Traducido para Rebelión por Germán Leyens
Dedico este testimonio a la memoria de los asesinados en la masacre de Alto Naya en 2001, y a los
sobrevivientes, cuya lucha por reconstruir la vida es perpetua.
P. Dahl
Los organizadores del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos de Colombia, anticiparon que 500 delegados participarían en la reunión… Al terminar el tercer y último día de la conferencia, que tuvo lugar en el centro de Bogotá del 21 al 23 de junio de 2005, la cantidad de delegados de las filas de las víctimas y familias de los asesinados, desaparecidos, torturados, desplazados y arbitrariamente detenidos de Colombia, llegó a más de 1.200.
La conferencia se inició con una lenta danza ritual realizada por unos veinte miembros de los indígenas Kankuamo, que se movieron en un círculo, el símbolo de la unidad eterna, y se enfrentaron en una alternancia rítmica entre adelante y atrás. Activistas de derechos humanos, abogados, y congresistas llegaron a declarar, pero como si quisieran reflejar los deseos de los organizadores de mantener como punto central e inviolable las voces de las víctimas, el segundo día, el día central de la conferencia, fue reservado para los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares sobrevivientes. En San José de Apartado, le arrancaron las piernas de su torso a una niña de once años y a su padre lo desollaron «como a una vaca». En Arauca quemaron casas hasta los fundamentos, y una mujer encontró partes del cuerpo de un miembro de su familia desfiguradas en un proceso que no pudo nombrar, quemadas con gasolina. En Colota, paramilitares detuvieron un autobús lleno de gente. Los aprehensores violaron a la pasajera embarazada, luego hicieron desaparecer al resto. En Caqueta, hubo desplazamientos masivos, y la sangre de algunas de las peores matanzas en la historia de Colombia fluyó en Toribio y Naya. Hubo un tema omnipresente en todos los testimonios de todas las regiones, que variaban en otros aspectos. Miembros del ejército confiscan alimentos, gasolina, e incluso medicinas, en puntos de control improvisados a lo largo de estrechos caminos de tierra que conducen a las ciudades. Como dijo una campesina: «Los alimentos valen más que el dinero, y no podemos llevarlos a nuestras comunidades, porque los militares nos acusan de suministrarlos a la guerrilla». Esta acusación, lejos de ser vana, resulta en amenazas de graves represalias. Incluso después de una desmovilización de las milicias lanzada en diciembre de 2002, cuando las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC, anunciaron su cese al fuego unilateral, más de 2.000 civiles murieron en sus manos. Por motivos de seguridad, los organizadores de la conferencia tuvieron que «autorizar» previamente a los fotógrafos, y decidieron que las fotos de los delegados fueron tomadas sólo por detrás.
La conferencia ocurrió simultáneamente con la aprobación por el Congreso de una ley que probablemente garantice una amplia impunidad a los escuadrones de la muerte paramilitares de Colombia. Conocida originalmente como «Alternatividad Penal» la ley fue rebautizada con el nombre menos prosaicamente explícito, pero más implícito ideológicamente: «Justicia y Paz». Su aprobación fue un hito, no sólo para el sistema legal colombiano, sino para toda su historia cargada de conflictos, ya que sirve para silenciar y diluir las palabras de las víctimas, en esta ocasión de trascendental juntura, y para siempre. En circunstancias en las que las víctimas de Colombia y sus testimonios han sido efectivamente excluidos por completo del proceso judicial, el congresista Gustavo Petro, uno de los oradores en la conferencia, calificó la situación de «absolutamente urgente» pero agregó el refrán citado tan frecuentemente: «La noche es más oscura cuando está a punto de amanecer». A pesar de la urgencia, y a pesar de la concurrencia doble de lo esperado, un delegado, el gobernador indígena Enrique Guetio, reveló que las noticias sobre la ley nunca llegaron a algunas comunidades en el campo. Muchas víctimas no habían sabido de la impunidad que sus verdugos iban a recibir hasta que la ley, que fue ratificada por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, el 22 de junio de 2005, fue examinada en la conferencia.
