces Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz.
Para completar el cuadro que esbozó Varela, cabe añadir que en el caso de la muerte de dos reos comunes, envenenados por botulismo en la Cárcel Pública, en noviembre de 1981, fue un efecto colateral, toda vez que el objetivo de la operación eran cuatro militantes del MIR que convivían en la misma celda, Ricardo y Elizardo Aguilera Mora, Adalberto Muñoz Jara y Guillermo Rodríguez Morales, que sin embargo, lograron sobrevivir. Y en el caso del Conservador de Bienes Raíces, Renato León Zenteno, asesinado con gas sarín en 1976, el motivo sería su negativa a legalizar a nombre de testaferros de la DINA, propiedades incautadas a militantes de la Unidad Popular, muertos o en el exilio.
Encrucijada
Pues bien, esta es la trama siniestra que se quiere blanquear con la impugnación de dos informes periciales, y el júbilo apenas disimulado por el retorno a las viejas prácticas de alzar autos de procesamiento a través de la oblicua vía de los recursos de amparo.
Al cierre de esta edición, la semana que culmina aparecía como clave para el desenlace del caso Frei. No sólo la Corte Suprema debía pronunciarse sobre los amparos de Becerra y Lillo, apelados por su defensa, y la resolución favorable a los médicos Silva Garín y Valdivia Soto, apelada por los querellantes, sino que debía sortearse la sala que debe resolver la recusación al Ministro Madrid. Es de esperar que no estén de regreso aquellas viciadas prácticas del tiempo de la dictadura, cuando bastaba conocer la integración de la sala para anticipar cómo venía el fallo.