El amargo debate alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz no ha servido sino para evitar otro debate aún más amargo sobre la complicidad de las élites políticas, económicas y militares con las atrocidades en el conflicto armado colombiano. Un debate oscuro El 28 de marzo el Congreso aprobó el acto legislativo que reforma […]
El amargo debate alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz no ha servido sino para evitar otro debate aún más amargo sobre la complicidad de las élites políticas, económicas y militares con las atrocidades en el conflicto armado colombiano.
Un debate oscuro
El 28 de marzo el Congreso aprobó el acto legislativo que reforma la Constitución y establece el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). El país y la comunidad internacional han estado pendientes de este marco normativo porque es un paso importante en el desarrollo del Acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Aunque este nuevo título transitorio de la Constitución se refiere al fin del conflicto y a la construcción de la paz, el debate no ha sido pacífico.
Gran parte de la discusión se ha concentrado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta jurisdicción es producto de la negociación y de la conciencia de ambas partes sobre la necesidad de hacer algo en relación con las atrocidades que han sido perpetradas en Colombia. Pero no es claro en qué consistirá ese «algo» que va a hacerse.
Además de no ser pacífico, el debate no ha sido transparente. Al revés, ha sido y sigue siendo turbio. La atención se ha concentrado en el reclamo de que la JEP es una justicia light para la guerrilla; que es la piñata de impunidad que los narcoterroristas y el comunismo internacional consiguieron en La Habana.
Más allá de las expresiones sardónicas, el argumento esencial contra la JEP es su indulgencia respecto de los guerrilleros, así se trate de aquellos que dejen las armas y se comprometan con el proceso de paz. El verdadero costo de esa indulgencia solo se conocerá más adelante. Por ahora los únicos referentes que tenemos para preverlo son el texto del Acuerdo Final, el nuevo marco constitucional, algunas normas legales y muchos rumores. El juicio acerca de la JEP solo se podrá hacer cuando comience a funcionar y produzca resultados, buenos o malos.
Un elefante
Sabemos que la implementación de la JEP avanza, que su diseño es engorroso -casi impracticable- y que la carga procesal que ya está recibiendo es gigantesca. Como siempre ha ocurrido en Colombia, esta apuesta de justicia transicional resulta ser más grande y más compleja que cualquier otra iniciativa de judicialización especial que se haya hecho en el mundo. Como si lo grande y lo complejo garantizaran efectividad.
Esto hubiera podido ser muy distinto si los negociadores hubieran tenido en cuenta la práctica jurídica colombiana, que tiende a complicarlo todo y a producir ahogados en un vaso de agua. Pero no fue así y ahora la tarea es lograr que la JEP opere de manera razonable es decir, debidamente articulada con los otros componentes del Sistema Integral y en favor efectivo de la justicia, de la sociedad y de las víctimas.
Algunos problemas del diseño podrían corregirse mediante un ejercicio de implementación programática. El éxito de la JEP para procesar los crímenes cometidos por miembros de las FARC dependerá de cómo se acumulen técnicamente los casos, de cómo se comparen las versiones de los perpetradores confesos, y de que se vigile el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios de la indulgencia.
Pero aun entones quedaría mucha tela por cortar sobre el alcance y el funcionamiento del Sistema Integral, porque hasta ahora la atención se ha centrado erradamente sobre su componente de justicia es decir, sobre la JEP.
El negacionismo
En cambio nadie habla de reconocer el régimen atroz que se tomó a Colombia. Hasta el momento, la negación de la atrocidad sigue siendo la receta social para la paz.
El debate no ha sido franco ni transparente porque no se ha desvelado uno de los mayores obstáculos para poner en marcha la JEP y la Comisión de la Verdad: el interés de varios sectores en negar las prácticas repetitivas de violencia que fueron instauradas a lo largo y lo ancho del territorio colombiano.
El discurso de rechazo a la indulgencia para el enemigo eterno – las FARC – sirve para no hablar de lo que se teme verdaderamente: que los vínculos entre élites económicas, militares y políticas con la atrocidad se pongan en evidencia.
La negación de la atrocidad en Colombia está arraigada en el poder público y en una parte -muy poderosa- del sector privado. Según como se apliquen, los distintos mecanismos de verdad y justicia amenazarán el imperio de la negación. Y este es uno de los motivos principales para que la oposición a la JEP y en general al SIVJRNR sea tan acérrima. Si se logra acabar la negación no solo serán afectados los «criminales», «terroristas» y «monstruos», sino que peligrará el buen nombre de personas y organizaciones comprometidas con la perpetración y el ocultamiento de las atrocidades.
Muchos de los engendros jurídicos, los discursos vituperantes y las amenazas soterradas alrededor del SIVJRNR se desprenden del pequeño riesgo de que los mecanismos de justicia transicional puedan romper con el «negacionismo» en Colombia.