Los criminales recibirán favores por su cooperación. El nombre original de la ley, Alternatividad Penal, refleja la propuesta de aplicar una sentencia diferente de la establecida por el Código Penal. Comenzando con la recomendación de un período de encarcelamiento entre 5 y 8 años, la sentencia real podría ser reducida sobre la base de la contribución de los beneficiarios para lograr la paz nacional, y por su colaboración con la justicia. Esta medida arbitraria y subjetiva posibilita que personas con la mayor culpabilidad en el crimen, personas que pueden manipular y controlar la apariencia de contribución o colaboración porque poseen el mayor volumen de información, puedan gozar del beneficio de las sentencias menos severas. Provisiones en el Código Penal, así como el tiempo pasado en la zona desmilitarizada de Santa Fe de Ralito de hasta 18 meses, (a pesar del grado de comodidad y libertad de que se haya gozado en la zona) sirven efectivamente como tiempo de encarcelación. Con otras medidas subjetivas como ser las reducciones por libertad condicional y estudio de trabajo que cuentan como tiempo de encarcelación, los analistas legales calculan que es concebible que los criminales de guerra paramilitares puedan no sufrir un solo día de encarcelación.
No se permite que las víctimas sean partes litigantes en los procesos judiciales. Esta contenciosa innovación permite que las víctimas participen sólo en la «incidencia» de reparación después de la sentencia. Por ello, las víctimas no pueden solicitar reparación por todos los actos cometidos en su contra, sino sólo en los que han sido sentenciados sin su testimonio en la sala del tribunal. La ley tampoco establece los criterios necesarios para determinar la insolvencia de un criminal. Si los activos han sido transferidos fraudulentamente a un testaferro o a terceras partes, las víctimas no tienen posibilidades de obtener esos activos, incluso si fueron originalmente de su propiedad, como en el caso de tierras pertenecientes a personas desplazadas. El fondo para reparaciones, que será administrado por la Red de Solidaridad Social del gobierno, estaría compuesto de activos ilegalmente obtenidos, que las personas que se benefician con esta ley decidan entregar, de recursos del presupuesto nacional que no han sido estipulados, y de donaciones. Por lo tanto las reparaciones serán hechas al azar o serán arbitrarias porque dependen primero, en los casos abiertos antes de la «desmovilización», y segundo, de casos que determinan los culpables sin la participación de la víctima, y en tercer lugar, de recursos económicos que el Estado no tiene que garantizar.
La ley de Justicia y Paz apoya la corrupción y recompensa el engaño. Si, después de que una persona desmovilizada reciba prestaciones, las autoridades descubren que esa persona estuvo involucrada en otros crímenes, omitidos en su confesión, puede iniciarse un nuevo procedimiento. Si la persona es sentenciada en este nuevo procedimiento por una información recientemente revelada, no será castigada por las omisiones, por ejemplo, mediante una rescisión sumaria de todos sus derechos. Al contrario, él o ella podrá volver a solicitar el beneficio de la sentencia alternativa, pero en esta segunda vuelta, el tiempo de encarcelamiento por la primera sentencia es tiempo que puede ser considerado contra la condena servida por la segunda.
Ninguno de nosotros sabrá jamás quienes fueron los principales autores de esta ley, ni cuál fue el papel que EE.UU. jugó en las circunstancias relacionadas con el primer borrador. Después de que se publicara su existencia, críticas de la ley por parte de varios miembros del Congreso de EE.UU. impulsaron al gobierno colombiano a incluir en ella un artículo que requeriría que las personas desmovilizadas que omiten «deliberadamente» la revelación de su participación en crímenes pierdan todas las prestaciones. Esto abre efectivamente la puerta para que la omisión de una persona pueda ser considerada como «involuntaria», y que la responsabilidad de la prueba pueda ser tan elusiva que la Comisión Colombiana de Juristas insiste en que este tecnicismo sólo causa una «operación cosmética».
La ofensa más atroz de la ley es tal vez la que es menos cuantificable. Sin la participación de las víctimas, sin un examen público total de confesiones públicas exhaustivas, el pueblo de Colombia y el resto del mundo perderán la oportunidad de comprender lo que el congresista Gustavo Petro califica de «la máquina de la muerte». ¿Quién enrola a gente que de otro modo es normal para sostener una máquina semejante? ¿Con qué medios llevan a acatar a esa gente? ¿Cómo pudieron descender a un nadir tan tenebroso los estándares morales de nuestra época?
Tal como la multiplicación de sus crímenes y su creciente atrocidad obligó al presidente Uribe a Colombia a mostrar esfuerzos satisfactorios para desmantelar los ejércitos paramilitares, su cantidad y su horror también obligaron a EE.UU. que ha dado más de 3.000 millones de dólares en ayuda, militar en su mayor parte, a Colombia desde el año 2000, a exigir que el plan de Uribe suene bien a los ojos del mundo. Dos semanas después del 22 de junio de 2005, el día en el que la ley fue aprobada por el Congreso de Colombia en un voto abrumador de 18 contra 148, llegó otra exigencia de Washington, esta vez del Comité de Apropiaciones del Senado. Después de que Europa y Naciones Unidas condenaran la ley de Justicia y Paz, el Comité de Apropiaciones amenazó con bloquear el dinero de ayuda que el gobierno de Uribe necesita para realizar el desarme. Tal como las noticias sobre la ley de Justicia y Paz no llegaron a numerosas comunidades rurales de Colombia, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no saben que sus dólares tributarios financiarán la impunidad de personas responsables por crímenes de guerra. Con 8.000 dólares por combatiente ilegal, que cuentan hasta unos 20.000 en total, el proceso requerirá por lo menos 160 millones en ayuda adicional. El Comité de Apropiaciones llama a un desarme total, la extradición de los principales comandantes, un grupo inter-agencias que asegure que el cese al fuego no haya sido violado, y que las actividades ilegales hayan cesado. Uribe se anda con rodeos sobre la demanda de extradiciones, y los que observan el historial de derechos humanos de Colombia saben perfectamente que certificados pasados sobre una garantía del cese de abusos, o incluso una simple «mejora», no hicieron nada por detener el baño de sangre, de torturas y muerte.
El presidente de la conferencia, Iván Cepeda Castro, también sobrevive a un familiar. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, el poeta y senador «bohemio» de la Unión Patriótica, un partido político alternativo, fundado por la guerrilla FARC en 1985 y compuesto de progresistas del Partido Comunista, varios movimientos sociales, y más tarde partidos tradicionales, fue muerto a tiros por paramilitares y dos agentes de inteligencia del ejército. No hubo arrestos, a pesar de que el ex dirigente paramilitar Carlos Castaño admitió en su autobiografía, publicada abiertamente y muy difundida, que dirigió la unidad de comando que realizó la ejecución. Cepeda inició una discusión de la ley con un rechazo de las exigencias de EE.UU. «No se puede dejar por fuera la responsabilidad del estado y la responsabilidad de la financiamiento internacional del paramilitarismo. Las victimas no son victimas de poderes oscuros e indeterminados, sino que han sido agredidas por el poder estatal y sus mecanismos de persecución».
Piedad Córdoba, ex víctima de un secuestro paramilitar y actual senadora, advirtió: «»Lo que hemos visto es sólo la punta del iceberg en lo que se refiere a violaciones. El problema no es de encontrar los cadáveres. Es mucho más profundo y sutil que eso. Los paramilitares lo han codificado como status político pero ¿cómo es que este proceso se hace oficial?
«Estamos viendo una presencia paramilitar más fuerte en el Congreso. Se estima que el 35% del Congreso es elegido por los paramilitares. No se sabe si es el 35% o el 70%. El problema es que en el Congreso hay una actitud paramilitar que sobrepasa cualquier cosa.