En 1994, cuando las organizaciones de derechos humanos denunciaban la existencia de los grupos paramilitares, el gobierno y los militares negaban abiertamente su existencia. Años más tarde esta denegación se hizo imposible, y entonces se apeló a una versión más sutil de la misma, esta vez referente a la interpretación y a las implicaciones de los hechos que ya eran innegables. El discurso oficial tuvo que aceptar que los paramilitares sí existían, pero dijo que estos no tenían vínculos con el poder y que eran una autodefensa o un tercer actor en el conflicto.
Después de cientos de masacres, miles de homicidios y millones de desplazados, los colombianos no podemos seguir viviendo de la mentira. El éxito de la contrainsurgencia paramilitar dependió de su complicidad con el poder público y con las élites locales. ¿Qué tanta complicidad? Eso es algo que debe debatirse sin balas y sin amenazas, pero sí con evidencias. Se trata de un debate sano y necesario todavía pendiente.
Un ejemplo similar es el de los falsos positivos, que tanto trasnocha a los «negacionistas». Los falsos positivos consistieron, entre otras cosas, en la simulación de combates y la presentación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales como bajas enemigas por parte del Ejército.
Tal desviación del poder público no se puede explicar como un incidente aislado. A juzgar por la información disponible -que es poca, porque mucha ha sido ocultada o destruida- es claro que la planeación y la organización son elementos sin los cuales no se hubieran podido perpetrar estos crímenes. Sin ellos, la matazón institucional nunca habría llegado a las dimensiones que alcanzó en 2006 o 2007.
Sería bueno saber más sobre ese fenómeno. Ver qué tan cierta o falsa es la hipótesis de que los falsos positivos no son responsabilidad solo de unos cuantos soldados que actuaron por iniciativa propia, sino que se trata de una práctica que se extendió en la organización y que contó con la complicidad de los superiores interesados en afianzar la gloria castrense.
Aunque el debate sea difícil, aunque sea caro y aunque esté lleno de consecuencias, es un debate de veras necesario. Es más: antes de presumir la legalidad o ilegalidad, hay que descubrir los hechos, todos los hechos que siguen ocultos o han sido tapados.
Si no hubiera nada que esconder, ¿por qué tanta resistencia? Sabemos que hay tapados porque todo se mueve bajo lógica del secreto de seguridad nacional, de la amenaza, la muerte o la desaparición. También se ha recurrido al incendio y otras formas de destrucción de documentos. Todo esto indica que efectivamente se está escondiendo algo, y los ejemplos de la complicidad con el paramilitarismo o de los falsos positivos son apenas la punta del iceberg del problema de la criminalidad que ha sido fortalecida por los poderosos y por las inercias de organizaciones estatales.
¿Reconocimiento o negación?
Este es un momento definitivo para el futuro de Colombia. ¿Seguiremos aferrados a negar la atrocidad e indignándonos por razones equivocadas, o haremos frente a las consecuencias del crimen fortalecido por el poder (público y privado) e iniciaremos la dolorosa exploración de nuestra historia marcada por la atrocidad?
No es la primera vez que se propone esta discusión. Desafortunadamente, en el pasado siempre se ha profundizado la negación y se ha institucionalizado la mentira. Ahora que tanto se habla de la justicia para fortalecer el Estado de derecho, quizás podamos empezar a hablar sin temores de lo que tiene tan incómodos a algunos miembros de las élites políticas, económicas y militares de Colombia.
Los debates técnicos sobre las opciones para encarar el pasado pueden darse después de que los colombianos hayamos tomado las decisiones políticas que permitan encarar ese pasado lleno de dolor, de versiones y de explicaciones. Pero, como es costumbre, en Colombia debatimos lo técnico antes de lo político. Y aunque parezca que vamos muy avanzados en las discusiones sobre la JEP y los otros mecanismos del Sistema Integral, no hemos entendido lo que realmente está en juego: la verdad sobre la atrocidad con la cual nos acostumbramos a vivir, la que nos intimida y todavía determina realidades.
Los problemas técnicos que se han señalado en la JEP pueden solucionarse con posturas igualmente técnicas y francas. De hecho algunos de los embrollos son de fácil solución, por ejemplo,
- el derecho operacional no es derecho, es doctrina;
- el derecho internacional humanitario aplicable al conflicto colombiano no es el que se refiere a los conflictos internacionales, que no se puede aplicar sin más a nuestro caso; o
- la responsabilidad del superior no es un invento del Estatuto de Roma ni de internacionalistas enemigos de la patria, es un fundamento de la disciplina castrense.
Teniendo en cuenta lo anterior, es momento de preguntar: ¿vamos a seguir en negación o daremos el paso hacia el reconocimiento? ¡Es hora de decidir!
Michael Reed. Analista colombiano, investigador asociado de Georgetown University.
@mreedhurtado