«Se supone que nosotros no decimos que somos de la izquierda.» Se detuvo, para dar una pausa a la audiencia a fin de que reflexionara sobre el peso de sus palabras.
«No sé qué decir sobre quién soy yo.»
¿Fue su declaración una referencia a la estrategia de la coalición de progresistas de desbancar a Uribe y desmantelar la estructura paramilitar en Colombia, o por otro lado, fue una referencia a algo «más profundo y más serio que eso? La «antigua» izquierda, como algunos la distinguirían para las páginas de la historia, es criticada por ser rígidamente universalista y reduccionista en cuanto a las clases. Una bandada de «alianzas populares», «nuevos movimientos sociales», y «terceras vías» han tratado de elucidar las pluralidades de la lucha en el Siglo XXI. Para no ser superada, también la derecha, ha tratado de posar con un saludo similar a la participación democrática no-elitista. El comercio es llamado «libre», las sociedades son llamadas «propiedad», y la seguridad es para la «patria», implicando que la inmensidad de la patria y sus intereses aún más inmensos, constituyen un conglomerado «común» para todos.
Una diferencia es descarnada. La agenda de la derecha no es desbaratada por ningún discurso de mistificación sugerido por esos mismos términos. La agenda es lo que es y lo que siempre ha sido, sólo que lo es aún más de manera exponencial. Es una guerra contra los que trabajan, que están aún más endeudados con un sistema que lega aún
menos garantías para futuros sostenibles, y una guerra contra los pobres, cuyas filas crecen cada vez más. La historia nunca ha visto un universalismo más despiadado. Desde comienzos de fines de los años setenta, la política de desmantelamiento de la regulación nacional del orden económico a favor del régimen del mercado, disfrazada bajo términos como «reforma» y «liberalización». En países estudiados por Naciones Unidas, de los 373 cambios de la legislación nacional hacia las prácticas de las inversiones extranjeras durante los años entre 1991 y 1994, sólo 5 no fueron hechos hacia una mayor «liberalización». Entre 1988 y 1992, las ventas globales de empresas de propiedad estatal se inflaron hasta llegar a 185.000 millones de dólares, pero la cifra no incluyó los 25.000 millones en privatizaciones en la antigua Alemania Oriental comunista, ni incluyó otros 106.000 millones de dólares en compromisos de compra de activos de propiedad estatal. El 18 de julio de 2004, el ministro de finanzas de Uribe, Alberto Carrasquilla, anunció que Colombia se prepara a vender otros 10.000 millones de dólares de propiedad de compañías estatales, dentro de los próximos años. Saluda el plan de privatización como «el más ambicioso en América Latina».
La senadora Córdoba vinculó la agenda económica general con las atrocidades paramilitares: «El punto es que los paramilitares se están apoderando de la riqueza del país. Ellos controlan los centros de distribución desde vender carros a vender frutas.»
Los que apoyan la ley de Justicia y Paz podrán argumentar que se basa en los principios más elevados a disposición de los seres humanos. El camino a la paz, podría argüirse, se basa en un perdón divino e incondicional, que ve el castigo como algo fútil en última instancia. Podría invocarse la declaración de Gandhi sobre la venganza, que cuestiona la sabiduría de adoptar conductas que se identifican con la conducta del malhechor: «Ojo por ojo convierte a todo el mundo en ciego». Incluso los caprichos de la garantía de reparaciones podrían ser considerados como la admisión de otra futilidad, esa compensación jamás podrá resarcir todo lo perdido, y por ello, jamás podrá constituir un remedio genuino. Pero el problema sigue existiendo; las voces de las víctimas no son el tema central, están ocultas en la periferia. Las voces de los culpables también están ocultas. Este tapujo encubierto y la bifurcación de la experiencia legítima llevaron a otro orador a invocar un dicho del filósofo y poeta nacido en España, Jorge Santayana: «Los que no comprenden la historia están condenados a repetirla».
El congresista Petro esbozó una historia que nos condujo a la crisis actual: «En Colombia la maquinaria de la muerte tiene raíces históricas. A través de la historia de este país, los criminales nunca han sido sentenciados o condenados. El siglo XIX fue un siglo de impunidad. Los criminales mataron a los líderes del ejército de Bolívar, el joven y prometedor Antonio José de Sucre entre ellos. José Maria Córdoba fue asesinado. En el siglo XX Jorge Eliécer Gaitán y Quintín Lame también fueron asesinados. Durante los años treinta y cuarenta líderes campesinos fueron asesinados por terratenientes. Las elecciones de 1970 fueron robadas. Miles de colombianos fueron asesinados durante los años sesenta, setenta y ochenta.
«Tenemos esta maquinaria de muerte sobre nosotros -el policía, el soldado, los terratenientes ignorantes, los asesinos de los vecindarios. Pero no es solamente el hombre que asusta, el psicópata. Esta maquinaria se reproduce desde los niveles más altos del poder en Colombia. La maquinaria de la muerte esta en el poder haciendo las leyes de hoy. Las muertes son dirigidas por esos en el poder, planeada por esos en el poder.
«En Argentina, Chile, Alemania, España, Guatemala y África del Sur enfrentaron maquinarias de la muerte similares a la que confrontamos en Colombia. La verdad y la justicia finalmente aparecen una vez que los líderes son removidos del poder. Somos un caso diferente porque estamos luchando ahora mientras ellos están todavía en el poder. No hay ruptura. Están en el poder y cada vez más fuertes.
«Denunciemos la impunidad. La impunidad es un trabajo sistemático para dividir y ocultar el proceso social y político de la izquierda. Para fragmentar la verdad. Estará escondida y perdida hasta que ya no haya culpables. Pero esta maquinaria se caerá como una casa de naipes. Es una especie de tigre de papel. No es tan poderosa como ella se cree.»
Pero las máquinas están equipadas de motores, y el botón de contacto para Colombia se encuentra en Estados Unidos.
En los años cincuenta, cuando el recién creado Banco Mundial estaba investigando como integrar más estrechamente a los países subdesarrollados en una economía mundial dominada por grandes corporaciones, EE.UU. envió al reputado economista Albert O. Hirschman a supervisar la liberalización en Colombia, donde vivió varios años. Aunque difícilmente se le podrá describir como progresista, sino más bien en cierto modo como humanista, dio a entender en sus memorias que pensó que iniciaría negociaciones en un plano de igualdad con colombianos. Dijo que «quería conocer lo más posible sobre la economía colombiana… con la esperanza de contribuir marginalmente a la mejora de la formulación de políticas». Más adelante se quejó: «Un aspecto del asunto me causó un especial desasosiego. La tarea era supuestamente crucial para el desarrollo de Colombia, pero no se encontró a ningún colombiano que tuviera la menor idea sobre cómo lograrlo. Ese conocimiento se encontraba sólo en manos de unos pocos expertos extranjeros».
Al llegar los años setenta, las grietas del sistema capitalista tardío en EE.UU. se hicieron más visibles que nunca. Después de la caída de la tasa de beneficios, que fue llamada «el compromiso keynesiano» del capitalismo, el elemento que respetaba el estado de bienestar, se deterioró. La economía de EE.UU. entró en lo que fue llamado una «crisis estructural». El neoliberalismo fue introducido en el país, rápidamente ratificado en el Reino Unido, y gradualmente exportado a países que no se encontraban en el centro del poder. Los países poderosos en el centro, con EE.UU. a la cabeza, se apropian a precios de remate de los recursos naturales de la agricultura, la minería y la energía que no se encuentran en el centro; explotan su mano de obra barata, y drenan flujos de intereses de sus elevadísimas deudas. Además, tiene lugar la apropiación paulatina de industrias enteras como las telecomunicaciones, también a precios de ganga. La riqueza de las mayores facciones de la clase gobernante de los países poderosos fue reestablecida por esos mecanismos después del contratiempo de la «crisis estructural». Aunque las condiciones originales, las grietas, fueron efectivamente ocultadas a los ojos de esas facciones superiores, la población del resto de EE.UU. y del mundo, cayó en un crecimiento lento, estancado o decadente, en el desempleo y en una desigualdad más polarizada. Esto provocó consecuencias con las que no habían contado en las planillas de los economistas: desarticulación social, individualismo nihilista, xenofobia, relaciones inter-personales resquebrajadas, adicción a la droga, depresión, y en el caso de Colombia, una drástica pérdida de vidas humanas.
¿Cómo se logró este restablecimiento de la riqueza a costas del mundo? El U.S. Journal of World Affairs señala: «En realidad, los escuadrones de la muerte son un instrumento extremadamente efectivo, por abominable que sea, en el combate contra terroristas y desafíos revolucionarios». ¿Cuáles son esos desafíos y a través de qué medios fueron combatidos tan efectivamente? El Salvador y Argentina son elogiados como ejemplos de su funcionamiento. Casi la mitad de las 40.000 víctimas en El Salvador fueron asesinadas por escuadrones de la muerte, y en Argentina: «De las más de 15.000 víctimas… casi todas fueron izquierdistas o parientes de activistas de izquierda». El jefe de Guerra Psicológica de EE.UU., el general Robert McClure, hablando del terror táctico, dijo: «Reconozco plenamente que nuestras tropas deben adoptar una actitud dura de asesinos implacables, si van no sólo a sobrevivir, sino a ganar estas batallas»… Agregó: «Me pregunto, sin embargo, si ese adoctrinamiento que, repito, es muy necesario, tiene que ser ampliamente publicado en la prensa y transmitido a nuestros enemigos».
¿Están condenados a repetirla los que no comprenden la historia? O, vale en cierto sentido lo contrario: ¿son reforzados los que la comprenden, pero sufren una especie de programación previa, a través de una mayor instrucción para que aseguren esa repetición? En cuanto a la reacción oficial de que, por la presencia y apoyo generalizados con que cuenta la guerrilla, existe una cierta legitimación para la elevada cantidad de asesinatos de la población colombiana, consideremos un ejemplo anterior y concomitante.
En un informe al Congreso sobre la infame Operación Phoenix en Vietnam, un país comparado a menudo con Colombia, un ex agente de la CIA dijo: «Nunca se estableció de manera razonable el que algunos de esos individuos estaban, en realidad, cooperando con el Vietcong [comunista], pero todos murieron y la mayoría fueron o torturados hasta la muerte o… arrojados desde helicópteros». En un caso, 504 sudvietnamitas fueron asesinados en la pequeña aldea de la provincia Quang Ngai, llamada My Lai. Los soldados acusados afirmaron que habían recibido «inteligencia» diciendo que los únicos que estarían en la aldea el día del ataque serían «guerrilleros incondicionales del Vietcong», a pesar de que los cadáveres hinchados y putrefactos eran casi todos de mujeres, la mayoría violadas, junto con niños y ancianos.
En Irak, en la operación Choque y Pavor, EE.UU. detuvo a 12.800 personas sospechosas de apoyo a la insurgencia. También se ha informado, lo que ahora contribuye a la afirmación de que el gobierno de EE.UU. mintió sobre sus razones para invadir Irak, que los soldados capturaron a mujeres, niños y, por el crimen de tener una cierta edad, a hombres civiles directamente desde sus hogares, y a beduinos mientras pastaban sus ovejas.
Para evitar las protestas populares contra la guerra en los años sesenta, así como para poner los gastos militares en un contexto estratégico, en 1970, el Mensaje de Guam, que en otro acto de cambio de nombre fue rebautizado como Doctrina Nixon, fue promocionado por la Casa Blanca como «un cambio importante en la política extranjera de EE.UU.». En un informe al Congreso, Nixon describió este cambio: «En casos que involucran otros tipos de agresión, proveeremos ayuda militar y económica cuando sea solicitada y tal como sea adecuado. Pero esperaremos que la nación directamente amenazada asuma la responsabilidad principal de suministrar el personal para su defensa». Como decía el Mensaje de Guam, rebautizado como Doctrina Nixon: La lucha por el poder en Colombia es financiada mediante la extracción de impuestos de los salarios de ciudadanos de EE.UU. no-informados en su mayor parte, y es avalado mediante entrenamiento y adoctrinamiento en instituciones militares de EE.UU. como la ahora infame Escuela de las Américas, rebautizada como Instituto para la Cooperación Hemisférica.
En cuanto al personal para la defensa de Colombia, criminales de guerra paramilitares son los protectores de la libertad. Bajo la mirada de los autores en las altas esferas, estos hombres que han lanzado a seres humanos vivos a pozos con caimanes, que han desmembrado y decapitado a niños con motosierras, que han destripado a jóvenes sobre capós de camiones y comido sus hígados para provocar a detenidos que observaban, serán los mismos que, después de su «contribución al logro de la paz nacional», y su «colaboración con la justicia», determinarán la dirección de la ley y operarán en un mecanismo tan banal, venderán de todo, de coches a frutas.
Al terminar los testimonios, el autor jesuita Javier Giraldo dijo: «La estructura ética del sistema judicial colapso a cero. No podemos mirar al árbol corrupto y esperar a que produzca fruta buena. No podemos reconstruir el sistema judicial, debemos mirar por fuera de este sistema. Al final, invito a todos los presentes a creer en nosotros mismos y a valorar las historias de las víctimas».
Una víctima campesina tomó dos jarras de agua del panel de los oradores. Vació lenta y dramáticamente el agua de una a la otra hasta que llegó al borde, y la alzó para que todos la vieran. «Nuestros corazones rebalsan», dijo. Otra víctima lanzó una pelota de cordel a la audiencia y pidió que la persona que la recibiera diera el nombre de un pariente desaparecido, o contara su historia de abusos. Esa persona debía volver a lanzarla, y el siguiente en recibirla también tenía que dar un nombre. Esto se repitió hasta que toda la audiencia quedó conectada por una red de cordel.
¿Están condenados a repetir la historia los que no la comprenden? El congresista Petro nos recordó: «En Argentina, Chile, Alemania, España, Guatemala y África del Sur enfrentaron maquinarias de la muerte similares a la que confrontamos en Colombia. La verdad y la justicia finalmente aparecen una vez que los líderes son removidos del poder. «Somos un caso diferente porque estamos luchando ahora mientras ellos están todavía en el poder. No hay ruptura. Están en el poder y cada vez más fuertes.
«Denunciemos la impunidad. La impunidad es un trabajo sistemático para dividir y ocultar el proceso social y político de la izquierda. Para fragmentar la verdad. Estará escondida y perdida hasta que ya no haya culpables. Pero esta maquinaria se caerá como una casa de naipes. Es una especie de tigre de papel. No es tan poderosa como ella se cree.»
Aunque la recién ratificada y rebautizada ley de Justicia y Paz nos pide que miremos hacia delante en lugar de hacia atrás, nada viene a la mente más que la danza de los Kankuamo.
«Nunca ha estado tan oscuro», terminó Petro con una señal de reconocimiento, «como saben los campesinos. Es porque se acerca el amanecer…»
Bibliografía:
Colombian Commission of Jurists, tres informes sobre Justicia y Paz.
Gerard Dumenil and Dominique Levy, «The Neoliberal (Counter-) Revolution»
Juan Forero, «U.S. Threat is a Blow to Colombia’s East Terms for Death Squads,»
NY Times, July 7, 2005
Michael McClintock, Instruments of Statecraft
Kim Moody, Workers in a Lean World
Bruce Rich, «World Bank/IMF: 50 Years is Enough»
(A pedido se podrán obtener notas completas)
Patricia Dahl es escritora y Coordinadora de la Red de Apoyo a Colombia, sección de la ciudad de Nueva York. Fue panelista internacional en el II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos.